¿Es posible superar la pobreza según la percepción de los empresarios mexicanos? ¿Existen en su opinión medios eficaces y asequibles para erradicarla o reducirla significativamente? Estas preguntas son pertinentes porque suele considerarse que existe una mayor conciencia social entre las élites cuando éstas se convencen de que es factible erradicar la pobreza y existen medios eficaces y asequibles para hacerlo. Para responder a estas preguntas, se presentan los resultados de una investigación realizada por el Instituto Mora para la que se entrevistaron a empresarios de diversos países —incluidos 108 mexicanos—, pequeños, medianos y grandes.¹ Como se muestra en este artículo, las posturas contrarias al avance de políticas de mayor contenido social responden muchas veces a una visión individualista de la pobreza —fuerte entre algunos sectores del empresariado—, que tiende a considerar  que los pobres son en gran medida causantes de su propia condición, así como a la desconfianza que suele existir frente a la acción del Estado, sustentada en la creencia de su presunta ineficiencia.

La factibilidad de erradicar la pobreza

En México sólo cuatro de cada 10 entrevistados (41%) perciben que es factible erradicar la pobreza en un plazo de 10 años, como puede verse en la Gráfica 1. Entre los empresarios pequeños y medianos (aquellos que comandan a menos de 250 trabajadores), sin embargo, existe una visión más optimista que entre los grandes (quienes están al frente de negocios con más de 250 empleados), como puede apreciarse. Cabe mencionar que gran parte de los entrevistados considera que erradicar la pobreza tomaría al menos una generación (unos 20 o 30 años), otros sugirieron plazos mucho más prolongados y otros más consideraron que simplemente es “utópico” pretender erradicar este mal. Queda claro, en suma, que la percepción de factibilidad es baja, incluso menor que en países centroamericanos, donde también se aplicó esta encuesta.

Para conocer la deseabilidad y viabilidad de implementar políticas específicas para superar la pobreza, los entrevistados respondieron una serie de preguntas sobre un conjunto de medidas de contenido social, algunas de las cuales fueron presentadas por los principales candidatos a la presidencia de México durante el periodo electoral de 2018. Como puede verse en la Gráfica 2, la propuesta que concita un mayor apoyo entre el empresariado es la creación de un programa de infraestructura, planteado como una estrategia para promover la generación de empleos. La segunda es elevar el salario mínimo de forma gradual en los próximos seis años hasta duplicar su valor en términos reales, propuesta por Andrés Manuel López Obrador y otros candidatos presidenciales. En tercer lugar está el otorgar acceso universal a servicios públicos de salud. Las políticas que concitan un menor apoyo son la renta básica, propuesta por Ricardo Anaya, y la creación de un seguro de desempleo.

Si bien la propuesta de crear un empleo para jóvenes que no estudian ni trabajan goza de un apoyo importante, a lo largo de las entrevistas se observó que las posturas frente a este grupo de la población están altamente influidas por prejuicios y visiones individualistas, ya que la pobreza suele considerase como una responsabilidad de quienes la padecen. Algunos entrevistados ni siquiera escuchaban bien la pregunta ni llegaban a reflexionar sobre su contenido. Al escuchar “jóvenes que no estudian ni trabajan”, simplemente reaccionaban para emitir algún juicio sobre los “ninis”. Un empresario medio de Ciudad Juárez se pronunció en contra de la medida por considerar que “más que regalar dinero debemos construir una cultura de la meritocracia”. Una empresaria grande de la capital mexicana dijo no estar de acuerdo porque “nada es gratis” y los jóvenes “deben poner de su parte”. Cuando se le intentó explicar que se trataba precisamente de brindarles una oportunidad para trabajar, contestó: “No me digas que le vas al Peje, Hernán. Por favor, muchos ninis se están rascando la panza”.

La oposición a una propuesta como ésta emana también de visiones antiestatistas. Están quienes simplemente creen que la generación de empleos es tarea exclusiva del sector privado y el Estado no debe intervenir en ella. De igual forma, un empresario grande de la Ciudad de México señaló que resultaría innecesario promover una medida así porque ya existen numerosas oportunidades laborales en el país. A su juicio, las políticas de empleo deben ser “para todos parejo”, pues sería discriminatorio promoverlas específi camente para un sector. Muchos de los empresarios entrevistados asumen que los jóvenes no desean trabajar ni estudiar; es decir que se trata de una elección personal antes que el resultado de la falta de oportunidades. Así lo ejemplifi ca la postura de un empresario mediano en Sinaloa, quien señaló: “¿Un programa de empleo para los ninis? Pero, ¿qué les vas a poner a hacer? ¡Si no saben hacer nada! Es como el hijo tonto que tienes que pasarle una mesada porque te sale más barato. ¿No estudias ni trabajas? No tienes ambición, no tienes ganas de salir adelante, estás en la fl ojera total, eres pusilánime, te dejas llevar por la corriente. Entonces, qué, ¿vas a ser una carga al Estado? No creo que sea correcto”.

