¿Qué es una organización de la sociedad civil? Según la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por la Sociedad Civil de 2007, “la sociedad civil se refiere al grupo de instituciones, organizaciones, asociaciones, o movimientos sociales dedicadas a la asistencia social, a la promoción social, al desarrollo comunitario o a la defensa y promoción de los derechos. Estas organizaciones —comúnmente llamadas ONGs— comparten algunos rasgos definitorios: autonomía e independencia del gobierno, actividades no lucrativas y esfuerzos destinados a obtener el bien público, ya sea por medio de la promoción de servicios o por medio de la defensa de los derechos. Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de la cohesión social y la democracia, así como en el fortalecimiento de la ciudadanía y la participación social”.¹

En su espléndido ensayo sobre la historia de la sociedad civil en México,² Mariclaire Acosta —fundadora de varias entidades— señala que las primeras organizaciones en México se pueden encontrar en los años cincuenta; son entidades de clase media ligadas a la Iglesia católica en medio de un Estado laico, cuyo campo de acción fueron los grupos de menores ingresos de la sociedad. Los años sesenta vivieron intensas movilizaciones de estudiantes y profesionistas que quedaban fuera del amparo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el partido hegemónico, sin cuya aprobación nada se movía políticamente en el país. Acosta señala que los más importantes de estos movimientos se dieron entre los estudiantes de Morelia y entre los doctores del llamado “movimiento médico”, que involucró cuatro paros laborales entre octubre de 1964 y noviembre de 1965. Los intelectuales también desempeñaron un papel precursor; por ejemplo, cuando el presidente Díaz Ordaz removió de su cargo al director del Fondo de Cultura Económica, Arnaldo Orfila, por la publicación en español de Los hijos de Sánchez, un libro del antropólogo Oscar Lewis que —según el régimen— ofendía a los mexicanos. Entonces Orfila fundó la editorial independiente Siglo XXI.

Pero el movimiento estudiantil de 1968 y la brutal represión posterior fueron el origen de muchas organizaciones de la sociedad civil. Acosta señala que después de Tlatelolco muchos intelectuales y activistas migraron a zonas marginadas, para organizar y trabajar con campesinos indígenas. La llegada de Luis Echeverría al poder significó, entre otras cosas, un giro a la izquierda para paliar los efectos del 68. La llamada “apertura democrática” dio pie a un gran número de organizaciones de izquierda, principalmente en las universidades, como la revista Punto Crítico, que unió a un gran número de intelectuales para reflexionar sobre los mejores caminos de la actividad revolucionaria y discutir los derroteros ideológicos de la izquierda internacional. De acuerdo con Alejandro Álvarez Béjar: “Así, vimos en la edición de una revista el instrumento idóneo para actuar políticamente en los más variados conflictos, para conocer la realidad, para formarnos y ayudar a la formación de numerosos militantes e influir en el trabajo político y organizativo de los frentes de masas.”³

Otras organizaciones nacieron al amparo de la teología de la liberación. Los obispos Sergio Méndez Arceo, de la Diócesis de Cuernavaca, y Samuel Ruiz, de la de Chiapas, fueron clave en la discusión del catolicismo de izquierda y en la organización política de sus comunidades. “Especialmente relevante entre estas organizaciones es el Centro de Comunicación Social —escribe Mariclaire Acosta— una organización católica laica fundada en 1964, que por varias décadas ha provisto de un espacio político para muchas iniciativas de la sociedad civil, todas ellas dedicadas al fortalecimiento de movimientos populares”.⁴ Acosta también le da especial significado a los periodistas e intelectuales que establecieron publicaciones y revistas independientes, como Proceso de Julio Scherer y Vuelta de Octavio Paz, ya que ofrecieron una plataforma para que muchas organizaciones de la sociedad civil se comunicaran con el resto de la sociedad.

