El 6 de diciembre de 1977 —hace 40 años— se promulgó una reforma política y electoral que da inicio a la llamada transición mexicana a la democracia. La reforma —conocida como la reforma Reyes Heroles, porque fue obra del entonces secretario de Gobernación de nombre Jesús— detonó una secuencia de cambios legislativos que de forma gradual sentaron las bases de un andamiaje electoral que entre ese año y 1996 dieron al país un sistema robusto para organizar elecciones con legalidad y transparencia. Las últimas dos reformas electorales, las del 2007 y del 2014, perdieron rumbo y sentido, y han deteriorado la confianza en el sistema electoral y estimulado el litigio entre partidos sin atacar problemas de fondo. Este ensayo reflexiona sobre 40 años de reformas electorales —señalando avances y retrocesos— y propone vías para mejorar el sistema electoral.

El reformismo electoral mexicano

México experimentó 11 reformas electorales entre 1977 y 2014. Ocho fueron de amplio alcance e implicaron cambios constitucionales y legales: 1977, 1986, 1990, 1993, 1994, 1996, 2007 y 2014, mientras que tres fueron focalizadas a aspectos puntuales y requirieron sólo modificaciones legales: la del 2002 para establecer cuotas de género en candidaturas legislativas, la del 2003 para elevar los requisitos para formar partidos políticos y la del 2005 para regular el voto de los mexicanos en el extranjero.

El reformismo electoral mexicano es reflejo de un proceso de cambio político que buscó pluralismo como la meta principal y encontró en las reformas electorales la vía para conseguir su cometido. La obsesión por el pluralismo es consecuencia de la hegemonía política de un partido oficial durante buena parte del siglo xx y de la exclusión que padecieron grupos políticos, activistas sociales y segmentos de la población. Por eso buena parte del debate público respecto a la democracia mexicana de fines del siglo xx es de acceso, no de legalidad ni de equilibrio de poderes, que son demandas que surgieron posteriormente. Por ello, la mexicana es una transición votada, según una expresión de Mauricio Merino, eso es, un proceso de democratización que se centró alrededor de las reglas electorales para alcanzar la alternancia y el pluralismo (Merino 2003, pp. 7-9). La llamada transición mexicana ha sido una suerte de ensayos de prueba y error en la que los partidos han ido ajustando las reglas del juego según el contexto político, según su conveniencia y según los resultados.

Además del pluralismo, el reformismo electoral mexicano ha buscado otros objetivos que han ido cambiando a lo largo del tiempo: inclusión (notoriamente en las reformas de 1977, 1986 y 1990), certeza y transparencia (1990, 1993, 1994), equidad (1993, 1996, 2007), imparcialidad de la autoridad (1994 y 1996) y legalidad (1986, 1996).

La reforma de 1977 buscó la inclusión de grupos proscritos —por ejemplo, se fomentó la creación de partidos políticos y el Comunista Mexicano recuperó su registro legal después de años de vivir en las penumbras—. También creó 100 diputados de representación proporcional para dar voz a las minorías en el Congreso, mismos que se expandieron a 200 en la reforma electoral de 1986. Sucesivos cambios avanzaron la lógica incluyente: se destinaron cuantiosos recursos para contar con un registro universal y confiable de votantes, lo cual se logró desde los años noventa a través del fortalecimiento del Registro Nacional de Electores. Asimismo, se diseñó un sistema de organización electoral que acercó la casilla de votación al domicilio de los electores. Para ello se estableció, desde la ley electoral de 1990, que las secciones en las que se dividen los distritos electorales tendrían como máximo mil 500 votantes y que por cada 750 electores o fracción se instalaría una casilla para recibir la votación. A diferencia de otros países que instalan centros con decenas de mesas de votación —que implica trayectos largos para llegar al sitio—, en México el votante cuenta con una casilla cerca de su hogar en las zonas urbanas.

