“El parto ya no es de las mujeres, el parto ha sido expropiado”, me dice Wadi Covas. Ella es doula hace once años y participa en el Proyecto Maio, una iniciativa que busca realizar partos humanizados en hospitales públicos del Valle de México que opera principalmente en el Hospital General “La Perla”, en el municipio de Nezahualcóyotl en el estado de México.

Una doula, me explica, es aquella que acompaña a una mujer o una pareja desde el embarazo hasta el parto. “Es un rol que tiene que ver con lo fisiológico, pero no con lo clínico”, aclara. Para Wadi —y para muchas otras parteras y doulas que trabajan por un parto humanizado—, violencia obstétrica es el parto tal cual lo conocemos ahora, con su camilla, su séquito de doctores y enfermeros —que generalmente se escriben así, en masculino—, sus luces de incandescentes y olor a hospital. 

“Es el momento de la vida en el que se unen las tres cosas más temidas: el nacimiento, la muerte y la sexualidad. (…) Llegamos al hospital, nos ponen la bata de enfermas, la gorra, el suero e inmediatamente el cuerpo se encorva. El mensaje que recibo es que alguien me tiene que curar… ¡hasta usamos la palabra “aliviar”! Luego nos acuestan, en una posición anti fisiológica para parir y en lugar de usar la gravedad a nuestro favor, nuestros genitales terminan siendo el escritorio del médico. Partimos de esa violencia —que la tenemos normalizada— y puede haber situaciones mucho peores de violencia verbal o hasta abuso sexual durante el parto”, asegura Covas.

Y sí, la situación es mucho peor. En México tres de cada diez mujeres han sufrido violencia obstétrica y 4 por ciento fueron esterilizadas de manera forzada durante su último parto, según la Encuesta sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar realizada por el INEGI en 2016. Gladis Tamayo Carrera puede dar cuenta de ello. Durante el primer trimestre de su embarazo acudió puntual a los chequeos médicos que realizó en una clínica perteneciente al Hospital General del Sur de Puebla capital. Sin embargo, el trato recibido la orilló a buscar otras opciones; opciones de paga que Gladis apenas podía costear. 

“Recuerdo que había nueve practicantes y un doctor. Primero, el doctor realizó el tacto… pero después de él, siguieron metiéndome mano los otros nueve practicantes. Fue doloroso, penoso y poco profesional. En verdad me sentí como en una prueba de laboratorio, no se lo deseo a ninguna mujer”, relata. 

La situación en el sector privado mejoró. Pero a medida que el parto se acercaba, los ahorros disminuían y la inestabilidad económica dentro del hogar no le permitió a Gladis pagar los paquetes que las clínicas privadas ofrecen para el alumbramiento: estos van, en promedio, de 7 mil a 36 mil pesos si hablamos de un parto natural y de 11 mil a 49 mil si es cesárea. El dinero, una vez más, fue la razón determinante para que Gladis buscara una opción gratuita: el Hospital de la Mujer ubicado al sur de la ciudad de Puebla. 

“Me dejaron media hora sufriendo de dolor hasta que por fin se dignaron a atenderme. Una enfermera me tomaba los datos y yo entre las preguntas me quejaba del dolor. Ella me decía que para qué había abierto las piernas si no iba a aguantar, que ya me calmara. Cuando llegamos al quirófano, empezó otra vez… que si seguía gritando me iba a hacer una cesárea, que me callara, entre otras cosas que me daban miedo”, recuerda Gladis. 

Así nació su primera hija que formó parte del 81.4% de los partos que se atendían en unidades médicas del sector público hasta antes de la pandemia, según los datos del Subsistema de Información sobre Nacimientos de la Secretaría de Salud (SINAC). Sin embargo, las cifras de 2020 muestran que los partos realizados en clínicas privadas van en aumento y esto, a su vez, ha repercutido en la cantidad de cesáreas realizadas. Mientras los privados tienen una tasa de 80% de cesáreas, los públicos solamente realizan cesáreas en 40% de los nacimientos que atienden. La consecuencia ha sido que en 2020 el número de cesáreas realizadas haya superado el 50%, aún cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda que únicamente sea del 15.

Sin embargo, la violencia obstétrica no es la única forma a través de la cual se violentan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En México se creó la iniciativa Medicina sin Violencia que busca generar cambios en las políticas de salud pública para garantizar las condiciones de igualdad y erradicar distintos tipos de violencias a mujeres y grupos minoritarios en las prácticas médicas. 

