Pese a que existen esfuerzos por ligar a los ingresos y a los gastos en la discusión como elementos mutuamente dependientes de las finanzas públicas, la realidad es que la discusión en torno al gasto en México ha sido menos abundante que la del ingreso.
Texto de Víctor Gómez Ayala & Aleister Montfort 03/08/20
Pese a que existen esfuerzos por ligar a los ingresos y a los gastos en la discusión como elementos mutuamente dependientes de las finanzas públicas, la realidad es que la discusión en torno al gasto en México ha sido menos abundante que la del ingreso.
En medio de la pandemia asociada al COVID-19 la discusión a nivel global sobre las respuestas necesarias en política económica para solventar el periodo de crisis —que quizás sea el más severo en un siglo— ha copado los espacios de discusión pública sobre la materia. Son diversos los matices en torno a los cuales gira la discusión: qué autoridades tienen una mayor responsabilidad de respuesta (bancos centrales vs. gobiernos electos), las características estructurales de cada país y los márgenes que existen para impulsar políticas de estímulo contracíclico.
En México, al igual que en muchas economías emergentes después de la crisis financiera global de 2008, el debate se ha centrado en el tamaño del espacio fiscal y monetario para llevar a cabo estímulos agresivos. Las opiniones son diversas: para unos, dicho espacio se encuentra sensiblemente reducido; para otros, existe un margen amplio. Desafortunadamente, esta discusión no ha tenido eco en las políticas fiscales del actual gobierno; por el contrario, los recortes al gasto generan una política fiscal procíclica cuando la economía se está contrayendo.
Luego de la crisis financiera de 2008 los bancos centrales de las economías avanzadas atravesaron por un periodo de normalización monetaria. México y otros países emergentes iniciaron un proceso de incremento de sus tasas de referencia a partir de finales de 2015. Una vez concluido este proceso de incrementos en tasas nominales, la siguiente pregunta que se plantearon las juntas de gobierno de los bancos centrales fue: ¿de qué forma se utilizarán los márgenes de maniobra para estimular las economías? Con la llegada del choque negativo económico asociado a la crisis del COVID-19 y la acción decidida de los principales bancos centrales a nivel global, el resultado fue una baja generalizada de las tasas de interés, utilizando el espacio monetario disponible.
A pesar de que el Banco de México ha reducido sus tasas en los últimos meses, se ha discutido de manera amplia la necesidad de acompañar la provisión de liquidez con mecanismos fiscales que complementen estas medidas y que ayuden a proteger, de forma más directa, la capacidad productiva de la economía. Fue en ese punto donde se cruzaron diferentes elementos del debate en torno al margen de maniobra al interior de la política fiscal: lo nocivo de la política de austeridad de la actual administración; los riesgos inherentes a la sostenibilidad de las finanzas públicas por los niveles de deuda pública; la discusión en torno a la dependencia de ingresos petroleros y la importancia de mejorar el sistema recaudatorio, así como el estímulo necesario para contrarrestar los efectos de la pandemia.
En este entorno, muchas voces proclaman como inevitable la necesidad de una reforma fiscal que incremente los ingresos del sector público para que dependan de fuentes más estables, como es el mercado interno. Desde nuestro punto de vista, es necesario retomar la experiencia de reformas fiscales previas y recordar un hecho ineludible de la política fiscal mexicana: toda discusión en torno a mayores ingresos públicos debe ser también una discusión en torno a la evaluación y el diseño del gasto.
Pese a que existen esfuerzos por ligar a los ingresos y a los gastos en la discusión como elementos mutuamente dependientes de las finanzas públicas, la realidad es que la discusión en torno al gasto en México ha sido menos abundante que la del ingreso. Si evaluamos la forma en que ha evolucionado el marco de responsabilidad fiscal, observaremos que las estrategias y las herramientas por el lado de los ingresos han sido mucho más robustas que aquellas impulsadas del lado del gasto. Y, en este contexto, en un entorno de vulnerabilidad del aparato productivo, surgió la política de recortes presupuestales, cuya justificación general es que el gasto público es ineficiente (sólo el de las dependencias afectadas) y por tanto superfluo, sin que haya mediado un análisis y, peor aún, un debate público, sobre dónde era factible y deseable recortar, y en dónde habría que ejercer un mayor gasto dadas las prioridades del gobierno, las aspiraciones que tenemos los mexicanos de contar con un Estado que provea bienes y servicios en calidad y cantidad suficientes, y el entorno adverso que significa la crisis de salud pública para la economía y las mejores soluciones para hacerle frente.
