La tolerancia social a la corrupción llegó a su fin. La sociedad mexicana no quiere ver más este círculo perverso de corrupción e impunidad que aleja a la clase política de aquellos a quienes gobierna, destruye el sistema democrático y afecta el desarrollo y la competitividad.

No es el tema de moda, es el lastre sistémico que impide construir una democracia exitosa que pueda mejorar las condiciones de vida de la población. De acuerdo con el último Reporte Global de Competitividad 2016-2017 del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), de los 12 pilares que se requieren para construir un país competitivo, México tiene el más débil en las instituciones públicas. La mala calificación que éstas tienen mantiene al país en el lugar 116 de 140, con 3.3 puntos de 7 posibles. No sólo estamos por debajo del promedio latinoamericano en este rubro, sino que caímos de 3.5, en 2012, a 3.3 en esta última entrega.¹

Este resultado en el pilar llamado “Instituciones Públicas” se desagrega en la Gráfica, donde se puede observar que el concepto “corrupción” aparece en el primer lugar, con una abrumadora diferencia respecto del segundo y tercer elementos, que son la inseguridad y la ineficacia en la burocracia gubernamental.

Este resultado coincide con lo reportado en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI, 2015. Según este estudio, dos problemas afectan nuestra vida como ningún otro: la inseguridad y la corrupción.

Cuando el INEGI preguntó a los mexicanos sobre los problemas más graves en el país y en su entidad, 66% mencionó la inseguridad y 51% la corrupción. En términos absolutos, de los 46 millones de mexicanos mayores de 18 años, 30 millones creen que la inseguridad es un problema que afecta su vida cotidiana y 23 millones opinan lo mismo de la corrupción. Así, la corrupción se ha convertido en un pesado lastre para el desarrollo de nuestra democracia y su combate en una prioridad para los mexicanos.

Es por esto que grupos de la sociedad civil, junto con el Congreso, concebimos una nueva forma de afrontar el fenómeno. A partir de julio de este año, el combate a la corrupción no ha sido sólo una promesa de campaña esporádica
o una buena intención contenida en algunos planes de gobierno. Se trata ahora de una función permanente y sistemática del Estado mexicano. El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) está ya contenido en la Constitución y ha sido regulado en dos nuevas leyes generales y cinco leyes federales que fueron reformadas por completo.

Éste es un esfuerzo sin precedentes, no sólo porque la corrupción se convierte en un enemigo permanente del Estado mexicano, sino porque se trata de un cambio que surgió de la sociedad que aprovechó los canales democráticos e institucionales a su disposición. Se trata de un cambio complejo, y por eso el primer gran reto de este nuevo sistema es acercarlo a la gente, para que la sociedad mexicana lo conozca y lo haga propio.

En este texto explicaremos brevemente la razón de ser de cada uno de los órganos clave del SNA y las prioridades que éstos tendrán apenas inicien sus nuevas funciones.

Comisión de Selección

La Comisión de Selección es la encargada de designar a los miembros del Comité de Participación Ciudadana (CPC). Estará encargada de la totalidad de los procesos para la selección de los integrantes de éste. Se encargará, de igual forma, de las primeras sustituciones escalonadas del CPC. Su designación es facultad del Senado de la República.

Comité de Participación Ciudadana

 El Comité de Participación Ciudadana es el rector del sistema y el canal de interacción entre la sociedad civil y las instituciones de gobierno. La introducción de este órgano al SNA constituye la posibilidad por parte de los ciudadanos de dirigir los esfuerzos contra la corrupción y darle equilibrio al SNA.

El Comité tiene las facultades de proponer políticas anticorrupción, metodologías e indicadores de evaluación y, sobre todo, vigilar el funcionamiento del SNA. Es por esto que debe trabajar en conjunto con el Comité Coordinador y el secretario técnico para la integración del componente ciudadano en la conformación de los informes, recomendaciones y políticas públicas que se consideren necesarias para el funcionamiento del SNA.

Prioridades:

1. Desarrollar canales adecuados de comunicación y coordinación entre los miembros.

2. Crear las normas de carácter interno que distribuyan las cargas de trabajo y rijan su funcionamiento.

3. Elaborar un programa anual de actividades, detallado y pormenorizado, que deje claras las prioridades de corto, mediano y largo plazos del órgano.

4. Proponer al Comité Coordinador los formatos de declaración patrimonial y de intereses, así como los campos que serán accesibles al público.

