Reflexión, en el Día de la Mujer, sobre los derechos en los ámbitos privado y público, que todas las mujeres deben tener, y el papel del Estado para garantizarlos.
8 de marzo: Día Internacional de las Mujeres
Reflexión, en el Día de la Mujer, sobre los derechos en los ámbitos privado y público, que todas las mujeres deben tener, y el papel del Estado para garantizarlos.
Texto de Janine Otalora Malassis 08/03/21
Lucha por las cosas que te importan,
pero hazlo de una forma que
lleve a que otras se te unan.
Ruth Bader Ginsburg
El día de hoy se conmemora el Día Internacional de las Mujeres, acontecimiento que cada vez cobra mayor relevancia en nuestro entorno. En esta fecha conmemorativa, no solo recordamos y honramos la lucha de las mujeres por lograr la igualdad en el disfrute de los derechos humanos, cimiento de la dignidad humana, también recordamos las injusticias vividas.
La participación de las mujeres en la democracia, los nuevos liderazgos femeninos y feministas —que gracias a la paridad de género se han afianzado en nuestro país— y el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las mexicanas para acceder a cargos de elección popular y de toma de decisiones, atiende a una lucha histórica de las mujeres que nos antecedieron, una lucha que otras continuarán.
Si bien, el principio constitucional de paridad de género en la postulación e integración de todos los cargos de elección popular o de designación ha sido un gran avance para que México modifique la visión cultural de percepción de las mujeres en política, esto sigue sin ser suficiente.
Tomando en consideración que, en el Informe del Secretario General de la ONU rendido el 21 de diciembre de 2020, se reconocen los avances para disminuir la desigualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres —entre ellos algunos arreglos institucionales traducidos en cuotas de género para el Poder Legislativo— aún existen barreras en relación a la participación de las mujeres en los puestos de toma de decisiones, principalmente en el Poder Ejecutivo. Hay problemas sistémicos que requieren atención urgente, principalmente en lo relativo a la violencia política ejercida en contra de las mujeres en razón de género y a la marginación de mujeres indígenas que se encuentran en constante discriminación.
La pandemia ha retrocedido lo ganado en varias dimensiones, entre ellas los avances en la paridad de género, particularmente en cuanto a los roles sociales, familiares y laborales de las mujeres. La contingencia sanitaria ha obstaculizado el avance constante que el movimiento feminista había logrado conseguir. Baste recordar las calles y plazas públicas aquel 8 de marzo de 2020, donde cientos de mujeres y niñas unieron sus voces, anhelos, demandas y sueños.
Es deber de los órganos del Estado facilitar la inclusión de las mujeres en el entorno público. Todas las mujeres en México y en el mundo merecemos ser respetadas en nuestro ámbito de vida público y privado, que nuestras libertades sean garantizadas y procuradas por las instituciones del Estado, por ello, conmemoramos este día histórico que con el tiempo se ha convertido en una forma de vida feminista.
Hoy, ciudadanía e instituciones, debemos evitar los errores del pasado, muchos de los cuales se siguen repitiendo en el presente ante la negación absoluta de quienes deberían garantizar el ejercicio de los derechos humanos en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres. En efecto, toda persona que desempeñe un cargo en la función pública tiene el imperativo ético y el deber jurídico de fomentar y respetar los derechos humanos de todas y de todos. Las mujeres debemos tener las mismas posibilidades de influir en el destino global de la sociedad.
Más allá de la paridad en la participación política, la lucha esencial reside en lograr el pleno respeto del principio constitucional de la igualdad, que consiste en que la mitad de la sociedad tiene el mismo derecho que la otra mitad a realizar un proyecto de vida digna en condiciones de igualdad y libre de toda forma de violencia. Hoy, en especial, hay que recordar que el principio universal en que se basa el orden jurídico moderno es justamente el principio de la dignidad humana. EP
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