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Introducción

México ha sido etiquetado y reconocido como uno de los países que “se ha portado bien”, ya que ha llevado a cabo diversas reformas, varias de ellas profundas y transformadoras, en materias como estabilidad macroeconómica, competencia económica y energía, entre otras. En algunas ocasiones se han impulsado sólo reformas graduales y no se ha tocado a los grupos de interés opuestos al cambio. Sin embargo, no se ha logrado traducir este esfuerzo en tasas de crecimiento más aceleradas. Para poder crecer de manera sostenida y aspirar al desarrollo pleno, es claro que el gran pendiente de México es establecer un verdadero estado de derecho basado en el respeto a la propiedad, no sólo en términos de los derechos de propiedad privada, sino de la propiedad del fruto del trabajo, la creación intelectual y la propiedad pública y comunal.

La principal fuente de violación de estos derechos proviene de la expandida economía de la extorsión,^[1] que se ha convertido en una suerte de impuesto prohibitivo, en especial para pequeñas y medianas empresas. A pesar de ser pan de todos los días—sería difícil encontrar a alguien que no haya sido víctima directa o indirecta de la extorsión en cualquiera de sus formas—la extorsión es un factor a menudo olvidado para explicar el relativo estancamiento económico. Extorsiona el franelero que actúa como dueño del arroyo vehicular, los líderes sindicales que, sin representación real, emplazan a huelga con el fin de obtener una renta, los funcionarios responsables de tramitar un permiso, el gobierno en las licitaciones,^[2] el policía y los responsables de protección civil. Y no sólo extorsiona el crimen organizado a través de la violencia, secuestro o amenazas, sino también mediante cobros de cuotas y derechos de piso.

El costo de la extorsión es elevado no sólo por el impacto de la inversión no realizada, sino por los efectos dinámicos negativos que genera. Con las inversiones amedrentadas por la extorsión, no se obtienen el avance y transferencia tecnológicos, la creatividad y desarrollo regional, la creación de empleos formales ni la seguridad social—entre otros beneficios—como tampoco se crean economías de escala^[3] ni de enfoque. Más aún, la ausencia de estos beneficios obliga al gobierno a aumentar el gasto social que de otra forma no tendría que llevar a cabo en seguridad e infraestructura. La industria creciente de la extorsión es un círculo vicioso que entorpece el desarrollo. Sin embargo, el costo que genera no se ha estudiado ni entendido a cabalidad, ni se han propuesto soluciones creativas para enfrentarla. 

México, junto con el resto del mundo, está sujeto a los cambios producto de una cuarta revolución industrial, ahora digital. Estos avances tecnológicos dan entrada a nuevos participantes al mercado, facilitan la incorporación no sólo de grandes corporaciones, sino que permiten, potencialmente, mejorar de forma radical la participación de pequeñas y medianas empresas.

En las últimas décadas, la globalización fue la gran revolución que impulsó la integración mundial a través del comercio y que permitió la incorporación de sectores y regiones antes ausentes de la economía moderna. A pesar de opiniones contrarias, la globalización sigue siendo una fuerza positiva de cambio. Ahora este proceso se ve potenciado a través de nuevas tecnologías digitales ya no sólo impulsadas por los países más desarrollados sino por economías emergentes, incluidas China y la India. Esta incorporación de nuevos actores, junto con las economías de escala y enfoque que la acompañan, permitió un salto tecnológico consistente en la transición del ámbito analógico al digital. Hoy, los unos y ceros son el motor de cambio que hace poco fueron los contenedores, los cuales cambiaron la mecánica del comercio, la logística y la velocidad, de acuerdo con Marc Levinson.^[4]

El mundo se está sumergiendo en una nueva era de digitalización, automatización, de big data y una fuerte expansión de las tecnologías de comunicación que empequeñecen las distancias a tasas muy superiores a aquéllas de la revolución del transporte. Esta digitalización permite eliminar fronteras y distancias con mucho mayor eficacia e impacto que los avances multimodales.

Dada la invasión digital en todas las esferas, las economías están entrando en una nueva fase de la globalización a velocidades crecientes dignas de la ley Moore.^[5] Estos cambios son disruptivos: algunos empleos o sectores serán reemplazados, habrá muchos retos que necesitarán regulación gubernamental y una preparación previa, pero esta nueva fase se antoja como una enorme gama de oportunidades para impulsar la productividad y la innovación, aumentar el intercambio de bienes, servicios e ideas, permitir la participación incluyente y, además, como instrumento para empezar a erradicar la extendida práctica de la extorsión que frena el desarrollo.

En este texto se abordará, en primer lugar, qué debe entenderse por extorsión y lo que significa su presencia en la sociedad en términos de costo para el desarrollo económico, así como el ecosistema de impunidad que ésta propicia. En segundo lugar, se presentan algunas propuestas sobre cómo enfrentar el reto de reducir el tamaño de la economía de la extorsión para crecer, así como el papel de la revolución digital como instrumento para encaminarse hacia el establecimiento del imperio de la ley.  

Extorsión

El mexicano vive dando concesiones al prepotente, al corrupto y al criminal porque, de no contar con recursos suficientes para el proceso que implica levantar una denuncia, el costo puede ser mucho mayor que aquel que implica la amenaza inicial: abogados, trámites, riesgos y tiempo perdido. ¿Aceptar hacer un pago ilegítimo por estacionarse en un espacio público o ser sujeto a que rayen el coche? ¿Pagar para que recojan la basura o soportar que ésta se quede en la calle? ¿Pagar a un funcionario por hacer el trámite rápidamente o esperar semanas o incluso meses? ¿Pagar derecho de piso a grupos delictivos o ser víctima de amenazas y acciones violentas?

Etimológicamente, extorsión viene del latín extorsio, extorsionis, que significa separar o expulsar por la fuerza. De manera similar, la palabra ‘chantaje’ viene del francés, chantage que se utiliza en español para hacer referencia a la presión que, mediante amenazas, se ejerce sobre alguien para obligarle a actuar de cierta forma. La etimología proviene de chanter que significa cantar: obligar a “cantar” para extraer información a través de amenazas y conseguir con ello un beneficio indebido.

El artículo 390, Capítulo III Bis, del Código Penal Federal, define el delito de Extorsión, estableciendo lo siguiente: “al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial”. Por su parte, en el Capítulo I, Artículo 282 se penalizan las amenazas. Este capítulo sanciona “al que de cualquier modo amenace a otro con causarle un mal en su persona, en sus bienes, en su honor o en sus derechos, o en la persona, honor, bienes o derechos de alguien con quien esté ligado con algún vínculo, y al que por medio de amenazas de cualquier género trate de impedir que otro ejecute lo que tiene derecho a hacer”.

En cualquiera de los casos, se elimina directamente la voluntad de la persona afectada, privando a la víctima de bienes jurídicos como la propiedad, la integridad física e incluso de su libertad. La extorsión se ha convertido en el sostén económico de algunas estructuras criminales, pero también, en muchas ocasiones, de agentes de gobierno (policías, ministerios públicos, inspectores, etc.) que medran con las personas y el sector privado.

