El expresidente Ernesto Zedillo, junto con otros 92 expresidentes y jefes de estado, hicieron un llamado para atender la crisis económica que se avecina como consecuencia de la pandemia. En este texto, Zedillo puntualiza el enfoque que los gobiernos de América Latina deben tomar para sortear la crisis que se viene.
Texto de Ernesto Zedillo Ponce de León 30/04/20
El expresidente Ernesto Zedillo, junto con otros 92 expresidentes y jefes de estado, hicieron un llamado para atender la crisis económica que se avecina como consecuencia de la pandemia. En este texto, Zedillo puntualiza el enfoque que los gobiernos de América Latina deben tomar para sortear la crisis que se viene.
Las naciones de América Latina y el Caribe (ALC) comienzan a enfrentar uno de los periodos más difíciles de su historia. La pandemia de COVID-19, con sus consecuencias en materia de salud pública y su inmenso daño económico, será una perturbación que sin duda sobrepasará cualquier circunstancia adversa que nuestros países hayan sufrido en muchas generaciones.
La magnitud de esta adversidad dependerá, para cada uno de nuestros países, de qué tan alertas estuvieron sus gobiernos a los primeros signos de la tragedia y qué tan hábiles fueron en ejecutar las decisiones correctas. Lamentablemente, las políticas en reacción a la pandemia en ALC han sido bastante desiguales. Algunos gobiernos tomaron medidas prontas, decisivas y eficaces, haciendo de la protección de la salud pública su objetivo principal.
En otros casos notables, sin embargo, los preparativos fueron parsimoniosos y francamente incompetentes. Esos gobiernos han fracasado en crear una verdadera concientización sobre la complejidad de la situación, han ignorado o minimizado los riesgos derivados de la pandemia; ya sea por ignorancia o con dolo, han desinformado a sus ciudadanos; además, con frecuencia han menospreciado la evidencia científica, las lecciones aprendidas en otros países afectados gravemente por la pandemia, y las opiniones de sus propios expertos. Lejos de unir a la sociedad para combatir y derrotar la pandemia, algunos líderes han de nuevo apostado por la división, la demagogia y el populismo, como si no vieran en esta crisis un desafío, sino más bien una oportunidad de reafirmar su poder político.
“Los líderes que han decidido jugar a la política frívola, en lugar de utilizar todos los instrumentos y capacidades a su disposición para confrontar la tragedia, quedarán bajo la sospecha de haber optado, al menos durante un tiempo, no por una estrategia que contuviera la epidemia, sino por el objetivo de dejar correr el contagio prácticamente sin cortapisas…”
Los líderes que han decidido jugar a la política frívola, en lugar de utilizar todos los instrumentos y capacidades a su disposición para confrontar la tragedia, quedarán bajo la sospecha de haber optado, al menos durante un tiempo, no por una estrategia que contuviera la epidemia, sino por el objetivo de dejar correr el contagio prácticamente sin cortapisas a fin de alcanzar una inmunidad comunitaria con relativa rapidez, creyendo erróneamente que este enfoque reduciría el daño económico –y el daño a su popularidad personal– causado por la pandemia.
Afortunadamente esta errada creencia ya no parece prevalente. Una de las razones de este viraje probablemente se deba a que, según algunos informes1, una falta total de supresión de la pandemia podría provocar la muerte de 3.2 millones de personas en América Latina y el Caribe en año y medio. No sólo es que tal número de muertes sea pavoroso e indignante, sino también que un fenómeno como el COVID-19 afectará, en su salud y economía, a los más pobres y desfavorecidos en nuestras sociedades. Solamente por esta razón, el argumento ético en contra de la estrategia de una pandemia no mitigada es rotundo; de hecho, cualquier gobierno que siguiera ese camino estaría cometiendo un crimen atroz.
Además, al contrario de lo que piensan algunos, una estrategia de no-contención también sería una muy mala decisión económica. La morbilidad y mortalidad del contagio no mitigado perturbaría en cualquier país los cimientos económicos y el tejido social a un grado que provocaría una destrucción del ingreso nacional adicional, ciertamente mucho mayor que el valor agregado económico que se perdería a través de las víctimas directas de la enfermedad.
