I. Implicaciones políticas de la fuga de Aguaruto Sorpresivo e indignante fue saber que cinco reos de alta peligrosidad se fugaron, el 16 de marzo, de la penitenciaría de Aguaruto, Sinaloa. ¿De verdad se salieron del penal, así como si nada? Lo que procedía para confirmar el escape de estos facinerosos era echar a andar […]
Texto de José Fernández Santillán 18/05/17
I. Implicaciones políticas de la fuga de Aguaruto Sorpresivo e indignante fue saber que cinco reos de alta peligrosidad se fugaron, el 16 de marzo, de la penitenciaría de Aguaruto, Sinaloa. ¿De verdad se salieron del penal, así como si nada? Lo que procedía para confirmar el escape de estos facinerosos era echar a andar […]
I. Implicaciones políticas de la fuga de Aguaruto
Sorpresivo e indignante fue saber que cinco reos de alta peligrosidad se fugaron, el 16 de marzo, de la penitenciaría de Aguaruto, Sinaloa. ¿De verdad se salieron del penal, así como si nada? Lo que procedía para confirmar el escape de estos facinerosos era echar a andar los protocolos correspondientes: primero
se procedió a desalojar a los familiares de los reos que se encontraban en el lugar porque era día de visita; luego se hizo pase de lista, módulo por módulo. Pues sí, efectivamente, faltaban cinco presidiarios.
Se dio aviso a los tres órdenes de gobierno, es decir, municipal, estatal y federal.1 Por espacio de varias horas, policías y militares estuvieron revisando el Centro de Ejecuciones de las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude) —en pocas palabras, la cárcel—, por dentro y por fuera, para ver si daban con el paradero de estos sujetos o, por lo menos, para encontrar huellas y la manera en que habían huido. Nada. La irritación fue mayor cuando se supo que se salieron por la puerta grande, sin necesidad de cavar túneles o hacer hoyos en la pared. Obviamente con la complicidad de las autoridades del penal que supuestamente los resguardaban.
Horas después de ocurridos los hechos, el subsecretario de Seguridad Pública estatal, Cristóbal Castañeda Camarillas, dio los nombres de los presos fugados: Juan José Esparragoza Monzón, alias el Negro o el Azulito; Jesús Peña González, alias el 20; Alfredo Limón Sánchez, alias el Limón; Rafael Guadalupe Félix Núñez, alias el Changuito Ántrax, y Francisco Javier Zazueta Rosales, alias Pancho Chimal. Todos ellos miembros del cártel de Sinaloa; presos por delitos del fuero federal.
¿Qué hacían delincuentes de alta peligrosidad en un penal de mínima seguridad?
Vayamos por partes: el 19 de enero de este año, la primera División Antidrogas de la Policía Federal aprehendió en Culiacán a Juan José Esparragoza Monzón, hijo de uno de los tres cabecillas del cártel de Sinaloa, Juan José Esparragoza Moreno, alias el Azul. Los otros dos líderes son Joaquín el “Chapo” Guzmán e Ismael el “Mayo” Zambada.
Según el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, el Azulito coordinaba una red de distribución de drogas, administraba los recursos financieros de ese grupo delictivo y era uno de los principales generadores de violencia en las ciudades fronterizas de Tijuana y Mexicali.
Más aún: el hijo del Azul figuraba entre los 122 objetivos prioritarios del gobierno de Enrique Peña Nieto. Las autoridades federales llevaban tiempo buscándolo. Entonces ¿qué pasó? ¿Por qué se les escapó tan fácilmente? La Policía Federal puso al Azulito en manos de la Procuraduría General de la República (pgr); pero ésta, en vez de trasladarlo a un penal de alta seguridad, lo puso a disposición de un juez de control en el penal de Aguaruto.
