A la deriva: El fracaso de las políticas públicas de juventud en México

Sexenio tras sexenio, las problemáticas de los jóvenes van cambiando, pero la percepción del gobierno y las políticas públicas que podrían dar solución a estas problemáticas, no cambian con la misma rapidez. ¿Qué pueden hacer los jóvenes en un país donde las políticas públicas no van al ritmo de su desarrollo?

Texto de 05/04/21

Sexenio tras sexenio, las problemáticas de los jóvenes van cambiando, pero la percepción del gobierno y las políticas públicas que podrían dar solución a estas problemáticas, no cambian con la misma rapidez. ¿Qué pueden hacer los jóvenes en un país donde las políticas públicas no van al ritmo de su desarrollo?

Ser joven en México en 2021 es una experiencia desconcertante, desoladora y peligrosa. Pese a que atender a este grupo ha sido política de Estado desde hace siete décadas, el horizonte vital de la juventud mexicana es más sombrío que nunca. La experiencia juvenil está atravesada por una amalgama demoledora de problemas como desempleo, pobreza laboral, pobreza patrimonial, victimización por contacto con el mundo del narcotráfico, feminicidio, poco o nulo acceso a la seguridad social, falta de representación política, alta incidencia de enfermedades mentales, entre muchos otros. Lejos de ser un caso de miopía administrativa, este contraste es producto de políticas públicas que casi nunca han tenido nada que ver con la vida de las juventudes y que hasta hoy siguen a la deriva.

El problema de la juventud

Atender a las y los jóvenes –ese mosaico de realidades encasillado en una cohorte de edad que va de los 15 a los 29 años— a través de la acción gubernamental implica visualizar los problemas a los que se enfrentan. La idea central es que hay derechos que ellas y ellos deben ejercer, así como valores que deben ser atendidos. No obstante, este sencillo razonamiento y su instrumentación gubernamental no han sido la regla y, a veces, ni siquiera la excepción.

El filme de 1964, La edad de la violencia (Julián Soler, México), presenta de forma prístina el ambiente en el que la juventud se convirtió una política de Estado en México. En dicha pieza se ve a un grupo de rebeldes que se disfrazan de mujeres para asaltar y cometer otros crímenes. Sin ir más lejos –y evitar spoilers—, el héroe trágico de la película es un policía. El subtexto de la película, y el leitmotiv de las políticas de juventud de la época, no era que los jóvenes tuvieran problemas, sino que los jóvenes eran el problema. Desde su creación en 1950, el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana (INJM) –primera gran política del Estado mexicano– tuvo la encomienda de resolver el tema de dónde meter a los jóvenes a fin de mantenerlos ocupados, controlados. Hasta 1970, el INJM funcionaba como un centro de “capacitación” para dotar a los jóvenes, en su mayoría hombres, con habilidades para alcanzar la “prosperidad material y espiritual”. Esta sentencia moralina encerraba, como todas las sentencias moralinas, una realidad contradictoria: el INJM sirvió para reclutar jóvenes que servirían como grupos de choque al servicio del gobierno o, incluso, como seguridad privada para funcionarios (Marcial, 2012, p. 15).

El movimiento estudiantil de 1968 actualizó uno de los miedos que caracteriza a todo régimen autoritario: que las y los jóvenes reclamen agencia política. Mientras que como dice Enzo Faletto, “en América Latina, los jóvenes obreros y los de los estratos populares en general han tendido a comportarse más en términos de tales que como jóvenes” (2009, p. 277), las y los jóvenes de la clase media emergente en México se instituyeron como sujeto político. No de manera fortuita, el INJM fue renombrado Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) en 1970, cambio que no sólo fue cosmético: la prioridad de la política pública de juventud, que había sido convertir a un grupo social percibido como una amenaza constante en mano de obra, se transmutó en un llamado a profundizar el trabajo de cooptación de las juventudes movilizadas, en lo que burdamente se quiso llamar un proyecto de “extensión universitaria”.