En consecuencia, por razones éticas y económicas, la prioridad absoluta de nuestros gobiernos y de nuestras sociedades debe ser, sin duda alguna, la contención de la epidemia para minimizar su morbilidad y mortalidad. Cueste lo que cueste, los gobiernos y las sociedades deben multiplicar lo antes posible las capacidades de prevención y atención médica de sus sistemas de salud. Se debe aprovechar de manera efectiva —y de inmediato— la infraestructura y los recursos humanos de cada país para proteger a la población de la infección y brindar cuidados a quienes necesitan atención médica. Se requieren acciones extraordinarias para esta situación extraordinaria.
La realización de pruebas de infección a las personas, de manera masiva y estratégica, ha estado ausente en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Esta deficiencia ha impedido contar con un diagnóstico bien fundamentado del avance del problema, lo que hará mucho más difícil detener el contagio al ritmo deseable. Las pruebas masivas y estratégicamente dirigidas también serán indispensables para buscar el regreso a la normalidad cuando llegue el momento de intentarlo.
Por supuesto, mejorar los sistemas nacionales de salud en el corto plazo para hacer frente a la pandemia conllevará un esfuerzo presupuestal muy importante; pero no hacerlo resultará aún más caro. El espacio fiscal debe abrirse sacrificando, siempre que sea necesario, otras asignaciones y prioridades presupuestarias.
Como lo demuestra la experiencia de esta pandemia –y de las anteriores también—, para reducir la velocidad del contagio y detenerlo se requiere una acción extremadamente drástica: el confinamiento de las personas para su protección, lo cual obliga a detener de golpe muchas actividades económicas. Sobra decir que esta es una decisión muy difícil, ya que se trata de una de esas rarísimas situaciones en que los gobiernos deben intervenir para inducir una desaceleración severa en la actividad económica, siendo que históricamente tienen el mandato de hacer —y se espera que hagan— exactamente lo contrario. Este es el choque de oferta que muchos países ya están sufriendo y que se refleja, aún con mucha incertidumbre, en preocupantes pronósticos económicos. Por lo pronto, el FMI estima que el PIB de nuestra región sufrirá una contracción del 5.2 por ciento en el 2020, aunque algunos consideran este pronóstico más bien optimista.
Es evidente que en la medida en que el choque de oferta siga su curso, en ausencia de acciones compensatorias efectivas, habrá una tendencia a que el consumo total y la demanda agregada se reduzcan rápidamente. De este modo, el choque de oferta seguido de inmediato por el choque de demanda podría desencadenar una espiral depresiva en la economía. La prevención de esta espiral es el desafío más grande de las políticas económicas alrededor del mundo, y ALC no es la excepción. Nuestros gobiernos y sociedades no deben permitir que esto suceda y, por lo tanto, deben emprender un esfuerzo sin precedentes para evitar la espiral contractiva que llama ya a nuestra puerta. Con ese fin, la preservación de los empleos y al menos una parte de los ingresos de la fuerza laboral debe ser el objetivo principal de nuestras respectivas estrategias económicas. Todos los medios deben usarse para este fin.
Para que puedan ser efectivos, se deben aplicar enfoques diferenciados entre y hacia adentro de los sectores formales e informales de nuestras economías. Cada país debe determinar qué instrumentos fiscales tiene a su disposición. Para los trabajadores y las empresas del sector formal, se debe considerar el aplazamiento o la condonación de contribuciones al seguro social e incluso subsidios directos para gastos de nómina, todo esto condicionado a la preservación del empleo. En el sector informal, se deben implementar transferencias directas de efectivo a los trabajadores. En otras palabras, de lo que se trata es de improvisar un seguro de desempleo sin precedentes en nuestra región, que detenga la destrucción catastrófica del empleo al tiempo que se le pone un piso a la caída del ingreso laboral, evitando así una prolongada contracción económica. Claramente el apoyo a los empleos y a los ingresos de los trabajadores es fiscalmente costoso, pero una depresión económica sería mucho más onerosa para las finanzas públicas. No debe soslayarse que, sin apoyo para el empleo y la demanda agregada, la contracción de los ingresos fiscales y su impacto en el déficit fiscal sería inmensa.