La extorsión es de los crímenes de mayor impacto para México y el que más alta cifra negra tiene; es decir, es el menos denunciado. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización (ENVIPE) 2017, el 98.3% de los casos de extorsión no se denuncian, lo cual quiere decir que se abren investigaciones solamente en 1.7% de los casos. Así, la extorsión se encuentra en el corazón de la impunidad y de la falta de desarrollo, al impedir el buen funcionamiento de la economía y de la sociedad por su estrecha relación con la corrupción.

Costo de la extorsión

Aunque en principio pudiese parecer que el costo de participar en la extorsión es menor que el de rehusarse a formar parte de ella (es decir, tener que enfrentarse con trámites lentos, acumulamiento de basura o amenazas violentas), al hacerlo, la extorsión entorpece el desarrollo y la creación de empleos, impide una distribución equitativa de ingresos y limita la competencia.

El crimen afecta el desarrollo en canales directos e indirectos. Los directos son el aumento de los riesgos (posibles daños o pérdidas en activos) y el gasto en que se debe incurrir para garantizar la seguridad (sistemas preventivos, mayor personal, flotilla propia para la distribución), así como la percepción de inseguridad que tienen los inversionistas sobre el ambiente en el que planean invertir y su rentabilidad futura. Es decir, la actividad criminal representa un impuesto y un desincentivo para todos los agentes de una economía, no sólo al elevar el costo y reducir el valor agregado, sino por aumentar la percepción de riesgo e incrementar el retorno esperado necesario para invertir[6], lo que cancela la viabilidad de muchos proyectos que podrían realizarse en ausencia de extorsión.

Por otro lado, los canales indirectos son aquellos que afectan a factores complementarios: capital humano y social y debilitamiento institucional.^[7] En primer lugar, las pérdidas económicas y de infraestructura implican un alto costo de oportunidad en materia de inversión productiva e innovación.

El gobierno no ha sido capaz de disminuir la impunidad y con ello reducir también el riesgo para la inversión, con lo cual podría reducirse el retorno esperado necesario para que se invierta. El impacto de la extorsión en los retornos esperados es doblemente negativo: éstos se ven afectados por la disminución de ganancias debido a mayores gastos de producción, así como por el aumento en el riesgo asociado a las inversiones, lo cual disminuye su atractivo.

En segundo lugar, la impunidad encarece la creación de empleos formales porque mantenerse en la informalidad puede ser más rentable, o menos oneroso, para el pequeño y mediano empresario. La informalidad es la manera ingeniosa que ha evolucionado en la economía mexicana para lidiar con la extorsión, pero a un alto costo. No sólo por el hecho de que el informal no crece ni mejora su productividad como debiera, sino por la distorsión que causa en el mercado laboral: ante un aumento deseable en la oferta de trabajadores preparados, se da una disminución en la demanda de éstos por el grado de extensión de la informalidad. Para un gran número de pequeñas empresas en la actualidad resulta mejor permanecer en la informalidad, donde se da una especie de ventana única en materia de extorsión, que buscar ingresar a la formalidad donde las posibilidades de extorsión se multiplican. De acuerdo con Santiago Levy, con información del Censo Económico del INEGI, el 90% de todas las empresas pertenecen a la informalidad y absorben una importante cantidad de capital y trabajo.

Por estas razones, si se lograra una política eficaz para reducir de forma radical la práctica de la extorsión, la economía experimentaría una explosión de apertura y crecimiento de empresas pequeñas y medianas formalizadas, lo que aumentaría la productividad laboral y empresarial indispensable para tener altas y sostenibles tasas de crecimiento. El establecimiento de estas nuevas empresas representa, además, la única manera de generar oportunidades de empleo productivo para trabajadores que actualmente desarrollan actividades de bajo valor agregado o son dependientes de empleos o programas públicos. Esto es especialmente crítico en los albores de la economía digital que tanto empleo puede desplazar. Es decir, sin resolver el problema de la extorsión y su impunidad, México tendría una posición vulnerable frente a la revolución digital en vez de beneficiarse de ella para reducir las oportunidades de extorsión de forma innovadora.

En las condiciones actuales, entre más grande es la empresa, menos vulnerable es a la extorsión o más capaz de sobrevivir el costo de ésta. Esto crea un incentivo para que cuando una pequeña o mediana empresa tiene éxito, sea adquirida por una empresa mayor para que el producto exitoso quede incorporado en una infraestructura menos susceptible a la extorsión. Este fenómeno reduce las posibilidades de competencia económica en el mercado. La solución, sin embargo, no consiste en sancionar las inversiones e integraciones verticales, sino en reducir la posibilidad de extorsión a la que se ven expuestos los pequeños y medianos empresarios.

El daño de la extorsión no es proporcional. Las micros, pequeñas y medianas empresas son propensas a permanecer en la informalidad donde la extorsión es de ventanilla única, dado que en la formalidad las posibilidades se multiplican y aumenta la probabilidad de ser multada.^[8] Es decir, no sólo extorsionan los grupos criminales, sino que se suman los municipios que cobran por uso de suelo, del predio o por permisos de construcción, y extorsionan los agentes de protección civil y las autoridades laborales, sanitarias o ambientales. En este contexto, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) optan por no llegar a su pleno potencial debido a que las extorsiones son más probables cuando se alcanza cierto nivel de éxito. Las pequeñas empresas evitan la innovación por miedo a ser sujetos de extorsión sistemática, no sólo de las formas mencionadas anteriormente, sino ante otras como el gremio transportista, policías municipales, estatales y federales, así como de mercados y comerciantes ambulantes. Los productores del campo están, además, más expuestos que el resto a intermediarios extorsionadores y sufren una extorsión sistemática y en cadena, sobre todo en la distribución y la comercialización.

En tercer lugar, la extorsión reduce el tamaño del mercado y daña la capacidad que tiene el país para intercambiar, atraer inversión e innovar, es decir su competitividad. Es necesario recordar que la competitividad se caracteriza por tres elementos: es prospectiva (no tiene sentido apelar a la competitividad de ayer), refleja la capacidad que tiene una nación para atraer inversión—la clave es cómo volverse más atractivo y de forma dinámica—y se centra en una combinación atractiva de retorno esperado y riesgo. A mayor riesgo en la inversión, mayor el retorno esperado exigido, lo que hace inviables a muchas inversiones sujetas a extorsión ya que sin duda se aumenta el riesgo, pero no por ello el retorno esperado factible.

Este crimen no sólo daña al empresario: también afecta a los consumidores. Al reducir la competencia, los precios aumentan y la calidad de los productos disminuye. El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) elaboró en 2013 un estudio^[9] donde presentaron las consecuencias de la extorsión en tres ámbitos: económico, político y psicosocial. La extorsión en el marco psicosocial genera miedo, nerviosismo y ansiedad que disminuyen la capacidad productiva de los trabajadores y, como consecuencia, la calidad de su trabajo.