Tras escuchar esta respuesta se le insistió al entrevistado: “La idea es, por ejemplo, que el gobierno pague para que te pongan a un joven trabajando para ti. ¿Tú lo rechazarías?”. “Yo no lo aceptaría —respondió enfático—, ve tú a saber si ese hijo de la chingada no me mata, me asesina o me roba. No, no, no, yo mejor busco a mis trabajadores en el mercado. El mercado es lo natural”. Respuestas similares, aunque expresadas en otro tono, fueron comunes entre otros empresarios. Un empresario veracruzano medio del sector de la construcción aseguró: “el problema es que no quieren estudiar ni trabajar”. También un empresario potosino de la construcción apuntó: “Yo no creo que el país tenga un problema de desempleo. Esa gente [los ninis] no quiere esforzarse, un programa así sólo los convertiría en mantenidos”. En sentido análogo se expresó un integrante de la Unión Social de Empresarios Mexicanos (USEM), la cual aglutina a 650 empresarios católicos, quien apuntó: “Si no estudias ni trabajas no te estás haciendo cargo de ti mismo, estás esperando que alguien más lo haga”.

Al analizar las posturas referentes a la creación de un seguro de desempleo también encontramos visiones individualistas. Por ejemplo, el gerente de una tienda departamental planteó que una iniciativa como esta “sólo crearía más vagos”; un empresario medio del sector agroalimentario en Aguascalientes sugirió que “crearía un país de conformistas”, y un grande empresario del sector tecnológico dijo que “podría promover a mucha gente floja que no quiere trabajar”. Aquí se hizo patente también un lenguaje de incentivos que suele acompañar los discursos individualistas del empresariado. El director de una empresa del sector agroalimentario, por ejemplo, expresó su oposición a la creación de un seguro de desempleo con el argumento de que éste puede generar, justamente, “el incentivo para no hacer nada”. El planteamiento confirma que parte del empresariado presupone que el pobre es un holgazán en busca de cualquier pretexto para no trabajar.

La propuesta de crear un ingreso básico o renta básica para todos las ciudadanas y los ciudadanos, como se puede observar, tiene un escasísimo margen de apoyo entre el empresariado mexicano. El rechazo a una política social universal y la preferencia por políticas dirigidas o programas enfocados en grupos específicos, se expresaron claramente como razones para rechazar la propuesta de renta básica, aunque el grueso de los empresarios tiene muy poca información sobre ella. El rechazo a esta propuesta está particularmente teñido de visiones individualistas. Un entrevistado vinculado a la USEM señaló que la renta básica “atentaría contra la dignidad de la persona” porque “no te hace capaz de hacerte valer por ti mismo”. También un empresario grande del sector financiero dijo no comulgar con que “se dé algo sin esfuerzo”, mientras uno del sector energético enfatizó: “creo en la cultura del esfuerzo y el trabajo en igualdad de condiciones. No en que a una persona se le dé un ingreso mínimo sin importar si trabaja o no. Estaríamos generando una sociedad de asistidos”.

El salario mínimo

Entre los empresarios mexicanos existe un consenso amplio a favor de incrementar el salario mínimo. Como se desprende de la Gráfica 3, al menos nueve de cada 10 entrevistados se inclinaron por algún tipo de aumento, sin que se registren diferencias muy significativas por el tamaño de las empresas.

A pesar del considerable apoyo a aumentar el salario mínimo, algunas voces plantearon que no debe incrementarse a través de medidas legales o coercitivas, como una ley o un decreto, sino fijado de acuerdo con la “productividad”. En esta misma lógica, otros plantearon que no debe establecerse un salario mínimo, sino “regirse por la oferta y la demanda”; algunos más apuntaron que el concepto de salario mínimo es “obsoleto”, e incluso uno de ellos se refirió a éste como “una métrica para los años ochenta y no para hoy”.

Las posturas individualistas que responsabilizan a los pobres de su propia condición también llevan a algunos empresarios a oponerse a un aumento sustancial en el mínimo. Un industrial señaló, por ejemplo: “No creo en el salario mínimo porque éste no quiere decir otra cosa que tu mínimo esfuerzo para obtener un salario. Es un incentivo perverso para que la gente dé lo mínimo de sí”. Un mediano empresario del sector alimenticio en México señaló que aumentar el salario mínimo en términos reales no es la solución porque “si la persona no sabe invertir no va a saber qué hacer con ese dinero y luego hasta se terminan endeudando más”. Para el empresario “es un problema de falta de educación. Si estuvieran más educados yo les subiría el sueldo, pero en estas condiciones no sirve de nada”.

