La participación de las mujeres en la política de nuestro país es mucho menor que la de los hombres y se ve limitada por distintas barreras y prácticas discriminatorias. ¿Cuáles son las dificultades a las que se enfrentan las mujeres en este ámbito?
Texto de Flavia Freidenberg 20/10/15
La participación de las mujeres en la política de nuestro país es mucho menor que la de los hombres y se ve limitada por distintas barreras y prácticas discriminatorias. ¿Cuáles son las dificultades a las que se enfrentan las mujeres en este ámbito?
Las mujeres han estado (casi) ausentes de las instituciones políticas, del mercado de trabajo o de los cargos de decisión pública en México y en América Latina. Ese ha sido el relato y la realidad de la región. Desde las independencias, la historia ha sido contada por hombres, como si todo proceso político hubiera sido hecho por y para ellos. El caudillo era un hombre que controlaba de manera personalista el poder; que interpretaba, definía y ejecutaba la “cosa pública”, y que era venerado por todos como un líder con cualidades extraordinarias. Caciques, dictadores, sultanes, líderes populistas, príncipes ilustrados o presidentes imperiales, todos ellos “superhombres”, han controlado de manera férrea el poder y han minimizado (o ignorado) la presencia femenina en las instituciones políticas.
La culpa no ha sido solo de esos “superhombres”. También las ciudadanas y los ciudadanos han prestado (y prestan) poca atención a la ausencia de mujeres en los cargos de representación política, como si eso no fuera importante. Ha sido (y es) común ver congresos, ministerios, foros académicos o programas de televisión dominados por hombres. En la actualidad esto nos importa un poco más, pero aún queda mucho por hacer, no solo aquí en México sino en todo el mundo. El último informe del Banco Mundial es claro y contundente en este sentido: aunque más niñas asisten a la escuela y más mujeres han mejorado su calidad de vida en las últimas décadas, su inserción laboral y económica es limitada y la brecha de género en términos políticos, económicos o sociales aún es grande.1
Las razones por las cuales las mujeres han estado ocultas y escasamente representadas son diversas. Tienen que ver con factores culturales, políticos, socioeconómicos e, incluso, estratégicos, que incluyen visiones y prácticas estereotipadas de las relaciones de género, una estructura del cuidado familiar centrada en la responsabilidad femenina, una división del mercado de trabajo basada en roles de género y una fuerte cultura discriminatoria y poco cooperativa entre los individuos. Es más, el argumento de que “no hay mujeres” prevalece en los diversos ámbitos como una manera de justificar la ausencia de mujeres en puestos de decisión y responsabilidad.
En las últimas décadas, los países latinoamericanos han hecho esfuerzos importantes para cambiar esa situación. La revolución normativa en materia de género que se inició en Argentina (con la aprobación de la Ley de Cupos en 1991) no tiene precedentes. América Latina ejerce hoy el liderazgo mundial en empoderamiento femenino y en experiencias institucionales de innovación en materia de género. Dieciséis países latinoamericanos sancionaron, entre 1991 y 2014, leyes que establecían algún tipo de cuotas de género e, incluso, siete incorporaron la exigencia de paridad en las candidaturas (Archenti, 2014).2 Si bien ha habido casos de naciones como Nicaragua que no han necesitado leyes para tener un número significativo de mujeres representantes en el Poder Legislativo, y otros como Panamá donde la ley de cuotas no ha mejorado la representación femenina, en la mayoría de los países las normas y las sentencias de los tribunales electorales contribuyeron a cambiar el tablero de juego. México es un excelente ejemplo de ello y deja varios aprendizajes para la política comparada en esta materia.
Países como Chile, Panamá, Perú o Paraguay harían muy bien si revisaran la reciente experiencia mexicana. La combinación de la voluntad de ciertos sectores de las élites con medidas afirmativas fuertes que exigen paridad, alternancia y una fórmula completa sin válvulas de escape (previsiones que permiten el no cumplimiento de la norma) y con sanciones efectivas, sistemas electorales “amigables” al género (fórmula proporcional, con distritos medianos o grandes y lista cerrada y bloqueada) (Htun y Jones, 2002), de la mano de un dinámico y contundente activismo judicial (como el del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) y una sociedad civil con liderazgos comprometidos con la exigencia del cumplimiento de las normas, ha sido clave para romper los obstáculos que enfrentan las mujeres en México.