Las empresas formales—independientemente de su tamaño—encarecen sus productos frente al consumidor final derivado de largas cadenas de extorsión: inspectores, regulaciones y cadenas de distribución, por ejemplo, en donde organizaciones criminales cobran cuota a los repartidores de mercancía. La extorsión daña también el desarrollo de empresas al incidir no sólo en el poder adquisitivo de los consumidores, sino al disminuir las capacidades productivas y distributivas y aumentar los costos de producción.

En último lugar, la extorsión daña a comunidades enteras al mermar la confianza entre el gobierno y la sociedad, relación que es cimiento para el desarrollo de un país. Al debilitarse las instituciones del Estado, se genera una impunidad crónica que impide el funcionamiento y desarrollo del sistema de justicia, dando pie a un ambiente que propicia la criminalidad extorsionadora.

De esta manera, la extorsión lastima los vínculos de confianza que alimentan la productividad, afecta el consumo, frena el desarrollo de capital humano y el flujo de capital, detiene la participación política, el ahorro y entorpece el desarrollo de las empresas y la innovación.

Sin embargo, de igual forma, las instituciones son las culpables de no crear las “condiciones necesarias para tener mercados razonablemente eficientes, o de prestar servicios de calidad razonable y, por lo tanto, inducen comportamientos que son privadamente rentables, pero socialmente ineficientes”.^[10]

Impunidad: un ambiente propicio a la extorsión

La principal causa de la extorsión en México es que el territorio mexicano es tierra fértil para delinquir, no sólo como consecuencia de falta de educación, oportunidades y de la desigualdad de ingresos, sino, sobre todo, debido a los altísimos niveles de impunidad. No es sorpresa que México ocupe el lugar 92 de 113 con mayor impunidad de acuerdo con el World Justice Project 2017,^[11] el cual calcula el estado de derecho basado en las experiencias y percepciones del público en general y de expertos en el tema de cada país en todo el mundo. Hay crimen porque se puede, porque el sistema lo tolera y porque está cimentado en una profunda debilidad institucional.

La existencia de la corrupción, la impunidad y la extorsión es, en parte, consecuencia de su normalización y cotidianeidad. La aceptación política y social de estas prácticas debilitan, nulifican y hacen imposible el estado de derecho. El primer paso para entender el fenómeno de la extorsión es comprender que su prevalencia en la sociedad mexicana es consecuencia de su aceptación social. Es una práctica que está aceptada en el comportamiento de los agentes económicos, pero no—como afirman algunos—por necesidad cultural. En México la corrupción, la impunidad y la extorsión suceden todos los días. En ocasiones sin saberlo, los mexicanos formamos parte activa de esta sistematización. En el día a día, el mexicano paga por facilitar trámites, por evitar multas o regulaciones, sencillamente porque es más fácil y porque en esta sociedad, todo parecería estar a la venta para quien tiene los medios.

Cuando se recurre a defender la ilegalidad como un problema cultural, luchar en contra ella se vuelve más difícil. Aceptar como “cultural” que los mexicanos sean corruptos otorga la excusa perfecta para justificar la corrupción y la impunidad: es consentir una explicación simplista a los problemas que se enfrentan y tolerar la mediocridad hasta el punto de asumir que México siempre permanecerá rezagado porque así lo dicta la naturaleza de sus ciudadanos. Nada más falso.

La corrupción y la impunidad son cuestión de sistemas de poder, no de cultura. La extorsión está sistematizada y es llevada a cabo por grupos, ya sean funcionarios públicos, crimen organiza o o miembros de la sociedad civil con algún tipo de poder monopólico. Son prácticas de las que se aprende a beneficiarse y se justifican hasta como una forma de supervivencia, en un ambiente de ilegalidad en donde es posible extorsionar y corromper porque no existen sanciones y porque hay fuentes de poder monopólico. Esto tiene un antecedente histórico en el régimen concesionario en que el Estado graciosamente otorgaba, en lugar de reconocer, derechos. Previo a la reforma constitucional del 2011, por la cual los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales fueron incluidos como constitucionales en el artículo primero, existía en México un régimen concesionario que, en lugar de reconocer, otorgaba derechos. Este régimen que se tenía en México—tanto en materia de derechos humanos, como en competencia económica—estaba relacionado al régimen político concesionario que se tuvo durante la mayor parte del siglo XX en el país. Al igual que la concepción de servicios públicos, los derechos parecían ser un “favor” del Estado, una herencia directa de la soberbia del régimen priísta.

Sin embargo, la extorsión en México se encuentra directamente relacionada con diversos crímenes como el secuestro que, a pesar de ser un delito distinto al de extorsión, su naturaleza conlleva una amenaza y ejemplifica también por qué se justificaría el costo de la extorsión mediante esa amenaza, debido a que la integridad física de una persona está en peligro.

El aumento de violencia en los últimos años se debe a múltiples factores. En primer lugar, el crimen organizado ha aprovechado la debilidad del estado de derecho. En segundo lugar, la impunidad favorece el ecosistema criminal que se beneficia de la extorsión. La falta de autoridades confiables y de cuerpos policiacos capacitados facilita actos criminales sin consecuencia.

De acuerdo al Instituto para la Economía y la Paz (IEP), “el costo de oportunidades perdidas es alto: una reducción del 10% de la violencia liberaría recursos casi equivalentes al costo total del sistema de salud pública […]. Una reducción de 1% del impacto económico de la violencia equivaldría a la inversión del gobierno federal en actividades relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación”.^[12]

La impunidad en México bate récords, por lo menos en cuanto a percepción. De acuerdo con el IEP, alrededor del 91% de los delitos cometidos en México quedan sin un culpable. El país está posicionado como el cuarto con mayor impunidad en el Índice Global de Impunidad 2017.^[13]

La impunidad comienza con el silencio, la falta de denuncia, pero sigue con la policía, que deja incumplidas un sinnúmero de órdenes de aprehensión y con la larga línea del proceso judicial mexicano: funcionarios en todas las fases que aceptan (o exigen) sobornos o ceden a influencias políticas.

La desconfianza en las instituciones resulta en un malestar social general ya que el Estado es incapaz de propiciar condiciones para establecer un negocio o para vivir con seguridad y tranquilidad. Las consecuencias incluyen menores oportunidades de empleo y desigualdad como resultado de la corrupción, ya que ésta merma en forma significativa los recursos que pudieran dedicarse a la protección a la salud, la educación, y otras áreas fundamentales del bienestar de los grupos más vulnerables.

¿Cómo crecer?

México crece, pero por debajo de lo esperado y, sobre todo, de lo posible. Esto se debe a que no tiene la infraestructura necesaria para aumentar el intercambio. El crecimiento económico se desarrolla en un ecosistema que lo limita ya que el intercambio proviene de la confianza y en el estado de derecho: a mayores posibilidades de intercambio sin intermediarios innecesarios, mayor crecimiento. “La clave reside en mejorar radicalmente el perfil de riesgos sistémicos. Entre ellos la ausencia de protección de derechos de propiedad, la inseguridad pública, la corrupción y la extendida extorsión que impera y que perjudica sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas”.^[14] La perversión de la extorsión a lo largo de todo el país, en todos los niveles, imposibilita este desarrollo.

