El Colegio de México y el Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi auspiciaron un seminario conjunto entre el 17 y el 18 de octubre del año pasado para visualizar escenarios para México, relacionados con la elección presidencial de Estados Unidos (EU); la posibilidad de que Donald Trump resultara electo estuvo presente en todas las deliberaciones. Varios […]
Texto de Guillermo Knochenhauer 17/02/17
El Colegio de México y el Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi auspiciaron un seminario conjunto entre el 17 y el 18 de octubre del año pasado para visualizar escenarios para México, relacionados con la elección presidencial de Estados Unidos (EU); la posibilidad de que Donald Trump resultara electo estuvo presente en todas las deliberaciones. Varios […]
El Colegio de México y el Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi auspiciaron un seminario conjunto entre el 17 y el 18 de octubre del año pasado para visualizar escenarios para México, relacionados con la elección presidencial de Estados Unidos (EU); la posibilidad de que Donald Trump resultara electo estuvo presente en todas las deliberaciones.
Varios ponentes asumimos que, de resultar electo, Trump ejercería la presidencia de manera abiertamente autoritaria, tanto interna como internacionalmente, y que hacia México pondría acentos con amenazas y prejuicios, intimidación e ignorancia.
Fuimos convocados por Lorenzo Meyer y Miguel Basáñez a dilucidar “los peligros de la coyuntura” para México ante la elección presidencial de EU. Con Trump como presidente electo, dos destacaron como inmediatos y graves:
Uno, el social, por las implicaciones humanas que tendría una crisis migratoria con violaciones masivas a los derechos humanos contra los mexicanos en EU, que ya ocurren por el odio racista que acompaña la intención de Trump de emprender deportaciones de indocumentados que, por serlo, pueden ser considerados “criminales”.
El otro peligro es económico, por la intención de Trump de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con sentido proteccionista de los negocios de EU, y hacerlo bilateralmente exhibiendo amenazas de aplicar aranceles y tarifas.
Mientras el TLCAN esté en suspenso, no habrá claridad para fundamentar planes de inversión en México, sobre todo extranjera, lo que mantendrá subvaluado el peso y generará inflación e inestabilidad financiera, todo lo cual conspira contra el crecimiento y los empleos.
Participé como ponente en la mesa en la que se abordó el tema Cómo disminuir la vulnerabilidad mexicana: finanzas, turismo y remesas. Anticipando el triunfo de Trump, ¿qué puede hacer México, tomando en cuenta que nuestro país es vulnerable política y económicamente?
La vulnerabilidad de nuestro país es ciertamente mayor ahora que hace tres décadas, cuando desde el salinismo se hizo de la integración plena a la economía regional norteamericana el meollo del proyecto nacional, sin considerar las características sociales ni la democratización política.
La integración perseguía el paradigma neoliberal de progreso, que en todas las naciones que lo siguieron erosionó la institucionalidad del Estado. No podía ser de otra manera si de lo que se trata es de acabar con los servicios públicos, eliminar la regulación de los mercados y destruir la protección del trabajo.
En una sociedad tan desigual como la nuestra, esas y otras “reformas” han tenido efectos magnificados, tanto en la percepción social —que es de desamparo, acrecentada por la inseguridad y la corrupción—, como en la mayor dependencia e ineficiencia de la planta productiva.
Ante el cierre del ciclo neoliberal, que probablemente represente la presidencia de Trump, y la incertidumbre de corto y largo plazos que ello provoca, es preciso imaginar cambios políticos, sociales y económicos para afrontar las condiciones objetivas de vulnerabilidad del país, tanto en el orden institucional del Estado como en varios frentes económicos.
La erosión de la institucionalidad
La institucionalidad y gobernanza tienen varios aspectos vulnerables en México. Tres son fundamentales.
El básico es la carencia de entusiasmo de la ciudadanía por la falta de un proyecto nacional genuino, propio, que, en su traducción ideológica fuera significante, convocante y conmovedor. Los principios del paradigma neoliberal en torno al mercado y el individualismo que hacen del afán de tener dinero el único sentido y propósito colectivo, no arraigan en el tejido social en el que vive y se expresa la cultura, hábitos y costumbres de la mayoría de la sociedad mexicana.
Otro frente de vulnerabilidad nacional es que la falta de democracia ha erosionado la autoridad del Estado. Durante las últimas décadas se han hecho múltiples reformas “políticas”, todas referidas al sistema electoral con las que se ha conseguido, en buena medida, darle legitimidad a la pugna entre los partidos por acceder al poder.
Lo que se ha quedado sin cambios, hace mucho tiempo necesarios, es la normatividad para democratizar y actualizar el modo en que se desempeñan las tareas de gobierno. Muy poco se ha hecho para que quienes llegan a los cargos de autoridad por elección popular tengan que atenerse a las reglas de la democracia para ejercer el poder y para que rindan cuentas de ello.
Ese rezago ante las exigencias de la evolución social coloca a México como el peor calificado en democracia, en Estado de derecho, en corrupción, en libertad de prensa y en derechos humanos entre los 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con la excepción de Turquía.
A la falta de democracia es atribuible, en muy buena parte, la creciente frecuencia con que la ciudadanía busca la justicia al margen de las instituciones, el ambiente de desconfianza en las autoridades, la sensación cada vez más generalizada de desamparo de la población ante la falta de rumbo colectivo, ante la violencia y ante la impunidad tolerada por corrupción. Poderes fácticos como el narcotráfico se han posicionado en niveles de autoridad municipales, estatales y federales.
Un tercer frente de la erosión institucional es la ortodoxia neoliberal en política económica, cuya premisa es que la regulación y el gasto público inhiben las inversiones privadas y entorpecen el funcionamiento del mercado, lo que se ha traducido en reducción de las inversiones públicas, aunque no en austeridad del gasto corriente.
