En el contexto de un proceso electoral, la palabra fraude es la más contagiosa de todas. Cuando la idea del fraude se adueña de la opinión de un sector, resulta difícil encontrar el antídoto o argumento que pueda convencerlo de lo contrario. Sumado a esto, los medios encuentran en alegatos de fraude una oportunidad tentadora de generar ratings y […]
Texto de Gerardo de Icaza 22/11/17
En el contexto de un proceso electoral, la palabra fraude es la más contagiosa de todas. Cuando la idea del fraude se adueña de la opinión de un sector, resulta difícil encontrar el antídoto o argumento que pueda convencerlo de lo contrario. Sumado a esto, los medios encuentran en alegatos de fraude una oportunidad tentadora de generar ratings y […]
En el contexto de un proceso electoral, la palabra fraude es la más contagiosa de todas. Cuando la idea del fraude se adueña de la opinión de un sector, resulta difícil encontrar el antídoto o argumento que pueda convencerlo de lo contrario. Sumado a esto, los medios encuentran en alegatos de fraude una oportunidad tentadora de generar ratings y vender periódicos con la publicación de titulares sensacionalistas. Así, nos encontramos con una narrativa de fraude cuidadosamente elaborada e instalada alrededor de un proceso que causa mucho humo, pero poco fuego.
Dedicaré este espacio a diferenciar las irregularidades que pueden existir en un proceso electoral de lo que es un fraude electoral. Asimismo, exhibiré síntomas de una narrativa de fraude preelaborada y compartiré mi preocupación por el daño que este fenómeno causa a la democracia.
Apuntando a calidad electoral
En el pasado, la expectativa de una elección era que los ciudadanos pudieran emitir su preferencia de manera libre y que los candidatos pudieran participar de manera justa. La aspiración actual es que las elecciones se lleven a cabo de manera “íntegra”, lo cual incluye, además de los estándares de calidad de una elección, el comportamiento ético y buena conducta de los actores involucrados. Habiendo dirigido más de 30 Misiones de Observación Electoral (MOE) en 22 países de la región, me permito afirmar que no existen elecciones plenamente íntegras, y ello, a su vez, no es sinónimo de elección fraudulenta.
La integridad electoral se basa en conceptos subjetivos como la ética y la moral dentro de un proceso electoral. Mientras que hablar de integridad es hablar en términos absolutos, hablar de la calidad de una elección es apuntar a la constante mejora de un proceso. Es por ello que, desde la Organización de los Estados Americanos (OEA) preferimos referirnos a la calidad de una elección, analizando los aspectos técnicos a la luz de estándares y principios específicos. Es así como este análisis de la narrativa del fraude se concentra en aspectos técnicos irregulares, actos ilegales determinados o violaciones a los principios básicos de la democracia.
El primer desafío para desmentir una narrativa de fraude es que no existe una definición consensuada y aceptada globalmente sobre lo que constituye un fraude electoral. La literatura indica que la aplicación de este término depende del contexto: lo que es percibido como una manipulación fraudulenta del proceso electoral difiere de país en país y también cambia a lo largo del tiempo. Ejemplo de esto puede ser el acarreo de votantes, que en países como Panamá y Estados Unidos es una práctica normal, mientras que en otros como México y Bolivia se vincula con la compra de voto y está estrictamente prohibido.
La aproximación a una definición de fraude que utilizamos en las MOE/OEA se basa principalmente en reconocer qué tipo de irregularidades se llevan a cabo y a qué escala, es decir, el impacto en su conjunto en el proceso electoral. Una irregularidad es toda conducta o acto que contravenga los procedimientos establecidos en la normativa electoral. En ese contexto, como observadores electorales clasificamos las irregularidades en tres grandes categorías:
1. Errores (malpractice) y negligencia: este tipo de irregularidad se refiere a acciones u omisiones de un funcionario de la autoridad electoral o miembro de mesa que se aparta de lo estipulado en la normativa electoral, pero que carece de mala fe o intención deliberada de alterar la voluntad de la ciudadanía. Ejemplos: omisión de aplicar la tinta indeleble al elector, firma del ciudadano en un espacio que no le corresponde, error involuntario en la suma durante el llenado del acta de escrutinio.
2. Acciones deliberadas para alterar resultados: en este caso, la acción cometida está motivada por una intención expresa de un sector o actor político de afectar deliberadamente el resultado de la elección para su beneficio. Generalmente este tipo de acciones son consideradas como delitos electorales. Debido a que en su esencia son actos fraudulentos, son frecuentemente utilizados para alegar un fraude electoral masivo sin considerar qué tan generalizado sea o su capacidad de impactar en el resultado final. Ejemplos: la compra de votos, el carrusel, alteración de papeletas, encerronas.
