Una política exterior pobre (en términos de facultades, capacidades de coordinación, presupuesto, personal, infraestructura de representaciones en el exterior, imagen, estrategia y prioridad política), es una pobre política exterior. Frente a los grandes desafíos que le plantea el mundo de hoy y las oportunidades que abre a su desarrollo, México no cuenta con una política exterior que opere con visión estratégica, ni con el andamiaje ni las capacidades institucionales, presupuestales y de coordinación interinstitucional para prever y responder en congruencia. Por el contrario, está lejos de tener la alta prioridad que debiera dentro de la acción gubernamental, se encuentra mal coordinada entre los actores relevantes en la materia y, más lejos aún, de ser una política de Estado que detente el respaldo de sectores que son clave en la vida nacional.

Esta ha sido la realidad por lustros —por ejemplo, el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) siempre ha sido muy bajo, entre 0.3% y 0.4% del Presupuesto de Egresos de la Federación—, pero en los años recientes ese fenómeno adverso y costoso para el país se ha acentuado en forma notable. Tal parece que esto ha respondido a una visión estrecha de los gobernantes sobre la naturaleza, el alcance y el potencial que tiene la política exterior para contribuir a la defensa y la promoción del interés nacional y, con ello, al progreso y el bienestar económico y social de los mexicanos. Más que entenderse como un medio para impulsar los fines del Estado mexicano se ha visto como uno para apoyar objetivos de política interna del gobierno en turno. Más que utilizarse como instrumental para actuar con una visión de largo alcance, generalmente ha sido el vehículo para atender cuestiones de interés político coyuntural con visión de corto plazo.

Por lo tanto, un plan de gobierno realista, fundamentado y coherente deberá conllevar la voluntad y la visión necesarias para contar con una política exterior de Estado que esté entre las más altas prioridades en la edificación de un proyecto nacional. Uno que asegure al país estabilidad, gobernabilidad y progreso para todos. Tal política deberá, por definición, coordinar, sumar y conjugar la participación de los sectores político, gubernamental (de los tres poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno), empresarial e intelectual con otros relevantes de nuestra sociedad, de manera que se produzca una visión compartida que trascienda aquella del gobierno en turno y los intereses parciales de los grupos de poder económico que más influyen en la vida nacional. Cabe admitir, en tal sentido, que la sociedad mexicana tampoco ha reconocido a la política exterior el lugar destacado que debiera ocupar en los asuntos públicos.

Para que la política exterior tenga la alta prioridad que merece y sea una política de Estado, el próximo gobierno deberá crear el andamiaje institucional y las condiciones para que la SRE, como eje de una acción gubernamental concertada y con apoyo de la sociedad, cuente con las condiciones políticas e institucionales que son necesarias para cumplir con sus objetivos. Para ello, es fundamental que, cuando menos, en términos de andamiaje y capacidades institucionales, la SRE:

1. Tenga todas sus facultades claramente definidas jurídicamente en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), incluyendo las nuevas responsabilidades de promoción económica y turística internacional.
2. Pueda cumplir cabalmente su función establecida en la LOAPF de coordinar todas las acciones de las instituciones y actores gubernamentales relevantes en materia de política exterior.
3. Reciba un presupuesto acorde a su importancia y responsabilidades, el cual debe recuperar el casi 25% perdido en términos reales en dólares durante la última década, y ser actualizado, cuando menos, de acuerdo con la inflación (en términos reales en dólares) anualmente. Asimismo, la cuenta consular debe ser entregada de manera completa y oportuna a la SRE por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
4. Posea con personal profesional suficiente para cumplir cabalmente con sus funciones, incrementando las plazas del Servicio Exterior Mexicano (SEM) (las cuales se han mantenido entre 1200 y 1300 desde hace casi 50 años), así como aumentando las plazas de personal operativo (que se han reducido en más de 20% en la última década).
5. Cuente con el personal más ampliamente calificado y profesionalizado; para ello, es necesario incrementar las plazas del SEM, idealmente en 20% cada sexenio, y que haya concursos de ingreso y ascenso en el SEM, mínimo de manera bienal.
6. Amplíe las representaciones de México en el exterior para tener una red diplomática y consular acorde al tamaño del país, estando entre las quince más importantes del mundo; esto implicaría abrir de 3 a 5 embajadas y de 2 a 3 consulados adicionales al año durante el próximo gobierno, para pasar de 80 a 100 o 110 embajadas y de 67 a 80 o 90 consulados para el final del sexenio.
7. Defina los criterios y los procesos para generar una política exterior de Estado y de una imagen internacional con amplio reconocimiento internacional.
8. Posea los mecanismos y los instrumentos para una eficaz formulación y una efectiva ejecución de esa política, incluyendo un sistema de información y planeación de inteligencia estratégica que apoye el análisis prospectivo y, con ello, la previsión de los cambios que habrán de darse en el escenario mundial.
9. Establezca los criterios para asegurar la debida coordinación entre la SRE y las otras secretarías de Estado, así como una colaboración productiva con el Congreso.
10. Construya el engranaje que propicie dentro de la sociedad mexicana la mejor comprensión del papel que corresponde a la política exterior y su respaldo a ella. EP

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