Esto tiene una explicación: el Nuevo Sistema Penal Acusatorio impone una serie de ordenamientos de los cuales los abogados de los acusados se han aprovechado; es decir, han visto resquicios en la ley para proteger a sus clientes. Debe haber un lapso preciso entre el tiempo en que son detenidos y el momento en que son puestos ante un juez. Así, los abogados defensores pueden apelar las sentencias argumentando fallas en el procedimiento. De esta suerte, el detenido debe ser internado en el penal más cercano al lugar de su aprehensión. La pgr ahora procede de esta forma “para evitar que los jueces aleguen dilación en la puesta a disposición”.2
Sabiendo de la peligrosidad de estos sujetos, se pidió reiteradamente su traslado a penales de alta seguridad. Los abogados de los delincuentes (ahora prófugos de la justicia) tramitaron amparos para lograr que se quedaran en Aguaruto, cárcel que, se sabe, está controlada por el cártel de Sinaloa, especialmente, por el “Mayo” Zambada. Es más, estos reos vip tenían toda clase de facilidades para pasarla lo mejor posible: contaban con habitaciones de lujo, pantallas de plasma, celulares, podían introducir alcohol, drogas, sexoservidoras. Frecuentemente hacían fiestas. Incluso, un día antes de su huida, organizaron “una despedida” de lujo.
Jesús Peña González, alias el 20, lugarteniente del cártel de Sinaloa, fue capturado por elementos de la Marina en los operativos realizados en Culiacán. Esta aprehensión se logró gracias a trabajos de inteligencia que se llevaron a cabo en el fraccionamiento Villa Real y en la colonia Colinas de San Miguel. Al momento de su captura, el 20, a quien también se le conoce como el Compa Peña, se encontraba en posesión de 3 mil kilos de droga, así como de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, vehículos y equipo de comunicación.
Alfredo Limón Sánchez es de quien menos se tienen datos, pero, de acuerdo con Carlos Loret de Mola, es toda una “fichita”: “Para la inteligencia federal, el más peligroso [de los fugados] es Alfonso Limón Sánchez, alias el Limón: lo consideran el más sanguinario, el que tiene más dinero y el que mueve más droga”.3
Félix Núñez, alias el Changuito Ántrax, fue capturado en Culiacán por la Secretaría de Marina, el 13 de noviembre de 2014. Fue recluido, igual que sus compañeros de andadas, en el Centro de las Consecuencias Jurídicas del Delito. Este sujeto tiene una petición de extradición de la Corte Federal del Distrito Sur de California.4 Era urgente que escapara antes de que esa solicitud surtiera efecto.
Francisco Javier Zazueta, alias Pancho Chimal, fue quien organizó la emboscada en la que murieron cinco militares en Culiacán, el 30 de septiembre de 2016. Se trató de un operativo a gran escala: por lo menos 60 individuos con armas de grueso calibre y granadas acataron al convoy de soldados que trasladaba a un delincuente cuyo nombre (falso) era Julio Óscar Ortiz Vega, apodado el Kevin, que había resultado herido en un enfrentamiento en el poblado de Badiraguato.
El entonces gobernador del estado, Mario López Valdez, y el comandante de la Tercera Región Militar, Adolfo Duarte Mújica, señalaron que el ataque coordinado por Pancho Chimal se registró alrededor de las 3:45 a.m. sobre la carretera internacional México 15, en el crucero con el bulevar Orquídeas. Dos unidades castrenses, con 17 elementos en total, escoltaban a una ambulancia de la Cruz Roja en la que era trasladado el Kevin. Los agresores lograron rescatar a su compañero herido.
La sorpresa fue que el verdadero nombre de quien era trasladado en la ambulancia es Aurelio Guzmán Loera, el Guano, hermano del Chapo.5 Eso explica la urgencia de rescatarlo a como diera lugar.
