Buscar un mejor futuro ha sido una de las razones principales para emigrar a otras tierras; a veces lejanas, a veces en la primera frontera del siguiente Estado. Asumir un nuevo camino cuando las oportunidades se terminan en el lugar donde se nace, además de ser un riesgo, se convierte en un objetivo, casi en una necesidad. En 1848, nuestro país perdió más de la mitad de su territorio y, gracias al curso de la Historia, no resulta sorpresa que millones de mexicanos sigan emigrando hoy a las tierras perdidas; tampoco es ningún fenómeno reciente que comunidades mexicanas, generación tras generación, decidan quedarse en aquellos viejos dominios para continuar de mejor manera su vida.

Aunque México entró en un proceso de transformación democrática hace décadas gracias a que la alternancia presidencial, la división de poderes y el pluralismo marcaron el fin del predominio de un partido hegemónico, hoy hay muestras de una peligrosa centralización del poder en un solo hombre. Esto es particularmente alarmante porque los riesgos de una regresión autoritaria al estilo nacionalista solo conllevan a seguir sin otorgar mejores oportunidades para quien decida migrar. En su libro Un mirada hacia el futuro (Fondo de Cultura Económica, 2006), Miguel de la Madrid menciona: “política sin políticas públicas es demagogia y políticas públicas sin política es autoritarismo”. Con ello, la pregunta que surge es ¿cómo afianzar los retos internos y externos bajo el mapa de la polarización y el desprecio a otras fuerzas políticas desde el epicentro del poder?

Roger Bartra, antropólogo, sociólogo y académico mexicano, se ha dedicado a estudiar el nacionalismo revolucionario y ha demostrado el peligro que representaría el que López Obrador inaugure un nuevo tipo de nacionalismo, heredero a su vez del nacionalismo de la época posrevolucionaria, cuando el poder era autoritario con algunos enclaves progresistas que aligeraban su peso. En aquel tiempo, las razones eran distintas y dependían del sistema de lo que entonces era el PRI, un entramado más poderoso que el presidente de cada seis años, sin embargo, parece revelar que el reto del nacionalismo en el siglo XXI es ahondar un proceso institucional, democrático y sin la atadura regresiva de un neocaudillo.

En varias ocasiones, el presidente López Obrador ha expresado su admiración por la Cartilla Moral de Alfonso Reyes pero, más allá del salto sin red que es pretender moralizar a la ciudadanía desde el poder, el mandatario debería poner atención al escritor y diplomático cuando escribió que “la única manera de ser provechosamente nacional, consiste en ser generosa y apasionadamente universal”. En esas palabras se asoma una de las certezas del nacionalismo que construye y une, no el que segrega y ciega, lección para todo ciudadano mexicano sin importar su lugar de residencia o si, en busca de mejores horizontes, fue obligado a abandonar su propio país.

Y es que más que buscar puramente mejores condiciones económicas, el impulso para migrar es encontrar mejor calidad de vida, desarrollo integral y seguridad para con el futuro. Así como algunos organismos internacionales han renunciado a utilizar únicamente el PIB como medidor de riqueza y han presentado una serie de indicadores que van desde educación, nivel de corrupción y oportunidades de hacer negocios en una economía moderna, los migrantes buscan lo suyo de diversas formas ya no necesariamente clásicas. Un éxodo provocado por la violencia en territorios que ya no controla el Estado cuestionan esta democracia coja, a veces hueca, solemne en las formas y ausente en brindar inclusión y cobijo.

Hay que reconocer que la política de asilo del Estado mexicano históricamente ha sido un distintivo para la protección de perseguidos políticos tanto de América Latina como de todo el mundo. Recientemente, bajo su amparo, se recibieron a varias ciudadanas afganas que huyeron de Afganistán luego de que los talibanes hubieran tomado el poder en aquel país. Sin embargo, cada vez en mayor medida estos dos mundos, ciudadanía y gobierno, han ido perdiendo vasos comunicantes. La política, aun con los avances democráticos, no logra ser un instrumento efectivo para la resolución de problemas. Por ello, la brecha entre gobernantes y gobernados es cada vez más honda. 

Para contrastar lo anterior, Reporteros sin fronteras en su dramático conteo de periodistas asesinados por su actividad profesional, tan sólo en el año en curso, atestigua que mientras que en México hay tres periodistas ejecutados, en Afganistán hay dos. De la misma forma, el reporte de Artículo 19 titulado “Periodistas asesinadas/os en México, en relación con su labor informativa” —y que incluye los últimos 21 años en los que se desarrollaron tres alternancias presidenciales— informa que 142 comunicadores mexicanos (131 hombres y 11 mujeres) fueron asesinados por realizar su profesión. Para un país donde no existe ejercicio pleno de la autoridad de cualquier orden de gobierno, el exilio es un acto de sobrevivencia.

