I.

La deuda total neta del sector público federal, ¿se está convirtiendo en un problema? Este sector está compuesto por el Gobierno federal, los organismos de Control Presupuestario Directo (Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE) y las empresas productivas del Estado (Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, CFE). La deuda neta total es la suma de la deuda interna neta (denominada en pesos) y la deuda externa neta (denominada en dólares), toda ella calculada en pesos. ¿Marcha por buen camino?

II.

Comienzo analizando el crecimiento de la deuda total neta del sector público federal en los tres últimos sexenios: el de Fox (2000-2006), el de Calderón (2006-2012) y la primera mitad del de Peña Nieto (2012-2015).

A lo largo del sexenio foxista la deuda neta total del sector público federal creció 49.3% en términos nominales y 23.5% en términos reales, descontada la inflación del periodo. Durante el sexenio calderonista la deuda aumentó 169.6% en términos nominales y 141.1% en términos reales. Entre 2012 y 2015, a lo largo de la primera mitad del Gobierno peñista, la deuda se incrementó 52.5% en términos nominales y 42% en términos reales.

Entre 2000 y 2015 la deuda neta total del sector público federal creció 513.4% en términos nominales y 429.1% en términos reales. En ese mismo periodo la economía mexicana creció (medido su crecimiento por el comportamiento de la producción de bienes y servicios, el producto interno bruto, PIB) 181% en términos nominales y 96.7% en términos reales. Es decir, entre 2000 y 2015 la deuda neta total del sector público federal creció 4.4 veces más que la economía. ¿Va por buen camino?

III.

Continúo analizando el comportamiento de la deuda neta total del sector público federal como proporción del PIB, es decir, del ingreso de todos los mexicanos, una de las medidas más comunes para analizar el comportamiento de las deudas públicas.

En el año 2000 la deuda neta total de este sector representó el 19.8% del PIB; en 2006, al final del sexenio de Fox, el 18.2%; en 2012, al término de la administración calderonista, el 33.1%, y en 2015, transcurrida la primera mitad del Gobierno peñista, el 43.2%.

Solamente en el sexenio de Fox la deuda neta total del sector público federal, como porcentaje del ingreso de todos los mexicanos, se redujo —¿qué tanto se debió ello a la presencia de Francisco Gil Díaz como secretario de Hacienda durante aquella administración?—, tendencia que, siendo la correcta, no se mantuvo ni en el sexenio de Calderón ni en el de Peña Nieto, por lo menos no en su primera mitad. En 2000, la deuda fue equivalente al 19.8% del PIB. Quince años después, en 2015, resultó de 43.2%. ¿Va por buen camino?

Llegados a este punto, debemos preguntarnos qué tan útil resulta medir la deuda neta del sector público federal como porcentaje del ingreso generado por todos los mexicanos, puesto que no todos los mexicanos hemos contraído esa deuda, sino dicho sector. Este dato, ¿nos proporciona la mejor idea posible de cómo evoluciona esa deuda y de si apunta hacia un problema de finanzas públicas? ¿Existe una mejor opción? Sí: medirla no como porcentaje del ingreso de todos los mexicanos, sino como porcentaje de los ingresos del sector público, como porcentaje de los ingresos del deudor.

IV.

Desde esta perspectiva (la deuda neta del sector público federal como porcentaje de los ingresos presupuestarios de dicho sector), ¿cuál es el resultado?

En 2000 dicho porcentaje fue de 112.9. En 2016, al término del sexenio foxista, fue de 87.7%; seis años después, al concluir la administración calderonista en 2012, fue de 152.3%, y a medio camino del Gobierno peñista, en 2015, de 191.4%.

Nuevamente, solo en el sexenio de Fox la deuda neta del sector público federal como porcentaje de sus ingresos presupuestarios se redujo, tendencia que, de manera por demás irresponsable, no solo no se mantuvo en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, sino que se revirtió de forma preocupante. ¿Va por buen camino?

Analicemos lo sucedido a lo largo de los tres primeros años del Gobierno actual. En 2013, la deuda neta del sector público federal como porcentaje de sus ingresos presupuestarios fue de 156.4%; en 2014, de 174.3%, y en 2015, de 191.4%, lo que quiere decir que si el sector hubiera liquidado todos sus pasivos el año pasado, habría requerido 1.9 veces el ingreso del que dispuso, y habría tenido que destinarlo todo al pago de deuda. ¿Va por buen camino?

V.

La deuda total neta del sector público federal, ¿marcha por buen camino? Menciono, de todos los datos analizados, dos. Primero: entre 2012 y 2015, a lo largo de la primera mitad del Gobierno de Peña Nieto, dicha deuda creció, en términos reales, 42%. La economía lo hizo en un 6.2%. Es decir que la deuda creció 6.8 veces más que la economía. ¿Va por buen camino?

Segundo: durante el mismo periodo dicha deuda pasó del 152.3% de los ingresos presupuestarios del sector al 191.4%. Esta tendencia, ¿es la correcta? ¿Cuánto tiempo más se puede mantener sin que empiecen los problemas? Y lo más importante, ¿dicha deuda cumple con lo que se establece en el artículo 73 de la Constitución, que apunta que “ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos […]”?

La única deuda pública que se justifica, tal como señala ese artículo constitucional, es la que se invierte productivamente, creando algún bien o servicio que se le ofrece y vende al consumidor, lo que le permite al sector público generar ingresos con los cuales liquidar sus pasivos sin tener que pasarle la cuenta a los contribuyentes, ya sea cobrándoles más impuestos para pagar lo que debe —a cambio de los cuales el contribuyente no recibe nada— o cobrándoles los mismos impuestos pero ofreciéndoles menos bienes y servicios; con la diferencia, el sector público paga lo que debe, lo que para todo efecto práctico significa un aumento de impuestos. En el primer caso se cobran más impuestos y no se da nada a cambio. En el segundo, se cobra lo mismo y se da menos a cambio.

Una cosa es, por ejemplo, que el sector público pida prestado para financiar la construcción de una carretera, en la cual se cobrará peaje y se generarán ingresos, condición necesaria para poder liquidar pasivos, y otra que se endeude para, entre otras muchas posibilidades, construir escuelas en las que se impartirá educación “gratuita”,¹ lo que no generará ingresos y supondrá incumplir la condición necesaria para liquidar pasivos.

La deuda del sector público federal, sobre todo la del Gobierno federal, ¿cumple con lo establecido en el artículo 73 de la Constitución, que en este caso acierta al apuntar que “ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos”? De no hacerlo (y es evidente que, sobre todo en el caso del Gobierno, no lo hace), ¿vamos por buen camino?

En este, como en muchos otros temas, debemos ir más allá de las fronteras. 

¹ Lo escribo entre comillas porque una cosa es que quienes la reciben no paguen y otra que a nadie se le obligue a pagar. ¿A quién se obliga? Al contribuyente.

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Arturo Damm Arnal es economista, filósofo y profesor de Economía y Teoría Económica del Derecho en la Universidad Panamericana.

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