Leonardo Curzio (LC): Gracias por atender a la revista Este País. Presidente, usted ha dicho que hay una grave crisis de confianza de los ciudadanos hacia los jueces, una falta de cercanía y sintonía de los impartidores de justicia con los ciudadanos comunes y corrientes, ¿de qué manera se puede cambiar esta situación con la reforma que usted propone? 

Arturo Zaldívar (AZ): En efecto, esa desconfianza y esa falta de cercanía fue parte de un diagnóstico, del cual partimos desde que asumí la Presidencia de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, que nos llevó a implementar una verdadera autorreforma al interior del Poder Judicial, con la finalidad de reducir esa brecha entre la sociedad y sus jueces. Esa renovación interna se centró en los ejes de combate al nepotismo y la corrupción, en la austeridad y el uso eficiente de los recursos públicos, en el fortalecimiento de la carrera judicial para la formación de un nuevo perfil del juzgador y la juzgadora federal, en la consolidación de la defensoría pública, así como en la implementación de medidas de paridad de género. Estos mismos ejes se retoman en la propuesta de reforma judicial, con el objetivo de profundizar y consolidar la ruta que hemos trazado, así como para que podamos avanzar más lejos y dejar un Poder Judicial renovado para las administraciones futuras. 

LC: No es fácil entender el lenguaje de los jueces, bajo su administración se ha fomentado la divulgación de formatos de lectura fácil de algunas sentencias, pero ¿de qué manera pueden hacerse comprensibles, tanto en español como en otras lenguas, las sentencias de los magistrados? 

AZ: Desde que llegué a la Corte he buscado contribuir a que el lenguaje de las sentencias sea claro y accesible para las personas. De hecho, como bien dices, fui ponente de la primera sentencia en formato de lectura fácil. La manera como puede permear esta cultura a todos los jueces del país es a través de la capacitación. Las personas impartidoras de justicia deben tener la capacidad de elaborar argumentos sobre interpretación constitucional altamente sofisticados y explicarlos de manera que parezcan claros y sencillos para el resto de las personas. Es por ello que uno de los aspectos fundamentales de la reforma es el fortalecimiento de la escuela judicial, a través de la cual las juzgadoras y los juzgadores aprendan a hacer sentencias que sean comprensibles para todas y todos. 

LC: Decir que la defensoría de oficio debe convertirse en defensoría del pueblo supone una transformación enorme, no sólo profesional sino también de comprensión sociológica de la circunstancia de cada cual e incorporar la perspectiva de género. Señor ministro, ¿cómo se va a conseguir que esto no sea solamente una buena intención? 

AZ: El Instituto Federal de Defensoría Pública ya es, hoy en día, una institución totalmente diferente a la que recibí cuando asumí la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal. Durante el primer año de mi gestión se creó la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, se estableció un área de ciencias forenses, se aumentaron de 39 a 103 las variantes lingüísticas en las que se puede brindar atención en el instituto, se creó la asesoría especializada en atención a personas en cuanto a movilidad y sujetas a protección internacional, se instauró el Observatorio Ciudadano sobre Derechos de Personas con Discapacidad, se representó a adultos mayores, indígenas y personas con enfermedades crónicas para que pudieran acceder a beneficios preliberacionales, se creó la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura y Malos Tratos, se estableció el sistema de telefonía Defensatel y, finalmente, para la gestión de servicios del instituto se implementó el área de Primer Contacto y un sistema de citas que ha permitido reducir los tiempos de espera. El reto es profundizar en estos cambios. Llegar a más lugares, tener defensoras y defensores públicos de carrera, cada vez mejor capacitados, para brindar una asesoría y defensa de la mayor calidad posible, a aquellas personas que más lo necesitan. 

LC: ¿Me puede precisar si los nuevos defensores del pueblo van a ampliar sus funciones a temas familiares? 

AZ: Sí, se amplía la atención para intervenir en la promoción de juicios de amparo en materia familiar, la materia más sensible, la más litigada en el país y en la cual se juegan los derechos y el interés superior de las niñas, los niños y adolescentes. Adicionalmente, se prevé que el Consejo de la Judicatura Federal pueda determinar que se preste el servicio de defensoría pública en cualquier otra materia de amparo, más allá de las materias penal y laboral en las que actualmente intervienen los defensores públicos y asesores. 

