El pasado 23 de enero Juan Guaidó se autoproclamó presidente encargado de Venezuela, tras haber detonado grandes manifestaciones populares. En cuestión de horas una importante cantidad de gobiernos extranjeros le dieron su reconocimiento, entre ellos la mayoría de las democracias en América y Europa y la Organización de los Estados Americanos. Algunos países decidieron no reconocerlo, como China, Rusia, Corea del Norte, Irán, Turquía, Uruguay y México. En ciertos sentidos la posición de México es peculiar y en otros no. Para justificar su decisión, el gobierno mexicano hizo referencia a los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de controversias. Andrés Manuel López Obrador fue consistente con el estilo de política exterior que anunció desde que asumió la Presidencia y decidió retomar la antigua postura oficial, característica de casi todo el siglo XX, que daba un gran peso a los principios de la Doctrina Carranza.

Además, varios sucesos sugerían una cercanía entre López Obrador y el mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien fue invitado en diciembre pasado a la flamante toma de posesión en México. En enero, cuando el Grupo de Lima desconoció la legitimidad de Maduro y lo exhortó a no rendir protesta, México no firmó; días después, al asumir de nuevo la presidencia, Maduro gritó un “Viva México”, probablemente dirigido específicamente a López Obrador y no al país en general. Estos tres sucesos complicaron mucho la decisión porque, si México se oponía a Maduro, iba a resultar inconsistente y el costo político interno hubiera sido muy grande. Al tomar su decisión López Obrador decidió ser consistente, aunque eso implicara asumir algunos costos en el exterior. Lo peculiar es que, al tomar la bandera de la no intervención, México se puso del lado de Maduro, un apoyo implícito que resulta incuestionable porque México ya había dejado clara su postura. La cercanía entre ambos gobiernos llegó al punto de volverse evidente y por eso, en este caso, la no intervención no implicó neutralidad.

Otra peculiaridad es el hecho de que México esté tomando la misma postura de ciertos países no democráticos que, dicho sea de paso, no le ofrecen mucho económicamente. Es muy difícil pensar en neutralidad cuando México se alinea con los iraníes, los rusos y los norcoreanos, pues no son precisamente conocidos por sus prácticas democráticas. Al hablar de los principios de política exterior México trata de proyectar una imagen de profundo respeto al derecho internacional, pero al mismo tiempo se alinea con países que lo violan, que han usado la fuerza indiscriminadamente y cuyas acciones autoritarias han sido constantes. Si México quiere ser consistente con su imagen democrática, no debe avalar la posición de esos estados. Las constantes transgresiones a los derechos humanos, junto con la peor crisis económica que ha visto el mundo en más de 100 años, son la razón por la que casi todos los países decidieron alzar la voz para que Maduro se fuera.

 En solo cinco años la economía venezolana se ha contraído más de 30%, la inflación de enero de 2018 a enero de 2019 fue de 2,688,670%, lo que supera con mucho a la hiperinflación que vivió Alemania durante 1923, menor al 5,000%. Más de la mitad de los niños sufren de desnutrición porque seis de cada 10 venezolanos viven en pobreza extrema: el dinero no les alcanza para comer. Todo esto, a su vez, ha incrementado la inseguridad en ese país, donde la tasa de homicidios es 15 veces mayor al promedio mundial. Si se piensa que la Ciudad de México es insegura, la capital venezolana la supera por mucho: la tasa de homicidios en la capital mexicana es de aproximadamente 14 asesinatos por cada 100 mil habitantes, mientras que en Caracas es de más de 111, por arriba de Acapulco y Tijuana. Lo que sucede en Venezuela es terrible y es peculiar que México lo respalde. La Constitución mexicana, en efecto, habla de la autodeterminación de los pueblos ¿López Obrador realmente piensa que esto es lo que quiere el pueblo venezolano? Finalmente, otra de las peculiaridades es que México haya decidido ir en contra de la mayoría de los países latinoamericanos; si el gobierno mexicano está interesado en estrechar los lazos con ellos e incluso proyectar una imagen de líder regional, su política exterior debería ser consistente con los otros países democráticos de la zona.

Para poner en contexto la decisión de López Obrador es importante hacer un pequeño análisis sobre la historia de la no intervención. En general, los países toman decisiones de política exterior basados en sus intereses, no en principios. México siempre ha buscado proyectar una política exterior muy cauta, que pone en primer lugar los principios, aunque lo que realmente guíe las decisiones sean los intereses. Los gobiernos de todo el mundo conducen su política exterior de esta manera y el siguiente análisis sólo busca dar algunos ejemplos de dicho fenómeno global, sin el afán de atacar los procedimientos del gobierno actual, ni de ninguno de los anteriores. En tiempos de la Doctrina Carranza México pasaba por una época de gran inestabilidad, tras varias intervenciones extranjeras, la reciente conclusión de la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial en Europa. En esa compleja situación, lo último que México quería era que países extranjeros se involucraran en sus asuntos internos y eso lo llevó a cobijarse en los principios de política exterior. Precisamente, existe una relación inversa entre el poder de un país y su tendencia a refugiarse en el derecho internacional: México era muy débil y esa estrategia lo salvaguardó.