A través de sus redes sociales, Medicina sin Violencia recopiló testimonios de mujeres que han sufrido violencia ginecológica y los relatos van desde comentarios inapropiados a la hora de la revisión, hasta acoso sexual o insinuaciones en la consulta. Pero no hay cifras oficiales que puedan dimensionar el problema de la violencia ginecológica en México, de hecho, Chile ha sido uno de los primeros países de la región en realizar una encuesta que contabiliza esta problemática. Las cifras son reveladoras: 67% de las mujeres considera que ha sido víctima de violencia ginecológica, 21.4% afirma que fueron juzgadas por sus prácticas sexuales y 26 por ciento recibió regaños o amenazas por parte del personal de salud. 

Investigar sobre violaciones a los derechos sexuales y reproductivos en como tratar de encontrar el inicio de las escaleras de Escher: cuando piensas que le diste al clavo en la problemática, se despliega un nuevo ángulo desde el cual analizarla. La gestión menstrual es un ejemplo de ello. 

La colectiva Menstruación digna —conformada por 30 organizaciones—, ha impulsado iniciativas que piden gratuidad en los productos de gestión menstrual, eliminación del IVA y generación de información que ayude a mejorar la política pública. 

En octubre de 2020, se frenó la iniciativa que la colectiva había llevado al Congreso para que los tampones, las toallas femeninas y las copas menstruales sean productos “tasa cero”. Y si bien en ese momento se argumentó que la eliminación del impuesto sería una ventaja para las empresas pero no para las mujeres, la vocera de Menstruación digna, Anahí Rodríguez, asegura que esto no es así.

“El IVA es discriminatorio porque es un producto que consumimos solamente las mujeres. No es un lujo, es una necesidad fisiológica. Los alimentos, por ejemplo, no tienen IVA y nadie dice que es un beneficio para las empresas. De hecho, se hace mención que es en beneficio de los consumidores. Cuando hicimos la investigación nos enteramos de que, hasta 2013, la goma de mascar no tenía IVA. ¿Te imaginas? La goma de mascar no, pero los productos de gestión menstrual sí”, asegura. 

En contraste, el 2 de marzo de este año, una iniciativa similar fue aprobada por el Congreso de Michoacán que obligará a las autoridades de educación a facilitar el acceso gratuito a los productos de gestión menstrual para niñas, adolescentes y mujeres pertenecientes al Sistema Educativo Estatal. 

Mientras la lucha de cientos de mujeres logró la gratuidad de los tampones en Michoacán, una iniciativa en Ciudad de México terminó por desaparecer a la mayoría de ellos. 

Lo más preocupante —quizá, revelador— es que sólo nos dimos cuenta hasta ver las góndolas de los supermercados vacías. Cuando en mayo de 2019 el Congreso local votó por reformar la Ley de Residuos Sólidos y prohibir los plásticos de un solo uso, la discusión pública habló de bolsas, cubiertos desechables y popotes. Para la mayoría de los medios de comunicación, los aplicadores de los tampones pasaron desapercibidos. Fue hasta que ley entró en vigor —el primero de enero de 2021—, que las mujeres nos enteramos de que ya no podíamos decidir sobre los productos a utilizar durante nuestra menstruación.

“Les faltó perspectiva de género para visibilizar diferentes desigualdades. Para usar la copa menstrual necesitas agua, necesitas electricidad y baño propio. 10% de las personas en México no cuentan con un baño de uso exclusivo. También está el tema del precio, los aplicadores de cartón son más caros, la copa menstrual requiere de una inversión inicial que no todas pueden realizar. Que la discusión se gire hacia otros actores; que la industria haga productos amigables con el medioambiente y que estén a un precio accesible”, me dice Anahí Rodríguez. 

Lo cierto es que cuando nos sumamos a la discusión, ésta ya había terminado. Sin embargo, la experiencia sirvió para estar alertas en los demás estados, y cuando la iniciativa se presentó en Michoacán, la colectiva Menstruación Digna interpuso una reserva que logró que los aplicadores de tampones quedarán exentos de la prohibición. El congreso de Puebla aprobó una iniciativa que exige entregar productos de higiene menstrual a las estudiantes de las escuelas públicas.

Los tampones, la gestión menstrual, la violencia ginecológica y la obstétrica son distintas caras de una misma moneda; un tipo de cambio que desde hace siglos nos tiene pagando intereses por el solo hecho de ser mujeres. El trasfondo de la problemática —que es transversal y permea todos los ámbitos de la vida—, se condensa en la imposibilidad de elegir: un sistema que históricamente ha avalado la expropiación de nuestros cuerpos y la violación a nuestros derechos. EP

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