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La esperanza por el
cambio
Soy parte de esa generación que se llenó de esperanza con
momentos tan radicalmente opuestos como la alternancia del poder que derribó la
hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en diciembre del 2000
o el discurso de Esther —comandanta del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional— en la Cámara de Diputados en marzo de 2001. Este año se cumplirán 20
años de que la sociedad mexicana, aquella de las generaciones nacidas en el
contexto posrevolucionario y globalizador, vivió la primera experiencia
tangible de la transición política sostenida en la democracia electoral.
Presenciamos cómo aquellos momentos de esperanza se
desvanecieron. Sin embargo, a pesar del declive que tuvo nuestro entusiasmo al
inicio del nuevo milenio, vale la pena retrotraer las lógicas ciudadanas que
nuestro país vivió en el año 2000 y que tienen algunos paralelismos con 2018,
con la llegada de la izquierda al poder. Más que dialogar a partir de la
comparación entre los gobiernos de Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador,
es oportuno hacer referencia a la lógica de la sociedad civil frente a cambios
políticos relevantes, para los que resulta indispensable preguntar: ¿cómo ha
evolucionado la sociedad civil organizada en estos 20 años?
Por sociedad civil organizada entendemos a aquellas
organizaciones no gubernamentales o colectivos que tienen un objeto social
específico; es decir, un objetivo en particular, para abonar un cambio en la
vida pública de una comunidad o del país. Sin embargo, esa sociedad civil
organizada necesita —como cualquier agrupación— otro grupo externo de personas,
para quienes cobra sentido el trabajo de la organización: la ciudadanía. La
sociedad civil organizada no es homogénea —ni en sus causas ni en sus
trayectorias— y tiene un mosaico muy diverso de métodos de organización, además
de que cada grupo establece formas distintas para relacionarse con los grupos
de poder y con las autoridades del Estado. Hay todavía quienes insisten en que
la sociedad civil organizada en México es tan raquítica, que podría asegurarse
que es inexistente. Sin embargo, es un hecho que durante estos 20 años los
gobiernos se han visto marcados por su trabajo e incidencia. Ante la diversidad
de causas impulsadas desde la sociedad civil organizada, me concentraré en el
tema de las víctimas y los derechos humanos, sin dejar de mencionar que el
rubro de la corrupción y el fortalecimiento institucional ameritan una reflexión
con la misma extensión y profundidad.
El gobierno de
Vicente Fox (2000-2006): la lucha de Atenco
Durante la administración de Vicente Fox, el proyecto de su
sexenio fue la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Desde
que fue anunciado en 2001, se empezó a construir una oposición al proyecto por
parte de los ejidatarios, las vecinas y los vecinos de la zona donde se
pretendía construir el aeropuerto, para conformar el Frente de los Pueblos en
Defensa de la Tierra (FPDT), lo que desembocó en la cancelación de su
construcción y las expropiaciones en 2002. El caso de la represión en San
Salvador Atenco no puede comprenderse sin la oposición y organización
comunitaria de ciudadanos oriundos de la zona, gracias a quienes el costo político
de construir el aeropuerto fue cada vez más elevado para el gobierno. La fuerza
ciudadana de los vecinos de Atenco, Texcoco, Tocuila, Nexquipayac, Acuexcomac,
San Felipe y Santa Cruz, fue secundada por organizaciones de la sociedad civil
defensoras de derechos humanos, así como por prestigiados abogados, como el
jurista Ignacio Burgoa Orihuela. Una vez que el gobierno federal canceló el
aeropuerto, el FPDT subsistió como organización social en defensa de la tierra
y el territorio, convirtiéndose en un actor político importante que hizo suyas
otras causas en diferentes regiones del país.
El 3 y 4 de mayo de 2006, derivado de un madruguete del
gobierno estatal a los comerciantes, se desató un operativo en contra de
vecinos y miembros del FPDT, que tuvo como resultado cientos de personas
detenidas arbitrariamente, así como de víctimas con graves violaciones a sus
derechos humanos, entre ellas 11 mujeres que sufrieron tortura sexual por parte
de elementos policiacos. Este operativo colocó en crisis política a los
gobiernos federal y estatal. En consecuencia, diversas organizaciones de la
sociedad civil documentaron las violaciones de derechos humanos cometidas, como
el caso del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro
Prodh), que comenzó a acompañar a las víctimas de tortura sexual, cuya dignidad
tuvo como resultado la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra el Estado mexicano, como responsable de las violaciones a sus derechos
humanos; esta sentencia reivindica la dignidad de las mujeres y sienta las
bases para fortalecer los actos que debe llevar acabo el Estado mexicano,
derivados de su responsabilidad.