En México, la culpa de la reducción de la calidad y cantidad de inversión la comparte también la falta de competencia en los mercados. La competencia económica beneficia la productividad, aumenta el tamaño del mercado y protege a los consumidores al hacer que los productores compitan en calidad, innovación, precios y eficiencia. La competencia económica, sin embargo, únicamente se da en un ambiente que favorezca el desarrollo de empresas en donde puedan competir entre sí, generando empleos e incentivos para innovar. La extorsión, por otro lado, genera uno que limita la capacidad de innovar, daña la inversión y la productividad y reduce el tamaño del mercado.

El mayor intercambio es el único camino para el aumento de productividad y de innovación. La generación de riqueza y el aumento de la productividad se vuelven posibles si se permite el intercambio de ideas y se cuenta con un conjunto de características para atraer inversión. La competencia económica forma parte esencial de esta infraestructura para el intercambio y la atracción de inversión y se vuelve, vista de esta manera, un bien público.^[15]

Los beneficios de la competencia económica incluyen la innovación y el avance tecnológico, la creación de empleos y la capacidad de producir con valor agregado, una mayor apertura comercial y un mayor dinamismo en los mercados debido al impacto en la oferta y la demanda de los bienes y servicios, así como en la asignación eficiente de recursos.

Las ideas también tienen un impacto directo en la economía y en el equilibrio social. Según lo explica la economista Deidre McCloskey en su libro Bourgeois Equality^[16], el intercambio de ideas es fundamental para el desarrollo económico y éste no se puede dar en un ambiente que no esté estrechamente relacionado con la democracia y la libertad. Las ideas tienen un impacto directo en la economía y en el equilibrio social. Para que florezcan las ideas, se requiere su intercambio libre, de ahí la importancia de que impere el respeto a los demás y la extorsión se convierta en la excepción y no en la norma.

En el libro que publicó recientemente con el Banco Interamericano de Desarrollo, Esfuerzos Mal Recompensados, Santiago Levy argumenta que el factor central para la falta de crecimiento es una mala asignación de recursos económicos—capital y trabajo.^[17] Debido a esta mala asignación se genera una selección poco eficiente en la entrada de nuevas empresas productivas al mercado en donde el entorno^[18] “permite que desaparezcan empresas de alta productividad y dificulta el crecimiento de las empresas que sobreviven, limitando así el número de empleos de alta productividad”^[19]. De esta forma, muchas empresas productivas desaparecen, mientras que otras poco productivas se mantienen, cuando lo óptimo sería que desaparecieran. Esta mala asignación también impacta la ineficiente asignación de personas entre las distintas ocupaciones, puesto que muchos microempresarios de baja productividad se mantienen como tales, a pesar de que lo más eficiente sería que muchos de ellos fueran empleados.

Levy, no obstante, propone que los factores que deprimen la productividad son derivados de las políticas fiscales, de seguridad social y de protección laboral, así como el malfuncionamiento de las instituciones judiciales. Aunque todo lo anterior es cierto, no considera de manera explícita a la extorsión como el factor olvidado en el entorno en el que influye poderosamente en la mala asignación de recursos y en la discriminación de empresas que entran al mercado. Es decir, la extorsión es la característica sistémica del mercado en el que las PyMEs buscan crecer y no lo logran. Al no considerar la extorsión como determinante del entorno, Levy enfatiza el papel del exceso de recursos dedicados a las empresas micro y pequeñas en la ausencia de crecimiento, cuando la hipótesis de la extorsión se inclina por explicar su falta de éxito en la pesada carga que implican las múltiples fuentes de extorsión. Más aún, la presencia extendida de extorsión tiende a favorecer el crecimiento de las muy grandes empresas que han logrado invertir y construir una infraestructura legal, de transporte, distribución y reputación que las hace relativamente inmunes a la extorsión.

Para que este crecimiento de la productividad y del intercambio suceda, se necesita generar un ambiente que lo facilite. El Estado es responsable, en buena parte, de establecer las condiciones necesarias, asegurar el estado de derecho y garantizar la seguridad. La extorsión hace todo lo contrario: daña la capacidad de intercambiar ideas porque éstas carecen de protección, limita la productividad y obstaculiza la diversificación económica.

México tiene la posibilidad de convertirse en un país desarrollado, pero no sin antes eliminar la extorsión y evitar la formación de monopolios extorsionadores. El desarrollo es un proceso social altamente costoso que necesita de sacrificios por parte de todos los agentes que participan en una economía. Nunca es ni automático ni gratuito, sino producto de una inversión que hacen gobierno y sociedad con la expectativa de que rinda frutos en un futuro. Pero la sociedad debe estar más o menos confiada del éxito para poder hacer esta inversión y posponer el consumo presente para invertir esos recursos y poder aumentar el consumo en el futuro. Esto es posible sólo si se vislumbra una situación de mejora sensible.

Para crecer no se necesita únicamente aumentar la cantidad, sino la eficacia de la asignación de recursos. Como ya se mencionó, toda inversión se piensa con respecto a la combinación del retorno esperado y el riesgo que ofrece la inversión; a mayor riesgo, mayor retorno esperado. Sin embargo, el riesgo que implica la extorsión no se traduce en un mayor retorno, sino sólo en un encarecimiento innecesario de la producción que termina pagando el cliente sin recibir por ello mayores beneficios el productor. Por ello es clave trabajar para construir una sociedad donde prevalezca el estado de derecho y se respeten las normas, disminuya el riesgo que encarece la producción y sea factible un retorno esperado competitivo.

También es cierto que se debe invertir sobre todo en educación. Para especialistas en desarrollo, la educación es el cimiento de cualquier sociedad próspera. Sin embargo, la inversión en educación sólo reditúa si al final del camino hay una demanda por personal calificado. La siguiente figura muestra los rendimientos financieros de la educación en México de 1996 a 2015, medidos como la diferencia porcentual en los salarios promedio de los empleados que completaron la educación primaria, secundaria, preparatoria y educación universitaria. 

A pesar de que en México la oferta de capital humano con altos niveles educativos ha aumentado, la demanda por él ha decrecido en términos relativos. En el estudio realizado por Santiago Levy y Luis Felipe López Calva,^[20] la observación principal es que el problema está en la relativa poca demanda de personas calificadas y no tanto en la falta de educación; es decir, con frecuencia puede ser no rentable invertir en educación. Esta conclusión tiene una clara implicación: la demanda laboral es proporcional a la velocidad del desarrollo de tecnología y al crecimiento del número de empresas competitivas. Si aumenta el número de empresas, se estimulará la demanda de trabajadores más educados. En cambio, si las condiciones del mercado expulsan a las PyMEs y no hay un aumento acelerado en el número de éstas, la demanda de capital humano calificado se deprimirá y los salarios disminuirán. Es así como la impunidad que permite la extorsión se convierte en un obstáculo para crecimiento de empresas y, por ende, a la generación de empleo. El efecto secundario de esta falta de actividad económica es que no se premia, sino se inhibe la formación de capital humano clave para el aprovechamiento de la revolución digital y el desarrollo económico.

