Carlos Samayoa, coordinador de ciudades sustentables en Greenpeace, analiza el papel que tienen las industrias en el acaparamiento de agua en el país frente a los pocos esfuerzos que se han hecho para asegurar su distribución en diversos municipios.
Texto de Carlos Samayoa 13/10/22
Carlos Samayoa, coordinador de ciudades sustentables en Greenpeace, analiza el papel que tienen las industrias en el acaparamiento de agua en el país frente a los pocos esfuerzos que se han hecho para asegurar su distribución en diversos municipios.
La sequía de este año en el norte del país ha dado lugar a una diversidad de debates que han buscado identificar las causas que subyacen a este problema. Este fenómeno también ha permitido visibilizar con mayor nitidez una de las desigualdades sociales más agudas en todo el territorio nacional, siendo esta la falta de acceso al agua potable. De acuerdo al diagnóstico que se plantea en el Programa Nacional Hídrico 2020-2024 elaborado por la Conagua, alrededor de 50 millones de personas en el país no tienen acceso regular al agua, lo cual se ha traducido en más de 900 conflictos socioambientales relacionados1.
A pesar de que el acceso al agua potable y saneamiento se reconoció como un derecho humano desde hace diez años en la Constitución, hasta el día de hoy las autoridades municipales, estatales y federales han sido incapaces de garantizarlo a toda la población, dando lugar a un contexto nacional de injusticia. Nuestra intención será abordar este problema desde tres perspectivas que tienen una estrecha relación: el cambio climático, las políticas gubernamentales, y la actividad industrial como factor de extractivismo y acaparamiento del agua.
La emergencia climática está modificando severamente nuestra relación con el agua. Han sido reiteradas las alertas que la comunidad científica internacional ha publicado respecto a los efectos de un aumento sostenido de la temperatura del planeta. La Organización Meteorológica Mundial publicó que la tendencia al calentamiento en toda la región de América Latina continuó en 2021 y eso será un detonante de fenómenos hidrometeorológicos extremos con mayor frecuencia.
Por ser uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, en México podemos ver fuertes sequías en el norte, como el caso de Monterrey, a la par de súbitas inundaciones en el centro-sur, como la que tuvo lugar en la región de Tula, Hidalgo el 6 de septiembre de 2021, que afectó más de 31 mil viviendas y resultó en 17 muertes a causa de la decisión de desfogar el exceso de aguas residuales y de lluvia de la Ciudad de México.
El incremento de la temperatura y la alteración en las lluvias podrían impactar la disponibilidad y la calidad del agua. Se pronostica que para finales del siglo las lluvias tenderán a disminuir hasta en un 30 por ciento en los estados del noroeste en invierno y en los estados del sureste en verano. La Conagua ha estimado que casi una cuarta parte de los municipios del país registran una vulnerabilidad climática “alta” y “muy alta”2. Una vez más, la desigualdad social acentúa los impactos del cambio climático, pues son las poblaciones en condiciones de pobreza las que enfrentan un riesgo mayor a sufrir daños humanos y materiales.
“Un factor que ha acelerado el deterioro de las cuencas del país es la pérdida de servicios ecosistémicos y de zonas de valor ambiental que tienen la función de facilitar la infiltración de agua pluvial al subsuelo y recargar los acuíferos de los que dependen las poblaciones”.
En México, 115 de los 653 acuíferos, que son reservas subterráneas de agua, se encuentran en condiciones de deterioro debido a que son sobreexplotados para atender las demandas regulares del líquido. Un factor que ha acelerado el deterioro de las cuencas del país es la pérdida de servicios ecosistémicos y de zonas de valor ambiental que tienen la función de facilitar la infiltración de agua pluvial al subsuelo y recargar los acuíferos de los que dependen las poblaciones.
Casos de qué hablar hay muchos, pero si nos mantenemos en los ejemplos del norte y el centro del país, encontraremos que tienen en común ciudades con un crecimiento urbano sumamente acelerado durante las últimas décadas. La falta de planeación urbana ha sido un factor que ha propiciado que las ciudades se conviertan en monstruos grises en detrimento de los ecosistemas que permiten el desempeño óptimo del ciclo del agua.
De esta manera, la Ciudad de México ha atentado incluso contra uno de sus ecosistemas más importantes, la zona de humedales de Xochimilco, para favorecer la construcción de puentes vehiculares. En el Estado de México, dentro de la zona metropolitana del Valle de México, se han autorizado desarrollos inmobiliarios de lujo como Bosque Diamante en Jilotzingo o Reserva Santa Fe, los cuales han implicado la tala de alrededor de 200 mil árboles en zonas declaradas como Área Natural Protegida, y con ello, la pérdida de servicios ambientales que impedirá la recarga de más de 1,200 millones de litros en los acuíferos de la zona, poniendo en riesgo a especies endémicas como el ajolote de montaña.
