La actividad humana y el aprovechamiento de los recursos naturales modifican la vocación natural de los suelos, lo que deriva en deforestación, pérdida de ecosistemas e incluso despojo de tierras y mayor desigualdad.

De acuerdo con el Programa Nacional Forestal 2020-2024, publicado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales (Semarnat), México pierde al año 128.8 mil hectáreas de cobertura forestal, debido a prácticas como el cambio de uso del suelo, la tala clandestina, el comercio de materias primas y productos forestales, así como incendios y plagas.

La cobertura de vegetación forestal del país es de 137.8 millones de hectáreas, de las cuales 41% corresponde a matorrales xerófilos; 25% a bosques templados; 22% a manglares; 11% a otras áreas forestales y 1% a otras asociaciones de vegetación. El documento de la Semarnat refiere que 95% de la deforestación en el país ocurre de manera ilegal, pues dicha Secretaría sólo autoriza el cambio de uso del suelo en un promedio de doce a trece mil hectáreas al año.

Gonzalo Chapela, miembro del consejo directivo del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) considera que las causas estructurales de la deforestación es la falta de gobernanza y de gestión de los bosques, pues ello origina que se busque el “costo-oportunidad” del territorio para  desarrollar actividades que generen beneficios económicos, como el desarrollo de proyectos inmobiliarios, siembra de cultivos de alto valor —como el aguacate-, construcción de infraestructura, entre otros.

“La deforestación es un proceso que se da a partir de la pérdida de gobernanza de las comunidades, de la intervención de otros que quieren hacer un Cancún, esos son los que ocasionan la pérdida de las condiciones, que permiten la conservación de los recursos naturales”, indicó.

Aaron Siller, experto senior del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), detalló que las principales consecuencias del cambio de uso de suelo es la pérdida de servicios ecosistémicos que brindan los bosques, selvas y humedales, como la producción de oxígeno, la infiltración de agua, pero también la resiliencia a fenómenos meteorológicos.

“Todas las actividades humanas se basan en la naturaleza, y si perdemos este equilibrio, dejamos de producir bienes ambientales. No sólo dañamos al ecosistema, sino la calidad de vida de los habitantes, en el caso de Cancún, todo Quintana Roo, si quitamos los manglares nos veríamos más vulnerables ante los efectos de huracanes, tormentas, el aumento del nivel el mar. Perdemos esta capacidad natural de sobrevivir”, expresó.

Pérdida de manglares

El especialista del CEMDA comentó que cada año se intensifica la tala de manglares para la construcción de infraestructura hotelera.

“En Quintana Roo el cambio de uso de suelo en manglares es bastante grave, en los últimos años se ha perdido más de la mitad de los ecosistemas de manglar y la autoridad tiene el mandato de protegerlos, pero no ha sido efectiva. El caso de Holbox que, aunque es un área natural protegida, sigue teniendo talas de manglar y la autoridad está siendo ineficiente en la prevención y aplicación de la ley”.

Edgar Villeda Chávez, especialista de la Subcoordinación de Percepción Remota de Conabio, destacó que en los últimos años se han observado pérdidas importantes de manglar en todos los estados. De acuerdo con el estudio Manglares de México: actualización y análisis de los datos 2020 —elaborado por la Conabio— entre 2015 y 2020, la superficie de pérdida de manglar estimada entre estas dos fechas a nivel nacional es de 37 000 724 hectáreas, mientras que las ganancias son de 167 000 254 hectáreas. Sin embargo, la Conabio advierte que estas cifras “no representan necesariamente una recuperación histórica del manglar, pues las herramientas tecnológicas actuales permitieron hacer una mejor diferenciación del manglar”.

Los tres estados que presentaron mayores pérdidas netas en la superficie de manglar en el periodo de 2015 a 2020 fueron Sinaloa, con 5, 258 hectáreas; Baja California Sur, 1,068 hectáreas y Nayarit, con 247 hectáreas.

El especialista de la Conabio explicó que “la pérdida de manglar resulta en que hay un cambio de uso de suelo. Es decir, teníamos la cobertura vegetal que es manglar y ahora tenemos una cobertura de suelo que podría ser un hotel; la perdida de cobertura es lo que hace que lleve al cambio y este cambio de cobertura se manifiesta en el uso de suelo”. Villeda Chávez detalló que Campeche y Quintana Roo son los estados con mayor número de hectáreas de manglar, con 216 000 hectáreas y 137 000, respectivamente.

