Tras más de dos años de gobierno, las acciones de la presente administración en materia de cultura son contrastantes. Un punto a su favor es que no llamó a engaño a la comunidad cultural. Alejandra Frausto, como futura Secretaria de Cultura, anunció las líneas de su política pocos días antes de las elecciones de 2018. Puso de manifiesto el enfoque de la política cultural en lo comunitario, la intención de privilegiar la acción desde abajo, el compromiso con la defensa del patrimonio, el apoyo a la educación artística, la apertura al mundo. Incluso anunció el compromiso de hacer de la Residencia Presidencial Los Pinos un espacio cultural de primer orden. Son, sin duda, aspectos favorables que distinguen a esta administración cultural de las anteriores.

El camino emprendido no ha sido recorrido sin tropiezos. Ha habido una aduana de aprendizaje que se ha tenido que pagar. Además, no ha sido fácil acompasar su andar con el del titular del poder ejecutivo que impone prioridades, modelos organizativos, ritmos de trabajo, deslizamientos discursivos y, sobre todo, una drástica reducción de recursos que se expresa en menor personal y gastos de operación e inversiones. Estas reducciones, más algunos tropiezos de los dirigentes de la Secretaría de Cultura, han dado lugar a desencuentros con sectores de la comunidad cultural que se han ventilado en los medios con prontitud y de manera ruidosa.

¿Qué tanto puede decirse que la actividad actual del sector público mantenga continuidad con lo realizado los años anteriores o suponga un cambio en las líneas principales de la política cultural de los últimos sexenios? En este texto quiero señalar el predominio de líneas de continuidad en la actual política cultural a pesar de los discursos que pretenden mostrarla como algo diferente o novedoso y luego abordaré algunos riesgos y oportunidades que habrán de tenerse en cuenta en los próximos años.

Para explicar lo que ha sucedido en la política cultural de los últimos treinta años propongo la tesis de que la política cultural seguida por los gobiernos mexicanos desde fines de los años ochenta ha tenido una dinámica propia —forjada por condiciones internas e influencias internacionales— a la que los gobiernos sexenales se han plegado en lo general, aunque también han tratado de dar una orientación propia a partir de las líneas programáticas que les llevaron al poder.

Hay tres grandes líneas maestras que se han puesto en acción desde fines de los años ochenta y que han marcado el desarrollo de la política cultural en más de tres décadas. La primera es la construcción de una institucionalidad autónoma consecuencia de lo que para el último tercio del siglo XX era evidente: el potencial económico del sector cultural, la enorme expansión de las industrias culturales, el papel de la cultura y el patrimonio en la consolidación de los estados nacionales y, sobre todo, fue reconocida la relevancia de la cultura en la construcción del bienestar de los ciudadanos en las sociedades modernas. La segunda característica fue el vincularse con la satisfacción del derecho a tomar parte libremente en la vida cultural, al goce de las artes y a la participación en el progreso científico, así como a ver protegidos los intereses, morales y materiales de su creatividad artística, según quedó establecido en el artículo 27 de la carta universal de los derechos humanos. La tercera línea fue su compromiso con el respeto a la diversidad cultural, estableciendo numerosos instrumentos para ello.

Visto desde el punto de vista interno, en el nuevo curso de las políticas culturales hay que destacar dos hechos: El primero fue la exigencia encabezada por Octavio Paz en 1975 de que “las autoridades no tienen por qué expresar ideas de orden estético ni deben apoyar esta o aquella tendencia artística”. El segundo fue un cambio en la atención a las culturas populares e indígenas para abandonar el paternalismo que durante muchos años la había guiado y dar cauce al paulatino reconocimiento de la diversidad cultural y a políticas que favorecieran la participación de las comunidades locales, populares, indígenas, urbanas, etcétera, en la toma de decisiones sobre su propio desarrollo cultural.

Las políticas públicas de cultura de los últimos tres decenios se han comprometido con estas líneas y, aunque ha habido variaciones, es reconocible su continuidad, al grado de que casi en todo ese periodo la acción cultural del estado fue conducida por el equipo que construyó el Conaculta en los años noventa, encabezado por Rafael Tovar y de Teresa.