Del “cancherismo” al echeleganismo

Las políticas públicas de juventud experimentaron un segundo gran arco narrativo entre 1977 y 2006. Durante este periodo se reconoció que la agenda del Estado mexicano hacia las y los jóvenes requería un esfuerzo transversal que rebasara el horizonte conceptual de la juventud como un grupo que debía ser controlado. En 1977 surge una iniciativa muy ambiciosa: el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud. El “CREA”, siglas impostadas para darle un aire de cercanía al Consejo con su población objetivo, nació como una política transversal que se propuso canalizar recursos públicos para atender a las y los jóvenes. A la cabeza del CREA se hallaba la Secretaría de Educación Pública, pero participaban entidades de todos los ramos, incluyendo hasta la extinta reforma agraria. Esta iniciativa fue parte del impulso “liberalizador” en el que el régimen priista se embarcó en la década de los setenta a fin de sobrevivir políticamente.

La función autoreportada del CREA fue promover a los jóvenes “con respecto a su personalidad”. Pese a lo ambigua que es esta sentencia y pese a que la institución y sus recursos se siguieron utilizando para cooptar a grupos juveniles, el CREA tuvo dos aciertos: por un lado, abrió una veta académica para estudiar a las juventudes –aunque se concentró en los “chavos banda” de la Ciudad de México—; por el otro, diversificó la oferta de políticas de atención a las y los jóvenes al incluir eventos culturales, promoción deportiva, cuidados de salud, asesoría jurídica, apoyo educativo y turismo subsidiado con el famoso Plan Joven (Marcial, 2012). Pese a lo ineficientes que eran todas las políticas públicas del populismo portillista, el CREA fue una época de oro de las políticas públicas de juventud. Las y los jóvenes mexicanos se beneficiaron de las últimas exhalaciones del Desarrollo estabilizador a través del CREA, experimentando ganancias significativas en términos de reducción de pobreza educativa (Boltvinik, 2000) y manteniendo un acceso relativamente terso al mercado laboral.

A partir de 1982, sin embargo, comenzaría un periodo de desmantelamiento de esta primera y única propuesta relativamente articulada. La crisis de la deuda detonó un proceso de desincorporación y precarización del trabajo que tendría un efecto marcado en la juventud, pues la transformación del trabajo contractual en autoempleo informal fue absorbida en gran medida a través del crecimiento del empleo familiar no remunerado. Las mujeres y las y los jóvenes fueron los sectores que absorbieron esta nueva carga. La contracción del gasto social y el eventual desmantelamiento del CREA en 1988 llevarían las políticas públicas de juventud a su expresión mínima: el “cancherismo”. Todas las acciones que coordinaba el CREA fueron desarticuladas, bien que se las conservara a medias en los estados o municipios, o simplemente se suprimieran. La única función que conservó el gobierno federal en su estructura fue la deportiva, pues los recursos del CREA fueron absorbidos por la Comisión Nacional del Deporte (CONADE).

El “cancherismo” tenía dos mensajes detrás. Por un lado, las juventudes eran vistas como seres sin agencia que era preciso mantener entretenidos para que no se desviaran, pero ahora no por la senda de la violencia, sino por el “camino de las drogas”. En su discurso de toma de posesión, Carlos Salinas de Gortari lo puso en palabras que es difícil mejorar: “Tenemos que cambiar la relación con los jóvenes. (…) responderé a su demanda por (…) apertura de facilidades de esparcimiento para evitar los riesgos de vicio y drogadicción”. Por otro lado, quedaba muy claro que, ante el vaciamiento del Estado mexicano –“liberalización”—, atender a las juventudes no era prioridad. El ánimo de control y cooptación se transformaba en franco desinterés en un momento en el que la proporción de jóvenes seguía aumentando mientras que las oportunidades comenzaban a escasear.

La creación del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) en 1999 y la llegada de la democracia cristiana al poder en el año 2000 renovaron la intención de atender a las juventudes. Sin embargo, el enfoque adoptado a través de la regionalización de trece “servicios juveniles” (Marcial, 2012, p. 35) que impulsó la administración de Vicente Fox fue una política diseñada para otro tiempo. Prevenir el embarazo adolescente, evitar el uso de drogas y el turismo recreativo, por ejemplo, eran metas que parecían secundarias en un entorno en el que las y los jóvenes comenzaban a experimentar lo que hoy es tendencia: un estancamiento biográfico por pobreza salarial que los proyecta contra un muro de violencia, desagencificación, desmovilización política y dependencia. Una vez más, los jóvenes fueron entendidos por el Estado mexicano solamente como estudiantes. “Jóvenes con oportunidades” fue la expresión más acabada del discurso echeleganista, para el que el mercado es el único destino digno y la educación formal el único camino para llegar a él.