Mientras tanto, en Nuevo León también se ha hecho notar la pérdida de cobertura forestal que favorece la disponibilidad de agua en zonas ambientalmente estratégicas como el Parque Nacional Cumbres de Monterrey o en la Sierra de Picachos, esta última a causa de la actividad de industrias pedreras.
Lo que estos casos y muchos otros en el país nos demuestran es que no se puede hablar de una gestión integral del agua exitosa si no se integra el factor ambiental en las diversas dimensiones de la planeación urbana y si los intereses económicos siguen siendo priorizados por encima del bienestar de las personas. Desafortunadamente, la gestión del agua se ha realizado desde hace décadas bajo una visión meramente ingenieril, basada en el esquema de extraer, usar y desechar. La sobreexplotación de las cuencas ha hecho que los gobiernos recurran a soluciones extremas como la construcción de mega obras consistentes en trasvases para importar agua desde cientos de kilómetros de distancia, como sucede con el Cutzamala en el Valle de México, sistema que requiere de 2 mil 280 millones de kilowatts cada hora, cantidad equivalente al consumo de energía eléctrica de toda la ciudad de Puebla. Esta energía es producida a base de combustibles fósiles, y con ello se refuerza el círculo vicioso del calentamiento global.
Por su parte, el tratamiento de aguas residuales se mantiene debajo del 50 por ciento a nivel nacional, siendo las industrias las que menos lo implementan sin superar un promedio de 35 por ciento, a pesar de contar con los recursos económicos para optimizar sus procesos. Esto contribuye a una mayor presión sobre la demanda del líquido por no tener la posibilidad de reutilizarlo bajo un enfoque cíclico. A su vez, las aguas residuales que no reciben tratamiento despiden grandes cantidades de metano a la atmósfera, un gas de efecto invernadero 25 veces más potente que el CO2.
El acceso a los servicios de agua potable y saneamiento en el país es insuficiente e inequitativo. En el Programa Nacional Hídrico se diagnostica que solo el 58% de la población del país tiene agua diariamente en su domicilio y cuenta con saneamiento básico mejorado. Se reconoce también que muchos municipios carecen de las capacidades técnicas y gerenciales para brindar los servicios adecuadamente. Estos problemas van desde déficits por falta de cobro, infraestructuras sin mantenimiento y en un deterioro tal que se traducen en la pérdida de un promedio del 40% del agua por fugas, así como recursos financieros insuficientes para optimizar los sistemas de distribución de agua.
“En particular, son 14 estados del país en los que hay retrasos importantes en el acceso diario a servicios de agua y saneamiento, lo cual se traduce en un total de 10 millones de personas que no tienen ningún tipo de acceso al agua”.
Tenemos una fuerte problemática de infraestructura hidráulica y una escasa red de saneamiento que agudizan los problemas de agua en el país. Según el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), se necesitarán más de 20 años con una inversión sostenida de 49 mil millones de pesos anuales para alcanzar la sostenibilidad y la seguridad hídrica en México. En particular, son 14 estados del país en los que hay retrasos importantes en el acceso diario a servicios de agua y saneamiento, lo cual se traduce en un total de 10 millones de personas que no tienen ningún tipo de acceso al agua.
Aquí será necesario plantear la situación que se vive en el sur-sureste del país, pues a pesar de que los estados de esta región se caracterizan por tener disponibilidad de agua, sus poblaciones son las que enfrentan un mayor rezago en cuanto al acceso a la misma y a medidas de saneamiento debido en parte a la falta de una infraestructura de distribución adecuada. Los estados de Guerrero y Chiapas registran la mayor mortalidad infantil por enfermedades diarreicas agudas. Se calcula que casi el 50 por ciento de las muertes por dicha causa son evitables con medidas de acceso al agua potable, medidas de higiene y a instalaciones mejoradas de saneamiento.
En esta región del país, que sí tiene disponibilidad de agua, se han documentado casos como el de San Cristóbal de las Casas, pues ha llegado a no haber agua en días o semanas para muchas personas que habitan en este municipio. Mujeres y niñas, casi siempre indígenas, se ven forzadas a acarrear agua en botes desde distancias lejanas, en una situación que, durante una visita a este municipio, el relator de la ONU para el Derecho al Agua y el Saneamiento calificó como peor que la que ha atestiguado en países africanos.
Paradójicamente, en esta ciudad opera una planta de Coca-Cola FEMSA desde principios de los noventas con una concesión federal que le permite extraer hasta 420 mil metros cúbicos de agua al año3. Esto equivale a alrededor de 1 millón 150 mil litros diarios, cantidad suficiente para atender las necesidades cotidianas de entre 12 mil y 23 mil personas de acuerdo a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, situación que ha despertado protestas de parte de la población desde hace años. No obstante, este no es un caso aislado, podemos contar numerosas situaciones similares a lo largo y ancho del territorio nacional.