Los años setenta están marcados por la aparición de varias organizaciones dedicadas a fortalecer la participación de los sectores más marginados y pobres del país. Su misión era transformar un opresivo orden social y económico en una sociedad más justa, por medio de la acción social concertada. Las actividades de estas ONG se definían por su base regional —como las organizaciones indígenas en Chiapas o las de mujeres en ámbitos urbanos marginados— o por su especialización —como la educación popular, los sindicatos o la promoción de mejores condiciones de salud o vivienda— y muchas operaban casi de manera clandestina. Pero la reforma de 1977, que permitió el surgimiento de las organizaciones y los partidos de izquierda, les dio un enorme respiro y espacio para su acción.

Las revoluciones en Centroamérica en los años ochenta les dieron un propósito adicional y, debido a la represión en esos países, las organizaciones mexicanas también encontraron una causa en la defensa de los derechos humanos. Es también en este contexto cuando aparecieron donantes internacionales como Oxfam Novib y la Fundación Ford. Hay dos organizaciones nacionales que ejemplifican muy bien este giro hacia los derechos humanos: el Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria y la Academia Mexicana de Derechos Humanos, ambos fundados en 1984 como respuesta a la crisis humanitaria en El Salvador y Guatemala. Una vez establecidos, también se comenzaron a ocupar de las violaciones graves a los derechos humanos en México. Hay que leer Entrada libre: crónicas de la sociedad que se organiza de Carlos Monsiváis⁵ para enterarse de la efervescencia política en México después del sismo de 1985: los movimientos urbanos populares, la disidencia magisterial, las organizaciones de costureras, el movimiento estudiantil del CEU. De acuerdo con Elio Villaseñor, autor de Algunos escenarios para la sociedad civil para el 2004,⁶ el terremoto de 1985 y las disputadas elecciones de 1988 —cuando para muchos se consuma un fraude electoral en contra del candidato de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas— son dos acontecimientos fundamentales en el desarrollo de la sociedad civil; es entonces cuando sus organizaciones comenzaron a separarse de los movimientos populares y se convirtieron en entidades más profesionalizadas.

La evolución de las organizaciones de la sociedad civil en los años noventa está íntimamente ligada al desarrollo político del país. Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio las lanzaron a una discusión más amplia, sobre cómo proteger a los más pobres y marginados de los efectos de la globalización. Muchas de estas organizaciones se atrevieron a establecer lazos con sus contrapartes en Estados Unidos —un anatema en una cultura política tan nacionalista como la mexicana— y supieron atraer la atención internacional a las desigualdades creadas por el régimen posrevolucionario. Otra consecuencia de esta internacionalización es que las organizaciones mexicanas se hicieron notar en el extranjero y atrajeron recursos para profesionalizarse. En un periodo relativamente corto, las organizaciones crecieron y se diversificaron. Los partidos políticos de oposición —que también habían entrado en una etapa de efervescencia— vieron a las nuevas organizaciones como aliadas en la democratización del país. Surgieron coaliciones impresionantes, como el Movimiento Ciudadano por la Democracia, encabezado por el doctor Salvador Nava Martínez, después de un fraude electoral en San Luis Potosí en 1991. Nava logró aglutinar organizaciones civiles, frentes políticos y ciudadanos, para defender los derechos humanos y promover una cultura democrática de juego electoral limpio y creíble en el país. O Alianza Cívica, que surgió en 1994 por el acuerdo de varias organizaciones civiles con presencia nacional, con el fin de lograr procesos electorales limpios y confiables.