Conviene agregar que “Pancho Chimal” fue abatido el 14 de abril en un enfrentamiento con la Marina en la sierra de Tepuche, Sinaloa. La Fiscalía de Sinaloa confirmó la muerte de Zazueta Rosales.6
De acuerdo con un estudio elaborado por la cndh, en la gran mayoría de los centros penitenciarios del país, los reos y los grupos delictivos a los que pertenecen tienen el control real de las cárceles. Se calcula que esta forma de autogobierno se presenta en el 65% de las 430 que hay en el país. Además, hay una “fuerte resistencia” por parte de los gobiernos estatales para reconocer, aceptar y atender la crisis por la que atraviesa el sistema penitenciario.7
Con el escándalo y la indignación social encima por lo suscitado en Aguaruto, el gobierno federal tuvo que intervenir. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, aceptó que el crimen organizado se ha adueñado de la mayoría de las cárceles del país. Al mismo tiempo, hizo un llamado a los gobiernos de los estados a “establecer orden y disciplina en las prisiones antes de que haya más situaciones que lamentar”.8
Esto lo dijo el 28 de marzo, en la Primera Reunión Nacional 2017 de las Conferencias de Procuración de Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública. Osorio Chong insistió en que todas y cada una de las entidades de la República deben enfrentar primeramente, con los recursos que les otorga la federación, el problema de la seguridad.
En esa ocasión se anunció que se convocaría a una reunión urgente para plantear compromisos claros y una ruta crítica para atender esta problemática. Y manifestó: “Se necesita invertir en personal, equipamiento e infraestructura; el gobierno de la República ha destinado recursos a las entidades para ello, por eso, no es aceptable que estos recursos o no se apliquen o sean reprogramados a otras tareas”.9
Así salió a relucir que no hay una buena coordinación entre la federación y los estados en materia de combate a la delincuencia. Sería absurdo dejar planteado el asunto tan sólo en términos administrativos. Es evidente que hay una tensión política entre los órdenes de gobierno. La tensión ha redundado en desaguisados como el de Aguaruto.
Los que están sacando raja de esta disputa política y de la confusión jurídica provocada por el nuevo sistema penal acusatorio son los malandrines.
II. El cártel Jalisco Nueva Generación, ¿cambio de paradigma?
Conviene recordar que hay otra organización delictiva que también se enfrentó, “de tú a tú” contra el Ejército mexicano. Me refiero al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los hechos se registraron el 1 de mayo de 2015, en el camino entre los municipios de Casimiro Castillo y Villa de Purificación, a unos 300 kilómetros de Guadalajara. El CJNG derribó un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). “El arma utilizada, confirmó el comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, fue un lanzacohetes rpg-7, cuya ojiva alcanzó el motor trasero del helicóptero”.10 Ese día, elementos del Ejército iban siguiendo a un convoy de vehículos cuando fueron presa de una emboscada. La acción de los delincuentes fue inédita. Estuvo perfectamente planeada y ejecutada. Incluso intentaron “rematar” a los supervivientes; pero otros soldados lograron rescatar a sus compañeros que participaban en la Operación Jalisco.11
La respuesta de los delincuentes no se circunscribió a ese derribamiento, ya de por sí grave. El CJNG instaló 39 bloqueos en 20 municipios de tres estados (Jalisco, Nayarit y Colima) para desafiar al operativo. El CJNG protagonizó cuatro enfrentamientos armados con policías y militares, y evitó la detención de su líder y fundador, Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho.
Cerca de un mes antes, o sea, el 7 de abril de 2015, el CJNG había llevado a cabo una emboscada contra policías integrantes de la Fuerza Única de Jalisco. Esto ocurrió cuando los agentes transitaban un camino cercano al poblado de Soyatán. Un grupo de facinerosos los atacó. Murieron 15 policías y resultaron heridos cinco.
Por lo inusitado del despliegue de fuerza, se habla de “un cambio de paradigma”12 respecto de la lucha entre el Estado mexicano y el crimen organizado.