El segundo objetivo del reformismo electoral mexicano fue crear certeza y transparencia en la organización de los procesos electorales, eso es, eliminar cualquier práctica de fraude electoral. La reforma de 1990 sentó las bases de un nuevo modelo que profesionalizó la organización de las elecciones mediante la creación de un instituto electoral con un mandato claro: capacitar funcionarios, instalar casillas de votación, computar y difundir resultados electorales, elaborar y actualizar el padrón electoral, así como dar prerrogativas a los partidos políticos y fiscalizar su uso. Tan exitosa fue aquella reforma que la elección de 1991 para renovar la Cámara de Diputados transcurrió sin cuestionamiento alguno y permitió al pri recobrar su fortaleza electoral y ganar 58% de la votación sin que se adujera fraude electoral.

El tercer objetivo del reformismo electoral fue sentar condiciones parejas de competencia. No sólo se trataba de gritar desde la tribuna y denunciar la corrupción del gobierno —como empezó a ocurrir a partir de 1979 cuando la oposición alcanzó 25% de las curules de la Cámara de Diputados—, sino de construir la ruta para que la oposición pudiera gobernar desde cargos ejecutivos. Crear piso parejo ha sido la fuerza motriz de varias reformas electorales —una suerte de aplanar y aplanar un terreno lleno de vallas, dunas y distorsiones que daban ventaja al partido oficial en el siglo xx y que siguen beneficiando a los partidos que compiten con el apoyo del gobierno (sea el federal o los estatales).

Entre los avances destaca el financiamiento público de partidos y campañas que se consolidó en la reforma de 1996 cuando se introdujo un modelo que dotó cuantiosos recursos para todos los partidos. La nueva fórmula niveló las condiciones de competencia y fue uno de los factores que facilitó la alternancia en la presidencia de la República en el 2000 (Ugalde, 2015). De la mano del aumento del financiamiento púbico, se establecieron dos medidas para contener brotes de inequidad. Por una parte, desde 1993 se establecieron topes de gasto de campaña. Por otra, se definieron restricciones al financiamiento privado. Este modelo devino en una mejoría de las condiciones de competencia en la década de los noventa, pero se ha deteriorado en los últimos años por mecanismos de financiamiento ilegal, tanto por el desvío de recursos públicos como de fondeo privado al margen de la ley.

Otras normas para fomentar la equidad incluyen aspectos relacionados con los medios de comunicación. Desde 1994, el ife ha fomentado la cobertura imparcial de las campañas mediante acuerdos no vinculantes pero que inducen una cobertura más pareja de aquella que existía en los años ochenta. Asimismo, se ha regulado la publicidad de gobiernos durante campañas. La primera iniciativa se dio en 1994 cuando mediante un acuerdo del ife se fijó una veda de 20 días para publicidad gubernamental, misma que quedó plasmada en ley hasta la reforma del 2007, cuando se prohibió toda clase de publicidad de gobierno durante las campañas electorales. De la mano de esta prohibición, se gestó otra en la reforma del 2007 para prohibir el uso personalizado de la publicidad oficial; sin embargo, la falta de una ley reglamentaria del artículo 134 constitucional ha hecho inobservable dicha disposición y los gobernadores, legisladores y líderes políticos siguen usando la publicidad de gobierno o las gacetillas insertas en la prensa escrita como mecanismos anticipados de promoción política, lo cual distorsiona las condiciones de la competencia.

Otra medida establecida en el 2007 para fomentar equidad pero que ha sido ineficaz o contraproducente es el tiempo aire gratuito en medios electrónicos para que los partidos difundan su propaganda y la prohibición de que adquieran pautas de forma directa. Contraproducente porque se gestó un mercado ilegal y subterráneo de venta de cobertura informativa que ha afectado las condiciones de la competencia. Asimismo, detonó mayores presupuestos en comunicación social como un mecanismo alternativo de los gobiernos para tener cobertura favorable y transferirla a los candidatos de sus partidos. Hay un paso adelante en que el acceso de partidos a medios electrónicos sea gratuito, pero mientras subsista un trato comercial y discrecional entre gobiernos y medios (cuyo monto ha crecido de forma exponencial en los últimos años), la ventaja de algunos partidos en el poder para contar con mayor cobertura y toda ella favorable implica un piso desnivelado de competencia.