“La estructura de las finanzas públicas en México posee inercias de naturaleza estructural que requieren un diseño institucional más robusto y eficaz para atenderlas de forma integral, y no un conjunto de ocurrencias que vulneren aún más sus susceptibilidades.”
En las últimas tres décadas, México ha experimentado diferentes episodios de dependencia de los ingresos petroleros. En su punto más alto —2008— estos representaron cerca del 45% de los ingresos públicos, pese a la declinación de la producción petrolera del yacimiento de Cantarell. Desde entonces —y con la intención de depender menos de los ingresos petroleros— existe un esfuerzo sostenido por incrementar los ingresos tributarios no petroleros, un esfuerzo que ha rendido frutos: la hacienda pública pasó de contar con ingresos tributarios cercanos al 40% del total de sus ingresos en 2006, hasta un nivel de alrededor de 60% al cierre de 2019. La gráfica 1 muestra esta información.
*Se obtienen mayores datos al colocar el cursor sobre algún punto de la gráfica.
Tras la reforma fiscal de 2013, que transformó de manera profunda la estructura recaudatoria del ISR, los ingresos fiscales se han ligado más estrechamente a la actividad económica. La gráfica 2 muestra cómo la recaudación por ISR aumentó notablemente desde 2013. Esta estructura permitió que entre 2014 y 2015 México solventara un ciclo a la baja en precios de materias primas a nivel global que significó una contracción de casi 70% en el precio de la mezcla mexicana para exportación. En episodios previos, caídas de menor magnitud accionaron periodos de crisis de deuda para nuestro país. Ahora no ha sido el caso.
Por el lado del gasto, la política fiscal enfrenta restricciones asociadas a su estructura no programable; es decir, el gasto cuya dinámica no está bajo control de las autoridades y responde a factores macroeconómicos como la evolución del tipo de cambio, las tasas de interés, el crecimiento económico y los precios y la producción del petróleo. En la última década, el gasto no programable, que incluye el pago del costo financiero de la deuda y las participaciones a las entidades federativas, ha representado entre el 20 y el 25% del total del gasto del sector público. La gráfica 3 muestra esta información.
Otro de los elementos del gasto público que tiene una naturaleza no programable es el gasto en pensiones; aunque forma parte del gasto programable, depende de la dinámica demográfica de forma secular y de los cambios a los sistemas de pensiones (SP) —entre ellos el que posiblemente se lleve a cabo tras el anuncio de reforma al SP del pasado 22 de julio—. En los últimos 25 años este gasto ha incrementado consistentemente, al grado que en 2019 representó 3.6% del PIB (gráfica 4A). Hay que añadir en este punto que las presiones de gasto seculares, por diferentes frentes, han frenado la capacidad de implementar políticas de gasto más incluyentes. Para los gobiernos de la transición, fue clave primero implementar un régimen de responsabilidad fiscal después de crisis severas originadas por la conducción desordenada de la política fiscal en las décadas de los años 80 y 90.
Paradójicamente, de la mano de la implementación de los mecanismos de responsabilidad fiscal vinieron también las presiones de gasto que resultaron de reconocer las obligaciones de pago del Estado (como pago de la deuda y pago de participaciones a estados, que representaron en su conjunto 26.8% del gasto total de gobierno en 2019). Con esto, se redujo la disponibilidad de recursos para estrategias socialmente deseables en materias como salud, vivienda, empleo o educación. Por ello el gasto programable se ha estancado en niveles de alrededor de 13 puntos del PIB desde 2008 (gráfica 4B).
Además, la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas en muchos rubros del gasto, que generó los múltiples escándalos de corrupción que atestiguamos en años recientes, no sólo minó la legitimidad de la democracia mexicana para establecer canales deliberativos en la asignación de recursos públicos, sino que contribuyó a legitimar el discurso de que todo gasto público estaba acompañado de cierto tufo de corrupción. De eso se alimentó la falsa idea de que bastaba con eliminar la corrupción para que el estado cumpliera con sus obligaciones sociales mínimas. Aquí se encuentra el origen de la estrategia draconiana del gobierno actual para llevar a cabo su política de recortes.
