Identidades: 20 años de sociedad civil organizada

¿Cómo ha evolucionado la sociedad civil organizada en las últimas dos décadas? Enfocada en las víctimas de la violencia y en el respeto a los derechos humanos, Maite Azuela analiza la construcción de los colectivos organizados frente al Estado y las perspectivas del gobierno actual, que con frecuencia los descalifica como adversarios.

Texto de 24/02/20

¿Cómo ha evolucionado la sociedad civil organizada en las últimas dos décadas? Enfocada en las víctimas de la violencia y en el respeto a los derechos humanos, Maite Azuela analiza la construcción de los colectivos organizados frente al Estado y las perspectivas del gobierno actual, que con frecuencia los descalifica como adversarios.

La esperanza por el cambio

Soy parte de esa generación que se llenó de esperanza con momentos tan radicalmente opuestos como la alternancia del poder que derribó la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en diciembre del 2000 o el discurso de Esther —comandanta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional— en la Cámara de Diputados en marzo de 2001. Este año se cumplirán 20 años de que la sociedad mexicana, aquella de las generaciones nacidas en el contexto posrevolucionario y globalizador, vivió la primera experiencia tangible de la transición política sostenida en la democracia electoral.

Presenciamos cómo aquellos momentos de esperanza se desvanecieron. Sin embargo, a pesar del declive que tuvo nuestro entusiasmo al inicio del nuevo milenio, vale la pena retrotraer las lógicas ciudadanas que nuestro país vivió en el año 2000 y que tienen algunos paralelismos con 2018, con la llegada de la izquierda al poder. Más que dialogar a partir de la comparación entre los gobiernos de Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador, es oportuno hacer referencia a la lógica de la sociedad civil frente a cambios políticos relevantes, para los que resulta indispensable preguntar: ¿cómo ha evolucionado la sociedad civil organizada en estos 20 años?

Por sociedad civil organizada entendemos a aquellas organizaciones no gubernamentales o colectivos que tienen un objeto social específico; es decir, un objetivo en particular, para abonar un cambio en la vida pública de una comunidad o del país. Sin embargo, esa sociedad civil organizada necesita —como cualquier agrupación— otro grupo externo de personas, para quienes cobra sentido el trabajo de la organización: la ciudadanía. La sociedad civil organizada no es homogénea —ni en sus causas ni en sus trayectorias— y tiene un mosaico muy diverso de métodos de organización, además de que cada grupo establece formas distintas para relacionarse con los grupos de poder y con las autoridades del Estado. Hay todavía quienes insisten en que la sociedad civil organizada en México es tan raquítica, que podría asegurarse que es inexistente. Sin embargo, es un hecho que durante estos 20 años los gobiernos se han visto marcados por su trabajo e incidencia. Ante la diversidad de causas impulsadas desde la sociedad civil organizada, me concentraré en el tema de las víctimas y los derechos humanos, sin dejar de mencionar que el rubro de la corrupción y el fortalecimiento institucional ameritan una reflexión con la misma extensión y profundidad.

El gobierno de Vicente Fox (2000-2006): la lucha de Atenco

Durante la administración de Vicente Fox, el proyecto de su sexenio fue la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Desde que fue anunciado en 2001, se empezó a construir una oposición al proyecto por parte de los ejidatarios, las vecinas y los vecinos de la zona donde se pretendía construir el aeropuerto, para conformar el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), lo que desembocó en la cancelación de su construcción y las expropiaciones en 2002. El caso de la represión en San Salvador Atenco no puede comprenderse sin la oposición y organización comunitaria de ciudadanos oriundos de la zona, gracias a quienes el costo político de construir el aeropuerto fue cada vez más elevado para el gobierno. La fuerza ciudadana de los vecinos de Atenco, Texcoco, Tocuila, Nexquipayac, Acuexcomac, San Felipe y Santa Cruz, fue secundada por organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos, así como por prestigiados abogados, como el jurista Ignacio Burgoa Orihuela. Una vez que el gobierno federal canceló el aeropuerto, el FPDT subsistió como organización social en defensa de la tierra y el territorio, convirtiéndose en un actor político importante que hizo suyas otras causas en diferentes regiones del país.

El 3 y 4 de mayo de 2006, derivado de un madruguete del gobierno estatal a los comerciantes, se desató un operativo en contra de vecinos y miembros del FPDT, que tuvo como resultado cientos de personas detenidas arbitrariamente, así como de víctimas con graves violaciones a sus derechos humanos, entre ellas 11 mujeres que sufrieron tortura sexual por parte de elementos policiacos. Este operativo colocó en crisis política a los gobiernos federal y estatal. En consecuencia, diversas organizaciones de la sociedad civil documentaron las violaciones de derechos humanos cometidas, como el caso del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), que comenzó a acompañar a las víctimas de tortura sexual, cuya dignidad tuvo como resultado la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, como responsable de las violaciones a sus derechos humanos; esta sentencia reivindica la dignidad de las mujeres y sienta las bases para fortalecer los actos que debe llevar acabo el Estado mexicano, derivados de su responsabilidad.