El cuarto objetivo del reformismo electoral fue la imparcialidad de las autoridades electorales. El ife nació como un organismo público cuyo órgano de gobierno —el Consejo General— estaba integrado en 1990 por seis consejeros magistrados, representantes de los partidos políticos y de las cámaras legislativas. El presidente era el secretario de Gobernación. En 1994 se dio un paso significativo cuando se les quitó voto a los representantes de los partidos y se nombró a seis consejeros ciudadanos por mayoría calificada de la Cámara de Diputados. Pero el paso definitivo ocurrió en 1996 cuando el instituto se volvió autónomo: la presidencia dejó de ser ocupada por el secretario de Gobernación y su lugar fue tomado por un consejero presidente elegido también por mayoría calificada de la Cámara de Diputados, al igual que los otros ocho consejeros electorales.

Finalmente, otro objetivo del reformismo electoral fue garantizar la legalidad de los procesos electorales. Para ello se creó un sistema de justicia electoral que tuvo sus primeros cimientos en 1986 con la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral, luego el Tribunal Federal Electoral en 1990 y finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 1996 con un sistema de medios de impugnación que le ha dado la última palabra para dirimir controversias entre partidos, entre partidos y autoridades, y entre militantes y los órganos de dirección partidarios. De la mano se puede enlistar la ampliación de los delitos electorales de servidores públicos mediante una reforma al Código Penal Federal en 1994 y la creación de la Fiscalía para Delitos Electorales (Fepade), nacida en julio de ese mismo año. Fue hasta la reforma electoral del 2014 que se aprobó una Ley General en Materia de Delitos Electorales y se actualizó el marco de acción y los tipos penales.

El contexto político del reformismo electoral: prevenir o contener el conflicto

Las reformas electorales también se han usado para acallar el disenso o resolver conflictos políticos. La reforma electoral de 1990 fue impulsada por el presidente Salinas de Gortari para remontar las fuertes críticas sobre la llamada “ilegitimidad” de su gobierno, y logró su objetivo. La reforma dio inicio a la construcción del andamiaje operativo y humano para organizar elecciones y le dio al gobierno margen político para emprender reformas en diversos frentes, notablemente la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) en 1993. En contraste, la reforma de 1994 fue preventiva frente a la incertidumbre política gestada ese año por el levantamiento armado del Ejercicio Zapatista de Liberación Nacional (ezln), en enero, y por el asesinato en marzo de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del pri. La reforma buscó gene­rar confianza de cara a la elección de agosto de ese año, para lo cual se reestructuró el órgano de gobierno del ife: se quitó el voto a los partidos y se nombraron seis consejeros ciudadanos por medio de una mayoría calificada de la Cámara de Diputados. Para dar transparencia se aprobó la figura de visitante extranjero —antes se prohibía cualquier modalidad de observación electoral extranjera bajo un argumento anacrónico de soberanía—, se realizó una auditoría externa al padrón electoral, se imprimieron boletas foliadas y se produjo tinta indeleble para evitar el voto doble.

Aunque la elección de 1994 fue exitosa en la medida en que los resultados fueron acatados y ayudó a contener los riesgos de ingobernabilidad, el candidato perdedor, Diego Fernández de Cevallos (pan), acusó piso disparejo: adujo que la elección había sido legal pero inequitativa, y tenía razón. En aquella competencia, el pri reportó gastos que significaban 70% de los montos totales erogados, mientras que todos los candidatos de oposición habrían gastado juntos el otro 30%. Fue así que surgió la demanda de una nueva reforma electoral que ocurrió en 1996 y que ya se ha descrito en párrafos anteriores.