Lo curioso del asunto es que, en el caso del helicóptero derribado, la organización que protagonizó ese evento no fue uno de los grupos “tradicionales”, sino otro de reciente creación: el CJNG apenas en 2011 fue reconocido como una agrupación delictiva con un nivel de trasiego de drogas internacional. Es el que más ha crecido en los últimos años y ha desplegado una influencia política que es envidia de las otras organizaciones criminales.
Hablando, precisamente, de la influencia política del CJNG, no podemos pasar por alto que Édgar Veytia, fiscal de Nayarit, fue detenido el 27 de marzo por el fbi en San Diego, California, acusado de tráfico de drogas. Lo reclama una corte de distrito en Nueva York, acusado de distribuir, importar y producir heroína, cocaína, marihuana y drogas sintéticas. La justicia estadounidense solicitó asegurar los bienes de este personaje. Se calcula que esos bienes equivalen a 250 millones de dólares.13
Ya desde agosto de 2016 había acusaciones contra Veytia por sus presuntos nexos con el CJNG: “familiares de desaparecidos —entre ellos Julián Venegas, compadre de Joaquín Guzmán Loera— documentan los desmanes del funcionario. Y él se jacta de que el estado es muy seguro… Claro, dicen, la dependencia que encabeza no recibe denuncias y mucho menos investiga”.14 Veytia utilizaba su puesto no para procurar justicia, sino para delinquir: robo de ganado, terrenos, comercios, autobuses, concesiones del transporte público, así como homicidios, secuestros y extorsiones son algunos de los delitos que se le atribuyen.15 La pregunta lógica es: ¿Si existían esas denuncias, si se habían publicado estos reportajes, por qué no se hizo algo al respecto? La respuesta es más necesaria en la medida en que Veytia, como fiscal estatal, tuvo acceso a información y reuniones de carácter confidencial que seguramente utilizó para el servicio del CJNG.
Además, es evidente que Veytia no llegó por casualidad a ese puesto. Eso habla muy mal del gobernador del estado, Roberto Sandoval Castañeda, quien debería dar explicaciones más amplias y claras de las que hasta ahora ha dado.
¿Y las autoridades federales? ¿No les llegó alguna información de lo que estaba pasando en Nayarit? Son preguntas que, lógicamente, todo mundo se hace.
Patricia Dávila señala que:
El CJNG consolida sus operaciones en los estados del Bajío. La organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, domina gran parte del océano Pacífico y el golfo de México, y al extender su poderío a Quintana Roo, también controla el tráfico de estupefacientes por el mar Caribe.
La organización criminal desplazó a sus rivales del cártel de Sinaloa en algunas plazas. De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh), el CJNG opera en Quintana Roo, Veracruz, Guerrero, Estado de México, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit.
En esa última entidad el fiscal estatal, Édgar Veytia, es señalado de brindar protección al cártel del Mencho. La acusación no es nueva. El 20 de diciembre de 2013 Proceso informó sobre las extorsiones, despojos, robos, levantones y secuestros de los que eran objeto los dueños y concesionarios de terrenos en Nayarit por parte de los sicarios de esa organización.
Según algunos de los afectados, Veytia los encabezaba.16
Quién sabe cuántos pillos más se encuentren infiltrados en las instituciones públicas, haciendo de las suyas, “vivitos y coleando”, trabajando no para el bien público sino para los cárteles de las drogas.
Para muestra basta otro botón: Iván Reyes Arzate, director general de Apoyo Táctico contra el Narcotráfico y Delitos Conexos de la Policía Federal, se entregó a las autoridades de Estados Unidos, donde será procesado en una corte de Chicago por delitos relacionados con el narcotráfico. Resulta que este funcionario en realidad trabajaba para el cártel de los hermanos Beltrán Leyva y les pasaba información confidencial a los capos de esa agrupación. Sobre todo información relacionada con los trabajos que realizaban autoridades de México y Estados Unidos, en coordinación, contra el crimen organizado.17 Este individuo también tenía acceso a información de inteligencia militar, misma que entregaba “a los narcotraficantes para alertar de las acciones contra objetivos prioritarios”.18
Conclusiones
Hemos querido presentar estos casos como ejemplos del desafío de los cárteles de la droga contra el Estado mexicano, en general, y las Fuerzas Armadas, en particular.
