En la última década, Latinoamérica ha venido transitando por un proceso de fragmentación y desarticulación que inició con el cierre del ciclo de crecimiento de las materias primas y que alcanzó su momento más álgido en 2019, cuando la región se polarizó frente a las crisis políticas en Venezuela y Bolivia, los gobiernos se ensimismaron por la ola de protestas sociales, Brasil se distanció de los foros regionales bajo el mandato de Jair Bolsonaro, y otros países abandonaron los mecanismos del regionalismo posliberal, en particular la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), por consideraciones ideológicas. 

Actualmente, el síntoma más elocuente del estado de desintegración latinoamericana, en comparación con otras regiones del Sur global, es la continua debilidad del comercio intrarregional y su fuerte caída tras la pandemia de covid-19. Pero no es el único. El caleidoscopio de posiciones latinoamericanas frente a la guerra en Ucrania y al conflicto entre Israel y Hamás en Gaza, es muy revelador, pues muestra que la desarticulación parece haberse normalizado como práctica diplomática en la región. Esto ocurre no solo en situaciones inesperadas como estas, sino incluso frente a eventos previsibles, como la Cumbre de las Américas, en 2022, y la reactivación de la Cumbre Unión Europea-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en 2023, después de 8 años inoperante. En ambas citas, América Latina llegó sin haber definido una agenda mínima común ni propuestas propias de alcance regional.

Al cierre de 2023, también han quedado atrás las expectativas de que el giro hacia la izquierda en Argentina, Bolivia, Brasil Chile, Colombia, Honduras, México y Perú genere un impulso sostenido al regionalismo similar al de la primera marea rosa. Si bien ha habido avances, como el rescate de la CELAC bajo las presidencias pro tempore de México y Argentina, y, más recientemente, el relanzamiento del bloque de cooperación socioambiental amazónico y los aún infructuosos esfuerzos de reconstrucción de la Unasur por parte de Brasil, otros espacios de coordinación y de integración regional, como el Mercado Común del Sur (Mercosur), la Alianza del Pacífico y la Organización de los Estados Americanos (OEA), se encuentran estancados por tensiones diplomáticas y discrepancias políticas entre sus miembros activos. La principal diferencia es que las actuales izquierdas en el poder son sumamente heterogéneas, con visiones muy distintas sobre democracia, derechos humanos, medio ambiente e inserción internacional, y, a menudo, son gobiernos sin mayorías legislativas en contextos de polarización política y fragmentación partidista. En realidad, el panorama político latinoamericano se ha tornado más heterogéneo y volátil ante la marcada tendencia hacia el voto de castigo contra los oficialismos que llevó a que la oposición ganara en diecisiete de las diecinueve elecciones presidenciales celebradas entre 2019 y 2023, dando lugar a alternancias pendulares en el poder en ausencia de hegemonías políticas fuertes y convergentes. Una década de estancamiento económico y déficits sociales agravados por la pandemia han sido caldo de cultivo para el desencanto ciudadano con los partidos y las élites políticas tradicionales.

Así pues, Latinoamérica llega a 2024 con grandes dificultades para concertar posiciones ante la multiplicidad de choques externos que se avizoran de prolongarse las guerras en Europa y el Medio Oriente, o de agravarse las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos al calor del proceso electoral estadounidense. El actual déficit de acción colectiva resulta paradójico en tanto ocurre en un momento en el que América Latina gana importancia estratégica como región clave para la transición energética y la seguridad alimentaria mundial por su riqueza en recursos energéticos renovables y fósiles, minerales raros y biodiversidad, al mismo tiempo que es una de las regiones más afectadas y vulnerables por el cambio climático en el mundo. Una posición dual que, ante la urgencia ambiental y alimentaria, le permitiría negociar en colectivo mejores condiciones de inserción internacional, financiamiento y tecnología, en medio de la fuerte rivalidad sino-estadounidense, la desglobalización, el proteccionismo económico, la transición digital y la relocalización de cadenas productivas. 