Aunque el apoyo al empleo y a los ingresos de la fuerza laboral debería ser la herramienta principal para prevenir una depresión prolongada, la ayuda para las empresas también es fundamental. Además de los incentivos fiscales para la preservación del empleo, será necesario activar mecanismos temporales para otorgar y garantizar créditos suficientes. Los bancos nacionales de desarrollo e incluso los bancos centrales, deben desempeñar un papel en este frente, pero para ello serán importantes la transparencia, las reglas claras y la ausencia de decisiones discriminatorias y discrecionales.
Deben tomarse medidas para evitar la quiebra de empresas que, no teniendo problemas de solvencia estructural, podrían dejar de existir debido a la recesión y a la ausencia de crédito y liquidez en la economía. Los gobiernos deben tener en cuenta que, si no se evita una quiebra generalizada de empresas, la próxima presa de la crisis será el sistema bancario. Si este llegara a fallar, la totalidad del sistema de pagos, y de hecho toda la economía, colapsaría irremediablemente.
El costo fiscal de apoyar los empleos y las empresas debe compensarse, hasta cierto punto, bastante rápido a través de ajustes en otras partidas del gasto público —corriente y de inversión— de menor rentabilidad social. Además, es muy importante comprometerse con seriedad, desde el inicio, a corregir en un futuro el mayor déficit fiscal que se tendrá, bajo cualquier circunstancia, en el corto plazo, así como el aumento de la deuda pública necesario para hacer frente a la crisis. Obviamente habrá un deterioro en los indicadores esenciales de las finanzas públicas y de la deuda nacional, pero se deben tomar medidas para que dicho deterioro se considere temporal y reversible con el tiempo. Un compromiso conjunto, de los poderes ejecutivo y legislativo de nuestras naciones, con la corrección del mayor déficit fiscal dentro de un plazo razonable, será útil para mitigar el riesgo de la reducción de las calificaciones crediticias que ahora amenaza a muchos de nuestros países. Entre otras medidas, nuestros poderes ejecutivos y legislativos podrían considerar, para entrada en vigor en un plazo perentorio, la adopción de impuestos a las emisiones de carbón y otros gases causantes del calentamiento global. Dada la dramática caida en los precios de hidrocarburos, este es el mejor momento para disponer la penalización fiscal de las las emisiones de dióxodo de carbón pues el efecto en los consumidores sería prácticamente imperceptible. También podrían comprometerse los gobiernos con ajustes a futuro en los esquemas tributarios actuales para corregir tanto sus efectos distorsionantes como su insuficiente capacidad para financiar los bienes públicos que demandan nuestras sociedades.
Al diseñar sus estrategias, nuestros gobiernos deben tener en cuenta que las consecuencias económicas internas se verán seriamente agravadas por condiciones económicas externas particularmente adversas. Todas nuestras economías son interdependientes del resto de la economía global y esto creará una condición sombría, aun en el mejor de los casos, durante los próximos meses. Los canales a través de los cuales se verán afectadas nuestras economías son varios e incluyen una recesión mundial, una fuerte contracción del comercio mundial, el colapso de los precios y de los volúmenes de las exportaciones de materias primas, la interrupción e incluso la destrucción de las cadenas de suministro, la volatilidad y la extrema aversión al riesgo en los mercados internacionales de capital, la interrupción de las inversiones extranjeras directas, y una disminución severa de los ingresos provenientes de la industria del turismo y de las remesas de los migrantes.
Los gobiernos de ALC no deben dudar en acudir a las instituciones financieras internacionales de las que nuestros países son accionistas. Debemos tratar con ellas sobre la base de nuestros propios programas para enfrentar la crisis, sabiendo que para obtener la atención adecuada, nuestras políticas deben ser coherentes, serias y creíbles. Asociarse cuanto antes con las instituciones financieras multilaterales será crucial para moderar las reacciones adversas de los mercados internacionales de capital respecto a las economías emergentes como la nuestras. La colaboración con esas instituciones también ayudará a mitigar el llamado riesgo moral –temor a que se tomen compromisos sin una seria intención de honrarlos. Asimismo, nuestros representantes deben organizarse para solicitar formalmente la tolerancia regulatoria de las instituciones pertinentes. Los reguladores financieros, las agencias de calificación crediticia y las instituciones de normas contables deben adaptar sus criterios para hacer frente a circunstancias sistémicas excepcionalmente adversas.
