Los flujos migratorios han cambiado en la frontera entre México y Estados Unidos. No son ya los que conocíamos años atrás, y el tema migratorio se puede ver desde muy diferentes perspectivas. El enfoque presentado a inicios del sexenio por parte de Alicia Bárcena, entonces Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y del propio presidente Andrés Manuel López Obrador de atacar las causas profundas de la migración hoy ya no es suficiente. En la actualidad, ya no son necesariamente flujos migratorios por falta de oportunidades. Actualmente, lo primero que se debe conocer cuando se habla de crisis en la frontera, es definir de qué clase de crisis se habla en materia migratoria. Hay, entre las más importantes, tres tipos de crisis:

1. Crisis migratoria por razones económicas, climáticas y en busca de una mejor vida. En este sentido, en el caso mexicano, la agencia encargada de regular los flujos es el Instituto Nacional de Migración que depende formalmente de la Secretaría de Gobernación.
2. Crisis de refugiados. Esta es la que se está dando, en buena medida, pues cada vez más llega un número creciente de familias completas. En este caso, el marco legal que debe utilizarse no es la Ley de Migración, sino la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, y se tiene un mandato sobre el estatuto de refugiados que implica el principio de no devolución. La agencia encargada en este caso es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).
3. Una combinación de las dos anteriores, que dificulta el manejo ordenado de los flujos migratorios. El gran problema es cómo clasificar a los refugiados y cómo clasificar a los migrantes económicos o de otra naturaleza.

Para México, el fenómeno migratorio se ha convertido en un problema con una dimensión que no teníamos con anterioridad. Ahora tenemos la presencia de cubanos, venezolanos y haitianos que no venían años atrás. Se suman los centroamericanos, particularmente del Triángulo del Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) más Nicaragua. Además, crecen los números de sudamericanos de Ecuador y Perú, y los que vienen desde Brasil y Chile de otras nacionalidades y de personas de otras regiones del mundo. La migración mexicana ha crecido en estos últimos 5 años, llegando a ser la de mayor número de todos los países de Latinoamérica.

Urge establecer un nuevo diálogo bilateral, de manera tal que los estadounidenses acepten la magnitud del problema para México, en especial porque son migrantes que quieren ir a ese país y no quedarse en el nuestro. Se requiere de un diálogo bilateral en el que el gobierno estadounidense asuma su responsabilidad como país de llegada y reconozca las consecuencias negativas y los costos que se le han ocasionado a México. Esto no ha sucedido en las reuniones bilaterales del actual sexenio. Por el contrario, lo único que se maneja por parte del presidente Joseph R. Biden es que quiere tener una migración segura, y México sigue con su compromiso de contenerla. Hasta ahora no se han presentado los intereses mexicanos y se ha reaccionado exclusivamente a las iniciativas y a las políticas de Estados Unidos sin tener una posición propia. México sigue aceptando las condiciones impuestas con el programa Quédate en México, desde 2018, cuando López Obrador todavía era Presidente electo, y el compromiso de contener por la fuerza a los migrantes en la frontera sur con Centroamérica, haciendo uso de la Guardia Nacional para este efecto. Ha aceptado recibir también a los migrantes deportados por parte de Estados Unidos.

En el caso de los migrantes cubanos, venezolanos y haitianos pareciera que hay un diálogo de sordos ya que, para Estados Unidos, se les debe de dar un trato preferencial, dado que no pueden regresar a sus países. El gobierno mexicano argumenta que la migración de estos países se debe a las sanciones en contra de los sus respectivos gobiernos. Al ser amigo de ellos, nunca va a reconocer que, en realidad, se debe a países con gobiernos y Estados fallidos. Sin duda, son gobiernos represores que no responden a las necesidades de sus poblaciones. El número de migrantes de estas tres nacionalidades que se quedan en México ha crecido cuando no contamos con las condiciones necesarias para darles asilo ni oportunidades de trabajo en nuestro país.

En el caso de la migración mexicana, parten de siete estados, pero el 80% salen de Guerrero y Michoacán, en donde los niveles de violencia y de inseguridad, y el control por parte del crimen organizado de zonas importantes de estas localidades y territorios, tampoco son reconocidos por el gobierno mexicano. Esto implicaría aceptar que sus programas como Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo Futuro no funcionan. Tampoco es eficaz su política de seguridad. Sucede todo lo contrario, familias completas dejan sus lugares de origen por la violencia y la inseguridad para irse a la frontera y buscar asilo en Estados Unidos.