El 8 de agosto pasado, el presidente López Obrador anunció una propuesta para dejar de otorgar concesiones de agua en el norte del país y con ello iniciar un proceso de migración de las industrias al sur en donde hay mayor disponibilidad. Sin embargo, no solamente se trata de tener disponibilidad de agua para lograr una coexistencia armónica entre industrias y poblaciones, sino que tanto gobiernos como empresas deben asumir una responsabilidad más sólida para garantizar el derecho humano al agua potable. Si los municipios no tienen recursos suficientes para suplir las necesidades de sus poblaciones, entonces se debería cobrar más a los grandes beneficiarios que mucho se llevan y poco dejan.
Quizás este sea el punto más visible respecto a la desigualdad en el acceso al agua potable en el país. Han ido en aumento los reclamos y movilizaciones ciudadanas desprovistas de agua que evidencian la incongruencia entre las declaraciones de gobiernos que alertan que no hay agua, y la imparable actividad industrial que en las mismas ciudades en que se dice no tener agua, usan volúmenes millonarios como materia prima para sus producciones todos los días.
A pesar de que las industrias suelen afirmar que no acaparan agua, aludiendo a que más del 70 por ciento del consumo en el país es destinado para la agricultura, pocas veces se han mostrado cifras claras que permitan conocer el porcentaje exacto de la producción agrícola del país que se destina a convertirse en las materias primas o los ingredientes para ser procesados industrialmente, en especial para la fabricación de alimentos y bebidas, lo que se conoce como “agua virtual”, que es el flujo escondido en alimentos u otros productos y que se intercambia de un lugar a otro.
Por ejemplo, en el caso de la cerveza, de la cual México es el principal exportador en el mundo, En El uso industrial del agua en la cervecería Heineken en Monterrey, México. Región y sociedad se indica que para producir un litro se necesitan 5 litros de agua como promedio internacional. Este indicador no incluye la huella hídrica para obtener el producto final, es decir, el agua necesaria para el cultivo de la cebada y del lúpulo, principales ingredientes de esta bebida. Considerando este parámetro, pueden llegarse a necesitar hasta 298 litros de agua para elaborar un solo litro de cerveza4.
“El problema es que ni siquiera existen registros fehacientes ni un control riguroso sobre el consumo exacto de agua por parte de las empresas. Los ingresos federales obtenidos por concesiones a industrias son muy bajos e inequitativos, lo cual se equipara a un contexto de extractivismo minero que impide mejorar la infraestructura urbana de distribución de agua en las localidades en que operan…”.
Aunado a esto, el sistema de concesiones de aguas nacionales continúa permitiendo esquemas de extracción de volúmenes inmensos para fines industriales a precios irrisorios. La mayoría de pozos concesionados a las empresas pagan 10.1 pesos por mil litros de agua, de acuerdo a la Ley Federal de Derechos en Materia de Aguas Nacionales 2022. El problema es que ni siquiera existen registros fehacientes ni un control riguroso sobre el consumo exacto de agua por parte de las empresas. Los ingresos federales obtenidos por concesiones a industrias son muy bajos e inequitativos, lo cual se equipara a un contexto de extractivismo minero que impide mejorar la infraestructura urbana de distribución de agua en las localidades en que operan, así como los servicios ambientales de los que depende el ciclo del agua, incluyendo la conservación de zonas de valor ambiental y ecosistemas.
México es un país modelo del agua embotellada, negocio que ha sido altamente redituable para las empresas que revenden nuestra propia agua con ganancias inmensas. Por mencionar un ejemplo: Coca-Cola FEMSA reportó beneficios que ascendieron hasta los 88 mil millones de pesos (MDP) en 2021, mientras que el presupuesto de la Federación sólo destina 2,500 MDP a obras de infraestructura, agua potable y saneamiento que se tienen que distribuir a los municipios del país, lo cual termina por cerrar el círculo de la injusticia en el acceso al agua potable.
Es bueno que en las últimas semanas se haya abordado en la discusión pública que las industrias se establezcan donde sí haya condiciones técnicas y de disponibilidad de agua suficiente para no competir con la población, pero también nuestra visión hacia el futuro muy próximo debería incluir un esquema mucho más justo de redistribución de beneficios, o bien, deberíamos buscar un cobro más alto a las industrias por derechos de uso de agua.
Pensemos que la actual emergencia climática hace cada vez más incierta la disponibilidad de agua. Una compensación más justa por su explotación industrial podría fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los sistemas municipales de distribución y también haría viable implementar medidas rigurosas de acción climática que incluyan el rescate de zonas de valor ambiental necesarias para lograr no solo su disponibilidad sino también la regeneración de las cuencas.
Nuestra exigencia fundamental consiste en que donde opere una industria cuya materia prima sea el agua, no debe haber una sola persona sin acceso al agua potable. Es urgente que el Congreso Federal expida una Ley General de Aguas que asegure una gestión justa y equitativa del agua, que integre una perspectiva de recuperación de nuestras cuencas y zonas ambientales urbanas esenciales para lograr tener disponibilidad del líquido, y sobre todo, que nos permita recuperar la soberanía del agua al priorizar a las personas por encima de las industrias. El agua es un derecho, ¡no una mercancía! EP
DOPSA, S.A. DE C.V