En resumidas cuentas, Levy plantea que la apertura comercial, el entorno macroeconómico estable y una mejoría en el sector educativo son condiciones necesarias, más no suficientes para que crezca la productividad en un país, lo cual sucede en México. Si el capital no se asigna en proyectos productivos, el mercado laboral no prospera; es decir, no se crea un entorno eficiente de asignación de la oferta laboral, ni una sana dinámica de entrada, salida y crecimiento de las empresas que permita absorber tal disponibilidad de trabajadores.

Los autores utilizan como ejemplo la producción de tortillas. Las grandes productoras necesitan ingenieros, contadores y personal con mayores niveles educativos, mientras que las productoras pequeñas únicamente necesitan trabajadores con educación básica. Lo mismo sucede con empresas de transporte: existen cientos de camioneros independientes, pero si existiera una plataforma o empresas que ofreciesen condiciones atractivas, se requerirían más empleados con un nivel más elevado de educación. “La asignación ineficiente es costosa para los trabajadores, dado que las pérdidas de productividad implícitas reducen los salarios de todos los trabajadores […] reducir la asignación ineficiente incrementa las diferencias entre los salarios promedio de distintos grupos educativos, como consecuencia aumentando los retornos a la educación”.^[21]

Se deben mantener los esfuerzos en políticas educativas sumado a una especial atención al mercado laboral y su capacidad de incorporar a los nuevos y más capacitados trabajadores. Se deben aprovechar las nuevas oportunidades que proporcionan las nuevas tecnologías y plataformas para hacer más eficiente la asignación de recursos, la producción y la distribución de mercancías y para que los trámites de gobierno faciliten la formalidad. En otras palabras, el gobierno debe aprovechar estas nuevas oportunidades y formar un puente de la informalidad a la formalidad.

Revolución digital

La llamada cuarta revolución industrial, la tercera ola o la revolución digital es el tema de moda debido a los cambios que trae consigo y la fuerza con que está moviendo las tendencias globales actuales. Esta nueva faceta de la globalización está generando cambios sociales, económicos, políticos y, desde luego, tecnológicos. Estos últimos están estrechamente vinculados a los estructurales e institucionales, así como a la globalización de productos, del mercado laboral y del sistema de educación, entre muchos otros. Cuando las tecnologías se vuelven social y económicamente transformadoras, es cuando el cambio es lo bastante significativo para generar una evolución de la infraestructura social, institucional y económica. Pero los cambios toman tiempo.

Las dos revoluciones previas transformaron estructuras organizacionales económicas, sociales y políticas. La primera, que se desarrolló a lo largo del siglo XVII y XIX, estuvo caracterizada por la máquina de vapor que remplazó el trabajo de mano de obra por las máquinas y multiplicó con ello la potencia industrial. La segunda es conocida por la adopción global de la electricidad y los cambios que ésta impulsó: mayores avances en salud, comunicación y transporte que se dieron en el proceso de globalización a lo largo del siglo XX. Cada revolución cambió la forma que las sociedades tenían de trabajar, relacionarse y producir, y transformó el orden económico y los mercados laborales.

Aunque se piense que el mundo está en malas condiciones, actualmente muchos países—por no decir todos—deben su desarrollo a estos progresos tecnológicos. Esta nueva revolución digital parece provocar temor global ante la incertidumbre respecto a cambios en las dinámicas laborales, sociales, económicas y políticas, ya que—como la historia se ha encargado de enseñarnos—los ajustes sociales quizá no pueden producirse a la misma velocidad que la evolución tecnológica. No obstante, es fácil perder de vista que las revoluciones anteriores causaron una ansiedad similar que hoy parece estar olvidada. Sin embargo, basta recordar a Oliver Twist de Charles Dickens o Germinal de Émile Zola para tratar de entender mejor las inquietudes actuales ante el cambio.

Los cambios más importantes que provoca esta revolución es el surgimiento y rápido avance de la inteligencia artificial, la ampliación de la banda ancha y la expansión de acceso a información, la digitalización de la economía, nuevas formas de producción y distribución, el comercio en línea y el flujo internacional de data.

La inteligencia artificial permitirá una mayor automatización de servicios y manufactura que sin duda puede poner en riesgo oportunidades de trabajadores menos calificados. Sin embargo, también surgirán con ella numerosos beneficios, incluida la facilidad para capacitarse y utilizar las nuevas tecnologías, amén de nuevos puestos de trabajo en industrias que aún están por desarrollarse. No todo trabajador tiene que ser programador, sino sólo estar dispuesto a adaptarse a los nuevos equipos cada vez más poderosos en su utilidad. Para el sector agrícola, por ejemplo, la tecnología puede permitir una mejora significativa en la productividad debido a mejoras en el pronóstico del tiempo, así como el uso de plataformas que acerquen al agricultor a los consumidores y sus preferencias.

Una de las principales preocupaciones es un posible aumento en la desigualdad como resultado del desplazamiento laboral que puede surgir de estos cambios. Aunque la nueva tecnología intensifica la productividad, también aumenta el número y calidad de los productos en el mercado y tiene por ello la capacidad de generar nuevos trabajos. Compensar la reducción o eliminación de actividades y oficios no será fácil, se requiere de una ágil transición para integrar la automatización que sustituya la mano de obra en las últimas décadas, pero no es imposible.

Por otro lado, la cuarta revolución industrial puede también mejorar las condiciones de vida de los hogares más desfavorecidos gracias al uso de tecnología más productiva a precios más accesibles, mayores oportunidades educativas gracias a la internet, y oportunidades de empleo y de emprendurismo que hoy no se imaginan. Sin embargo, para que esta revolución rinda frutos, es necesario redoblar esfuerzos para erradicar la extorsión, que es un obstáculo evidente a la formación y al crecimiento de empresas.

Esta revolución trae consigo nuevas plataformas y sistemas que tienen la capacidad de alterar las dinámicas internacionales de comercio e inclusión financiera con las nuevas criptomonedas descentralizadas como Bitcoin^[22]. Estos nuevos desarrollos tienen el potencial de disminuir los costos de transacción para los segmentos de población menos favorecidos y fomentar su participación en la economía moderna con el correspondiente incremento en la productividad. La clave es asegurar que esto pase al transformar la dirección de los flujos económicos y bajar los costos de transacción para la producción y la distribución.

La digitalización como proceso social, según Katz,^[23] “se refiere a la transformación del entorno tecno-económico y las operaciones socio-institucionales a través de comunicaciones y aplicaciones digitales”.^[24] En un par de décadas, el acceso a la red o redes de banda ancha, al uso de computadoras o dispositivos inalámbricos, así como a los servicios indirectos derivados del uso de éstos, ha evolucionado de manera radical. Como ejemplo están las aplicaciones digitales como redes sociales, plataformas de información como Google, distribución y comercio electrónico e, inclusive, plataformas de inversión. De acuerdo con Cisco Systems, el uso de banda ancha se multiplicó 90 veces de 2005 a 2016. Este crecimiento está modificando los servicios globales y el comercio internacional. De acuerdo con Accenture, el comercio electrónico alcanzará más de dos mil millones de consumidores y generará más de un billón de dólares anualmente.