Aunque la elección presidencial del 2000 fue cuestionada por el financiamiento ilegal de campañas, tanto del pan mediante el mecanismo conocido como Amigos de Fox, como del pri mediante el caso Pemexgate, la dosis de legitimidad que la envolvió fue suficiente para que nadie demandara una nueva reforma electoral. Había problemas pero la alternancia había sido un símbolo de salud del sistema electoral y además se había alcanzado la meta más buscada por la oposición desde los años ochenta cuando se hizo un eslogan casi paradigmático de que “sacar al pri de Los Pinos” era sinónimo de democracia.

La elección presidencial del 2006 fue sumamente competida —una buena noticia— pero devino en un intenso conflicto poselectoral. El triunfo del candidato del partido en el poder (Felipe Calderón, pan) por un margen muy estrecho, en medio de un clima político polarizado, condujo a la duda, la controversia y litigios poselectorales. Para algunos, la transición se había abortado; para otros, la “mafia del poder” se había robado la elección; para otros, las instituciones habían pasado la prueba de fuego. La realidad: México seguía padeciendo una dosis de incredulidad de la población y de oportunismo de sus dirigentes políticos.

Para paliar el conflicto poselectoral del 2006, el gobierno del presidente Felipe Calderón, presionado por el liderazgo del pri en el Senado y el prd (y la aquiescencia del excandidato López Obrador), negoció una reforma electoral en el 2007. Aunque no era su ideal, el gobierno transó con el pri para que otras reformas que buscaba, como una fiscal, fueran aprobadas en el Congreso mexicano (Ugalde, 2008). La reforma del 2007 incluyó: (a) el ife como autoridad única para administrar los tiempos oficiales; (b) prohibición a los partidos políticos y a terceros de contratar propaganda en radio y televisión; (c) prohibición de campañas negativas en medios electrónicos (difamación y calumnia); (d) medidas cautelares que permiten suspender o retirar spots o mensajes de los partidos; (e) recuento de votos en la totalidad de las casillas cuando la diferencia sea igual o menor a un punto porcentual entre primero y segundo lugares; y (f) nuevo instrumento expedito de resolución de quejas durante el proceso electoral (Procedimiento Especial Sancionador).

Aunque ya se había aplicado en la elección intermedia del 2009, la verdadera prueba de fuego de la reforma electoral del 2007 era la elección presidencial del 2012. Si los reformadores tenían razón cuando argumentaron que las nuevas medidas aumentarían la legitimidad de las elecciones y la confianza en los resultados, luego entonces la elección del 2012 debía ser ejemplar, con un alto debate de ideas, baja conflictividad y acatamiento de los resultados. Pero no. El candidato perdedor acusó, nuevamente, aunque con argumentos diferentes, que la elección había sido fraudulenta y que carecía de legitimidad y de legalidad. En su recurso para solicitar anularla adjuntó como pruebas del “fraude” objetos que habrían sido obsequiados para comprar el voto como bicicletas, chamarras, electrodomésticos e incluso pollos, gallinas, puercos, un chivo y dos patos, mismos que presentó públicamente en un evento en el Zócalo al que llamó “Expo Fraude”.

En el 2013, Gustavo Madero, presidente del pan en ese entonces, amenazó romper con el Pacto por México, un esquema de negociación muy exitoso que había permitido negociar diversas reformas estructurales en los dos primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). La razón: había elecciones locales en Veracruz y un audio filtrado mostraba que el delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en esa entidad utilizaba programas de la dependencia para coaccionar el voto a favor del pri. Madero argumentó que los gobernadores de ese partido se inmiscuían en los procesos electorales y que era necesario cortarles las manos para garantizar la legalidad y equidad de las elecciones. Dijo entonces que había que desparecer a los institutos electorales estatales —según él, cooptados por los gobernadores del pri— y centralizar la organización de las elecciones en el ife. Desde ese momento la centralización electoral se convirtió en el tema medular de una nueva reforma electoral que ocurriría un año después.