Las prioridades presupuestales

Para conocer la prioridad presupuestal que el empresariado otorga a las distintas políticas públicas que inciden en el combate a la pobreza y la desigualdad, se preguntó: “En un contexto en el que los recursos son limitados, ¿en cuáles de las siguientes áreas el gobierno debería invertir más o menos recursos que hoy?”. Indudablemente, la educación aparece como la principal prioridad: 75% de los entrevistados respondieron que le otorgaría muchos más recursos. En segundo y tercer lugar, sin embargo, las prioridades presupuestales que establece el empresariado no están directamente relacionadas con el combate a la pobreza y la desigualdad; se inclinan por la seguridad pública y el sistema de justicia. La salud, a pesar de haber sido señalada como una prioridad de política pública, aparece entre las últimas prioridades para asignación de recursos, junto con las universidades públicas, como ilustra la Gráfica 4.

En general, los empresarios mexicanos que no están a favor de incrementar recursos a salud, educación o programas sociales suelen plantear que el problema no es de falta de recursos, sino la manera en que se gastan o que no llegan a quien más los necesita. Este tipo de reflexiones, sin embargo, aparecen mucho menos cuando se trata de temas como la seguridad pública o el sistema de justicia, enfáticamente señaladas por los entrevistados como áreas que requieren mayores recursos en virtud de problemas como la inseguridad y la ineficiencia de la justicia. Al referirse a la salud, no faltó algún empresario que planteara la necesidad de privatizar instituciones que imparten el servicio, como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios a los Trabajadores del Estado, con el argumento de que “tienen muchas

prácticas de corrupción y los recursos no le llegan a la gente”, como planteó un empresario con 25 trabajadores de la Ciudad de México.

En distintos momentos de nuestras entrevistas, el énfasis en la educación fue planteado en clave individualista, como una estrategia para enseñar a las personas a “valerse por sí mismas”, con la vieja y conocida frase de “no dar el pescado sino enseñar a pescar”, como refirió un gran empresario afiliado a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) al preguntarle qué tipo de acciones pueden reducir de forma más significativa la desigualdad en la distribución del ingreso. De forma similar respondió el propietario de una embotelladora, quien planteó: “La educación es primordial porque con educación la gente sabrá gastar mejor su dinero, hacer mejores elecciones de vida, invertir mejor lo poco o mucho que tengan. La gente no le echa ganas por falta de educación y por el paternalismo del gobierno que les resuelve todo. Están todo el día echados en la hamaca. ¿Eso es pobreza? ¡No!”.

Los programas de transferencias

Un hallazgo interesante de esta investigación tiene que ver con el débil apoyo que reciben los programas asistencialistas de transferencias condicionadas. En México, como puede verse en la Gráfica 5, sólo 4% de los entrevistados están de acuerdo en otorgarle muchos más recursos al hoy desaparecido programa Prospera, desaparecido ya al momento de publicar este artículo.

La visión individualista de la pobreza lleva a muchos empresarios a rechazar este programa. Varios de ellos apuntaron, por ejemplo, que las transferencias generan “autocomplacencia” y “acomodo”. Otros expresaron dudas acerca de si una transferencia en efectivo constituye “un incentivo a mejorar”, como fue el caso de un gran empresario del sector industrial, mientras que un joven empresario con 22 trabajadores se pronunció porque se den menos recursos a Prospera, para que la gente “salga de su zona de confort y trabaje”.

Expresiones como estas muestran una postura que atribuye una innata condición de holgazanería entre los pobres, de la que es necesario “sacarlos” a través de incentivos adecuados. Efectivamente, en este tipo de expresiones yace la creencia de que los pobres buscan evitar a toda costa trabajar. Un empresario mediano del estado de Michoacán, caracterizado por sus posturas individualistas, se refirió en términos especialmente negativos frente al programa: “Prospera es paternalismo. Le solucionan la vida a la gente en lugar de promover desarrollo. La gente en la costa está tirando la hueva cuando tienen ostión y pescado a la mano. Ese programa vuelve a la gente floja. Quizás en zonas más pobres del país sirvan; aquí en Michoacán, no. Hay que enseñar a la gente a producir o a vender sus productos”. EP

1 Se encuestaron a 55 directivos de empresas con menos de 250 trabajadores, considerados pequeños y medianos empresarios; a 45 empresarios con más de 250 trabajadores, para representar a los grandes, así como a ocho representantes de grandes empresas que comandan a más de 25 mil trabajadores. Del total, 71% dijeron estar afiliados a algún tipo de cámara empresarial y el resto señaló no pertenecer a ninguna.

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