La forma en que cada gobierno ha impactado en este proyecto es distinta. Al inicio de la LIV Legislatura (1988-1991), se crearon en ambas cámaras sendas comisiones de cultura que manifestaban el interés de los diputados y senadores de dar un trato distinto y específico de la actividad cultural. Carlos Salinas de Gortari propuso un gobierno de modernización de la administración pública que supuso para la cultura la coordinación de las diversas instituciones creadas con anterioridad. En la exposición de motivos del decreto de creación del Conaculta (DOF 7-12-1988) destacan varios  propósitos de la política cultural que quería seguir el Estado a través del Consejo: Plena libertad de los creadores, diálogo intenso con la comunidad artística e intelectual y con la sociedad en su conjunto y aliento a las expresiones culturales de las distintas regiones y grupos sociales del país, promoción de la más amplia difusión de los bienes artísticos y culturales entre los diversos sectores de la población mexicana, procurando siempre la preservación y el enriquecimiento del patrimonio histórico y cultural de la Nación y la desconcentración de la administración pública.

Estas intenciones marcaron un cambio fundamental en la política del estado hacia la cultura que se expresó en la reorganización de la actividad del estado en la materia a partir del mismo CONACULTA y en la creación de nuevas instancias de relación del estado con la comunidad cultural, principalmente a partir del FONCA y otros instrumentos. Con respecto a los sectores populares se establecieron nuevas formas de participación en la vida cultural de las comunidades y las culturas tradicionales, principalmente a partir del PACMyC y de algunos intentos de descentralización.

La importancia de la transformación emprendida en el caso de la cultura fue ampliamente aceptada por la comunidad cultural a pesar de las contradicciones del gobierno de Salinas que continuó con la liberación de la economía y la integración a la economía global sin realizar una reforma política que acercara al país a las condiciones de las democracias occidentales más desarrolladas.

El gobierno de Vicente Fox intentó dar un tono más “ciudadano” a la política cultural, aunque tuvo poco éxito en ese sentido. Sí logró en cambio insistir en el gran impacto económico de la cultura difundiendo las primeras investigaciones en este terreno. El que la cultura aportara —según las mediciones de Ernesto Piedras dadas a conocer en 2004— más del 6% del PIB (según datos de 1998) tuvo un efecto muy notable en la valoración de todo el sector cultural de México y motivó el poner mayor acento en sus efectos secundarios y en la creación de empleos. Ese sexenio tuvo también un enorme programa de capacitación de gestores culturales cuyos efectos son visibles hasta la fecha pues muchos de los talleristas y capacitadores se mantienen en activo y lograron generalizar un cierto lenguaje propio de los promotores culturales. Gracias a esta actividad nociones como política cultural, fomento, infraestructura, interculturalidad, programación, derechos culturales y tantos más dejaron de ser exclusivas de especialistas e intelectuales y se incorporaron al campo comunicativo de muchos activistas y funcionarios de los ámbitos locales y estatales.  Por otra parte, desde los años ochenta recomendaciones internacionales abogaban por generar sistemas de información e indicadores de desarrollo cultural. México dio pasos en ese sentido en la siguiente década creando algunos recursos que dieron origen al Sistema de Información Cultural que en el periodo de Fox alcanzó plena madurez con el Atlas de Infraestructura Cultural de México de 2003 y la Encuesta Nacional de Prácticas y Consumos Culturales de 2004.

Las transformaciones constitucionales realizadas durante el gobierno de Felipe Calderón dieron un nuevo marco a la acción cultural del estado al consagrar en el artículo 4º de la Constitución el derecho de acceder “a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales”. Con la posterior reforma integral de la constitución en cuanto a que los mexicanos “gozaran de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales” se desplegó un nuevo sentido de la acción pública en el que la cultura dejó de pensarse como un servicio ofrecido por el Estado y pasó a pensarse como un derecho que debe ser garantizado por este.

Los tres primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto fueron relativamente obscuros en lo que toca a la acción cultural de estado en tanto que las fricciones entre el Secretario de Educación Pública y el Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes redundaron en la subordinación de este organismo a la voz del secretario Chuayffet. Sin embargo, el cambio en la cabeza del sector educativo permitió la importante transformación del Consejo en Secretaría, lo que fue ampliamente apoyado por la comunidad cultural. En ese sexenio se estableció con claridad el seguimiento de la cuenta satélite de cultura, una medición internacional realizada en México por INEGI sobre el valor económico del sector de la cultura y su participación en la economía nacional. Desde 2013 sabemos que este aporte es de alrededor del 3% del PIB.