LC: La reforma, entiendo, plantea una nueva Escuela Federal de Formación Judicial, ¿nos puede comentar cuáles son sus alcances? 

AZ: La Escuela Federal de Formación Judicial será la encargada de la formación del nuevo perfil de juezas y jueces federales, la cual contará con estándares académicos de excelencia y modernos. Su misión será que los juzgadores cuenten con herramientas argumentativas e interpretativas sofisticadas, que les permitan manejar un lenguaje sencillo y claro al resolver los asuntos y tener la sensibilidad humana y social que los acerque a la gente. La escuela estará encargada de llevar a cabo los concursos de oposición para entrar al Poder Judicial y escalar en las diferentes etapas de la carrera judicial. Se busca que el Poder Judicial sea más abierto, de mayor calidad y más plural; a través de los exámenes de oposición no habrá favoritismos, sino que cualquier persona que tenga aptitud e interés podrá ganarse un lugar. La Escuela de Formación Judicial también evaluará y formará a los defensores públicos. Además, mediante convenios de colaboración con las entidades federativas, podrá capacitar y evaluar a los jueces locales para que el nuevo perfil del juzgador llegue a todo el país. 

LC: ¿La escuela organizará los concursos de oposición y también se encargará de la formación de los cuadros? 

AZ: Sí, la Escuela Federal de Formación Judicial será la encargada de realizar los concursos de oposición para entrar al Poder Judicial y escalar a otros puestos dentro de la carrera judicial; tendrá a su cargo la emisión de las convocatorias para cubrir las plazas vacantes, el establecimiento de los criterios de evaluación con ayuda de un comité técnico y la evaluación de los aspirantes en algunas de las etapas de los exámenes. La escuela también estará a cargo del desarrollo profesional dentro la carrera judicial. Tendrá la tarea de crear esquemas de capacitación y profesionalización que contemplen aspectos como los de administración de justicia, protección y defensa de los derechos humanos, igualdad y perspectiva de género, gestión de recursos humanos y administrativos y materias de las distintas ramas del derecho. 

LC:¿Cómo va a gobernarse la escuela y qué mecanismos de control de integridad tiene previstos para que funcione de manera óptima? 

AZ: La Escuela Federal de Formación Judicial participará en el diseño y la organización de los procesos de selección para ser jueza o juez y magistrada o magistrado de circuito, pero el encargado de determinar a los vencedores de los concursos de oposición será un jurado que incluirá a personas ajenas al Poder Judicial de la Federación. Por otro lado, también se prevé que la escuela realice el diseño de los métodos de evaluación aplicados en algunas de las etapas de los concursos, con ayuda de un comité técnico. Por último, los resultados de los concursos de oposición para magistradas o magistrados de circuito y juezas o jueces, podrán impugnarse a través de un recurso de revisión ante el Consejo de la Judicatura Federal. 

LC: El trabajar sentando precedentes es uno de los pilares de esta reforma. Supongo que va a simplificar el trabajo de todo el Poder Judicial y ya no habrá que esperar tanto para tener jurisprudencia, pero ¿esta reforma refuerza el papel de la Suprema Corte como tribunal constitucional? ¿Me podría explicar por qué? 

AZ: Con la reforma se fortalece el papel de la Corte como tribunal constitucional. Por un lado, se establecen mecanismos que le permitan enfocarse en la resolución de los asuntos más relevantes en materia de constitucionalidad y derechos humanos. Esto va a permitir dedicar mayores esfuerzos a la emisión de sentencias muy sólidas y que tengan un impacto en toda la sociedad. Por otra parte, la reforma plantea avanzar hacia un sistema de precedentes. La idea es que toda resolución de la Corte que obtenga una votación calificada sea obligatoria para el resto de los órganos jurisdiccionales del país. Este es un cambio importante que va a redundar en beneficio de los ciudadanos; ya no será necesario que un mismo tema se aborde cinco veces por la Corte, como hoy ocurre, sino que se generará la jurisprudencia con un solo asunto, lo cual va a evitar gastos innecesarios y va a facilitar que los criterios protectores de la Corte se apliquen por todos los juzgadores. 