El gobierno de
Calderón (2006-2012): las víctimas organizadas
Tan sólo cinco días después de tomar protesta como
presidente de la república, Felipe Calderón lanzó el “Operativo Michoacán”, con
que el que dio el banderazo de salida a la guerra contra el narcotráfico.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional del Sistema de Seguridad
Pública señalan que son más de 200 mil los homicidios y más de 40 mil las
personas desaparecidas desde que inició esta guerra hasta el día de hoy, lo
cual significa miles de víctimas directas e indirectas —familiares— en todo el
país. Además, la estrategia de seguridad implementada por el presidente
Calderón fue permisiva con operativos violatorios de los derechos humanos.
El elevado número de víctimas —en incremento acelerado desde
2007— y la falta de respuesta del Estado mexicano para —por ejemplo— encontrar
a los desaparecidos, obligó a las víctimas a buscar el acompañamiento de
organizaciones de la sociedad civil y a organizarse en colectivos de
familiares. El reto para las organizaciones de la sociedad civil, en el
contexto de la guerra contra el narcotráfico, ha sido poner en el centro del
debate a las miles de víctimas. Por una parte, hay organizaciones de derechos
humanos que desde el litigio han asumido la defensa de grupos de víctimas; al
mismo tiempo, la crisis de derechos humanos también las ha orillado a buscar
formas y proyectos para realizar los cambios de paradigmas; por ejemplo, en el
ámbito de seguridad. Desde el inicio de la guerra contra el narco, la sociedad
civil se ha organizado para acompañar a los rostros concretos que sufrieron en
carne propia la violencia y para trabajar por verdaderos cambios
institucionales.
El ejemplo más claro de hasta dónde ha llegado la sociedad
civil, orillada por la crisis de violencia y derechos humanos que padecemos, es
la organización de víctimas que desde su dignidad e incansable búsqueda de
verdad y justicia se integraron en colectivos, cuyo rostro indiscutible es la
señora María Herrera Magdaleno, madre de cuatro hijos desaparecidos y quien
desde 2008 no ha parado de buscarlos. En 2011, durante el encuentro Diálogos
por la Paz en el Castillo de Chapultepec, organizado por el Movimiento por la
Paz con Justicia y Dignidad, doña María Herrera expresó ante el presidente
Calderón el dolor de un país entero y sus palabras pusieron de pie a quien
había provocado esa crisis de violencia. En 2013, doña María transformó la
búsqueda de sus cuatro hijos en la de otros desaparecidos a quienes también
llama sus hijos, uniéndose así con otras madres víctimas de desaparición, para
fundar la asociación civil Familiares en Búsqueda María Herrera. Hoy, la
organización que dirige la señora Herrera ha realizado diligencias de búsqueda
y encontrado varias fosas con restos de personas desaparecidas. Este es uno de
los más grandes ejemplos de los rostros que se han visto obligados a adquirir
herramientas institucionales para —acompañados por las organizaciones de
derechos humanos— avanzar en su lucha y darle sentido a su dolor, al dolor de
las víctimas que marcó la administración del presidente Calderón.
El gobierno de Peña Nieto
(2012-2014): la sociedad al límite
Con el regreso del PRI al Poder Ejecutivo se fortaleció
también la demagogia institucional que ofrecía a la sociedad la idea del
progreso e imagen de un país de vanguardia. Al inicio de ese sexenio pudimos
testificar lo que se vendía como la transformación de México, con una serie de
reformas —la educativa y energética, como emblemáticas— y la detención de Elba
Ester Gordillo, entre otros actos. La estrategia de seguridad implementada por
Calderón fue suscrita con la continuidad que le dio Enrique Peña Nieto, pero en
2014 llegó la crisis: 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa
desaparecieron el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. La sociedad mexicana no
dejó pasar de largo Ayotzinapa. Durante los 20 años que intento analizar en
este texto, no recuerdo otro momento similar a las calles —no sólo de la Ciudad
de México— desbordadas de personas que salieron a acompañar a los familiares de
los estudiantes desaparecidos. El costo político para el gobierno federal
trascendió al ámbito internacional; para cualquier persona resultaba
inconcebible que desaparecieran 43 personas en una sola noche, sin dejar rastro
alguno. Han pasado cinco años desde los hechos de Iguala, en que las familias
de los estudiantes han soportado del gobierno mentiras y simulaciones pero, aun
así, no han claudicado en su búsqueda de verdad y justicia. Las familias de los
estudiantes —arropadas por la sociedad nacional e internacional— han sido
acompañadas desde el primer día por organizaciones de la sociedad civil como el
Centro Prodh. El trabajo del Centro Prodh en Ayotzinapa destaca porque, como
organización, ha encontrado formas innovadoras de acompañar a las víctimas de
un caso tan complejo, como la supervisión internacional de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, la llegada del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes y la interlocución política con el Estado, acciones que
—junto con la dignidad de las familias— han evitado que se dé carpetazo a la
investigación. Ayotzinapa marcó al país y el trabajo del Centro Prodh ha
marcado la defensa de los derechos humanos desde la sociedad civil.