5. Elaborar el perfil y el mecanismo de selección para candidatos a secretario técnico, para después proponer una terna al Comité Coordinador.

Comité Coordinador del SNA

El Comité Coordinador constituye el núcleo del SNA. Como función principal, este órgano tiene que establecer mecanismos eficientes de coordinación y colaboración entre las instancias que forman parte del sistema. La trascendencia de este órgano recae en la posibilidad de encauzar las diferentes funciones y facultades de los siete miembros para construir un verdadero sistema generador de política de Estado y no un simple órgano de reuniones protocolarias.

Sus siete miembros:

1. Presidente: representante del Comité de Participación Ciudadana.

2. Titular de la Auditoría Superior de la Federación.

3. Titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.

4. Titular de la Secretaría de la Función Pública.

5. Representante del Consejo de la Judicatura Federal.

6. Presidente del INAI.

7. Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El Comité Coordinador tiene la grave responsabilidad de sentar las bases de arranque para el funcionamiento del SNA.

Secretario técnico

 El secretario técnico es el encargado de ejecutar las decisiones que se toman en el Comité Coordinador. Por ejemplo, tendrá la responsabilidad de desarrollar la Plataforma Digital Nacional y además será quien diseñe e implemente la metodología para la medición y el seguimiento de los fenómenos de corrupción en el país. El secretario técnico debe crear índices y métricas que permitan la evaluación de las políticas anticorrupción. Asimismo, es deber del secretario técnico fungir como intermediario entre el Comité Coordinador, los órganos integrantes del sistema y el Comité de Participación Ciudadana.

Prioridades:

1. Procurar la integración y coordinación con el Comité Coordinador a fin de iniciar labores de la manera más eficiente.

2. Realizar los anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas integrales para ser discutidos y sometidos a la consideración del Comité Coordinador.

3. Preparar el proyecto de calendario de los trabajos del Comité Coordinador, del Órgano de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva.

4. En su participación como miembro de la Comisión Ejecutiva, procurar la adquisición de los insumos, la capacitación de los administradores e interconexión de la Plataforma Nacional Digital.

5. Administrar las plataformas digitales que establecerá el Comité Coordinador y asegurar el acceso a las mismas de los miembros de éste.

Tribunal Federal de Justicia Administrativa

La Tercera Sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es el nuevo espacio jurisdiccional concebido exclusivamente para sancionar las faltas administrativas graves de los funcionarios públicos. Su función más importante es la de administrar justicia e imponer sanciones respecto de actos administrativos graves de los servidores públicos, y la determinación del pago de indemnizaciones y sanciones resarcitorias por daños y perjuicios contra la Hacienda pública federal o el patrimonio de entes públicos.

Prioridades:

1. Instalación de la Tercera Sección del Tribunal en sus aspectos humanos, materiales, presupuestales y funcionales.

2. Elección del presidente de la Tercera Sección.

3. Establecer mecanismos de coordinación y comunicación entre los tres miembros de la Tercera Sección para la determinación de prioridades y actividades de corto y mediano plazos.

4. Crear programas de capacitación y especialización en materia de corrupción y de responsabilidades administrativas.

5. Implementar medidas de seguridad, tanto de los magistrados como del personal a su cargo.

Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción

 El fiscal especializado en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción es el encargado de procurar justicia y velar por la eficacia del nuevo régimen penal en materia de corrupción. Es uno de los dos órganos especializados que formarán parte de la Fiscalía General de la República (junto con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales) y es un órgano miembro del SNA representado por su titular.

Tendrá tres funciones esenciales: recibir las denuncias penales que le presenten ciudadanos e instituciones públicas por hechos de corrupción, investigar estas denuncias y realizar investigaciones de oficio sobre hechos que lleguen por otras vías a su conocimiento para integrar expedientes completos que permitan la identificación de posibles responsables y defender cada caso a nombre del Estado mexicano frente al Poder Judicial de la Federación.

Prioridades:

1. Nombrar a los titulares de las unidades administrativas y direcciones generales de la Fiscalía Especializada que tengan los perfiles, la capacidad técnica y los niveles de confianza adecuados.

2. Diseñar un sistema propio de control de confianza que le permita asegurarse de que cuenta con los agentes del Ministerio Público y policías de investigación de mando directo necesarios para sus funciones.

3. Proponer al procurador o, en su momento, al fiscal general la creación de agentes del Ministerio Público especializados en materia de corrupción.

