En 2006 yo no podía votar, pero recuerdo muy bien el eslogan de López Obrador: «Por el bien de todos, primero los pobres.» En su momento, como adolescente, esta frase me parecía muy potente, ahora como adulta, y dos elecciones después, sigo pensando que es importante. En un país de extrema violencia económica apelar por la justicia social es urgente: no puede haber bienestar social si hay pobreza, o peor aún, como el caso de México, pobreza alimentaria. 

Entonces hubo muchos detractores del enunciado: les parecía que la frase era demagógica y que un presidente debía de «gobernar para todos, también los ricos o la clase media.» Pero el bien de todos requiere de un país justo, en el que no exista una mitad de la población pobre. Si queremos un país más seguro y más próspero no podemos ignorar la extrema violencia económica con 53.3 millones de personas viviendo en pobreza según OXFAM México (2015).

Hoy es pertinente hablar no sólo de la mitad más pobre, sino también de la otra mitad de la población: las mujeres. Cuando una exige derechos para nosotras, nunca falta el varón que salta indignado: como si el que nosotras demandemos condiciones de vida justas le quitara derechos a él. La lógica de quienes se molestan ante las demandas de las mujeres es algo parecida a la de quienes se incomodan que se atienda, por el bien de todos, a quienes viven en pobreza. Si a uno nunca le faltó quien lo llamara «populista» por priorizar a los más vulnerables, a las otras, nunca nos falta quien nos grite «feminazis». 

Hoy, el presidente que nos llamaba a preocuparnos por los más pobres tiene una deuda clara con las mujeres y también con las mujeres más pobres: porque la pobreza también cruza género. Cuando ha dicho que el «pueblo decida» a través de una consulta el derecho al acceso al aborto, traiciona a las mujeres por plantear someter a votación su salud, porque los derechos deben de ser garantizados: no se consultan, no se votan: se otorgan. Pero sobre todo, traiciona a las mujeres más pobres: a las que no pueden acceder a un aborto seguro porque simplemente no pueden pagarlo o no pueden pagar su traslado a la Ciudad de México para abortar de forma legal. Las mujeres ricas, en cambio, pueden abortar con o sin ley, con o sin consulta, con o sin permiso «del pueblo».

Cuando presidencia termina con el programa de estancias infantiles traiciona a las mujeres, que son quienes realizan la mayor parte de los trabajos de cuidado, y que a nivel nacional, dedican semanalmente 19 horas más que los hombres a actividades no remuneradas. 

Cuando el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, sostuvo que las «abuelas cuidan mejor a los niños» que las guarderías, no sólo refuerza estereotipos de género para justificar el recorte por austeridad de las estancias infantiles; también traiciona a las madres, sobre todo a las madres con menos capacidad económica para pagar una guardería privada mientras salen a trabajar. Que Urzúa no esté más en el gabinete no ha devuelto las estancias infantiles, lo que probablemente hable de una política de Estado. 

Cuando, excusándose en la austeridad, se recortan a los refugios para madres e infancias que viven violencia, el gobierno traiciona a las mujeres y a sus hijos, pero sobre todo a las mujeres con menos capacidades para escapar de la violencia al no tener una red de apoyo o los recursos económicos para huir. Si bien el maltrato en los hogares cruza distintas clases sociales, son las mujeres más empobrecidas también las más vulnerables: las que no pueden desplazarse a otro lugar, pagar una casa lejos del agresor o acceder a asesoría legal.

Además, como señala ONU mujeres, las mujeres y niñas que viven en la pobreza son más vulnerables a la explotación sexual, incluida la trata. También, entre las más vulnerables a vivir violencia sexual o rezago y pobreza están las mujeres que viven con alguna discapacidad y la administración actual no ha priorizado al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS). 

Cuando el presidente ignora las demandas de las mujeres, como la de la periodista Isabel González que ha sufrido amenazas contra su vida, cuando las simplifica o las ridiculiza, lo que hace es no sólo traicionar a las demandas de los periodistas que enfrentan un país con un alto número de asesinatos y amenazas, también a las mujeres víctimas de amenazas, porque manda un mensaje contundente: la violencia en contra de ella no es realmente tan importante, no es algo que deba de tomarse en serio. 

Cuando el presidente, por el que muchas mujeres votamos, dice cosas como «ni machista ni feminista, humanista» da a entender que no ha sido asesorado o, peor aún, que no se ha dejado asesorar en materia de género, porque lo que reproduce es una frase ignorante de lo más común en los círculos de derecha, un machismo cotidiano, que invisibiliza la digna lucha de las mujeres que salimos a la calle para denunciar las violencias que vivimos. 

Ni el gobierno federal ni el gobierno de la Ciudad de México son responsables de las desastrosas administraciones que heredaron, pero ahora son gobierno y tienen la responsabilidad de atender las demandas por acabar con la impunidad y prevenir la violencia contra nosotras, pero sobre todo, contra las más pobres. El reto es grande y sirve de muy poco tener un gabinete paritario o una alcalde mujer si se banalizan las demandas de las feministas o si se habla de ellas como si fueran manipuladas por un adversario político, infantilizando y subestimando intelectualmente a las mujeres que alzan la voz.
Queremos un país libre de violencias: con un alto a los asesinatos y a las desapariciones forzadas, con condiciones dignas para sus trabajadores y por supuesto, para sus trabajadoras. Necesitamos, por el bien de todos, una vida libre de violencia, también para las mujeres. EP

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