Recordemos que el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, declaró que él sería el primero en levantar las dos manos “para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales”. Y que los militares no pidieron estar allí, en las calles: “No nos sentimos a gusto, no estudiamos para perseguir delincuentes, nuestra función es otra y se está desnaturalizando”.19 El general secretario hizo un señalamiento muy preciso: a diez años de que “oficialmente” las Fuerzas Armadas entraran a participar en la lucha contra la delincuencia, las policías estatales y municipales no se han reconstruido y no cumplen con sus obligaciones de perseguir a delincuentes. Las Fuerzas Armadas requieren de un marco legal que dé certeza a su actuación. “El general afirmó que el nuevo sistema de justicia penal no ha funcionado como es debido, pues no mantiene en la cárcel a quienes hacen daño a la sociedad”.20
La seguridad, que debería ser la prioridad de los tres órdenes de gobierno, es carcomida por la confusión, la burocracia, la ineficiencia, la corrupción y, en algunos casos, el contubernio con el crimen organizado. Entre los síntomas de la descomposición y debilidad institucional están las fugas de delincuentes de alta peligrosidad.21 Hay que enfatizar que las nuevas disposiciones en materia penal fueron aprovechadas para que los cinco peligrosos delincuentes permanecieran en Aguaruto y facilitar de esta manera su huida. Esas disposiciones parecen estar diseñadas para favorecer a los delincuentes y no a las víctimas.22
¿Cómo detener la infiltración de los cárteles en la administración pública? El poder corruptor y amedrentador del crimen organizado es enorme. Acerca del combate a la inseguridad podríamos tomar para este sector lo que Federico Reyes Heroles dijo sobre la lucha contra la corrupción: el problema es que llevamos lustros con la cantaleta del combate al crimen organizado y con avances institucionales muy importantes —como la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública— pero el mal allí sigue.23 Incluso, diría yo, gana terreno. A quién creerle, ¿a las transformaciones institucionales y jurídicas (como el sistema penal acusatorio) con toda la lejanía que ellas implican para los ciudadanos, o a estos hechos irrefutables que muestran la flaqueza del Estado mexicano?
Para reforzar esta aseveración sobre la debilidad de nuestro Estado, me apoyo en lo escrito por Juan Velásquez en El Universal:
Existen 400 municipios sin policía y 800 en los que la hay vulnerable y débil… México tiene una de las policías menos eficientes y más corruptas mundialmente.
La delincuencia está infiltrada en 75% del sistema policial. Porque las autoridades civiles han incumplido su obligación de encargarse de la seguridad pública, los secuestros, los homicidios, las violaciones, los robos con violencia, las extorsiones, los delitos contra la salud, etcétera, han aumentado exponencialmente.
Se cometen anualmente millones de ilícitos con una impunidad de 99%. Los cárteles gastan millones en tecnología y corrupción, son de los más peligrosos del mundo y amenazan la estabilidad institucional.
México ha retrocedido en el Índice de Estados Fallidos y está en el grupo de las Naciones de Advertencia.24 EstePaís
NOTAS
1 “Confirman fuga de ‘El Azulito’ y ‘Pancho Chimal’”, El Economista, 17 de marzo de 2017.
2 Héctor de Mauleón, “La fuga de ‘El Azulito’ ya estaba anunciada”, Debate, 21 de marzo de 2017.
3 Carlos Loret de Mola, “No lleva ni 100 días de gobernador y ya despierta sospechas”, El Universal, 27 de marzo de 2017.
4 24 Horas, 17 de noviembre de 2014.
5 “Emboscan a militares en Sinaloa: matan a 5”, Milenio, 1 de octubre de 2016.