El gobierno de Calderón (2006-2012): las víctimas organizadas

Tan sólo cinco días después de tomar protesta como presidente de la república, Felipe Calderón lanzó el “Operativo Michoacán”, con que el que dio el banderazo de salida a la guerra contra el narcotráfico. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional del Sistema de Seguridad Pública señalan que son más de 200 mil los homicidios y más de 40 mil las personas desaparecidas desde que inició esta guerra hasta el día de hoy, lo cual significa miles de víctimas directas e indirectas —familiares— en todo el país. Además, la estrategia de seguridad implementada por el presidente Calderón fue permisiva con operativos violatorios de los derechos humanos.

El elevado número de víctimas —en incremento acelerado desde 2007— y la falta de respuesta del Estado mexicano para —por ejemplo— encontrar a los desaparecidos, obligó a las víctimas a buscar el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil y a organizarse en colectivos de familiares. El reto para las organizaciones de la sociedad civil, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, ha sido poner en el centro del debate a las miles de víctimas. Por una parte, hay organizaciones de derechos humanos que desde el litigio han asumido la defensa de grupos de víctimas; al mismo tiempo, la crisis de derechos humanos también las ha orillado a buscar formas y proyectos para realizar los cambios de paradigmas; por ejemplo, en el ámbito de seguridad. Desde el inicio de la guerra contra el narco, la sociedad civil se ha organizado para acompañar a los rostros concretos que sufrieron en carne propia la violencia y para trabajar por verdaderos cambios institucionales.

El ejemplo más claro de hasta dónde ha llegado la sociedad civil, orillada por la crisis de violencia y derechos humanos que padecemos, es la organización de víctimas que desde su dignidad e incansable búsqueda de verdad y justicia se integraron en colectivos, cuyo rostro indiscutible es la señora María Herrera Magdaleno, madre de cuatro hijos desaparecidos y quien desde 2008 no ha parado de buscarlos. En 2011, durante el encuentro Diálogos por la Paz en el Castillo de Chapultepec, organizado por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, doña María Herrera expresó ante el presidente Calderón el dolor de un país entero y sus palabras pusieron de pie a quien había provocado esa crisis de violencia. En 2013, doña María transformó la búsqueda de sus cuatro hijos en la de otros desaparecidos a quienes también llama sus hijos, uniéndose así con otras madres víctimas de desaparición, para fundar la asociación civil Familiares en Búsqueda María Herrera. Hoy, la organización que dirige la señora Herrera ha realizado diligencias de búsqueda y encontrado varias fosas con restos de personas desaparecidas. Este es uno de los más grandes ejemplos de los rostros que se han visto obligados a adquirir herramientas institucionales para —acompañados por las organizaciones de derechos humanos— avanzar en su lucha y darle sentido a su dolor, al dolor de las víctimas que marcó la administración del presidente Calderón.

El gobierno de Peña Nieto (2012-2014): la sociedad al límite

Con el regreso del PRI al Poder Ejecutivo se fortaleció también la demagogia institucional que ofrecía a la sociedad la idea del progreso e imagen de un país de vanguardia. Al inicio de ese sexenio pudimos testificar lo que se vendía como la transformación de México, con una serie de reformas —la educativa y energética, como emblemáticas— y la detención de Elba Ester Gordillo, entre otros actos. La estrategia de seguridad implementada por Calderón fue suscrita con la continuidad que le dio Enrique Peña Nieto, pero en 2014 llegó la crisis: 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. La sociedad mexicana no dejó pasar de largo Ayotzinapa. Durante los 20 años que intento analizar en este texto, no recuerdo otro momento similar a las calles —no sólo de la Ciudad de México— desbordadas de personas que salieron a acompañar a los familiares de los estudiantes desaparecidos. El costo político para el gobierno federal trascendió al ámbito internacional; para cualquier persona resultaba inconcebible que desaparecieran 43 personas en una sola noche, sin dejar rastro alguno. Han pasado cinco años desde los hechos de Iguala, en que las familias de los estudiantes han soportado del gobierno mentiras y simulaciones pero, aun así, no han claudicado en su búsqueda de verdad y justicia. Las familias de los estudiantes —arropadas por la sociedad nacional e internacional— han sido acompañadas desde el primer día por organizaciones de la sociedad civil como el Centro Prodh. El trabajo del Centro Prodh en Ayotzinapa destaca porque, como organización, ha encontrado formas innovadoras de acompañar a las víctimas de un caso tan complejo, como la supervisión internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y la interlocución política con el Estado, acciones que —junto con la dignidad de las familias— han evitado que se dé carpetazo a la investigación. Ayotzinapa marcó al país y el trabajo del Centro Prodh ha marcado la defensa de los derechos humanos desde la sociedad civil.