LC: ¿Qué se retoca del Consejo de la Judicatura Federal con esta reforma? 

AZ: Esta reforma no toca la estructura y organización del consejo. Los problemas del Poder Judicial no están en el diseño de sus órganos cúspide, sino en la corrupción y el nepotismo que, aunque no son generalizados, existen y debilitan a la institución. Por ello estamos proponiendo la expedición una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que le da mayores facultades al consejo para combatir estos fenómenos, así como el acoso sexual. Concretamente, se fortalecen las medidas cautelares que el consejo puede dictar en casos de investigación de procedimientos disciplinarios, para no tener que esperar hasta que concluya la investigación para llevar a cabo acciones en casos donde haya indicios claros de corrupción. Al mismo tiempo, se establecen parámetros claros para la designación, adscripción, ratificación, remoción e inhabilitación de jueces y magistrados, todo ello con el objetivo de garantizar una justicia de mayor calidad para la población.

LC:¿Se crean nuevas competencias o tribunales especiales para casos de alto impacto, como Ayotzinapa? 

AZ: No se trata de tribunales especiales, sino de la designación, por parte del Consejo de la Judicatura Federal, de órganos jurisdiccionales existentes que concentren los asuntos vinculados a casos de violaciones graves de derechos humanos, como el caso Ayotzinapa. La finalidad de este mecanismo es que los asuntos se resuelvan en forma coherente y expedita. 

LC: El 12 de febrero ocurrió un hecho inusual en el país: usted acudió a la conferencia presidencial de las mañanas y ahí el presidente endosó su reforma y después los senadores los visitaron en la sede de la Suprema Corte. ¿No es un poco laberíntica esta forma de proceder? Le pido que nos comente qué razones lo motivaron a seguir esta ruta. 

AZ: Más que laberíntica, me parece que es una expresión histórica de respeto a la independencia judicial. El Poder Judicial de la Federación no cuenta con la facultad de iniciar leyes ante el Congreso de la Unión. Sin embargo, la autonomía e independencia del Poder Judicial conlleva la necesidad de que sea tomado en cuenta en toda reforma que tenga que ver con su funcionamiento. Por ello, el 21 de octubre de 2019 y con representantes de los tres poderes, se anunciaron en el Senado de la República los trabajos para una reforma con y para el Poder Judicial. Posteriormente, en el informe de labores que rendí el 11 de diciembre de ese año, anuncié que estábamos en proceso de elaboración del proyecto y anticipé sus ejes. Este ejercicio inédito de colaboración entre poderes culmina precisamente el 12 de febrero, con la suscripción de la iniciativa por parte del presidente de la república y con la entrega del proyecto a los senadores. Esto pone de manifiesto el respeto, la colaboración y el apego estricto a las facultades y a los principios constitucionales que rigen a cada uno de los tres poderes.

LC: Debo suponer que, si el presidente endosó su reforma, al mismo tiempo la blindó de que algunos legisladores, de su propio partido, le pudiesen meter mano, porque —usted me corrige— entiendo que había hasta un centenar de reformas al Poder Judicial en el Poder Legislativo. 

AZ: Durante el último año se presentó una gran cantidad de iniciativas relativas al Poder Judicial de la Federación, algunas eran muy agresivas, otras incluso ponían en riesgo su independencia y autonomía. Desde que llegué a la Presidencia precisé que tales cambios legislativos no eran indispensables, que a través de la implementación de políticas públicas podía lograrse un Poder Judicial más cercano a la gente. Después del trabajo de un año quedó demostrado, con hechos y cifras, que este cambio desde el interior es posible. En este sentido, la firma de la iniciativa la veo más bien como una deferencia a nosotros y a ese trabajo que hemos venido realizando. Ahora bien, la facultad de aprobar esta reforma corresponde a los legisladores y, en este sentido, ellos pueden enriquecerla, ajustarla, corregirla e incluso mejorarla en lo que sea necesario. Esto es totalmente facultad del Poder Legislativo. 

LC: La reforma, entiendo, corrige desviaciones, mejora la política de adscripciones y propende a que el Poder Judicial sea más sensible a las circunstancias de los ciudadanos. Le ruego me explique cuáles son los mecanismos previstos para conseguir estos objetivos.