La voz de América Latina en el mundo se debe oír más fuerte de lo que se ha oído hasta ahora. Nuestros líderes deben pedir con firmeza la cooperación internacional para enfrentar la crisis. Es triste que no hayan repudiado el unilateralismo, la propagación de desconfianza, las declaraciones nacionalistas basadas en el miedo y las políticas proteccionistas que vergonzosamente han venido desplegando gobiernos de países poderosos, señaladamente el de los EUA. En lugar de permanecer callados o actuar con timidez en los foros internacionales, nuestros gobiernos debieran ser más resueltos en proponer un esfuerzo coordinado para aumentar los suministros médicos que permitan atender de manera satisfactoria la demanda mundial y aumentar sustancialmente los recursos disponibles para instituciones como la Organización Mundial de la Salud.
Nuestros gobiernos también tienen la responsabilidad de pedir con firmeza la coordinación internacional para hacer frente a las consecuencias macroeconómicas de la pandemia. Las acciones coordinadas exitosas de los bancos centrales clave para estabilizar los mercados financieros de las economías avanzadas hace unas semanas acreditan una vez más que la coordinación y la cooperación internacionales son en beneficio e interés nacional de todas las partes. Sin embargo, se requiere mucha más cooperación en todos los demás aspectos de las políticas económicas. Sólo a través de una excepcional colaboración internacional se mitigará el daño y se logrará la recuperación en todo el mundo.
Los gobiernos latinoamericanos deben hacer un fuerte llamado para aumentar la capacidad de apoyo crediticio de las instituciones financieras internacionales. En particular, nuestros gobiernos deben apoyar firmemente una asignación de derechos especiales de giro (DEG) en el FMI equivalente al menos a 500 mil millones de dólares, con el fin de aumentar las reservas internacionales de cada miembro de la institución, ya que serán requeridas con urgencia dadas las circunstancias difíciles que se enfrentan en los mercados internacionales de capital.
En lugar de recurrir de nuevo a los métodos populistas que han utilizado en el pasado para su éxito electoral, algunos de nuestros líderes deberían reconocer que la única estrategia éticamente válida, para vencer a la pandemia en cada uno de nuestros países, implica apegarse a los valores democráticos y entender que se requiere más que nunca de la confianza entre ciudadanos y gobernantes. Para ganar esa confianza, en vez de alentar ilusiones infundadas, nuestros gobiernos deben confiarle a la gente la verdad, por más abrumadora que esta sea. La confianza no se crea con poses demagógicas sino con políticas sensatas; se crea actuando conforme a un sincero sentido de responsabilidad, no por un afán de popularidad personal. Cierto, la confianza también se construye alentando la esperanza, pero esta debe darse a partir de la verdad, no de su ocultamiento sistemático. La confianza asimismo la inspira la humildad para escuchar, aprender y convocar a la colaboración; se nutre de promover la unidad de propósitos y de acción, nunca de la intolerancia, la arrogancia y la descalificación. En suma, la confianza, que hoy precisamos más que nunca, solo puede construirse respetando sincera y efectivamente los principios de la democracia. Ahora que la democracia —después de batallas duramente ganadas— no es la excepción sino la regla en América Latina, la pandemia, lejos de ser una excusa para debilitarla, debe ser una poderosa razón más para fortalecerla. EP
1 Patrick GT Walker, Charles Whittaker, Oliver Watson et al. The Global Impact of COVID-19 and Strategies for Mitigation and Suppression. Imperial College London (2020). Disponible en: https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-Global-Impact-26-03-2020v2.pdf
Nota: Este artículo está basado en las notas preparadas por el autor para la redacción de un documento suscrito por un grupo de cuatro expresidentes y varios economistas de América Latina publicado en distintos medios internacionales, que se puede consultar aquí.
DOPSA, S.A. DE C.V