La aparición del zapatismo fue otro de los grandes detonadores de la sociedad civil, pues atrajo a cientos de organizaciones nacionales e internacionales para buscar una solución pacífica al conflicto. Así, el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional se alió con todas estas organizaciones civiles para avanzar su causa. Otro hecho inédito fue la colaboración de las organizaciones nacionales e internacionales con el sistema jurídico internacional para proteger los derechos humanos. En 1996, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos hizo una visita a México. En 1999 la alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas, Mary Robinson, visitó México, con la intención de firmar un acuerdo de cooperación con el régimen. De acuerdo con Mariclaire Acosta, el éxito de las organizaciones provocó un espejismo, haciéndoles creer que contaban con más poder de influencia del que en realidad tenían. El régimen mexicano estaba sumamente desprestigiado y no era raro que se doblara ante la presión. Escribe Acosta: “Poder Ciudadano, una coalición nacional de 600 ongs es un ejemplo elocuente del estado de optimismo y confianza de las ong en este momento en particular. Habiendo sido creada a finales de 1999 con la intención de llevar a cabo la iniciativa llamada Acción ciudadana por la democracia y la vida se embarcó en la tarea de articular una agenda nacional para presentarla a los candidatos en las elecciones próximas. Esta ambiciosa agenda incluía una nueva política económica, especialmente para el sector agrícola, el reconocimiento de los derechos indígenas, una reforma democrática profunda, incluida la protección efectiva de los derechos humanos y el establecimiento de mecanismos eficientes de participación política, equidad de género y nuevas prioridades presupuestales para la próxima administración.”⁷

Vicente Fox fue el único candidato en abrazar los postulados de esta acción ciudadana, además de invitar a muchos actores de la sociedad civil a ser parte de su gobierno, luego de ganar las históricas elecciones de 2000 y terminar con 70 años del pri. Pero la inclusión de ciertos personajes de la sociedad civil en puestos clave comenzó a tensar las relaciones entre las organizaciones, que empezaron a cuestionarse cuál debería ser su papel. Las diferencias ideológicas se manifestaron e hicieron más evidentes en las disputadas elecciones de 2006, cuando Felipe Calderón derrotó por un margen muy estrecho a su contrincante, Andrés Manuel López Obrador. Según Acosta, debido a estas diferencias, el poder de la sociedad civil como agente del cambio fue disminuyendo en los años 2000, por varias razones. En primer lugar, el liderazgo que se incorporó al gobierno no fue debidamente sustituido; en segundo, había una sensación de frustración entre la gente que tanto empeño puso en la democratización del país, debido a que el gobierno de Fox resultó frívolo y lenguaraz. Además, el financiamiento internacional disminuyó después del proceso electoral y la creciente división ideológica entre las ONG resultó corrosiva.

Durante estos años las ONG sufrieron un cambio importantísimo: de la política de la movilización de los noventa tuvieron que pasar a la política de la influencia y profesionalizarse, pues enfrentaban a una situación más compleja: por un lado, había un rango más amplio de actores —el Congreso, principalmente—, pero también académicos, instituciones autónomas —como el Instituto Federal Electoral o el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información—, además de numerosos organismos multilaterales; por otro lado, las ong operaban en un entorno democrático, con la intención de producir cambios puntuales que perfeccionaran los mecanismos existentes —por más malos que les parecieran— y no para que cambiaran un sistema entero por medio de la movilización popular; por lo cual, tuvieron que adaptarse a esta nueva situación.

Un panel sobre la sociedad civil. los restos en la 4T

Permítanme dar un salto de 12 años en este relato. Es el 6 de septiembre de 2018. Estamos en un estudio de Canal 22 Haydeé Pérez de Fundar, asociación encargada de vigilar el gasto público, Ana Pecova de EQUIS Justicia para las Mujeres, una organización cuya misión es el acceso a la justicia de las mujeres, y Eduardo Bohórquez de Transparencia Mexicana, organización de la sociedad civil fundada en 1993 que trata temas de corrupción desde una perspectiva integral y vigila tanto las políticas públicas del Estado como las actividades privadas. Soy el conductor de un programa de televisión y vamos a discutir los retos y las oportunidades de las organizaciones ciudadanas bajo el régimen de Andrés Manuel López Obrador. Las elecciones de 2006 dividieron a la sociedad civil.