Si bien el camino hacia la paridad de género no ha sido recto ni sencillo,3 los pasos dados no solo han cambiado de manera significativa la integración del Congreso mexicano (alcanzando cerca del 42% de mujeres en la Cámara de Diputados en 2015); también han supuesto la introducción de nuevos temas, preocupaciones y perspectivas en la agenda pública. Las elecciones del pasado 7 de junio de 2015 han sido los comicios con el mayor número de candidatas y en los que se ha elegido al mayor número de mujeres.4
Esta presencia mayor de candidatas no se dio porque los políticos-hombres decidieran voluntariamente “poner” mujeres. Las dirigencias políticas fueron obligadas por la ley (y a fuerza de sentencias), así como por los esfuerzos de monitoreo y control de diversos sectores de la sociedad civil para que se aplicara la ley. La suma de la voluntad política de actores sociales y políticos y medios de comunicación, que están cansados de que se aprueben leyes para que no se cumplan, o de que se maximicen estrategias sin consensos multipartidistas para beneficio de unos cuantos, fue el motor de cambio en materia de paridad de género. La alianza informal entre la sociedad civil (como la Red de Mujeres en Plural), dirigentes sociales y funcionarios electorales, ha dado sus frutos al mejorar las condiciones formales de la representación femenina en las instituciones y en el proceso político.
A pesar de estos avances, aún queda bastante por hacer dado que no se ha conseguido erradicar muchas de las barreras culturales, económicas o políticas que enfrentan las mujeres mexicanas. Como tantas latinoamericanas, ellas continúan luchando contra duros obstáculos y prácticas discriminatorias que las vuelven invisibles o dificultan el ejercicio efectivo de sus derechos políticos y, por tanto, ralentizan el alcance de la igualdad sustantiva. Estas barreras se encuentran en la cultura política (en forma de valores, creencias y prácticas) y en la evaluación que las propias mujeres realizan de sus oportunidades reales para dedicarse a la política (techos de cemento). Estos valores y prácticas son producto de la enraizada cultura patriarcal que atraviesa a la sociedad, y no siempre son visibles a los ojos de otros (generando lo que se conoce como techos de cristal).
Los partidos continúan siendo los principales “cuellos de botella” en el acceso de las mujeres a las candidaturas. Estas organizaciones aún tienen estructuras internas que operan con dinámicas muy centralizadas, con una figura dominante o un grupo pequeño de líderes partidistas que controla el acceso y el proceso de toma de decisiones (Hinojosa, 2012). Dichas dirigencias ven normal no poner mujeres en las candidaturas y, si llegan a hacerlo, les parece natural colocar a mujeres ligadas a los líderes partidistas (candidatas de la familia del líder masculino vs. militantes experimentadas) o intercambiar distritos entre dirigentes para poner a candidatas emparentadas con los dirigentes hombres.
En muchas ocasiones las mujeres han sido “moneda de cambio” entre grupos internos, e incluso “un premio” que parecía más un castigo para quienes perdían en las internas (algo así como “el que pierde la interna, pone la mujer”). Las mujeres suelen tener menos capital político, redes de contactos y recursos financieros (Hinojosa, 2012), así como menos oportunidades de conseguir donantes y menos tiempo para invertir en eventos u otras actividades proselitistas para sus campañas. Esto ocurre en México pero también en las democracias más avanzadas.5 Ese conjunto de prácticas moldea la manera común de hacer política de un modo bastante diferente a lo que supone la existencia de igualdad sustantiva (esto es, la igualdad efectiva).6
Los obstáculos que enfrentan las mexicanas para participar en política pueden salvarse mediante el diseño de estrategias institucionales, mediáticas y políticas, pero también gracias a un mayor protagonismo de sectores comprometidos con una democracia inclusiva e igualitaria. Se avecina una nueva etapa en la agenda de género, una en la que participan hombres realmente comprometidos con la igualdad. Si bien no todo depende de ellos —ni es necesario que ellos se ocupen del tema para que se resuelva— la brecha de género se reducirá cuando hombres y mujeres sientan vergüenza de tanta desigualdad y se convenzan de que sin mujeres no hay democracia posible.
La lucha contra la desigualdad supone incorporar prácticas que integren en la diferencia a los grupos subrepresentados; implica una educación más plural e igualitaria y una mayor capacidad de reacción de los partidos y de la sociedad frente al incremento de la violencia política contra las mujeres, producto de una mayor visibilidad e influencia que las reglas del juego les han dado, incluso a regañadientes de las élites partidistas. Las estrategias a desarrollar son múltiples y tienen que ver con mejorar las fuentes de financiamiento directo a las candidaturas de mujeres; promover su autonomía e independencia económica; apoyar la construcción de redes sociales que luchen por sus derechos, e introducir buenas prácticas en un sistema educativo que respete y promueva la igualdad de género y el pluralismo.