AZ: En cuanto a la política de adscripciones, nunca en la historia del Consejo de la Judicatura Federal había existido una política que guiara la toma de decisiones en esta materia. El proyecto propone elevar a rango de ley las políticas que hemos establecido para el desarrollo de la carrera judicial; es decir, en cuanto a adscripciones, readscripciones, reincorporaciones y ratificaciones, lo que ayudará a garantizar una mejor impartición de justicia para los ciudadanos, ayudará a consolidar la legitimidad de los órganos jurisdiccionales y fortalecerá el Estado de Derecho. 

LC: ¿Habrá una ley que reglamente el servicio profesional y también sea marco de la política de adscripciones y los procedimientos de responsabilidad administrativa? 

AZ: Este es uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa. Se prevé la expedición de una Ley de Carrera Judicial en la que se regulen todos los aspectos relativos al ingreso, la promoción y la permanencia en la carrera judicial, para finalmente contar con una legislación unificada, exclusiva y especializada en esta materia. Se establece que todas las plazas dentro del Poder Judicial se obtengan mediante concursos de oposición, evitando así criterios subjetivos de selección y favoritismos; privilegiando la meritocracia, los conocimientos y las capacidades de cada persona. Esta ley también contempla que la permanencia de los integrantes de la carrera judicial estará sujeta a la evaluación de su desempeño. Además, se establecen como requisitos para ratificar a magistrados y jueces no haber sido sancionados por falta grave, tener una evaluación satisfactoria y contar con seis años en el cargo, entre otros criterios que se establezcan en acuerdos. También es importante mencionar el esfuerzo que hace la iniciativa en cuanto al combate al acoso y hostigamiento sexual, con el fin de generar un ambiente libre y seguro para las mujeres, así como la inclusión de la paridad de género en la carrera judicial, para tener más y mejores mujeres en más y mejores puestos. 

LC: El nepotismo puede llegar a ser una forma de corrupción, pero en el Poder Judicial parece que en muchos sentidos era una práctica inveterada, una suerte de usos y costumbres, ¿puede combatirse, con la reforma, una práctica tan arraigada que incluye alguna sofisticación como el nepotismo cruzado? 

AZ: Durante mucho tiempo el nepotismo no estuvo mal visto en el Poder Judicial. Se consideraba que la vocación por la judicatura se transmite de generación en generación y que era natural encauzar a los hijos hacia la carrera judicial. Esto tiene algo de cierto, en cuanto a que muchas personas adquieren esta vocación en el núcleo familiar, pero lo que tiene que cambiar es la manera en que se accede a los cargos. En la reforma, el nepotismo se combate con varios mecanismos. En primer lugar, a través del fortalecimiento de la carrera judicial, donde se privilegia la meritocracia y no los lazos familiares. Además, se establecen varios supuestos de nepotismo como causa de responsabilidad, incluyendo los nombramientos cruzados; se prevé que quedarán sin efecto los nombramientos otorgados en contravención a las reglas, se establece una obligación de declarar las relaciones familiares y un padrón. Finalmente, también se establece el nepotismo como causa para readscribir a jueces o magistrados, lo que permite desmantelar redes de conflictos de interés. Esta política ha venido implementándose desde que asumí la Presidencia, por lo que hoy estos conflictos de interés derivados de las relaciones familiares son prácticamente un problema resuelto a nivel de titulares de órganos jurisdiccionales. 

LC: La iniciativa no contempla la reforma de la justicia en los estados, pero, ¿espera que tenga un impacto en la forma en que se imparte justicia en la estructura territorial? 

AZ: No va a haber justicia ni un cambio paradigmático mientras no se reforme la justicia local. A pesar de que esta reforma está dirigida al Poder Judicial de la Federación, va a tener impacto en la justicia local a través de tres vías. Primero, mediante el sistema de precedentes que creará una doctrina constitucional vinculante para los juzgadores de todo el país; segundo, la Escuela de Formación Judicial tendrá la facultad de celebrar convenios con los poderes judiciales locales para la capacitación de los juzgadores mediante cursos y programas; y, sobre todo, a través del fortalecimiento de la defensoría pública, de manera que el juicio de amparo pueda estar disponible para las personas más desprotegidas y vulnerables en todos los rincones del país. EP

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