El uso de banda ancha ha permeado casi todos los hogares, con múltiples efectos en la economía. En el caso de México la penetración de banda ancha móvil (BAM) es ya de 65% y de fija (BAF) 50% al último trimestre de 2017 de acuerdo del Instituto Federal Telecomunicaciones (IFT).^[25] Este progreso es importante, pero falta mucho por hacer. La principal función de los usuarios es obtener información, comunicación y uso de redes sociales y entretenimiento,^[26] pero se debe pensar en impulsar el uso de tecnología y plataformas de producción y distribución para todas las empresas, en especial las más pequeñas.

Retos para México 

Un sinnúmero de obstáculos en México inhibe que la difusión de tecnología llegue a todos, lo que polariza el acceso y se refleja en una profunda brecha digital. Las empresas grandes son mucho más propensas a utilizar la tecnología y, por consecuencia, potenciar su productividad y crecimiento.

No obstante, en países en vías de desarrollo, el impacto del progreso tecnológico en el sector informal puede ser significativo y fungir como puente para transitar a la formalidad y como catalizador de una mayor productividad para un mismo nivel de esfuerzo. En México, en el sector informal labora el 56.6% de la población económicamente activa, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que realizó el INEGI en el primer trimestre de 2018.^[27]

Los cambios en el mercado laboral dependen de cada país y las condiciones de su mercado, del uso de tecnología y de las instituciones y marco reglamentario. Por ello es sumamente importante que en México los avances digitales sean acompañados de políticas públicas y de un marco reglamentario coherente, no sólo para evitar que la brecha se ahonde—entre personas y países—y se fragmente aún más el mercado laboral, sino para asegurar que la digitalización se convierta en una plataforma de incorporación a la economía moderna. Es precisamente aquí que el papel de la economía digital puede resultar clave para reducir la extorsión y potenciar la participación de las PyMEs y los informales en actividades de alto valor agregado.

¿Existe en México la flexibilidad y la infraestructura necesaria para proteger al ciudadano en contra del peso apabullante de la ilegalidad? ¿Existe el contexto para permitir que la sociedad y la economía se adapten a los nuevos cambios? Para realmente progresar, se requeriría una respuesta en positivo.

Los avances tecnológicos podrán impulsar algunas ocupaciones, desaparecer otras y, sobre todo, cambiar la manera en la que los trabajos serán llevados a cabo. Sin embargo, mientras que los efectos de desplazamiento son inmediatos, los nuevos trabajos tardarán en crearse en función de la capacidad de respuesta, movilidad y flexibilidad que se ofrezcan^[28]. Esto implica un reto no sólo para trabajadores, sino también para los gobiernos que deben invertir en el contexto que promueva el cambio.

El papel de las políticas públicas será fundamental para que las oportunidades sean relevantes para todos. “Las tecnologías son herramientas sin una agenda propia, pero su influencia en la sociedad nunca es neutral. Ciegamente barren los medios de subsistencia de algunos y enriquecen a otros. La política debe elaborar reglas e instituciones que aprovechen la tecnología para adecuarse a los valores y la visión de la sociedad en sí misma”.^[29]

Existe una nueva organización industrial en donde nuevos eslabones de la economía digital (servicios digitales y aplicaciones) han cambiado la relación entre los agentes económicos y los consumidores. El siguiente modelo plantea que para que el ecosistema de la economía digital madure, existe un costo social y económico que debe asumirse: “El Estado debe articular sectores económicos y sociales para materializar los efectos de derrame y la generación de complementariedades en el conjunto de la economía”.^[30] Dicho de otro modo, debe de existir la regulación necesaria para incorporar los servicios digitales. 

Con el avance de la robotización y automatización, es posible que las grandes corporaciones ya no basen sus decisiones de inversión en términos del costo de mano de obra, sino, sobre todo, en la calidad de la infraestructura, la distancia a los consumidores y el costo de transporte para decidir la ubicación de una planta. Así, el ecosistema legal y regulatorio será cada vez más importante, lo que convierte la lucha contra la extorsión en una asignatura pendiente fundamental.

Como ya se mencionó, la extorsión limita el crecimiento de pequeñas y medianas empresas de diversas formas, pero merece una mención especial el obstáculo que representa en materia de trámites burocráticos y en los sistemas de distribución de bienes y servicios plagados de extorsión. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, más del 20% de los encuestados señalaron que son obstaculizados por trámites. Existe un promedio de 19.5 trámites por unidad económica y el 82.2% considera que los actos de corrupción y extorsión por parte de servidores públicos son frecuentes.^[31]

Muchos empresarios han denunciado que bandas criminales exigen pagos diarios de distintas cantidades por el permiso de repartir sus productos en ciertos mercados. Estos sistemas no sólo implican un impuesto prohibitivo adicional en el pago de cuotas y la pérdida de mercancías, sino que las empresas tienen que invertir para controlar la ubicación de sus choferes, para proteger sus vidas y/o evitar una colusión indebida.

Pero las empresas grandes son las menos propensas a ser extorsionadas por funcionarios públicos o grupos criminales, aunque eso no implica que no enfrenten costos derivados de la necesidad de integrarse verticalmente, muchas veces para evitar la extorsión o el riesgo de activos o colaboradores. Por ello, incluso estas grandes corporaciones pueden encontrar mejores condiciones de competitividad en países con economías avanzadas (Estados Unidos, Canadá, países europeos y otros) en los cuales pueden utilizar servicios de distribución ajenos sin integración vertical. En México, por el contrario, terminan por invertir en su propio sistema de distribución. Por su parte, las micro, pequeñas y medianas empresas que no pueden permitirse ese gasto con frecuencia optan por no ampliar su negocio (al no poder subirse a una red de distribución inmune) para no quedar sujetos a la extorsión que hace que el crecimiento deje de ser rentable.

¿Qué hacer?

Existen dos maneras en las que la revolución digital puede contribuir a solucionar el extendido problema de extorsión: en primer lugar, a través de la creación de plataformas digitales que no sólo impulsen a pequeños productores o vendedores a participar en el comercio digital, sino que también limiten la capacidad de extorsionadores al reducir el número de intermediarios. Y, en segundo lugar, mediante sistemas tipo Blockchain^[32] que descentralicen y transparenten trámites burocráticos, dificultando la capacidad de extracción de rentas por parte de inspectores y funcionarios que otorguen todo tipo de permisos y que faciliten el comercio.

Sin embargo, el éxito y la promesa mayor provendrían de que se conciba a la transición de la informalidad a la formalidad como un negocio: no sólo que formalizarse implique un proyecto con análisis costo-beneficio positivo, sino que se utilicen herramientas de la economía digital para tender puentes rentables para que individuos y PyMEs puedan transitar a una formalidad donde haya menor extorsión^[33]. Para lograrlo, es necesario asegurar el estado de derecho, mejorar la infraestructura y evitar la sobrerregulación y la corrupción en trámites. La economía digital puede ser una herramienta muy valiosa para esto.