6 “Fiscalía de Sinaloa confirma muerte de ‘Pancho Chimal’”, Debate.com.mx, 15 de marzo de 2017.
7 Fernando Camacho Servín, “En 65% de las cárceles impera el autogobierno”, La Jornada, 30 de marzo de 2017.
8 Ernesto Méndez, “Segob urge a estados a poner orden y disciplina en prisiones”, Excélsior, 29 de marzo de 2017.
9 Idem.
10 Arturo Ángel, “El lanzacohetes que derribó aeronave en Jalisco, un ‘caza helicópteros’ usado por 70 Ejércitos”, Animal Político, 5 de mayo de 2015.
11 “Así fue la caída del helicóptero atacado por el Cártel Jalisco”, Expansión, 5 de mayo de 2017.
12 Tania L. Montalvo, “Cómo es que el Cártel Jalisco cobró tanta fuerza en el gobierno de Peña”, Animal Político, 28 de septiembre de 2016.
13 Rubén Mosso, Salvador Arellano y Redacción, “Detienen a fiscal de Nayarit en EU por narcotráfico”, Milenio.com. Consultado el 6 de abril de 2017.
14 Patricia Dávila, “Édgar Veytia, el oscuro fiscal de Nayarit”, Proceso, 27 de agosto de 2016.
15 Marcos Muedano, “Nayarit exige justicia: acusan que Veytia robaba con policías”, Excélsior, 6 de abril de 2017.
16 Patricia Dávila, ib.
17 David Saúl Vela, “Alto mando de la PF filtraba a los Beltrán tácticas de la DEA”, El Financiero, 6 de abril de 2017.
18 Idem.
19 Ignacio Alzaga, “Militares no estudian para perseguir a delincuentes: Cienfuegos”, Milenio, 8 de diciembre de 2016.
20 Idem.
21 Justo es señalar que el sector oficial ha reconocido las fallas existentes y, por lo menos, está tratando de corregir gazapos como el de Aguaruto. En el marco de la Primera Sesión Extraordinaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales Heredia, llamó a transformar el Sistema Penitenciario Nacional. Anunció el acuerdo para trasladar a penales federales a los reos de mayor peligrosidad y el establecimiento de una guía técnica y jurídica conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal, basados en la corresponsabilidad y compromiso de todos. También se instruyó la creación de un Comité Técnico para supervisar el manejo de los recursos y asesorar a los estados para que el presupuesto se destine correctamente. Ver: Raúl Flores Martínez, Excélsior, 8 de abril de 2017.
22 Entre los muchos testimonios que hay al respecto puedo citar el de la señora Margarita Ortiz, quien fue violada el 7 de junio de 2016 durante un asalto a un autobús de la línea ETN que viajaba de la Ciudad de México a San Luís Potosí. El nuevo sistema penal acusatorio, dijo la señora Ortiz, protege más a los delincuentes que a las víctimas. Ver: Entrevista con Joaquín López Dóriga en su programa de Radio Fórmula (103.3 F.M.) el día 7 de abril de 2017 a las 14:15 hrs.
23 Federico Reyes Heroles, “¿Con quién es el enojo?”, Este País, núm. 308, diciembre de 2016, pp. 6-10.
24 Juan Velásquez, “Una Ley de Seguridad Interior”, El Universal, 11 de abril de 2017.
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JOSÉ FERNÁNDEZ SANTILLÁN es profesor del Tecnológico de Monterrey (CCM). Discípulo y traductor del filósofo italiano Norberto Bobbio. Ha sido Fulbright-Scholar-in-Residence en la Universidad de Baltimore (2015); profesor visitante de la Universidad de Georgetown (2013), e investigador visitante en la Universidad de Harvard (2010). Entre sus libros se encuentra Política, gobierno y sociedad civil, Fontamara, 2013. Fue miembro del consejo editorial de la revista Este País. Es investigador nacional nivel III del SNI.
DOPSA, S.A. DE C.V