Como el gobierno buscaba afanosamente una reforma energética, estaba dispuesto a ceder cualquier cosa con tal de obtener el apoyo de los demás partidos en el Congreso. De tal forma que sin el análisis de las fortalezas y debilidades del sistema electoral ni una idea clara de adonde ir
—salvo cortarle las manos a los gobernadores del pri— se aprobó una reforma electoral que centralizó la organización de los comicios, aunque bajo un modelo híbrido que por un lado centralizó la función electoral en una autoridad nacional (el nuevo Instituto Nacional Electoral [ine]), pero mantuvo la estructura de 32 organismos locales con funciones propias. Asimismo, se centralizó la fiscalización que ahora se desarrolla en tiempo real y el ine es responsable de revisar los informes de todas las campañas del país, sean nacionales o locales. La reforma del 2014 también incluyó la regulación de las candidaturas independientes, la flexibilización de las modalidades para ejercer el voto desde el extranjero, nuevas nulidades por rebase de topes de campaña, adquirir cobertura informativa y utilizar fondos de procedencia ilícita, así como la homologación de la fórmula de financiamiento a partidos de registro estatal.

Evaluación del sistema electoral

Los sistemas electorales pueden evaluarse por diversas características, entre ellas su universalidad, transparencia, estabilidad, predictibilidad, simpleza y potencia. ¿Cómo califica el mexicano?

En el papel, el sistema electoral mexicano es universal: aplica igual para todos y el Tribunal Electoral ha trabajado en los últimos 20 años para que todos los ciudadanos tengan garantizado un pleno ejercicio de sus derechos políticos. El sistema es muy transparente. A partir de los años noventa, una de las medidas para construir confianza fue abrir al escrutinio público muchos procedimientos, empezando por la confección del registro de electores. Para ello se fortalecieron las comisiones de vigilancia integradas por representantes de los partidos para dar seguimiento a los movimientos del padrón electoral; se mandató que el ife lo distribuyera a los partidos políticos en versión impresa y en medios magnéticos durante cada proceso electoral, y se llevaron a cabo auditorías independientes para evaluar su cobertura y actualización.

En materia de la jornada electoral, se desarrollaron sistemas para dar seguimiento. El Sistema de Información de la Jornada Electoral (sije) ha sido un instrumento para que los partidos conozcan el avance en la instalación de casillas y la asistencia de representantes de partido. En materia de difusión de resultados electorales, se diseñó el programa de resultados electorales preliminares (prep), que desde los años noventa permite conocer los resultados casilla por casilla la misma noche de la elección. En los últimos años para hacerlo aún más confiable, se anexa una copia escaneada del acta de votación para constatar además el llenado y firma de las actas por parte de los representantes de los partidos.

Respecto a la estabilidad, el sistema mexicano no lo es. Como ya se mencionó, entre 1977 y el 2014 ha habido 11 reformas electorales. Salvo las elecciones presidenciales del 2000 y el 2006, que se hicieron bajo una misma legislación electoral, cada una de las demás se ha organizado con una legislación diferente fruto del reformismo electoral. Eso significa que no hay manera de evaluar la eficacia de las normas porque el cambio, no la estabilidad, es la constante del sistema electoral mexicano. Al momento de escribir estas líneas en noviembre del 2017, ya se anticipa una nueva reforma electoral después de la elección presidencial del 2018. Como el sistema no es estable, tampoco es predecible. Cada reforma nueva significa nuevas normas, algunas novedosas, que contienen imperfecciones que deben ser zanjadas por interpretaciones y sentencias de los tribunales electorales. En los últimos años, por ejemplo, ha habido enorme incertidumbre alrededor de la regulación de precampañas y actos anticipados de campaña; también alrededor de los alcances de la libertad de expresión y por las competencias del nuevo ine frente a los llamados órganos electorales locales u Oples. La novedad recurrente de las reglas electorales implica que el sistema en su conjunto esté en contante aprendizaje y eso da pie a que los partidos políticos y candidatos desafíen las reglas que ellos mismos aprueban y coloquen a las autoridades electorales en un constante tira y afloja para dirimir controversias alrededor de normas nuevas o incompletas o por antinomias entre una regla y otra.