Por otra parte, la frontera México-Estados Unidos actualmente atrae a personas de más de cien diferentes nacionalidades, y normalmente cuando hay conflictos internacionales en diferentes partes del mundo, se sabe que más personas buscarán llegar a esta frontera, como es el caso de los palestinos, ucranianos e israelíes debido a los conflictos que existen en sus lugares de origen. Este es un gran reto para el sistema de asilo estadounidense que debe resolverlo. Sin duda, el sistema de asilo en Estados Unidos no funciona y en el Congreso no se ponen de acuerdo para tener una reforma y otra política. El gobierno de Biden ha tratado de hacer algunos arreglos, pero, en realidad, se limitan a tratar de instrumentar la petición de asilo antes de que salgan de sus países en lugar de hacerlo en la frontera, y, por otra parte, en tratar de disuadirlos de no salir de sus lugares de origen. Además, al tratar el tema como parte de la agenda de seguridad nacional y al militarizar la frontera, no resuelven el problema y, por el contrario, lo profundizan. Biden también ha establecido acuerdos bilaterales desde la reunión de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas de 2023, con varios países de la región con el fin de externalizar el control migratorio fronterizo con cada país y escuchar lo que les interesa y les preocupa a estos países. A partir del noviembre de 2024, estos acuerdos se mantendrán independientemente de quién gane la presidencia en Estados Unidos. Ante el cambio de gobierno continuarán tanto la política de Donald Trump como la de Biden: contención fronteriza y externalización de la frontera. 

Dado que, en lo que resta del sexenio, la narrativa y las decisiones del presidente López Obrador no van a cambiar y se continuará con la inercia pasiva ejercida hasta la fecha en materia migratoria, la nueva presidencia mexicana deberá buscar la forma de incrementar los márgenes de negociación bilateral para el manejo del fenómeno migratorio. 

Propuestas para el próximo gobierno

México cuenta con el personal y la experiencia necesaria para replantear un programa migratorio con todos sus aspectos. Para poder construir una agenda con visión de mediano y largo plazo en materia migratoria se requiere al menos lo siguiente:

1. Aclarar y exponer los intereses mexicanos ante los actores estadounidenses correspondientes.
2. Precisar y comprender qué acciones les corresponden a las agencias responsables del tema de migración, como el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Gobernación, la de Relaciones Exteriores y la COMAR. Urge una conexión interinstitucional, y podría ser con la instauración de un gabinete de política exterior.
3. Contar con un arreglo institucional para saber quiénes son las agencias involucradas de las diferentes secretarías de Estado, para atacar los diferentes aspectos migratorios y reconocer a las contrapartes estadounidenses tanto en el ámbito local como en el federal. Restaurar el diálogo y negociación con ellos.
4. Entender en México el cambio de los flujos migratorios. Cada vez hay un mayor flujo de refugiados y no de migrantes económicos. El tratamiento para cada uno es distinto.
5. Buscar reducir la externalización de los procesos migratorios, ya que ocasionarán problemas jurídicos a futuro y reducirán los márgenes de maniobra del gobierno mexicano.
6. Buscar un acercamiento con las comunidades mexicanas en Estados Unidos, aceptando y respetando que la nación transterritorial existe y que al menos hay 30 millones de mexicanos en Estados Unidos que no solo mandan remesas, sino que tienen vínculos familiares e intereses específicos en sus localidades de origen.
7. Cambiar la narrativa y caminar hacia el tema de movilidad humana y movilidad laboral, y no solo hablar de lo migratorio en el esquema de la política de seguridad nacional estadounidense. 
8. Urge una movilidad laboral regulada en la que los trabajadores mantengan su residencia en su país de origen, pero que, a la vez, tengan la posibilidad de ir y venir para poder aprovechas la oportunidad de la relocalización cercana (nearshoring). La Secretaría de Economía, la del Trabajo además de la de Relaciones Exteriores deben de construir una estrategia en este sentido.
9. Negociar con Estados Unidos recursos sustanciales. México no ha recibido la ayuda de cooperación para manejar y contener el flujo de migrantes, ni para procesar todos los casos de solicitudes de asilo.
10. Negociar la forma de terminar con la imposición de haber aceptado que Estados Unidos regrese a los migrantes a México una vez que ya entraron a territorio estadounidense. EP

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