Luego, el presidente Felipe Calderón inició una guerra contra el narcotráfico que cambió el panorama nacional. En materia de sociedad civil comenzaron a surgir numerosas asociaciones de víctimas de la violencia y desaparecidos; en particular el movimiento encabezado por el poeta Javier Sicilia fue increíblemente útil para poner a las víctimas de la violencia en el centro. Luego, con la llegada del presidente Enrique Peña Nieto, se descompuso la vida pública por la influencia del soborno y el cohecho, como nunca antes se había visto: el propio presidente y muchos de los gobernadores —principalmente Javier Duarte en Veracruz, César Duarte en Chihuahua, Antonio Padrés en Sonora y Roberto Borge en Quintana Roo— se vieron envueltos en numerosos escándalos. Desde 2014 el Instituto Mexicano para la Competitividad —uno de cuyos temas es la corrupción— y Transparencia Mexicana avanzaron en la construcción de la llamada Ley 3de3, que buscaba establecer la obligación de todos los funcionarios públicos para hacer públicas tres declaraciones —patrimonial, de intereses y fiscal—, lo cual permitiría a los ciudadanos cierta vigilancia sobre su enriquecimiento ilícito. Ambos organismos crearon una plataforma donde varios funcionarios y legisladores comenzaron a publicar sus declaraciones de manera voluntaria. En febrero de 2016, una coalición más amplia de organizaciones de la sociedad civil presentó una propuesta de Ley General de Responsabilidades Administrativas, fundamento del Sistema Nacional Anticorrupción. Esta coalición mostró más de 600 mil firmas, un requisito que excedía las 120 mil necesarias para que el Congreso discutiera una propuesta ciudadana.

Otro momento reciente de intensa movilización de la sociedad civil estuvo asociado con el tema de la seguridad y el crimen organizado, así como con la presencia del Ejército y la Marina como los garantes de la seguridad. Surgió el colectivo #SeguridadSinGuerra, integrado por académicos, expertos, defensores de derechos humanos, periodistas y ciudadanos interesados en contribuir al debate público sobre el modelo de seguridad del país. Todos ellos se movilizaron en contra de la llamada Ley de Seguridad Interior, aprobada durante el sexenio de Peña Nieto, que hacía ley la presencia del Ejército y la Marina en las calles. En una decisión histórica, el colectivo logró que 10 ministros contra uno se expresaran contra ese modelo militarizado.

Durante el proceso electoral de 2017, el candidato Andrés Manuel López Obrador parecía más abierto a cambiar ese modelo de seguridad y el colectivo mantuvo varias reuniones con el equipo de campaña, donde además se discutieron otros temas como la legalización de la marihuana. La victoria de López Obrador y su partido, Morena, fue arrolladora. El Congreso, de mayoría morenista, aprobó la creación de la Guardia Nacional, lo que para #SeguridadSinGuerra implica una continuación de la política de militarización y generará más violencia. El fallido intento de capturar al hijo de “El Chapo” en Culiacán, el 17 de octubre de 2019, parece haberles dado la razón por lo que llaman ellos la “desprofesionalización” de los cuerpos de seguridad, resultado del intento de combinar la Policía Federal con el Ejército en este nuevo cuerpo. Este es apenas un apunte de las batallas de la sociedad civil durante estos años, cuando también ayudó a desarrollar el sistema penal acusatorio, impulsó la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres, la Ley General de Víctimas o el Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Pocos días antes del panel en Canal 22, colectivos feministas habían salido a la calle para manifestarse, como protesta a la violación de una chica por un cuerpo de seguridad del Estado. Las marchas habían levantado una gran cantidad de polvo mediático, debido a las afectaciones a monumentos, edificios públicos y el mobiliario urbano de la ciudad. Para septiembre de 2018 había una sensación de pesimismo. López Obrador había anunciado meses antes que iba a dejar de otorgar recursos a las organizaciones sociales y las transferencias se harían directamente a las personas, sin intermediarios. En general, el presidente comenzó a darle a la sociedad civil un trato de adversario político que había desconcertado a muchos de sus actores. Encima de esto, la legislación sigue siendo un obstáculo. A pesar de que las organizaciones de la sociedad civil se han diversificado y su número ha crecido, México es un país atrasado. Según María Elena Morera y Ángeles Quintana: “Mientras que en México hay aproximadamente 27 OSC [organizaciones de la sociedad civil] por cada 100 mil habitantes, en Brasil hay 170, en Chile 650, en Argentina 270, y en Estados Unidos 670. La falta de más organizaciones se explica por un conjunto de factores que impide acercarnos a la situación que viven estos países. En primer término, el hecho de que las leyes que regulan la operación de las organizaciones sociales en nuestro país se han hecho, durante los últimos años, más restrictivas, incluyendo una cada vez más burocrática regulación y fiscalización. Esto ha sido particularmente nocivo para las organizaciones de base que han visto disminuida la cantidad de recursos con los que operan, porque la ley impide a las fundaciones otorgar financiamiento a osc que no sean donatarias autorizadas, que son la casi la totalidad de las organizaciones comunitarias y de base que hay en el país.”⁸