3. Manipulación de las reglas: se refiere al diseño de las reglas que desde un principio favorecen a un candidato o grupo sobre otro, en algunos casos restringiendo la participación política y en otros excluyendo, intencionalmente, a grupos de votantes. Ejemplos: el gerrymandering (la manipulación de circunscripciones electorales) o el malapportionment (otorgar mayor influencia o representación a un grupo o demarcación sobre otro).
Las MOE/OEA frecuentemente reciben denuncias de ciudadanos, sociedad civil y/o partidos políticos sobre irregularidades que suceden durante un proceso electoral. Sin temor de caer en generalizaciones, puedo afirmar con certeza que todo proceso electoral registra —en diferentes niveles o gravedad— algunas o todas estas irregularidades. Sin embargo, un fraude electoral se consuma cuando estas irregularidades son generalizadas y existe un patrón evidente de intenciones sistémicas y deliberadas que adquieren una magnitud tal que los resultados pueden verse comprometidos.
Síntomas de la narrativa del fraude
En elecciones recientes, las MOE/OEA han reportado un fenómeno que hemos denominado narrativa de fraude. A continuación se detallan algunos síntomas y respectivos ejemplos reales que pueden ayudar a identificar el uso de esta estrategia en el contexto de un proceso electoral:
Reclamos responden a una agenda política o justifican un proyecto de ley:
1) Agenda política de candidatos inconformes: Durante las elecciones del 25 de octubre del 2015 en Haití, la MOE/OEA reportó que “tras la demora en la divulgación de los resultados, algunos partidos políticos alegaron la existencia de fraude e inequidad en la contienda, pidieron la anulación de las elecciones y demandaron la puesta en marcha de una comisión independiente de evaluación”. A pedido de este grupo (autodenominado G8), se instaló una comisión, cuya determinación fue que los resultados eran válidos. Inconformes con esta respuesta, el G8 solicitó la conformación de otra comisión que finalmente anuló la elección presidencial más no las legislativas que habían tenido lugar en la misma fecha. Es importante recalcar que aunque la MOE/OEA reportó diversos tipos de irregularidades, también mencionó que las mismas no tuvieron impacto en la expresión de la voluntad popular. Lo anterior se confirmó al repetirse la elección, la cual fue cualitativamente mejor, pero arrojó los mismos resultados de los primeros cuatro lugares.
2) Agenda política + Proyecto de ley: En Estados Unidos (2016), la MOE/OEA también reportó las acusaciones de un fraude electoral (rigged elections). Estas acusaciones venían principalmente de Donald Trump, quien resultó ganador al obtener los votos necesarios del Colegio Electoral, aun habiendo perdido el voto popular. No obstante, el ahora presidente asegura que en la elección se llevó a cabo un fraude dado que además de haber ganado el Colegio Electoral, también había ganado el voto popular “si se deducían los millones de personas que habían votado ilegalmente”. El partido republicano tiene años promoviendo la implementación de requisitos más estrictos de identificación de los electores, lo cual conllevaría a la supresión de votantes que son tradicionalmente favorables al Partido Demócrata. Los esfuerzos para promover esta agenda política y proyecto de ley han llegado a tal punto que el presidente Trump ha conformado una Comisión para la Integridad Electoral que investigue el impacto de esta supuesta ilegalidad y proponga cambios para aumentar la “confianza en los procesos electorales del país”.
Se sobredimensionan las irregularidades:
En Bolivia (2016), la MOE/OEA reportó que en los casos particulares en que los materiales no fueron entregados a la hora esperada, las mesas abrieron con retrasos importantes y ocurrieron actos de vandalismo. A causa de lo anterior, se cancelaron las elecciones en 24 mesas de votación en el Departamento de Santa Cruz, más dos en el Departamento de La Paz. En perspectiva, las incidencias de violencia afectaron únicamente al 0.01% del total de 30 mil 367 mesas de sufragio dispuestas para el proceso electoral. Sin embargo, estos incidentes fueron magnificados a través de las redes sociales, y los medios internacionales rápidamente replicaron estas imágenes causando la impresión de que se estaba llevando a cabo un proceso plagado de violencia.