El diseño y aprobación del presupuesto es la herramienta por excelencia que tiene un gobierno para traducir su proyecto en políticas públicas. En ese sentido, el diseño inicial del presupuesto —cuando el partido gobernante tiene un mayor margen de maniobra para llevar a cabo su agenda a través del gasto— debería reflejar las prioridades gubernamentales y, por tanto, se esperaría que su implementación a lo largo del año fiscal sólo tuviera variaciones ocasionadas por la ocurrencia de imprevistos, tal como la crisis sanitaria que vivimos.
Sabemos que esto no es siempre el caso y que puede haber otras motivaciones para desviarse del gasto programado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)1r.3. Por ejemplo, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, al gasto en publicidad (o comunicación social) publicado en el PEF se le asignaba un monto muy inferior del que se ejercía finalmente. Ahora mismo, los recortes al gasto en múltiples instituciones han ocasionado que su funcionamiento se ponga en entredicho, desencadenando despidos laborales y comprometiendo su funcionamiento en general. En todo caso, estos reflejan un cambio en las prioridades que este gobierno estableció al inicio del año, sin que haya existido un proceso de explicación y deliberación pública por parte de las autoridades sobre la lógica detrás de los recortes.
En los últimos meses los recortes y reasignaciones presupuestales del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador han suscitado diversas reacciones. De manera especial, los recortes presupuestales a instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación o el Instituto Nacional de las Mujeres recibieron gran atención por parte de la comunidad académica y activistas de derechos humanos, así como una amplia cobertura mediática. En parte, esto fue posible gracias a que varios de los actores afectados tienen, en mayor o menor medida, una cierta influencia en medios y redes sociales. Sin embargo, la voz de otras instituciones que han corrido la misma o peor suerte no ha tenido el mismo eco, pues existen casos de severos recortes que contaron con un debate público exiguo. Por otro lado, ya que las asignaciones del presupuesto son un juego suma-cero2, existen, en contraparte, instituciones cuya asignación presupuestal final se ha incrementado, e incluso multiplicado varias veces. ¿Cómo se ha redistribuido sobre la marcha las asignaciones presupuestales? ¿Quiénes han sido los ganadores y perdedores?
Una manera de analizar cómo se han dado los recortes presupuestales en esta administración es comparar el monto asignado a las distintas dependencias de gobierno en el PEF, con el monto que realmente les fue pagado. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reporta mes a mes cómo se solventan las obligaciones de pagos establecidas en el PEF3, por lo que es posible evaluar a qué instituciones les han pagando menos o más de lo que se estableció en el PEF modificado (la última versión del mismo). Estos datos no sustituyen de ninguna manera las cuentas públicas auditadas por la Auditoría Superior de la Federación, pero, en el contexto de los recortes, ofrecen una aproximación para entender cuál es su magnitud y cuál su grado de afectación entre organismos.
“México recauda poco y gasta poco y mal. En 2017, los países de la OCDE promediaron ingresos fiscales de alrededor del 38.2% del PIB, cuando en México la recaudación fue del 23.7%. Esta corresponde por consecuencia con un bajo nivel de gasto.”
Las gráficas 5 y 6 presentan esta información para el ejercicio fiscal 2019 y para el año en curso hasta mayo. El eje Y representa el monto total pagado (en escala logarítmica para poder visualizar los presupuestos relativamente más grandes y más pequeños), mientras que el eje X representa el ratio de monto pagado entre monto presupuestado (representado como porcentaje). Valores mayores que 100 en el eje X reflejan que a esas instituciones se les pagó más de lo asignado, mientras que valores menores que 100 indican que el pago final fue menor. Para fines únicamente de visualización de los datos, clasificamos cada una de las dependencias en 9 categorías4.
¿Cuáles fueron las dependencias más beneficiadas en cuanto a reasignaciones presupuestales en 2019 en términos relativos, es decir, porcentualmente?
En el top cinco de las instituciones que recibieron más de lo presupuestado se encuentran el Patronato de Obras e Instalaciones del IPN (recibió una cantidad casi 6 veces mayor); el Instituto Nacional de Desarrollo Social (5 veces); la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (4 veces); el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (3 veces); y el Canal 22 y el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (3 veces), que, de acuerdo con su página oficial, “documenta las actividades públicas del titular del Ejecutivo Federal con material de video y audio, para su difusión en los medios electrónicos de comunicación”.