Así que para hablar del estado de las cosas con la sociedad civil, organizamos un debate televisivo con Haydeé Pérez, Anna Pecova y Eduardo Bohórquez. Transcribo parte de la charla:

Guillermo Osorno (GO): Se les ha acusado de que representan intereses particulares, como si detrás del membrete se escondieran intereses ocultos. ¿En qué sentido sí o no los representan?

Eduardo Bohórquez (EB): Si tú ves a las organizaciones que están aquí es probable que te puedas encontrar organizaciones de distintos tipos, que en efecto representan intereses particulares, pero el tipo de organizaciones que están en este programa tienen un interés y ese interés es público. Lo que defienden son asuntos comunes a todas las personas, por ejemplo los derechos de las mujeres, los derechos a saber cómo se manejan las cuestiones del presupuesto en el Estado, el derecho a la propiedad de la tierra de las comunidades locales. Por su puesto que hay intereses particulares y quien los defienda, pero en esencia la sociedad civil organizada está tratando de defender el interés público y esa es su principal función. A veces es una comunidad de víctimas, a veces es un movimiento para el respeto y la vida de las personas, a veces es el derecho a saber, la transparencia y la rendición de cuentas.

GO: ¿Hay buenas y malas organizaciones de la sociedad civil?

Anna Pecova (AP): Para mí es muy peligroso caer en estas discusiones sobre si hay buenas y malas organizaciones de la sociedad civil, politizarlas, señalar que unas son de izquierda y otras de derecha. Para mí el punto es que en una democracia tiene que haber una sociedad civil. Punto. Es un contrapeso. Los ciudadanos nos organizamos, tratamos de lograr algo sobre algo que nos interesa, nos afecta, nos impacta. Es una forma de participación pública. Y claro que en una sociedad diversa tiene que haber de todo, y qué bueno que haya de todo. Nos toca mejorar el tema de rendición de cuentas internas porque, en el paquete de críticas, se nos ha acusado de que somos corruptos, de que no representamos a nadie.

GO: Hablemos de Fundar, ¿cuál es el origen de la organización y qué representa? Haydeé Pérez (HP): Fundar es una organización social que tiene más de 20 años de existencia. Nacimos en el 99 y la idea de la organización es enmarcarse en un contexto en donde la democracia electoral ya había dado un paso importante después de las elecciones del año 2000. Entonces se pensó en una organización que avanzara una agenda de democratización de las políticas públicas. Y un elemento muy importante fue el de hacernos de herramientas de análisis presupuestario. El punto de partida es que el presupuesto es un elemento fundamental para resolver los problemas públicos, pero ha sido un monopolio de parte de la Secretaría de Hacienda, porque sí tiene su complejidad. Lo que hicimos nosotros y otras organizaciones fue aprender a leer el presupuesto, aprender a cuestionarlo en favor de agendas sociales. Particularmente lo que guía a Fundar es trabajar con grupos históricamente excluidos. Ese fue el punto de partida. Democratizar estas herramientas especializadas para que fueran relevantes para diferentes luchas y expresiones sociales. Hemos ido evolucionando, pero en principio diré que tenemos una agenda de derechos humanos. Y luego avanzamos hacia la justicia social, por medio del combate a la corrupción y la desigualdad.

GO: Eduardo, te toca hablar de Transparencia Mexicana.