He señalado que la política cultural de las tres últimas décadas mantiene gran continuidad en sus líneas principales. Esto es muy notable si se observan los planes sectoriales de cultura de cada uno de estos gobiernos que, en líneas generales, se avocan a atender los mismos campos, aunque, como he señalado, dan énfasis a distintos aspectos de acuerdo a las grandes líneas programáticas de los gobiernos en turno.

Esta administración se presentó con un propósito de renovación de los asuntos públicos en contra de lo que había sucedido en los años anteriores en que los, que según afirma, dominaron los intereses privados. Aunque no ha sido clarificado la manera en que esto se llevó a cabo en el sector de la cultura, no es intrascendente la intención de dar espacio a lo público en la cultura y de insistir en el día a día de la acción cultural en este propósito. Tampoco lo es el interés por combatir la desigualdad en todos los terrenos lo que ha llevado a este gobierno a dar cauce a su ambicioso programa Cultura Comunitaria como una expresión tangible de este compromiso. Cierto que el programa atraviesa por limitaciones presupuestales notables y problemas logísticos y administrativos, pero el principio de justicia en que se funda no es cuestionable. Relacionado con esto, las becas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro fueron bien recibidas en 2019 por instituciones como el INAH, pero dejaron de proporcionarse más tarde. Habrá que evaluar si los aprendizajes en torno a varios campos de la promoción cultural les fueron útiles a los jóvenes que participaron en el programa. Esto se sabrá con el tiempo.

Hay que considerar como un aspecto interesante de este periodo que el equipo de trabajo que condujo la acción pública de cultura durante 30 años haya sido sustituido por el actual. Criticado en muchos aspectos por privilegiar más la cultura tradicional que la popular, estar poco pendiente de las nuevas formas de acción cultural y cierto anquilosamiento y rigidez, también puede decirse que su continuidad fue importante para consolidar al Consejo y sus principales líneas programáticas. En cierta medida ese funcionariado constituyó una saludable burocracia cultural conocedora de la problemática y de las normas generales de la cultura y con oficio en la relación con otras áreas de la administración pública federal y estatal. Ahora bien, en gran medida aquel grupo, exitoso en muchos aspectos, vivía ya un gran desgaste y su renovación era deseable. Aunque el actual equipo a cargo de la Secretaría de Cultura no es totalmente ajeno al anterior, es evidente también que remite a otra generación de funcionarios y a otras habilidades que hay que ponderar positivamente. Pienso, en este sentido, que se trata de una transición positiva hacia otro modo de conducir la acción cultural pública que puede ser muy favorable en el futuro.

La austeridad ha tratado de verse como una virtud de la actual administración, pero resulta difícil evaluar qué de la cultura puede ser susceptible de limitarse en aras de este objetivo. Orientar o limitar la acción pública es un ejercicio de poder a partir de la asignación de un valor jerárquico a las decisiones públicas. Reducir el presupuesto de cultura a 0.21% del PEF e imponer como prioritario un programa de estricto interés personal del presidente de la República —que absorbe el 25% de esos magros recursos— como lo es la adaptación del Complejo Cultural Los Pinos y el Bosque de Chapultepec, condena en los hechos a las instituciones culturales a sobrevivir más que a intervenir en la vida cultural del país. Como sucede en tantas otras áreas de la administración, años de inversión en ciencia, tecnología, salud, ambiente y tantas más, corren el riesgo de perderse a causa de la selección de prioridades que niegan otras de gran trascendencia.

Toda la administración pública se enfrenta a un grave problema de acción porque el excesivo centralismo puede conducir a la falta de iniciativa o, incluso, al inmovilismo. El paradigma de que democratizar es descentralizar se ha visto enfrentado al de que centralizar es combatir la corrupción. La radicalidad de ambas concepciones debe descartarse. Más todavía en la cultura en la que creatividad, innovación y libertad simplemente son ajenas al autoritarismo de cualquier centro. Esperemos que ante los retos de la segunda parte de este sexenio ya por iniciar, la Secretaría de Cultura retome sus más notables tradiciones y sirva como espacio de intermediación con la sociedad que siempre ha buscado en el sector cultural público que sea el gran aliado de la creatividad. EP

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