Desde el punto de vista privado, cabe preguntarse por qué en México no se ha desarrollado una plataforma similar a Alibabá para evitar el intermediarismo y la extorsión. Al subirse a una plataforma digital de este corte, puede disminuirse la capacidad que tienen los grupos de criminales y de extorsionadores públicos y privados de interferir con las cadenas de distribución. Alibabá se dedica al comercio electrónico, incluyendo portales de ventas, pero es también un sistema de distribución y una moneda electrónica^[34]. Una plataforma así no únicamente disminuye la posibilidad de extorsión, sino que ofrece a micro, pequeñas y medianas empresas la capacidad de comerciar en una amplia gama de mercados sin intermediación innecesaria. Vencer a los ladrones que extorsionan gracias a una plataforma basada en las ideas de Alibabá sería, sin duda, una gran ironía. Un caso como Etsy, por ejemplo, una plataforma digital en donde todo artesano puede vender sus productos directamente muestra que la introducción de la economía digital puede tener un impacto positivo en todos los sectores.

Idealmente, el comercio digital pone en igualdad de condiciones a todos los participantes del mercado. Las pequeñas y medianas empresas, así como fabricantes originales, pueden crecer de manera exponencial sin necesidad de asumir los costos y riesgos de la distribución, de las ineficiencias en la cadena de suministro, el exceso de trámites o del impuesto que implica la extorsión. Estas tecnologías tienen además la ventaja de disminuir el uso de efectivo para saldar las transacciones comerciales. Esto conlleva el doble beneficio de promover la formalización y el pago de impuestos, al tiempo que disminuye la posibilidad de ser víctima de robo y facilita la contabilidad.

Tanto gobierno como sociedad deben impulsar el uso del sistema de Blockchain, que promete cambiar fundamentalmente la forma en la que se comportan la economía, los negocios y funcionamiento de gobierno y comercio. De hecho, muchos piensan que se convertirá en la estructura básica de la futura internet. Bitcoin se volvió famoso por su inviolabilidad, ya que no requiere de un tercero de confianza para validar las transacciones. Con el uso de Bitcoin o cualquier criptomoneda, la contabilidad puede ser pública y controlada de modo colectivo a través de la internet. Toda la información acumulada es inviolable y si alguien pretendiere violar o corromper un bloque de información, todos los participantes se enterarían inmediatamente, amén de que la información tendría que ser cambiada en todos y cada uno de los miles de servidores en que se aloja, lo que es imposible.

Asimismo, los sistemas de Blockchain pueden inyectar certidumbre y estabilidad a la política pública. De acuerdo al Banco Mundial,^[35] la incertidumbre en la política económica internacional ha disminuido la velocidad de las tasas de crecimiento del comercio internacional y la desaceleración de la expansión de las cadenas de valor mundiales. Muchas empresas no cuentan con sistemas suficientemente eficaces para rastrear sus productos en la cadena de valor y desconocen qué sucede en los tramos finales de la cadena de suministro. Al enfocarse en Blockchain como tecnología central, este sistema puede ayudar a empresas de cualquier índole para hacer frente a la incertidumbre del comercio internacional actual. Alisa DiCaprio, Directora de Investigación en R3, el consorcio bancario conformado por más de 80 instituciones financieras propone tres maneras distintas para que esto suceda.^[36]

En primer lugar, otorga a PyMEs nuevos medios de financiamiento. Donde actualmente los bancos requieren de complicados procesos para obtener financiamiento con información que no siempre es viable verificar, Blockchain ofrece a pequeñas y medianas empresas la posibilidad de registrar inalterablemente su historial financiero en bloques de información, permitiendo facilitar o acelerar el financiamiento para proveedores a lo largo de toda la cadena de suministro. Así mismo, numerosas instituciones financieras como HSBC han reportado haber construido aplicaciones con Blockchain para mejorar el proceso de transacción de la carta de crédito.

En segundo lugar, a través de Blockchain, se puede facilitar y precisar el enfoque de aranceles ya que este sistema puede permitir el rastreo certero del origen de productos. “A través de la mayor transparencia introducida por las empresas que rastrean e intercambian en Blockchain, la focalización de tarifas podría ser más precisa”.^[37] Y, en último lugar, Blockchain tiene la capacidad de producir nuevas fuentes de datos que es uno de los principales facilitadores para el comercio, como el estado o la ubicación de la carga, por ejemplo. Blockchain puede aumentar la transparencia, la rapidez y la seguridad del comercio al conectar todos los puntos del proceso comercial, al liberar la data. Con Blockchain, se puede optimizar el proceso comercial, desde los procesos manufactureros, las aduanas y los controles de calidad.

Así, Blockchain es una fuente de certeza y de veracidad. Donde las hay, el estado de derecho se da con mayor facilidad y disminuye la extorsión. Los bloques de información pueden representar cualquier objeto de valor: dinero, derechos de propiedad, acciones, kilowatts de energía, barriles de petróleo, votos electorales, y miles de opciones más, todo depende del uso que quieran darle los usuarios.

“El sistema basado en la nube garantiza que los registros no se puedan duplicar, manipular o falsificar, y que una mayor visibilidad en partes de la cadena de suministro promueva un nivel de confianza sin precedentes. Significa que los gobiernos pueden proteger mejor a los ciudadanos, mientras que los socios comerciales pueden estar seguros de que ciertos documentos comerciales son reales. Los consumidores pueden verificar la calidad y la procedencia de los productos, y los bancos pueden reducir el tiempo de procesamiento.”^[38] Esto significa que los trámites burocráticos pueden ser eliminados en el futuro, pues las reglas se programan dentro del sistema inteligente sin intermediarios. Los procesos administrativos se vuelven más transparentes y eficientes, evitando la extorsión en trámites y facilitando la formalización de PyMEs.

El papel del gobierno para este salto cuántico implica invertir en tres ámbitos: inteligencia artificial, infraestructura de banda ancha y educación digital, además del cambio en el quehacer político que implica estar dispuestos a la transparencia plena. El gobierno debe considerar apoyar la inversión en inteligencia artificial (AI) para unirse a la competencia global, incluso de economías emergentes, sobre todo en China. La siguiente gráfica demuestra las inversiones previstas hasta el 2025 en materia de AI en el mundo, por lo que es clave que México no se quede atrás.

Además, debe promoverse la inversión en redes de banda ancha para continuar ampliando la eficacia, pero también su alcance. La red permite el libre acceso a la información, a una mejor educación, a un fácil y rápido marketing y, en general, iguala las condiciones y facilita el camino para PyMEs al poder montarse en plataformas menos vulnerables a la extorsión. Esto, sin embargo, va de la mano con una inversión también en ciber-seguridad y protección de datos personales.

Por supuesto, debe también invertirse en educación digital, actualmente calificada como combustible indispensable para una economía emergente. Las capacidades digitales definirán el curso de un país. Esto significa que los programas educativos a todos los niveles deben ser actualizados para que incluyan nuevas capacidades, como programación, que las próximas generaciones van a necesitar.