El sistema electoral no es simple; por el contrario, está sobrerregulado y ha sido llamado “barroco” por su exceso de detalles que limitan su eficacia. El artículo 41 constitucional establece las bases del sistema electoral y ha crecido después de cada reforma electoral hasta contener 4 mil 65 palabras y llegar a detalles como definir la forma como se distribuyen los spots gratuitos de partidos políticos o las horas específicas en las que se transmitirán en radio y televisión (entre seis de la mañana y medianoche) o todas las fases del procedimiento para seleccionar a los consejeros electorales. Tan sólo en la reforma electoral del 2014 la densidad regulatoria pasó de 400 artículos que conformaban la legislación electoral secundaria (el llamado Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, Cofipe) a cerca de 600 (agrupados en dos leyes generales: la de Partidos Políticos y la de Procedimientos Electorales).

Que sea barroco o sobrerregulado ha recargado de funciones a las autoridades electorales sin que ese activismo regulatorio se traduzca siempre en mejores condiciones de competencia o en mayor legitimidad del sistema. Parte del problema radica en que el sistema administra manifestaciones de problemas en lugar de atacar sus causas. Por ejemplo, el sistema de nulidades ataca el problema en lo que se llama el punto de venta, mas no en la línea de producción. La ley electoral del 2014 dice que será anulable una elección si se rebasa el tope de gastos de campaña por más del 5%. Pero la legislación no ataca las causas del excesivo gasto y del fondeo ilegal de campañas, de tal forma que hay una norma que establece una sanción máxima pero ningún mecanismo preventivo. Más aun, por definición, los gastos excesivos de campaña son indetectables porque se realizan en actividades de difícil monitoreo (por ejemplo, movilización del voto) y se pagan en efectivo. Resultado: una norma ineficaz.

Parte del problema de la sobrerregulación deriva de un enfoque equivocado de los reguladores electorales mexicanos: la creencia de que muchas prohibiciones y amenazas de sanciones fortalecen a las autoridades electorales, cuando en realidad las debilitan. También existe la apuesta —en materia electoral como en otros ámbitos de la vida pública— de que la norma es suficiente para cambiar el comportamiento de los actores y la realidad misma. Si es así, todos pueden hacer su carta de Santa Clos porque prometer no cuesta políticamente, aunque el daño se le genera al sistema electoral y a la desconfianza que se causa cuando las expectativas no se corresponden con los resultados.

La finalidad del sistema electoral

La finalidad de cualquier sistema electoral es, por una parte, traducir votos en escaños y reglas para elegir gobernantes; por otra parte, dotar a las autoridades electas con la legitimidad para gobernar con eficacia y apoyo social. El mexicano tiene reglas para lograr lo primero, pero su capacidad para lograr lo segundo se ha desvanecido. Aunque los conflictos poselectorales se canalizan mayormente a través de la vía institucional —no mediante levantamientos armados como en el siglo xix— lo que ha prevalecido a partir de la segunda mitad de los años 2000 ha sido el desacato o la impugnación casi como una táctica de salida para los perdedores que con frecuencia cuentan con el eco de simpatía de un segmento de la población.

En el caso de las elecciones presidenciales, salvo la del 2000, cuando se dio la primera alternancia en la presidencia de la República, y en menor medida la de 1994, el resto de las elecciones de las últimas décadas han carecido de los atributos para generar entusiasmo social y dotar a los dirigentes políticos del mantra de legitimidad que se requiere para gobernar con eficacia. Semanas después de la elección presidencial del 2006, que fue señalada como fraudulenta por Andrés Manuel López Obrador, candidato de la Coalición por el Bien de Todos, un segmento de 25-30% del electorado percibía irregularidades y algunos aseguraban que se había cometido un fraude electoral. Como resultado, el candidato perdedor se proclamó presidente “legítimo” y llamó a su contrincante “espurio”. En el 2012 el encono fue menor pero el resultado también fue cuestionado. Lo mismo ha ocurrido en elecciones de gobernador en los últimos años. En las semanas posteriores a las elecciones del 2017, por ejemplo, un amplio segmento consideraba que había existido fraude. Una encuesta de Parametría arrojó que, para 6 de cada 10 mexicanos, hubo fraude en los comicios de Coahuila y el Estado de México, mientras que 47% opinó que las votaciones en Veracruz no estuvieron apegadas a la legalidad. La elección mejor evaluada fue la de Nayarit: 40% creyó que fue una elección limpia.