Por el otro lado, ¿quiénes han sido los más afectados por los recortes en 2019? Al analizar los recortes por sector, a nivel de secretarías fue notable la reducción de 25% en la Secretaría de Turismo. En el campo de desarrollo social, no se observaron reducciones drásticas, pero, en cuanto a las instituciones dedicadas al cuidado ambiental, es notable el recorte sufrido por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), la Comisión Nacional del Agua y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. En el ámbito de la seguridad pública, destaca el recorte al CISEN, recorte cuyo objetivo es la desaparición del centro. Asimismo, las instituciones reguladoras han sido especialmente afectadas por las reducciones presupuestales; entre las más afectadas se encuentran la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (con una asignación del 61% del presupuesto original); la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas (65%), e institutos del sector energético como el Instituto Mexicano del Petróleo (71%), el Centro Nacional de Control de Energía (79%) y el Centro Nacional del Control del Gas Natural (79%). Por último, en el sector salud se encuentran organismos que también sufrieron severos recortes: el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (recibió sólo 31% de lo presupuestado), el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (48%), el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (61%), Servicios de Atención Psiquiátrica (73%) y el Instituto Nacional de Salud Pública (80%).
Para 2020 hay que considerar que los datos son preliminares (a mayo), y que las dependencias que hoy presentan recursos faltantes podrían ser compensadas en los meses siguientes. Sin embargo, como sabemos, en varios casos las medidas de recorte son señaladas por el propio gobierno como parte de la denominada austeridad, por lo que es probable que los patrones de recorte hasta mayo se mantengan o, incluso, empeoren a lo largo del año. Al igual que en el gráfico para 2019, el gráfico 6 muestra en el eje “Y” los montos que han recibido los organismos hasta el mes de mayo, y en el eje “X” la proporción del presupuesto que han recibido respecto a lo que debieron haber recibido en mayo.
En términos de crecimiento entre lo aprobado y lo pagado, destaca la asignación presupuestal a Agroasemex, que ha recibido un monto 18 veces mayor el asignado en el PEF (se omite del gráfico para mejorar su legibilidad); el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (4 veces) y el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A.C. (3 veces). Entre las entidades con mayores recortes destacan el Instituto Nacional de las Mujeres (pagado sólo 14% de lo presupuestado) y la Comisión Reguladora de Energía (14.7%). En el sector salud, es notable la desaparición presupuestal del Seguro Popular (que ha recibido sólo 15%); el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (26.8%), la COFEPRIS (50%) y, en medio de la crisis sanitaria, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (64%).
El impacto de los recortes en la operación tiene distintos actores afectados. En algunos casos, los recortes han significado el desmantelamiento de instituciones cuyo peso presupuestal es relativamente pequeño, pero que atendían necesidades específicas de sectores vulnerables. Es el caso de los enfermos de VIH, el Instituto Nacional de las Mujeres, o la disminución de capacidades presupuestales y de autonomía del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. En otros casos, los entes afectados regulan un sector sobre el que el gobierno quiere ejercer un control hegemónico (CENACE, CENAGAS, CRE), o, quizá, disminuir las capacidades reguladoras y de vigilancia para operar funcionalmente en algún sector de su interés (los bancos del sector público, o el Sistema de Ahorro para el Retiro), pues los recortes implican una reducción de capacidades operativas de los organismos afectados. Esto podría explicar la reducción presupuestal a la CNBV o la CONSAR. Asimismo, los recortes trastocan beneficios o bienes públicos cuya naturaleza facilita que el gobierno pueda extraer recursos extra para sí mismo o, bien, en las dependencias donde resultaría complicado para los actores afectados realizar acciones colectivas que eviten el deterioro de la provisiones de bienes. Es el caso de los organismos que desempeñan alguna tarea de conservación ambiental, como el Instituto Nacional de Ecología, la ASEA, o el CONAFOR. Una hipótesis complementaria, más que alternativa, a las anteriores, es que, dejando de lado las intenciones ulteriores de los recortes, estos reflejan la reiterada improvisación y ausencia de racionalidad en el diseño de políticas públicas de este gobierno.
Más allá de las consideraciones sobre la pertinencia fiscal o validez constitucional de los recortes, y de la exigencia por contar con una explicación sobre el destino de esos recursos y el costo social de disponer de ellos para tareas o proyectos para los que no fueron asignados, la implementación de estas medidas también nos brinda una oportunidad para discutir algunos de los retos derivados de la reasignación presupuestal, así como las capacidades de provisión de bienes públicos del Estado en términos de la asignación funcional de los recursos fiscales.