EB: Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana nacen con una preocupación muy sencilla y a la vez muy compleja de entender. La comunidad nacional e internacional invertían mucho dinero en infraestructura, como carreteras y política social, pero los recursos terminaban no llegando a quien tenían que llegar y se convertían en Mercedes Benz para los funcionarios y en sus casas; y las carreteras de ocho carriles terminaban en cuatro, o no se acababan, etcétera. El mandato que tienen Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana es tratar de contribuir con todos los recursos a su disposición para controlar la corrupción en México. Para hacer eso, descubres que tienes que desarrollar muchas tareas. Coincidimos con Fundar porque durante muchos años le dimos seguimiento al dinero público, ellos con mayor especialización en temas presupuestarios, nosotros concentrándonos en las licitaciones, que si hoy son interesantes, en el 2000 eran un tema aburrido. Y creo que, como parte de una comunidad más grande de personas y organizaciones, fuimos entendiendo que había temas transversales y comunes que había que cuidar. Nos hemos unido varias organizaciones para crear un sistema anticorrupción, la creación de una fiscalía general para servir a muchos y otras agendas. Yo te diría que a fin de cuentas lo que hemos aprendido son tres cosas para destacar: una, que la corrupción no está en los genes de los mexicanos; dos, que hay arreglos institucionales que propician la corrupción; y tres, que este tiene que ser un esfuerzo social. No hay un solo gobierno en el mundo, por más trucha que sea su líder, por más valiente y arriesgado que sea, que haya controlado el problema de la corrupción, si no está acompañado por la sociedad.

GO: Ana, cuéntanos de tu organización.

AP: EQUIS Justicia para las Mujeres se fundó en 2011, como una organización que trabaja para el acceso de justicia para todas las mujeres. Los retos son enormes y justo ahora son muy actuales. La idea detrás de la organización es que el derecho a la justicia es un derecho básico y que sin acceso a la justicia tú no tendrás las condiciones de gozar de ningún otro derecho. Pero hay una cosa en la que insistimos y es que este derecho no sólo hay que pensarlo cuando las mujeres son víctimas de la violencia. Otra cosa en la que hemos estado trabajando mucho es demostrar que el acceso a la justicia no sólo se refiere a procesos jurídicos, no es sólo presentar una demanda y esperar a que resulte en una sentencia, sino entender que hay algo en el contexto que llega a poner a las mujeres en desventaja y eso afecta la calidad de su acceso a la justicia. Los retos han sido grandes. Justo ahora estamos viviendo un momento crítico en que esta ira ha explotado; hemos visto que en efecto se ha invertido mucho dinero y que hay voluntad política para resolver los problemas de violencia a las mujeres, pero que simplemente no estamos haciendo las cosas bien. La transparencia nos ha servido mucho para ver que lo que se ha construido son castillos de arena, no sirven de nada ni fiscalías especializadas, ni capacitaciones donde hemos detectado casos de corrupción. Encontramos que en el estado de Veracruz hay 34 millones de pesos que se habrían utilizado para capacitar a 100 jueces. No hay que olvidar que allí se dio el caso de Los Porkys; cuando un juez absuelve a un violador dices “¿dónde estamos?”. Me uno al llamado que hacen mis colegas sobre el gran papel que podemos jugar desde la sociedad civil, porque a veces no es suficiente el dinero o la voluntad del Estado.

GO: Hay algo que es común entre ustedes tres, creo, y es que los tres son muy buenos comunicadores. Sus cuentas en redes sociales son muy visitadas, hacen campañas muy vistas, la prensa y la gente les prestan atención.