Por otro lado, durante el gobierno de Peña Nieto, el trabajo de la sociedad civil y las víctimas tuvo logros institucionales muy importantes, como la Ley General de Víctimas —por la que se crearon instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)— o la ley General de Desaparición Forzada. Nada de esto hubiera sido posible con la sola voluntad del Estado mexicano; fue necesario todo el trabajo de las organizaciones para lograr legislaciones tan importantes como estas, que tanta falta le hacían al país. En ese sentido, también la sociedad civil dio batallas importantes durante el gobierno de Peña Nieto. Anunciadas las iniciativas de la Ley de Seguridad Interior, organizaciones de la sociedad civil, académicos, periodistas y activistas integraron un colectivo al que llamaron #SeguridadSinGuerra. El trabajo desarrollado por este colectivo fue sorprendente, pues abrieron el espacio para generar un diálogo con actores políticos importantes, como los partidos políticos o la Comisión Nacional de Derechos Humanos e incluso con instituciones internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. El esfuerzo del colectivo #SeguridadSinGuerra tuvo como resultado la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los mayores triunfos de la sociedad civil actual.

El gobierno de López Obrador (2018-2024): el reto actual de la sociedad civil

La llegada de la izquierda al poder en México, además de significar una esperanza para gran parte de la ciudadanía, implica adentrarse en un contexto completamente nuevo; en los casi 90 años previos, los gobiernos mexicanos se apegaron más a la derecha. Con ello, las lógicas de la sociedad entraron en un nuevo periodo, sin abandonar las políticas de libre mercado y sin arriesgar la autonomía del Banco de México. Durante el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, si bien nos ha sorprendido con aspectos como la creación de la Guardia Nacional —que da continuidad a la fallida estrategia de seguridad—, al menos en algunos casos también nos ha dado ciertas señales de cambio, como en el de Ayotzinapa. Este discurso del gobierno actual —que por momentos parece estar muy lejos de representar una administración de izquierda— ha generado en la sociedad civil organizada un cuestionamiento interno sobre cuál debe ser su papel frente a un gobierno que identifica en el trabajo de las organizaciones, algo que debe ser atendido desde el Estado, pero al mismo tiempo las descalifica y, de forma generalizada, las coloca en el costal de los adversarios. Sin duda, han sido las movilizaciones feministas que exigen erradicar la violencia contra las mujeres, son las que más visibles se han vuelto. Ojalá su voz resuene para generar cambios radicales por la equidad de género. Después de lo ocurrido con la familia LeBarón, las organizaciones de víctimas se están rearticulando; esto será un reto para la administración de López Obrador, que tendrá dos opciones: atender a cabalidad la demanda de verdad, justicia y reparación, acompañada de un giro en la estrategia de seguridad, o replicar lo que Calderón y Peña Nieto hicieron: ignorarlos.

¿Las organizaciones de la sociedad civil deben jugar un papel de oposición frente al gobierno? Pese a la descalificación generalizada y al estereotipado rol en que el propio presidente ha querido encasillar el trabajo que ciudadanas y ciudadanos hacen desde las organizaciones civiles, no es un papel de opositoras el que les corresponde, aunque esto no significa que deban aplaudir todas las decisiones del gobierno. Significa que deben mantener su rol de masa crítica y propositiva que genera contenidos, diagnósticos y soluciones, de la mano de aquellos directamente afectados, como las víctimas, lo que implica acompañar aquellas decisiones que desde cualquiera de los poderes sea consistente con sus objetivos. No creo que sean muchas las organizaciones que se asuman o elijan envestirse como oposición. De hacerlo, corren el riesgo de diluir sus causas, ponerse al servicio de los partidos políticos y abandonar a la ciudadanía. El diagnóstico no ha cambiado para las causas más defendidas desde la sociedad civil organizada. Los tiempos actuales demandan lo que ha sabido hacer muy bien durante estos primeros 20 años: resistir a la corrupción, al autoritarismo y a la complicidad con el crimen; incidir propositivamente, pero con mayor intensidad; saber dar pasos al frente, a los costados y, cuando sea necesario, hacia atrás. EP

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