Es curioso cómo se ha flexibilizado la política mexicana de no intervención cuando se ha estimado conveniente, por ejemplo en su relación con Cuba. La postura oficial respecto a la Revolución Cubana fue justificada con la doctrina de la no intervención, aunque recientemente algunos académicos1 han argumentado que tuvo mucho más que ver con el interés del gobierno en evitar posibles inestabilidades políticas. Cuba en ese momento exportaba ideas revolucionarias y el gobierno mexicano temía que llegaran a su territorio, por lo que hubo un acuerdo entre el gobierno de Fidel Castro y el de Echeverría, en el que Cuba prometía no inmiscuirse en los asuntos internos de México y éste fungiría como una especie de vocero de la isla en la región. Durante los años sesenta y setenta Cuba envió mucho apoyo —incluyendo armamento— a grupos revolucionarios de varios países latinoamericanos, pero con México no se metió. Además, el régimen mexicano usaba su relación con Cuba para mostrarse como un gobierno revolucionario y eso era muy bien recibido por la opinión pública, pues aparentemente desafiaba la presión de Estados Unidos. Sin embargo, aunque Luis Echeverría fue uno de los mayores promotores de esa posición, recientemente se han desclasificado archivos en los que él promete a Nixon que México tendría una política totalmente anticomunista y asume el compromiso de combatir a la izquierda mexicana.

Otro caso se dio a finales de los años setenta, cuando México reconoció al movimiento guerrillero sandinista de Nicaragua como una fuerza política legítima y el presidente de aquel país era Anastasio Somoza. La pregunta que surge es por qué México iría en contra de sus principios, al reconocer a un movimiento guerrillero de izquierda como una fuerza política legítima. La respuesta es sencilla: entonces México —especialmente en el sur del país— experimentaba turbulencia política y existía la posibilidad de que la actividad revolucionaria en Centroamérica llegara hasta Chiapas, lo que convirtió a la crisis centroamericana en un asunto de seguridad nacional. El reconocimiento del gobierno priísta a los sandinistas se tradujo en: “nosotros también somos revolucionarios, ya no es necesario un movimiento de esa naturaleza en México”, una política exterior totalmente basada en el interés de mantener la estabilidad interior. Encontramos un último ejemplo, también interesante, cuando México decidió mostrarse como un fuerte defensor de los derechos humanos en los años noventa, actitud que en teoría no es consistente con la no intervención. No obstante, en ese momento se negociaba el tlcan y, para tener éxito, era indispensable proyectar cierta imagen hacia el exterior que convenciera a otros estados de que no había motivos para preocuparse, pues en nuestro territorio se respetaban los derechos humanos y era un lugar seguro para invertir.

Por último, cabe mencionar las operaciones de mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas, que México siempre apoyó desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, aunque de manera indirecta y cautelosa. Fue motivo de sorpresa que, durante la administración de Enrique Peña Nieto, México empezara a participar más activamente en esos programas, cuando se involucró como observador en una multitud de operaciones, con el objetivo de preparar al país para participar de lleno en futuros despliegues. Las principales misiones de este tipo en las que el país ha participado son las de Haití, el Sahara Occidental, Colombia y la República Centroafricana.

Hace algunos años, en conversación con miembros de la Armada, hablé de lo positivo que sería para la imagen nacional participar en operaciones de mantenimiento de la paz. Me dijeron que, para hacer eso, básicamente sería necesario modificar los principios de la política exterior mexicana mediante una reforma al artículo 89 constitucional. Sin embargo, al parecer ahora lo están haciendo sin necesidad de modificar ese artículo. Participar en esos ejercicios, al igual que la postura de defensa de los derechos humanos, son acciones necesarias para proyectarse como un actor responsable en el sistema internacional y México ha querido proyectar esa imagen, al igual que la de un líder regional, durante los últimos cuatro sexenios. Incluso se ha plasmado ese objetivo en los consecutivos planes nacionales de desarrollo. Es bastante interesante que, hasta ahora, el presidente no haya dado marcha atrás a la participación en ese tipo de operaciones.

Honestamente, lo que hizo López Obrador en el caso de Venezuela fue sólo seguir lo que consideró el interés nacional del momento con una decisión totalmente populista —no es una sorpresa—, para mantener contentos a sus seguidores. Como históricamente ha funcionado, la medida utilizó las banderas de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, cuando aludió a los principios de política exterior de las doctrinas Carranza y Estrada, pero en realidad todo se reduce a sus intereses. Curiosamente, a pesar de todas las peculiaridades de la decisión, probablemente fue la más adecuada en su contexto político, pues hubiera sido muy extraño e inconsistente que López Obrador reconociera a Guaidó como presidente de Venezuela. El presidente mexicano creó un contexto de amistad, sin imaginar que la situación se pudiera complicar de esta manera. Al final tuvo que elegir y eligió mantenerse a salvo en el interior. Una vez más, tomó una decisión que no afectará su popularidad entre los mexicanos, aparentemente el factor determinante en su creación de política pública, pero que impactará en la percepción internacional de México y en su relación con el resto de las democracias. Desde el fin de la Guerra Fría, México había promovido la democracia y los derechos humanos y esto fue un giro de 180 grados que tendrá un costo internacional y habrá que pagarlo, cualquiera que éste sea. EP

1 Véanse por ejemplo Blanca Torres, México y el mundo. Historia de sus relaciones exteriores: De la guerra al mundo bipolar, tomo vii, México, Senado de la República y El Colegio de México, 2010, pp.136-155 y Carlos Rico, México y el mundo. Historia de sus relaciones exteriores: Hacia la globalización, tomo VIII, México, Senado de la República y El Colegio de México, 2010, pp. 39-54

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