Durante décadas se ha discutido la necesidad de una reforma fiscal y, en concreto, cuál es la mejor manera de generar más ingresos fiscales, tanto en términos de eficiencia como de justicia. A la fecha, como ya se ha discutido, la tarea se encuentra incompleta. México recauda poco y gasta poco y mal. En 2017, los países de la OCDE promediaron ingresos fiscales de alrededor del 38.2% del PIB, cuando en México la recaudación fue del 23.7%. Esta corresponde por consecuencia con un bajo nivel de gasto. Durante el sexenio de Felipe Calderón, el sector público gastó en promedio 24.1% del PIB. Con Peña Nieto, esta proporción alcanzó 25.3%, mientras que en 2019 y 2020 se habrá dispuesto del 23.9% y 23.2% del PIB respectivamente (utilizando el estimado del PEF 2020). En la OCDE el promedio de gasto es de 40.4%5. Por si fuera poco, la inversión pública apenas alcanzó, en 2018, el 2.8% del PIB y, en lo que va de 2020, se ha reducido a 2.5% (el promedio de Felipe Calderón fue 5.2% y el de Peña Nieto de 3.6%)6. Si además descontamos que la inversión en Pemex y la CFE fue de un 1% del PIB en 2018 y en 2019, y que la inversión privada ha mostrado un retraimiento desde antes del inicio de la pandemia, el panorama luce aún más adverso7.
Asumiendo sin conceder las cuentas entusiastas del gobierno, según las cuales ahorrará 500 mil millones al evitar la corrupción (ayudado quizá por las medidas de recortes), y asumiendo que se materialicen en inversión pública, es claro que, aún en este caso (2% del PIB), los montos de la inversión pública no serían suficientes para atender las necesidades del país, ni en cantidad ni en calidad.
“Lo crucial en este punto es señalar que la discusión sobre cómo generar más ingresos públicos, con y sin recortes, es inseparable de la discusión sobre cuál debería ser la asignación de gasto de gobierno. Y esta definición de metas de gasto no sólo debería corresponder con las políticas de ingreso que las haga posibles, sino responder también a las aspiraciones expresadas en la deliberación pública.”
Como decíamos al inicio, la mayoría de las discusiones fiscales se ha centrado en la parte del ingreso, aunque también hay estudios y propuestas que consideran tanto el lado del gasto como los ingresos para ciertos sectores8. Pero, a la luz de los recortes presupuestales que ha impuesto este gobierno, valdría la pena preguntarnos qué política de gasto requiere el país, cuál refleja las inquietudes sociales y sus necesidades más apremiantes, y a cuál aspiramos en términos comparados.
Las prioridades de gasto de un país (en términos de su participación en el PIB) pueden obedecer a múltiples criterios: países con una estructura poblacional más vieja quizá prioricen el gasto en pensiones y seguridad social, mientras que un país más joven quizá apueste por un gasto mayor en el sistema educativo. Un país asediado por una amenaza bélica, como Israel, preferirá un mayor gasto en defensa, mientras que otros países con tradiciones pacifistas mantendrán un gasto más limitado en el mismo rubro. En este sentido, ¿cuáles son los paradigmas de gasto a los que aspiramos como país?, ¿aquellos que destinan buena parte de sus ingresos fiscales a la protección social o a instituciones de seguridad pública? ¿A los que privilegian el desarrollo de infraestructura para proveer bienes públicos y cuidado al medio ambiente o a los que prefieren proyectos de desarrollo anclados en la energía fósil?
La gráfica 7 muestra qué tan similares son los países entre sí atendiendo a sus prioridades de gasto. Para elaborarlo se utilizaron los vectores de gasto funcional de cada país, definidos como la proporción del PIB que representan los gastos en diez rubros: 1) servicios públicos, 2) defensa, 3) seguridad pública, 4) asuntos económicos, 5) medio ambiente, 6) vivienda, 7) salud, 8) cultura y recreación, 9) educación, 10) protección social. Los datos fueron obtenidos de las bases de datos del FMI, la OCDE y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es importante señalar que esta base de datos es limitada en tanto que, por ejemplo, sólo incluye a Chile, Colombia y El Salvador de los países de América Latina, pero es ilustrativa sobre las similitudes del gasto con respecto a una muestra amplia de países. Para estimar una medida de semejanza en la asignación del gasto público en diferentes rubros, se utilizó la similitud de coseno, que mide qué tan parecidos o disímiles son las asignaciones de gasto entre diferentes países en los 10 rubros señalados previamente.