4. Participar en la elaboración de los programas teórico-prácticos para los agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada.

5. Diseñar e implementar estrategias y líneas de acción para combatir los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción. Esto incluye la labor de inteligencia y su desarrollo.

Secretaría de la Función Pública

La Secretaría de la Función Pública (SFP) es la encargada del control interno y de la vigilancia de los recursos públicos en el Gobierno federal. Formará parte del SNA a través de su titular. Esta dependencia es la responsable de establecer la política de compras públicas y obra de la Federación, de auditar el gasto de recursos federales y de coordinar a los órganos internos de control en cada dependencia federal, entre otras funciones esenciales de identificación y administración de riesgos. Además, la SFP se vuelve uno de los encargados de resolver las disputas por responsabilidades administrativas no graves —las graves pasan ahora al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

La SFP deberá tener un rol preponderante en la creación de un nuevo modelo de control y vigilancia que dote de impacto y efecto preventivo a la fiscalización de la gestión pública. Se deberá abocar al diseño, aprobación y promoción de políticas integrales para inhibir las prácticas corruptas. Así, su función esencial es la disminución y administración de riesgos en la gestión de gobierno.

Prioridades:

1. Recobrar el prestigio y respeto de la dependencia a través de resultados concretos en diferentes áreas.

2. Retomar el control, coordinación y liderazgo de todos los órganos internos de control (OIC) adscritos a las diferentes dependencias y entidades del Gobierno federal.

3. Escoger adecuadamente a los tres subsecretarios con base en perfiles idóneos y no en cuotas o imposiciones.

4. Escoger los perfiles adecuados para las Unidades estratégicas de la SFP, como los titulares encargados de compras gubernamentales y obra pública, de auditoría, de las investigaciones y las responsabilidades administrativas y de los sistemas de control.

5. Reestructurar el perfil y las funciones de la Contraloría Interna de la SFP para que sea el órgano garante del prestigio e integridad de aquella y no un simple estorbo burocrático.

Auditoría Superior de la Federación

 La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es un órgano de la Cámara de Diputados que cuenta con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, encargado de la vigilancia del gasto público.

Este órgano es un pilar del SNA, ya que es el encargado de la fiscalización de la Cuenta Pública y, a partir de la reforma, podrá auditar los ejercicios fiscales en curso para prevenir el mal uso de los recursos públicos. Es competente ahora para auditar las participaciones federales y la deuda pública a nivel subnacional garantizada por la propia Federación.

Prioridades:

1. Rediseñar el concepto de auditoría pública para convertirla en una verdadera herramienta de vigilancia y control.

2. Entablar convenios de colaboración con los entes públicos a fin de que éstos y sus servidores públicos faciliten los auxilios que requiera la ASF para el ejercicio de sus funciones.

3. Establecer nuevos criterios para que sus recomendaciones, solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, etcétera, modifiquen comportamientos en el servicio público.

4. Proponer las modificaciones a los principios, normas, procedimientos, métodos y sistemas de registro y contabilidad; las disposiciones para el archivo, guarda y custodia de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso, gasto y deuda pública, así como todos aquellos elementos que posibiliten la adecuada rendición de cuentas y la práctica idónea de las auditorías.

5. Rediseñar el modelo de auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales conforme a los indicadores establecidos en el Presupuesto de Egresos y tomando en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales, regionales, operativos anuales y demás programas de las entidades fiscalizadas.

Epílogo

 Hacer buenas leyes no es un problema en México, pero implementarlas sí que es un problema común. En las últimas dos décadas se han hecho grandes reformas que transforman estructuras, órganos y procesos que fallan en la implementación y destruyen su potencial.

México no puede darse el lujo de fallar en la implementación de las leyes que crean el SNA. Está en juego la viabilidad del modelo democrático de nuestro país y su futuro económico.

Así como construimos de la mano del Congreso las leyes que lo crean, la concreción y maduración del SNA dependen del trabajo conjunto de la sociedad mexicana con su clase política. Conocerlo y vigilar este proceso es responsabilidad de todos. EstePaís

1. Perfil de México en el Reporte Global de Competitividad 2016-2017 del WEF, en línea en http://reports.weforum.org/pdf/gci-2016-2017/WEF_GCI_2016_2017_Profile_MEX.pdf.

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Max Kaiser es director Anticorrupción del IMCO. Fernando Alcázar es investigador del IMCO.

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