HP: Yo creo que hemos avanzado en los últimos años, pero la verdad sí creo que es uno de nuestros grandes retos. Y pienso que justo este es un buen momento político y social para que nos cuestionemos cuáles son nuestras prácticas al interior de las organizaciones. El movimiento #MeToo ha dejado muy clara la violencia estructural instalada en distintos sectores de la población y las organizaciones no se escapan. Son momentos interesantes para cuestionarnos, revisarnos, tomar acciones al respecto. En términos de la comunicación es importante reconocer que hay una distancia grande entre sectores más amplios de la población y organizaciones profesionalizadas, urbanas. El reto es cómo acercarnos más a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, a las poblaciones afectadas, para tener un contacto más directo y para poder incorporar sus voces en nuestros estudios, en nuestros análisis, en nuestras propuestas de política pública, y que no sean propuestas desde el gabinete, que no sean propuestas desde la oficina en una situación de élite y de privilegio. Necesitamos también cambiar algunas prácticas de rendición de cuentas, porque no está mal tener intereses. Hay organizaciones que están financiadas por la cúpula empresarial, hay organizaciones que reciben fondos de instituciones internacionales, hay organizaciones que reciben fondos del propio gobierno y eso, per se, no tenemos por qué satanizarlo. Sólo es relevante decir qué nos mueve, cuáles son nuestros intereses y fuentes de financiamiento. También vivimos en un momento de criminalización muy fuerte, donde la defensa de derechos se tiende criminalizar y a perseguir, y eso nos hace muy vulnerables. Sobre todo a organizaciones que están en pie de lucha, en contextos muy complejos donde hay violencia y crimen organizado.

GO: Eduardo, en un libro de reciente publicación hablas del largo plazo y dices que si la gente que se dedica a esto no está viendo a largo plazo, está perdida. También te quería preguntar si es distinto negociar con cada gobierno y cómo se negocia con éste.

EB: Quienes llevamos tiempo en esto tenemos la ventaja de ver cómo hay ciertos ciclos que se repiten. Siempre hay una esperanza social durante el periodo de la campaña. Otra constante es que todo lo que se hizo antes está mal y hay que volverlo a hacer, hay que comenzar a construir la nación de cero. Otra cosa muy frecuente es que, cuando comienzan a equivocarse los del nuevo gobierno, hay un llamado a cerrar filas. Después vienen los procesos electorales, donde los gobernantes sienten una urgencia de regresar a tener contacto con la población y, finalmente, viene la preparación de la siguiente elección presidencial. Entonces el llamado ya no es por la unidad, ya no es para el proyecto, sino es para no perder el poder. ¿Qué creo que para la sociedad civil es importante de todo esto? Entender que lo que estamos tratando es de empujar políticas públicas, que aunque uno tenga preferencias políticas diferentes, sirvan a todos por igual. Quienes trabajamos en estos temas tenemos una obligación de mirar más allá de la coyuntura. Es cierto que Twitter puede ser divertido y te puedes enganchar en sus discusiones, pero hay temas que no son coyunturales, que son más grandes. Para la sociedad civil la vida ocurre en presente, pero también tiene que ocurrir en el futuro. Si Mariclaire Acosta y Héctor Cuadra, entre otras personas, no hubieran empezado hace 30 años a pensar en los temas de derechos humanos, por lo menos yo no estaría sentado aquí, porque no habría el espacio necesario para eso.

GO: Ana, al revés de lo que acaba de decir Eduardo, hay momentos en donde el tema de tu interés se enciende. ¿Qué papel les toca a las organizaciones de la sociedad civil?

AP: Sé que nos estamos vanagloriando de que somos muy buenos comunicando, pero me apego a lo que dice Haydeé con respecto de la autocrítica, sobre la necesidad de pensar cosas. En cuanto a la capacidad de comunicar, yo veo muchas propuestas que escribimos antes de las elecciones, con la esperanza de que el país se desmilitarizara, de que íbamos a llegar a un modelo para regular las drogas, y todavía no me quiero rendir, pero lo que sí me sirvió de esta experiencia es ver cómo fracasamos. Fallamos en bajar estos temas a los ciudadanos, a engancharlos. Hay mucho trabajo por hacer para acercarnos a la gente. Este gobierno ha dado marcha atrás en muchos temas; por ejemplo, los recortes que ha hecho al fondo Proequidad de Inmujeres de 85 millones de pesos, que por varios años estaba dedicado a fomentar la creación de una sociedad civil feminista. Luego los recortes a los refugios, que son decisiones que podrían costar vidas. Aprovecharía este momento para regresar a las bases, para ponerle cara a estos estudios de política, para mostrar cómo algunas decisiones de gobierno están afectando a los ciudadanos.