La consecuencia son los más bajos niveles de inversión pública en infraestructura de los últimos 30 años, lo que tiene una doble implicación: atrasos del país en ese renglón y en servicios públicos, destacadamente, los de salud que tanto importan a la población, y menores estímulos por demanda de insumos y servicios a las inversiones empresariales.
La integración asimétrica de la planta industrial
La creciente integración y la dependencia de la planta industrial con respecto a la de Estados Unidos es otro frente vulnerable del país. Con la firma del TLCAN se propició una división del trabajo sin considerar las asimetrías en tamaño de las economías, en capacidad científica y tecnológica, en innovación, competitividad, presencia empresarial y otros factores.
Como resultado, el papel que México ha jugado en la región norteamericana ha estado preponderantemente a cargo de empresas transnacionales que generan la mayor parte de su valor agregado fuera del país y contribuyen poco a mejorar la estructura productiva nacional en tecnología, innovación y competitividad.
La estrategia de la liberalización mercantil prometía otra cosa: que un contexto competitivo obligaría a la inversión privada a elevar su productividad y bastaría para atraer mejor tecnología, incentivar la especialización de la planta productiva y generar fuentes nuevas de crecimiento. Suponía que al favorecer el mercado —sin la interferencia de políticas públicas que distorsionaran su funcionamiento— se incentivarían la competencia, las inversiones, las innovaciones, la competitividad y el crecimiento.
La experiencia de 30 años en México es que la planta productiva es mayoritariamente vieja, y que a esa mayoría le siguen faltando los incentivos de mercado y los soportes de política económica para adaptarse a la competencia global.
Otras ramas de “integración” de la economía mexicana a la de EU son la alimentaria y la energética, que dependen de importaciones desmedidas en cereales en el primer caso, y en gasolinas en el segundo, superiores al 45% del consumo nacional en ambos casos.
La fao considera altamente inconveniente la dependencia de importaciones de más de 25% de la alimentación básica de un país por razones económicas y sociales. Además, el cambio climático y la posibilidad de que ocurran desastres ambientales en las zonas más productivas de Norteamérica hacen extremadamente riesgosa tan alta dependencia alimentaria.
En contraparte a la extrema dependencia del país en cereales y oleaginosas, hay en el campo mexicano enormes recursos naturales y humanos ociosos.
Desafortunadamente no hay recursos qué poner en movimiento para abatir pronto la dependencia energética del país. Es la factura de haber despilfarrado el auge petrolero que hubo a partir de la segunda mitad de los años setenta.
¿Qué hacer?
Aunque una política exterior firme siempre es reflejo de un sistema político sólido en su legitimidad e institucionalidad, y ya apuntábamos que el Estado en México tiene déficit de esas cualidades, la tendencia previsible del nuevo Gobierno estadounidense a imponer condiciones por la fuerza, en su exclusivo interés, exige respuestas sin dilación.
Coordinar la operación diplomática, financiera, económica y comercial ante el próximo Gobierno estadounidense exige una estrategia de Estado basada, primordialmente, en la firme claridad de lo que se puede negociar y lo que no se puede negociar y, por otro lado, en la decisión de combinar una política bilateral con una multilateral.
En la definición de qué es lo negociable y qué no, tendría que haber un acuerdo nacional, es decir, un consenso entre los sectores económicos, políticos y la sociedad organizada.
La relación con Estados Unidos debe acudir también al plano multilateral e incluso a alianzas con organismos públicos y privados, y con naciones que sean afectadas por la política migratoria, comercial y diplomática que pretenda imponer el nuevo Gobierno de Washington.
Ante la posibilidad de la violación masiva de derechos humanos de mexicanos en Estados Unidos, el Gobierno de México podría y debería recurrir a la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, así como a la Organización de Estados Americanos y a los múltiples organismos de la ONU.
México tendrá que afrontar la renegociación del TLCAN que impondrá el Gobierno de Trump, cuya premisa es que el tratado ha sido perjudicial para EU y benéfico sólo para México. Reclamará mayores concesiones en los rubros de inversión, de propiedad intelectual y de componentes estadounidenses en las manufacturas que se exporten desde nuestro país.
México tendría que hacer notar que la asimetría en tamaño de las economías, tecnología, infraestructura, capacidad de innovación, productividad y competitividad es mayor ahora que en 1994, cuando entró en vigor el TLCAN. Las causas económicas de ello, igual que las de política neoliberal, tendrían que ser objeto de negociación externa y también de revisión en nuestro país.
El éxito en el frente externo, bilateral ante EU y multilateral, depende de una política exterior anclada en políticas internas. Ante la debilidad del Gobierno de Enrique Peña Nieto, una manera de ampliar el margen de maniobra de la administración, sería la transformación del gabinete en un Gobierno de coalición para la defensa de lo que no es negociable para nuestro país y para apoyar en lo que se puede negociar.
Es cierto que al haber faltado una reforma del Estado para que el poder se ejerza conforme a normas propias de la democracia, la necesaria unidad política encierra el peligro de seguir sujeta a las pugnas por el poder y al divisionismo mezquino de la corrupción.
Sin embargo, los aspectos vulnerables de México obligan a un encuentro del país consigo mismo y a tratar de ampliar las capacidades de autodeterminación nacional en aquello en lo que sea posible, como la producción alimentaria, la estrategia de seguridad interior, las reformas jurídicas ajustadas a las condiciones sociales y no sólo a las exigencias mercantiles, y otros aspectos que la unidad de las mayores fuerzas sociales y políticas llegara a identificar. EstePaís
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GUILLERMO KNOCHENHAUER es profesor de la UNAM y candidato a maestro en Historia por el CIDHEM.
DOPSA, S.A. DE C.V