Por otro lado, durante el gobierno de Peña Nieto, el trabajo
de la sociedad civil y las víctimas tuvo logros institucionales muy
importantes, como la Ley General de Víctimas —por la que se crearon
instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)— o la
ley General de Desaparición Forzada. Nada de esto hubiera sido posible con la
sola voluntad del Estado mexicano; fue necesario todo el trabajo de las
organizaciones para lograr legislaciones tan importantes como estas, que tanta
falta le hacían al país. En ese sentido, también la sociedad civil dio batallas
importantes durante el gobierno de Peña Nieto. Anunciadas las iniciativas de la
Ley de Seguridad Interior, organizaciones de la sociedad civil, académicos,
periodistas y activistas integraron un colectivo al que llamaron
#SeguridadSinGuerra. El trabajo desarrollado por este colectivo fue
sorprendente, pues abrieron el espacio para generar un diálogo con actores
políticos importantes, como los partidos políticos o la Comisión Nacional de
Derechos Humanos e incluso con instituciones internacionales como el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. El esfuerzo
del colectivo #SeguridadSinGuerra tuvo como resultado la declaración de
inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior por parte de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, uno de los mayores triunfos de la sociedad
civil actual.
El gobierno de López
Obrador (2018-2024): el reto actual de la sociedad civil
La llegada de la izquierda al poder en México, además de
significar una esperanza para gran parte de la ciudadanía, implica adentrarse
en un contexto completamente nuevo; en los casi 90 años previos, los gobiernos
mexicanos se apegaron más a la derecha. Con ello, las lógicas de la sociedad
entraron en un nuevo periodo, sin abandonar las políticas de libre mercado y
sin arriesgar la autonomía del Banco de México. Durante el primer año de gobierno
del presidente Andrés Manuel López Obrador, si bien nos ha sorprendido con
aspectos como la creación de la Guardia Nacional —que da continuidad a la
fallida estrategia de seguridad—, al menos en algunos casos también nos ha dado
ciertas señales de cambio, como en el de Ayotzinapa. Este discurso del gobierno
actual —que por momentos parece estar muy lejos de representar una
administración de izquierda— ha generado en la sociedad civil organizada un
cuestionamiento interno sobre cuál debe ser su papel frente a un gobierno que
identifica en el trabajo de las organizaciones, algo que debe ser atendido
desde el Estado, pero al mismo tiempo las descalifica y, de forma generalizada,
las coloca en el costal de los adversarios. Sin duda, han sido las movilizaciones
feministas que exigen erradicar la violencia contra las mujeres, son las que
más visibles se han vuelto. Ojalá su voz resuene para generar cambios radicales
por la equidad de género. Después de lo ocurrido con la familia LeBarón, las
organizaciones de víctimas se están rearticulando; esto será un reto para la
administración de López Obrador, que tendrá dos opciones: atender a cabalidad
la demanda de verdad, justicia y reparación, acompañada de un giro en la
estrategia de seguridad, o replicar lo que Calderón y Peña Nieto hicieron:
ignorarlos.
¿Las organizaciones de la sociedad civil deben jugar un
papel de oposición frente al gobierno? Pese a la descalificación generalizada y
al estereotipado rol en que el propio presidente ha querido encasillar el trabajo
que ciudadanas y ciudadanos hacen desde las organizaciones civiles, no es un
papel de opositoras el que les corresponde, aunque esto no significa que deban
aplaudir todas las decisiones del gobierno. Significa que deben mantener su rol
de masa crítica y propositiva que genera contenidos, diagnósticos y soluciones,
de la mano de aquellos directamente afectados, como las víctimas, lo que
implica acompañar aquellas decisiones que desde cualquiera de los poderes sea
consistente con sus objetivos. No creo que sean muchas las organizaciones que
se asuman o elijan envestirse como oposición. De hacerlo, corren el riesgo de
diluir sus causas, ponerse al servicio de los partidos políticos y abandonar a
la ciudadanía. El diagnóstico no ha cambiado para las causas más defendidas
desde la sociedad civil organizada. Los tiempos actuales demandan lo que ha
sabido hacer muy bien durante estos primeros 20 años: resistir a la corrupción,
al autoritarismo y a la complicidad con el crimen; incidir propositivamente,
pero con mayor intensidad; saber dar pasos al frente, a los costados y, cuando
sea necesario, hacia atrás. EP
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