Conclusión

La extorsión es el principal freno que obstaculiza el desarrollo del país al limitar la competitividad; su extendida práctica tiene un altísimo costo social y económico. Sin embargo, priorizando el establecimiento del estado de derecho, México debe superar este obstáculo, para que el crecimiento de micros, pequeñas y medianas empresas favorezca el desarrollo económico, así como para generar certeza y permitir un menor retorno esperado de quienes buscan invertir en el país.

México debe saber aprovechar la revolución digital para modificar el ecosistema que ha permitido el crecimiento de la economía de la extorsión y aumentar no sólo la cantidad sino la eficacia de la asignación de recursos. La revolución por la que atraviesa el mundo es como el contenedor de Levinson: aunque hoy pareciera ser insignificante, transformará a nivel internacional la dinámica comercial y las tendencias económicas. Más aún, puede convertirse en el catalizador para democratizar el imperio de la ley y el acceso a redes de distribución de bienes y servicios en que no impere la extorsión que limita el crecimiento, expansión y éxito de las pequeñas y medianas empresas.EP

^[1] Por economía de la extorsión se hace referencia al costo que tiene la extorsión en el relativo de estancamiento de la economía mexicana.

^[2] La falta de transparencia en las licitaciones del gobierno ha facilitado que éste extorsione a la iniciativa privada. Especialmente en licitaciones de construcción u obras, cuando el gobierno genera acuerdos previos o posteriores a la apertura de la misma, obteniendo sobornos o beneficios propios.

^[3] Una economía de escala hace referencia a los beneficios que surgen a largo plazo de reducir el costo medio de un producto a medida que la escala de producción aumenta. Por ejemplo, a una empresa le conviene invertir en más maquinaria para aumentar su producción y conseguir un mayor beneficio. Sin embargo, con el costo de la extorsión, se reduce la capacidad de la empresa de poder invertir en esta maquinaria.

^[4] Levinson, Marc, “La Caja: Cómo el contenedor hizo el mundo más pequeño y la economía mundial más grande”,

^[5] Nombrada tras el co-fundador de Intel, Gordon Moore, quien defendió la importancia de la tecnología. La ley de Moore afirma que el número de transistores por unidad de superficie en circuitos integrados se duplica cada dos años.

[6] La lógica que sigue a la inversión es que el riesgo premia la inversión con un mayor rendimiento. Pero el riesgo que supone la extorsión no se traduce en un rendimiento, sino en un costo y, por ende, el objetivo ideal sería que el costo fuera el menor posible.

^[7] USAID Study on Crime and Investment in Latin America and the Caribbean, septiembre 2014, http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00K4WM.pdf (consultado el 12 de febrero, 2018).

^[8] Levy, Santiago, “Esfuerzos Mal Recompensados”, Banco Interamericano de Desarrollo, 2018, pp. 43

^[9] Observatorio Nacional Ciudadano, Análisis de la Extorsión en México 1997-2013: Retos y Oportunidades 2014

^[10] Levy, Santiago, “Esfuerzos Mal Recompensados”, Banco Interamericano de Desarrollo, 2018, pp. 9

^[11] Rule of Law Index, World Justice Project 2017-2018, pp.7

^[12] Índice de Paz México 2018, Instituto para la Economía y la Paz, pp. 4

^[13] Índice Global de Impunidad 2018, UDPAL https://www.udlap.mx/igimex/assets/files/2018/igimex2018_ESP.pdf

^[14] de la Calle, Luis, “Cómo Crecer” en ¿Y Ahora Qué?: México ante el 2018, noviembre 2017, pp. 215

^[15] de la Calle, Luis, dic. 2014

^[16] McCloskey, Deirdre, “Bourgeois Equality”, University of Chicago Press, 2016.

^[17] Levy, Santiago, “Esfuerzos Mal Recompensados”, Banco Interamericano de Desarrollo, 2018, pp. 7

^[18] Para Levy, el entorno está explicado por la fórmula E(L,T,M), en donde T es la recaudación tributaria, L la relación laboral empresario-trabajador, y M las condiciones de mercado.

[19] Ibídem. Pp.37

^[20] López Calva y Levy Santiago, Will education increase growth in Mexico? Brookings, marzo 2018.

^[21] Ibidem, marzo 2018

^[22] El sistema de Blockchain funciona a través de bloques de información entrelazados. Esta innovación se dio a conocer por la criptomoneda Bitcoin, pero puede ser utilizado para una miríada de usos. Este sistema busca eliminar a intermediarios en cualquier tipo de transacción y funciona también como base de datos confiable e inviolable.

^[23] R.L. Katz et al., Measuring digitization: A growth and welfare multiplier, Technovation, Elsevier http://www.teleadvs.com/wp-content/uploads/Technovation_RK_PK.pdf

^[24] R.L. Katz et al., Measuring digitization: A growth and welfare multiplier, Technovation, Elsevier http://www.teleadvs.com/wp-content/uploads/Technovation_RK_PK.pdf

^[25] IFT Comunicado de Prensa, 4 de marzo 2018 http://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift//comunicadobitfinal3marzo090318.pdf

^[26] Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2017

^[27] ENOE marzo 2018 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2018/iooe/iooe2018_03.pdf

^[28] UN, “The impact of the technological revolution on labour markets and income distribution”, Julio 2017

^[29] The Economist, The World Economy Special Report, “The Third Great Wave”, 2013, pp. 14

^[30] CEPAL, Economía Digital para el Cambio Estructural y la Igualdad, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35408/1/S2013186_es.pdf

^[31] ENCRIGE 2016

^[32] Blockchain – What Is It and What Is It For?, marzo 28, 2018 https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/03/28/blockchain-what-is-it-and-what-is-it-for/#2de560c1a16b

^[33] Levy, Santiago, “Buenas Intenciones, Malos Resultados: política social, informalidad y crecimiento económico en México”, Brookings Institution Press, Washington, D. C.

^[34] How Alibaba Built Its Way to Record Sales, Wall Street Journal, febrero 1, 2018

https://www.wsj.com/articles/how-alibaba-built-its-way-to-record-sales-1517494566

^[35] World Bank, Policy Uncertainty Weights on the World, February 21, 2017

^[36] Alisa DiCaprio, Can Blockchain Fix Trade’s Transparency Problem? Brink News, julio 25, 2018 http://www.brinknews.com/?p=14816?utm_source=BRINK+Subscribers&utm_campaign=f27c44fffa-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_24_ 08_40&utm_medium=email&utm_term=0_c3639d7c98-f27c44fffa-110320765

^[37] Ibid. 2018

^[38] Lehmacher, Wolfgang y McWaters, Jesse, How Blockchain can Restore Trust in Trade, abril 2017 http://www.brinknews.com/how-blockchain-can-restore-trust-in-trade/?utm_source=BRINK+Subscribers&utm_campaign=f27c44fffa-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_24_08_40&utm_medium=email&utm_term=0_c3639d7c98-f27c44fffa-110320765

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Este artículo fue escrito en su totalidad en colaboración con Fernanda Domínguez. Luis de la Calle agradece la colaboración con Impunidad Cero y los muy valiosos comentarios de Irene Tello y Moisés Beristain, aunque la responsabilidad del presente documento recae totalmente en él.