“En el noreste del país la mayor parte de perdida de manglar es por acuacultura en el pacífico, tenemos identificado que se pierden por actividades agropecuarias; en el Golfo de México vemos claramente que es por infraestructura de la industria petrolera y también ganadería y agricultura. Es muy marcado, en la península de Yucatán, que las pérdidas son por actividades turísticas, construcción de carreteras, hoteles o algunos complejos de viviendas, es lo que básicamente está afectando los cambios de manglar”, dijo.

Uso de suelo para aguacates

Alfonso De la Vega, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó que una de las consecuencias negativas que ha traído el éxito comercial del aguacate es el cambio de uso de suelo de terrenos forestales para convertirlos en huertos del llamado “oro verde”. Destacó que, ante la creciente demanda de este producto, los cultivos de aguacate se han extendido a estados cercanos como Jalisco y Nayarit.

Comentó que es difícil cuantificar la superficie que ha modificado su vocación natural para convertirse en cultivos de aguacate, debido a que los sensores de los satélites que capturan las imágenes registran los árboles de este fruto como si fueran cobertura forestal. Sin embargo, De la Vega estimó que al año surgen entre 5, 000 y 10 000 hectáreas de huertas nuevas de aguacate.

“En los próximos años se espera una mayor competencia en el mercado del aguacate. Este producto sigue rompiendo récords de producción y de precios, lo que se avizora es un crecimiento más grande”, dijo.

En su artículo Socio-Environmental Impacts of the Avocado Boom in the Meseta Purépecha, Michoacán, Mexico, De la Vega comenta que el éxito comercial de este fruto ha atraído a grupos criminales, quienes se acercan a la población para rentar sus tierras y cultivar aguacate. Si se rehúsan, los despojan de sus tierras.

“Los cárteles han utilizado al aguacate como una forma de lavar su dinero. Invierten en las huertas, rentan terrenos para cuando se cosechan, es dinero que ya está limpio y lavado. Aunado a eso, está la deforestación y cambio de uso de suelo, sobre todo en la zona oriente de Michoacán en la zona de Zitácuaro, han estado bajo esta presión. En la zona de la meseta purépecha todo lo que ya se podía hacer de cambio de uso de suelo ya se hizo, por eso la presión se está trasladando a otras regiones”.

El investigador resalta que otra consecuencia que ha traído el cultivo del aguacate en Michoacán, es la desigualdad. Aunque el cultivo de este fruto representa parte importante de la economía del estado, las mayores ganancias se las llevan las empresas exportadoras, puesto que es el principal producto agrícola que se vende a estados Unidos.

“Los propietarios de las tierras se quedan como trabajadores, pues la mayor cantidad de ingresos se quedan en los exportadores y grandes productores, hay mucha desigualdad en los beneficios que deja la producción de aguacate”.

Mejorar cumplimiento de leyes

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente es el marco jurídico que establece los lineamientos para el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales y el cambio de uso de suelo, respectivamente. Gonzalo Chapela indicó que, para proteger la vocación natural de los suelos, se requiere, ejercer la regulación de manera eficiente, con estudios técnicos justificativos fundamentados y garantizar la recuperación de los terrenos.

“Proteger contra el cambio de uso de suelo, requiere ser contundentes con la regulación, si el sistema dice que no, es no, tendría que ser automatizado y muy riguroso”, apuntó.

Aaron Siller, experto senior del CEMDA, establece que, aunque la ley establece los requisitos para el cambio de uso de suelo, las autoridades ambientales no le dan un adecuado seguimiento para garantizar su cumplimiento.

“Estos cambios de uso de suelo muchas veces son irregulares, porque el estado no tiene la capacidad para monitorear, sancionar y promover la restauración de esos suelos, también ha tomado un criterio de actuación que está enfocado a la sanción económica, pero no a la recuperación del ecosistema como marca la ley”.

Indicó que el gobierno debe ser más severo para que se respete la legislación, en especial cuando se cambia el uso de suelo en áreas naturales protegidas. “Carecemos de una presencia institucional lo suficientemente fuerte para prevenir el cambio de uso de suelo, para sancionar y buscar la restauración de la zona”. EP

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