Se crean cajas de resonancia (echo chambers) difíciles de superar
En una época en que la ciudadanía es consumidora de noticias a través de los medios tradicionales, pero a su vez también es creadora y divulgadora de información a través de las redes sociales, existe un desafío muy grande: salir de nuestras propias cajas de resonancia. En el contexto electoral, esta predisposición (conocida en inglés como echo chambers) a leer, escuchar o prestar atención únicamente a aquello que refuerza una opinión previamente establecida, daña la capacidad de la ciudadanía de discernir entre las noticias reales y las falsas.
Por ejemplo, en Ecuador, la plataforma Defiende tu Voto remitió a la MOE/OEA un informe de control electoral realizado por observadores nacionales independientes, cuyo objetivo era confirmar o desvirtuar la hipótesis del fraude electoral informático que se había planteado en el país. El documento desvirtuó la existencia de un supuesto fraude informático, según alegaba la oposición. Cabe destacar que el vocero de esta plataforma es el mismo ciudadano que durante la campaña habría presentado una denuncia formal respecto a irregularidades en el padrón electoral, y por ello solicitaba la nulidad del proceso.
La poca cobertura y réplica que ha tenido este informe en un contexto donde el candidato perdedor nunca aceptó los resultados es llamativa. Los medios de comunicación deben ser responsables en dar el debido seguimiento y reportar las aclaraciones respecto a las denuncias de fraude electoral con la misma importancia y frecuencia con que reportaron el supuesto fraude.
Se ataca al árbitro:
Esto se manifiesta, usualmente, cuando alguno de los candidatos utiliza la estrategia de desprestigiar al árbitro para deslegitimar un proceso que puede llegar a perder. En este sentido, las MOE se han pronunciado recientemente, indicando que “la deslegitimación de un proceso electoral sin fundamentos erosiona la democracia, las instituciones y polariza a la sociedad”.
Por otro lado, es importante recalcar que los árbitros no siempre están exentos de responsabilidad. Si bien las autoridades electorales deben situarse en un plano superior a los contendientes en una campaña, algunos cometen el error de asumir un protagonismo excesivo. Es importante que los árbitros no sean parte del juego, sino que permitan que el juego se lleve a cabo.
El papel de las Misiones de Observación Electoral de la OEA
Las MOE/OEA cuentan con herramientas que les permiten discernir entre una narrativa de fraude preelaborada y un patrón evidente de intenciones sistémicas y deliberadas para alterar el resultado de una elección. Como observadores, cuando nos enfrentamos al segundo caso, no dudamos en reportarlo.
En las elecciones generales de República Dominicana en 1994, la Misión destacó en su informe que “las misiones de observación [de la OEA] no se habían encontrado en el pasado ante una situación donde la magnitud de las irregularidades pudieran afectar el resultado de las elecciones”. Similarmente, en las elecciones generales de Perú en el 2000, la MOE/OEA indicó que “las condiciones del proceso electoral […] no permitían una contienda justa y equitativa, y que exhibían un cuadro reiterado de insuficiencias, obstáculos, irregularidades y abusos que impedían a la ciudadanía contar con las condiciones suficientes para la competencia electoral acorde a los fundamentos y prácticas de un ejercicio efectivo de la democracia”.
Su impacto en la democracia
La nube negra de la narrativa de fraude puede opacar elecciones tanto en aquellos países con democracias consolidadas como aquellas que están transitando hacia ese rumbo. La instauración de una narrativa de fraude debilita a la democracia y la institucionalidad de un país.
Este fenómeno incrementa la polarización, genera inestabilidad política, erosiona la confianza ciudadana, atenta contra la calidad de un proceso electoral, socava la institucionalidad y credibilidad de los árbitros electorales y, a largo plazo, acrecienta el desencanto con la política, especialmente en los ciudadanos más jóvenes.
La percepción del fraude es tan perjudicial como un fraude real y complica el trabajo ya complejo que recae en las autoridades de una elección. Ante este escenario, los órganos electorales deben estar preparados tanto para prevenir el fraude como para atender a la narrativa de fraude. En la actualidad, la transparencia es fundamental, pero no es suficiente. Para combatir la narrativa de fraude debe existir una buena campaña mediática que ataque directamente las vulnerabilidades que se están señalando, y se debe garantizar la autonomía, independencia e imparcialidad del árbitro electoral, como se espera de todo árbitro. EP
_________________
Gerardo de Icaza es director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Twitter: <@gerardodeicaza>. Los puntos de vista son a título personal y no representan la posición de la OEA o de sus Estados Miembros.
DOPSA, S.A. DE C.V