¿A qué país nos parecemos en términos de nuestras prioridades de gasto? El análisis de similitud muestra que México es más parecido a Sudáfrica, Hong Kong e Indonesia, pues gastan más o menos la misma proporción del PIB en las mismas categorías. En un segundo grupo de similitud encontramos a países como China, Colombia, Rusia o Turquía y, en un tercer lugar, México se asemeja a los países europeos, a los miembros de la OCDE, o a países como Costa Rica. A eso se asemejan nuestras preferencias expresadas en el gasto que destinamos para proveernos de bienes y servicios a través del gobierno. Lo crucial en este punto es señalar que la discusión sobre cómo generar más ingresos públicos, con y sin recortes, es inseparable de la discusión sobre cuál debería ser la asignación de gasto de gobierno. Y esta definición de metas de gasto no sólo debería corresponder con las políticas de ingreso que las haga posibles, sino responder también a las aspiraciones expresadas en la deliberación pública.
Lo que se vuelve claro a partir de este proceso de análisis es que el diseño de la política de gasto dista mucho de depender exclusivamente de conceptos tan etéreos como la voluntad o el deseo. La estructura de las finanzas públicas en México posee inercias de naturaleza estructural que requieren un diseño institucional más robusto y eficaz para atenderlas de forma integral, y no un conjunto de ocurrencias que vulneren aún más sus susceptibilidades.
Con las restricciones autoimpuestas por la actual administración, como la apuesta por restringir la participación de agentes privados en el sector energético, las finanzas públicas se enfrentan a un trilema ineludible, al no poder cumplir simultáneamente con estos tres objetivos: i) lograr una reasignación agresiva del presupuesto que incremente de forma notable el gasto en programas sociales y proyectos claves de infraestructura; ii) destinar recursos suficientes a Pemex y CFE para implementar una política energética centrada en el eje rector del Estado y iii) mantener el nivel de deuda pública como porcentaje del PIB en una trayectoria sostenible.
Un resultado inexorable de la política de austeridad es que la actual administración deberá abandonar uno de estos objetivos. La pregunta pertinente es cuál será el sacrificado y cuáles los incentivos que guiarán esa decisión. ¿Será la política social para un gobierno que se fortaleció electoralmente con un discurso de poner en primer lugar a los pobres? ¿O López Obrador pasará a la historia como el presidente que hundió a Pemex de forma definitiva? ¿Estará alguno de estos principios supeditado a la obcecación por la pobreza franciscana que mira al endeudamiento como un instrumento igualmente perverso a la usura?
Hasta ahora la política del “austericidio” ha buscado solventar el trilema, pero, claramente, el costo de implementación crece de forma exponencial, al grado de que, en medio de la crisis económica más severa en un siglo, el gobierno mexicano ha ejecutado una política procíclica en rubros clave del gasto en bienes y servicios. Frente a esta decisión, se vuelve necesario cuestionar que se piense como salida inevitable una reforma fiscal para 2021 después de la elección intermedia. La evidencia empírica más reciente en países emergentes9, muestra que cuando una política de austeridad se traslada de recortar el gasto a incrementar los impuestos, los efectos negativos sobre el crecimiento son más profundos y más duraderos. Para el contexto mexicano, esta combinación sería demoledora en medio del largo camino que se anticipa para la recuperación económica posterior a la pandemia. EP
1 El PEF es un documento aprobado por el Congreso a iniciativa del Ejecutivo que detalla las asignaciones presupuestales para cada año fiscal.
2 Se conoce a una asignación de suma-cero aquella en la que las ganancias de un actor son necesariamente las pérdidas de otro.
3 SHCP. Estadísticas Oportunas. Asignación y Ejecución del Presupuesto de Egresos.
4 El lector puede modificar las categorías que aparecen en las gráficas haciendo click en los círculos de la leyenda, así como modificar el nivel de zoom.
6 Fuente: México ¿Cómo vamos? Datos de inversión para 2020 al primer trimestre.
7 El tercer trimestre de 2018, la inversión privada registró 19.6% del PIB, y ha descendido hasta 17.1% en el primer trimestre de 2001. Fuente: Fuente: México ¿Cómo vamos? Datos de inversión.
8 Uno de los más notables es la propuesta de Santiago Levy y otros para transformar el esquema de seguridad social en México.
9 Alesina, Carlo Favero, y Francesco Giavazzi (2019). “Effects of Austerity: Expenditure- and Tax-based Approaches”. Journal of Economic Perspectives—Volume 33, Number 2—Spring 2019—Pages 141–162.
DOPSA, S.A. DE C.V