En su artículo en Animal Político, María Elena Morera y Ángeles Quintana también se quejan de la situación actual: “Lamentamos profundamente que la situación pueda empeorar con el nuevo gobierno. Como se mencionó antes, el presidente López Obrador ha reiterado su desconfianza, e incluso desagrado respecto de la sociedad civil, a la que ha calificado de “fifí” y de ser parte de la mafia del poder. Estos señalamientos, que descalifican el trabajo de miles de mexicanas y mexicanos, están muy lejos de tender puentes de diálogo, que es lo único que nosotros queremos con el presidente, así como con las autoridades de todos los órdenes de gobierno: queremos espacios que nos permitan exponer nuestros argumentos y conocer con detalle sus propuestas, acciones y resultados; queremos también que haya transparencia y rendición de cuentas, la obligación más elemental que tienen los gobernantes para con sus gobernados. No queremos confrontación con nadie; únicamente queremos diálogo y colaboración en favor de nuestro país.”⁹

Desde el periodismo es igual. Existen los mecanismos de protección y las fiscalías especializadas, pero el nivel de violencia contra los periodistas aún es un tema grave, así como la impunidad. Todavía no sabemos quiénes fueron los autores intelectuales de la muerte del periodista Javier Valdez, que escribía para Ríodoce y fue abatido a balazos en Culiacán en mayo de 2017. Al cierre de esta edición, la Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión contra Dámaso López Serrano, “El Mini Lic”, acusado de ser el autor intelectual de este asesinato, quien se entregó a la Administración para el Control de Drogas estadounidense en julio de 2017. Los periodistas también hemos sido malos comunicando nuestros argumentos; no estamos defendiendo a una persona en particular, sino el derecho que tiene la sociedad a estar bien informada. Los movimientos feministas nos han dado una lección el año pasado, con el uso de redes sociales y movilizaciones han colocado sus temas en la opinión pública, y este gobierno —con amplia mayoría en el Congreso— debe aprender que no es centralizando el poder como hoy se gobierna, que hay un enorme capital humano y de conocimiento en la sociedad civil que debe aprovechar e incorporar en sus políticas públicas. EP

1. Mariclaire Acosta, 2010, “The Role of Civil Society”, en Andrew Seele y Jacqueline Peschard, eds., Mexico’s Democratic Challenges, politics government and society, Stanford University Press, p. 269.

2. Mariclaire Acosta, Idem.

3. Alejandro Álvarez Béjar, “Punto Crítico en la estela del 68”, Nexos, en nexos.com.mx.

4. Mariclaire Acosta, Ibidem, p. 270.

5. Carlos Monsiváis, 1987, Entrada libre: crónicas de la sociedad que se organiza, Era, México.

6. Elio Villaseño, 2004, Algunos escenarios para la sociedad civil para 2004, DECA, Equipo Pueblo AC, México.

7. Mariclaire Acosta, Ibidem, p. 275.

8. María Elena Morera y Ángeles Quintana “AMLO y la sociedad civil. Una relación compleja”, Animal Político, 7 de marzo de 2019, en animalpolitico.com.

 9. María Elena Morera y Ángeles Quintana, Idem.

Este País se fundó en 1991 con el propósito de analizar la realidad política, económica, social y cultural de México, desde un punto de vista plural e independiente. Entonces el país se abría a la democracia y a la libertad en los medios.

Con el inicio de la pandemia, Este País se volvió un medio 100% digital: todos nuestros contenidos se volvieron libres y abiertos.

Actualmente, México enfrenta retos urgentes que necesitan abordarse en un marco de libertades y respeto. Por ello, te pedimos apoyar nuestro trabajo para seguir abriendo espacios que fomenten el análisis y la crítica. Tu aportación nos permitirá seguir compartiendo contenido independiente y de calidad.