“Prevenir el embarazo adolescente, evitar el uso de drogas y el turismo recreativo, por ejemplo, eran metas que parecían secundarias en un entorno en el que las y los jóvenes comenzaban a experimentar lo que hoy es tendencia: un estancamiento biográfico por pobreza salarial que los proyecta contra un muro de violencia, desagencificación, desmovilización política y dependencia.”

Populismo punitivo, simulación y vuelta al pasado

El sexenio de Felipe Calderón ha sido lo peor que le ha sucedido a la juventud mexicana hasta ahora. La mal llamada “guerra contra el narco” puso a millones de jóvenes en curso de colisión con un fenómeno que, dicho de forma responsable, es un molino de carne humana. La depredación de que son víctima los jóvenes con menos oportunidades ha llevado a algunos académicos a usar el término “generación desechable” para referirse al ejército de reserva infinito del que se sirven los carteles para abastecer sus filas. “Vivir rápido y morir joven” es una expresión que se ha vuelto la única realidad para quienes cada vez son reclutados más jóvenes y que cada vez viven menos una vez que se enrolan. Esta carrera contra el tiempo ha puesto a cientos de miles de jóvenes en el cuadrante más peligroso de las construcciones sociales: en el bando de los desviados, de los punibles, de los desechables.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto se planeó un intento serio por tratar de sacar a los jóvenes del entuerto: el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD o PRONAPRED). Una de las líneas de acción más importantes de este programa se enfocó en tratar de atender los llamados “factores de riesgo” que conducen a la juventud a entornos de violencia/delincuencia. Sin embargo, la instrumentación e implementación de este ambicioso programa fueron especialmente opacas y deficientes, por decir lo menos. La articulación con los escombros de las políticas públicas de sexenios anteriores, incluyendo el IMJUVE y la CONADE, o bien, con otras estrategias de salud pública como la prevención del embarazo adolescente, no condujo a ningún resultado medible.

Los programas de la actual administración son un collage de los remanentes de las políticas públicas anteriores, cuyas premisas no han sido renovadas y que, aún peor, se les ha untado el aderezo rancio del familismo. El Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez, por ejemplo, se basa en la idea de que las y los jóvenes sólo existen como estudiantes y de que, o son instrumentales al desarrollo si terminan la escuela, o son un problema si no están en ella. Otro tanto se puede decir del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, cuya lectura del problema del desempleo juvenil es una copia del enfoque de capacidades/oportunidades de los sexenios panistas. Pese a que son programas que implican un incremento sustancial en los recursos destinados a atender a las juventudes, el enfoque sigue siendo adultocéntrico: los problemas de la juventud se resolverán cuando estén en “su lugar”.

“Hoy, como desde hace setenta años, las políticas públicas del Estado mexicano sobre juventud están desvinculadas de su compleja realidad.”

Hoy, como desde hace setenta años, las políticas públicas del Estado mexicano sobre juventud están desvinculadas de su compleja realidad. Esto es a lo que Jacob Hacker llama “deriva de políticas”: “cambio institucional que resulta no de una ‘revisión formal’, sino del fracaso de las políticas para adaptarse a cambios en su contexto social o económico” (Béland et al., 2016, p. 201). Las consecuencias de esta deriva son claras: una población juvenil cuyas circunstancias jamás han sido entendidas por los gobiernos en turno, y cuya vida hoy transcurre entre horrendas contradicciones: ser la generación más educada de la historia, pero la más pobre en setenta años; depender de sus padres si tienen la oportunidad o tratar de salir de la precariedad en medio de una tormenta de balas; conformarse en silencio o rebelarse contra una generación que, desde una postura cómoda, todavía tiene la cara dura de llamarles “generación de cristal”. EP


Referencias

Béland, D., Rocco, P., & Waddan, A. (2016). Reassessing Policy Drift: Social Policy Change in the United States. Social Policy & Administration, 50(2), 201-218. https://doi.org/10.1111/spol.12211

Boltvinik, J. (2000). Evolución de las diversas formas de pobreza en México. 12.

Faletto, E. (2009). Dimensiones sociales, políticas y culturales del desarrollo (M. A. Garretón, Ed.). Siglo del Hombre Editores y Clacso.

Marcial, R. (2012). Políticas públicas de juventud en México: Discursos, acciones e instituciones. Ixaya. Revista universitaria de desarrollo social, 3, 41.

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