Fusionar, integrar y conducir un destino para todos es el pendiente de nuestra democracia. Por lo tanto, “festejar” desde el poder a los ríos de remesas es afianzar el espejismo de las responsabilidades vitales del gobierno.

El espejismo de las remesas

Frente a la narrativa presidencial que “festeja” el monto histórico de las remesas de mexicanos en el exterior, es conveniente estudiar el caso particular de Guerrero. En el último paquete económico, el estado recibió poco más de 64 mil millones de pesos en el gasto programable aprobado por la Cámara de Diputados. Esto quiere decir que Guerrero obtuvo 3.4% de los fondos y, junto con Chiapas y Oaxaca, es de los estados que mayor porcentaje de remesas recibieron.

No resulta casualidad que Guerrero se posicione como la sexta entidad con mayor recepción de remesas desde Estados Unidos de América (EUA). De acuerdo con datos del Anuario de Migración y Remesas 2021, una publicación del Consejo Nacional de Población (CONAPO), BBVA Research y la Fundación BBVA, de los más de 40 mil millones de dólares que el país recibió en un pandémico 2020, Guerrero captó el envío de aproximadamente 1,950 millones de dólares, es decir, casi 40,000 millones de pesos. Las comunidades guerrerenses en EUA han enviado los mayores montos a Acapulco, constituyendo una recepción del 85.8% del presupuesto que recibe el puerto turístico en todo un año, es decir, alrededor de 3,257 millones de pesos. Mientras, el municipio que menos remesas recibió, Mártir de Cuilapan, obtuvo 2.9 millones de pesos.

Por otro lado, el mismo Banxico informó que durante 2020, Jalisco pasó a ser el principal estado en recepción de remesas con un monto de 4,153 millones de dólares. ¿Qué pasaría si los montos totales de remesas de estados como Michoacán, Zacatecas y Oaxaca fueran sensiblemente menores a lo que hoy reciben?, ​​¿cómo combatir la falta de oportunidades reales en México para que los poblados, tanto urbanos como rurales, no se queden sin su Población Económicamente Activa? Sin duda la crisis sería mayor y la ingobernabilidad podría representar un riesgo concreto.

Aunque las remesas se han consolidado como un mecanismo de supervivencia para millones de familias y la prioridad del gasto para las necesidades apremiantes —alimentación, techo, salud y, en caso de lograr un superávit, algún monto en ocio o el entretenimiento—, hay que preguntarnos ¿de qué lugar están saliendo los guerrerenses en mayor medida, ya no sólo a Estados Unidos, sino incluso a otras entidades federativas?, ¿hasta dónde existen desplazamientos internos forzados? ¿Es la dura realidad delincuencial en algunas regiones del estado la que los obliga a irse, ya no tan lejos, pero estarse moviendo? Las remesas representan un instrumento a corto y mediano plazo, sí, pero nunca un mérito social de algún gobierno en México. Por lo tanto, estudiar e interrelacionar su influencia en la tarea de crear una gobernabilidad democrática debería ser un tema más allá de lo electoral. 

En realidad, perfilar a la Federación y al sistema financiero a nuevos sistemas de envíos es tan apremiante como el de garantizar, por parte del Estado, el patrimonio y seguridad de la ciudadanía. Para Martín Iñíguez Ramos, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Iberoamericana y especialista en migración, las remesas no sirven al desarrollo de las comunidades, pues operan como válvula de sobrevivencia para tener un mayor piso de dignidad en la carencia de lo material: son solo 300 dólares promedio, recuerda el profesor, los que reciben las familias después de que empresas como Western Union y Banco Azteca cobren entre 20 y 25% por el envío.

Para las voces con una crítica vacía, es importante el recordatorio de las asimetrías que otras naciones, incluso como Italia, presentan en su geografía productiva. Hago una acotación: el caso brasileño es la excepción, con un norte menos rico que un sur productivo y cabeza del emporio agroindustrial e industrial del Cono Sur. Si a nivel supranacional, en un intento de mayor integración económica, productiva y social de la humanidad como la Unión Europea, se han privilegiado fondos de cohesión o fondos dirigidos al desarrollo regional, no se puede perder de vista que la razón principal y pragmática es que el desarrollo compartido es la mejor premisa para un colectivo. Así, México tiene una corresponsabilidad para seguir evitando una productividad rota o frágil. No se puede desprender de ella.

Ahí, por supuesto, convive un reto mayúsculo y es que no se ha logrado concretar una auténtica reforma fiscal. Después de todo, la política fiscal es la que contribuye a que “la cobija cubra a todos”, es el instrumento privilegiado contra la desigualdad y la pobreza en sus diversas clasificaciones. El esfuerzo de Guerrero, o para el caso de varios estados, por una gobernabilidad debe tener corresponsabilidad en el pacto fiscal y ésta es una de las mayores tareas que merece una respuesta digna de Estado, no voluntarismos a ciegas de gobiernos demasiado encerrados en sí mismos. EP

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