Con estos antecedentes, 2024 se perfila como un año sumamente complejo y preocupante para Latinoamérica y, en muchos sentidos, potencialmente crítico. En lo económico, el Fondo Monetario Internacional espera que la región mantenga una tendencia de bajo crecimiento con la tasa más baja (2.2%) del mundo en desarrollo, donde el dinamismo se concentrará en Asia (5.1%) y África Subsahariana (4.2%). De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, todas las subregiones crecerán menos que en 2023, aunque Sudamérica será la de menor crecimiento (1.4%) en comparación con el Caribe (2.6%) y Centroamérica y México (2.7%). Al crecimiento anémico de la economía se suma el escaso margen de maniobra fiscal (por el alto nivel de deuda) que tienen muchos gobiernos para responder a la fuerte demanda social de servicios públicos en educación, pensiones, salud, transporte, seguridad y vivienda, así como remontar los efectos regresivos de la pandemia en pobreza, inseguridad alimentaria y precariedad laboral. En lo ambiental, se prevé un año difícil por los eventos climáticos extremos del fenómeno de El Niño.

El panorama político está plagado de interrogantes e incertidumbres. Además de Estados Unidos, habrá elecciones presidenciales y generales en seis países latinoamericanos (El Salvador, Panamá, República Dominicana, México, Uruguay y Venezuela), unas más competidas, democráticas y libres que otras, cuyos resultados reconfigurarán el mapa político regional y podrían dar lugar a cuestionamientos y problemas de reconocimiento internacional. El caso más incierto es el de Venezuela, donde todo está por definirse, incluida la fecha de los comicios, en un endeble proceso de negociación con acompañamiento internacional entre el régimen de Nicolás Maduro y la opositora Plataforma Unida para establecer un mínimo de condiciones de libertad, equidad y confianza en la contienda electoral. Habrá elecciones subnacionales en República Dominicana, Costa Rica, Chile y Brasil, que serán una suerte de referendos de medio término para los presidentes en turno.

Otros tres países estarán marcados por el inicio de nuevos gobiernos sin mayorías parlamentarias, y cuyo desempeño es de pronóstico reservado por la gravedad de la crisis económica que enfrentan (Javier Milei en Argentina), lo corto de su mandato en medio de una ola de inseguridad sin precedentes (Daniel Noboa en Ecuador) o el acoso judicial constante por parte de grupos antidemocráticos que buscan obstaculizar su viabilidad y capacidad gubernamental (Bernardo Arévalo en Guatemala). En el mundo andino no se ve salida a la frágil situación política en Perú con niveles récord de desaprobación del ejecutivo (85%) y el Congreso (95%), y el creciente aislamiento internacional, en tanto que en Bolivia se ahonda la fractura dentro del partido en el gobierno. En el Caribe, Haití se encuentra en una espiral de caos, éxodo e inseguridad, mientras que Cuba anuncia el mayor ajuste económico en décadas. En Centroamérica, la deriva autoritaria se atrinchera en Nicaragua tras la salida oficial de la OEA, y con la reelección inconstitucional de Nayib Bukele en El Salvador.

En el tablero geopolítico, se avecinan nubarrones a la condición tan preciada de Latinoamérica como zona de paz sin guerras interestatales y con una larga trayectoria en la resolución pacífica de disputas territoriales. El referendo venezolano de diciembre de 2023, refrendando el reclamo y la eventual anexión del Esequibo, una zona extensa y rica en yacimientos de petróleo, gas natural y uranio que representa más de la mitad de la superficie de Guyana, abre la puerta a un eventual escalamiento de este añejo conflicto territorial entre ambos países, lo que tendría repercusiones en todo el continente. Si bien la intermediación del presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, a través de la CELAC, ha contenido temporalmente la tensión al cierre de 2023, la amenaza sigue latente con demostraciones de apoyo militar a Guyana por parte del Reino Unido y del Comando Sur.

La principal amenaza a la seguridad regional es la extensión de las redes del crimen organizado transnacional en muchos países latinoamericanos con su halo de corrupción, violencia, tráfico de armas y militarización. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en 2022, un tercio de los homicidios en el mundo se cometieron en América Latina y el Caribe, y ocho de los diez países con las tasas más altas de homicidios a nivel mundial eran caribeños, centroamericanos o andinos. En 2024, el foco de preocupación será Ecuador, donde la espiral de violencia criminal con vínculos transnacionales, incluso en México, estaría dando lugar a respuestas militarizadas de mano dura para contener la situación. La suma de todas estas tendencias hace previsible que en 2024 continúen creciendo los flujos de migrantes forzados, refugiados y desplazados internos, tras un año en el que se alcanzaron cifras récord. Sin duda, la escala y la diversidad sin precedentes de la población en movimiento que necesita atención y protección, será uno de los mayores desafíos en la región. EP

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