Comentarios finales

El reformismo electoral mexicano ha sido exitoso para propiciar el pluralismo político que hoy vive México. Aunque no se trata sólo de un asunto de reglas del juego, sino también de una exigencia de la sociedad por mayores canales de participación, las reformas electorales facilitaron que esa demanda social se tradujera en una nueva conformación política de los órganos de gobierno. Las reformas electorales también gestaron mayor confianza en la integridad del sistema político, pero esa legitimidad de lo electoral se ha deteriorado en los últimos años. No sólo es resultado de dos reformas (2007 y 2014) que han abultado la legislación de reglas que estimulan el litigio sin atacar problemas de fondo, sino de un proceso global de deterioro de la confianza en las instituciones políticas, resultado de la corrupción creciente, la desigualdad y la violencia.

El mayor desafío del sistema electoral sigue siendo la equidad en la competencia. Aplanar la cancha del juego ha sido un proceso largo, lento y zigzagueante. La negociación ha sido larga porque el partido gobernante se resiste a abandonar de la noche a la mañana los privilegios que da el acceso a los recursos del gobierno. No sólo atañe al pri, sino a los demás partidos que han gobernado tanto desde la presidencia de la República como desde diversos gobiernos estatales. Entre esos privilegios sobresale el acceso al manejo clientelar de programas sociales, el trato privilegiado de medios de comunicación que reciben contratos del gobierno del mismo partido, apoyos de personal que trabaja en campañas pero que cobra en la nómina del gobierno, así como recursos económicos que reciben mediante desvío de fondos públicos.

El Estado mexicano ha destinado una enorme cantidad de recursos humanos y presupuestarios para construir una confianza que tuvo su apogeo con la elección presidencial del 2000. Todavía en las semanas previas a la elección del 2006, el sistema electoral gozaba de amplio consenso y las autoridades gozaban de altos niveles de aprobación (alrededor del 65-70%). En el 2017, la confianza rondaba 35-40%. Algo funciona mal cuando se invierte más y se obtiene menos. Restaurar la confianza en el sistema electoral y en sus instituciones requiere una vía doble. Por una parte, mejorar el sistema electoral a través de un proceso de desregulación que ataque con potencia los principales problemas de la democracia electoral: el financiamiento ilegal de campañas, el clientelismo electoral y la falta de una cultura de la legalidad por parte de partidos y candidatos. Por otro lado, mejorar el funcionamiento global de la democracia mexicana. Los votantes evalúan al sistema electoral por el resultado de los gobiernos. Mientras persista la corrupción, el abuso del poder, la impunidad, la desigualdad de oportunidades y la inseguridad, los mexicanos dudarán de la integridad del sistema electoral que regula el acceso al poder político.  EP

* Este texto es una versión resumida del capítulo introductorio del libro de reciente aparición, Fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano, 1990-2017, patrocinado por Integralia y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, accesible de forma gratuita en <www.integralia.com.mx>. El autor agradece a Roberto Gómez Mostajo su apoyo para la investigación y revisión de este ensayo.

Referencias

Merino, Mauricio, La transición votada: crítica a la interpretación del cambio político en México, Fondo de Cultura Económica, México, 2003.

Ugalde, Luis Carlos, Así lo viví, Grijalbo, México, 2008.

Ugalde, Luis Carlos, “Democracia a precio alzado”, Nexos, agosto del 2015.

Ugalde, Luis Carlos, “La democracia estancada (México 2006-2016)”, Nexos, agosto del 2016.

1. Ideas y fragmentos tomados de Ugalde (2016).

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