La paridad no garantiza un mayor número de mujeres representantes, ni tampoco que las mujeres tengan mejores condiciones como candidatas o que impulsen activamente una agenda de género. Es más, resulta común encontrar mujeres que no defienden una agenda de este tipo. La presencia de mujeres comprometidas con sus derechos en materia de igualdad en los espacios de toma de decisiones es lo que ayuda a ampliar las perspectivas y los enfoques sobre cómo cambiar las condiciones para una sociedad más incluyente e igualitaria. Se trata de cambiar la manera de hacer política, de modificar el modo como se distribuyen los recursos y la forma en que las mujeres y los hombres se perciben entre sí.
El cambio institucional tiene que ir acompañado por el cambio de los valores y las prácticas. La paridad de género (como lo hizo la cuota) permite modificar las condiciones de partida de la competencia y da más oportunidades para que las mujeres se animen a participar en política. Pero no solo con reglas se van a transformar las viejas prácticas y los caudillismos de la política latinoamericana. Estas exigencias normativas requieren de políticas activas en materia educativa y social que cambien las creencias con respecto a los roles de género y eduquen a las mujeres para que sean presidentas y no para que sueñen con ser princesas. EP
1 Ver también el informe elaborado y publicado por el Banco Mundial, Women, Business and the Law 2016: Getting to Equal, donde se da cuenta de las diferencias existentes en términos del acceso de las mujeres del mundo a sus derechos http://wbl.worldbank.org/~/media/WBG/WBL/Documents/Reports/2016/Women-Business-and-the-Law-2016.pdf.
2 En Costa Rica, Ecuador, Bolivia, México, Nicaragua, Honduras y Venezuela se establece que las candidaturas deben ser integradas en partes iguales por candidatos de ambos géneros (paridad vertical). Recientemente en México, gracias al activismo del TEPJF en 2015, se aprobó la paridad horizontal entre las cabeceras de los distritos uninominales de un mismo estado.
3 Desde la sugerencia del uso de la cuota de género que se hizo a los partidos (1993, 1996), pasando por la exigencia de obligatoriedad de la misma (2002 y 2008), hasta la inclusión de la paridad vertical (2014) y la paridad horizontal en las candidaturas a los ayuntamientos (2015) (Freidenberg, 2015).
4 Más de 2 mil 200 mujeres se postularon para ser diputadas federales, algunas en los distritos más competidos; cerca de 3 mil para ser legisladoras en los congresos locales; 13 para gobernadoras, y en más de 800 ayuntamientos se registraron candidaturas paritarias a síndicos y regidores/as.
5 En la conferencia Money in Politics, organizada por IDEA Internacional y el TEPJF en la Ciudad de México, fue interesante la presentación de las experiencias de diversas organizaciones de la sociedad civil (como la estadounidense Mina’s List) sobre cómo superar la brecha de género a partir del desarrollo de estrategias que contribuyan a mejorar el financiamiento de las campañas electorales y la visibilidad de las mujeres.
6 Ver los argumentos en defensa de la aprobación de la próxima Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.
Bibliografía
Flavia Freidenberg, “Un país (¿ya no?) gobernado por hombres: Los obstáculos que aún dificultan la representación de las mujeres en México”, en Revista democracia & elecciones, vol. 1, abril de 2015; descargar en <http://democracia-elecciones.mx/abril2015/>.
Magda Hinojosa, Selecting Women, Electing Women: Political Representation and Candidate Selection in Latin America, Temple University Press, Philadelphia, 2012.
Mala Htun y Mark P. Jones, “Engendering the Right to Participate in Decision-Making: Electoral Quotas and Women’s Leadership in Latin America”, en Nikki Crake y Maxine Molineux (editores), Gender and the Politics of Rights and Democracy in Latin America, Palgrave, Basingstoke, 2002, pp. 32-56.
Nélida Archenti, “El proceso hacia la paridad en América Latina: Argentina y Costa Rica, experiencias comparadas”, en Revista de derecho electoral, vol. 17, enero-junio de 2014, pp. 304-332.
DOPSA, S.A. DE C.V
