El Caribe mexicano forma parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, una de las regiones más diversas y económicamente importantes del planeta. La porción mexicana de este sistema se distribuye a lo largo de un estrecho de 400 km de costa en el estado de Quintana Roo e incluye un conjunto de islas entre las que destacan Isla Contoy, Isla Mujeres, Cozumel y el banco Chinchorro. Quizá para la mayoría, al escuchar que se menciona el Caribe Mexicano la primera imagen que nos viene a la mente son las distintas tonalidades de azul —que aún es posible observar— en sus aguas marinas. Esto se debe principalmente a que el mar es oligotrófico, es decir pobre en nutrientes y, por lo tanto, la transparencia del agua es muy alta. Esta característica es también fundamental para el desarrollo de los importantes procesos ecológicos que mantienen a los ecosistemas costero-marinos que aquí existen y de los cuales depende el bienestar socioambiental en la región.

Entre los principales ecosistemas que conforman el paisaje del Caribe mexicano encontramos extensos bosques de manglar, praderas de pastos marinos, arrecifes coralinos y playas de arena blanca con dunas costeras. Estos ecosistemas están intrínsecamente relacionados entre sí y dependen directa e indirectamente uno del otro para persistir ante distintas amenazas como los huracanes, las tormentas, la contaminación y el cambio climático. Se estima que, en su conjunto, sostienen una economía de aproximadamente 9,500 millones de dólares anuales en los bienes y servicios que proveen a las poblaciones humanas. Estos bienes y servicios incluyen los recursos pesqueros, la arena blanca de las playas y la protección natural de la infraestructura costera. Sin embargo, el rápido crecimiento urbano en la región, combinado con la falta de implementación de estrategias de manejo y conservación, con una regulación deficiente y desarrollo turístico desordenado, han provocado consecuencias negativas en los diversos ecosistemas, afectando su resiliencia y, por lo tanto, los servicios ambientales que proporcionan.

El desarrollo del Caribe mexicano inició en la década de 1970, como parte de la estrategia gubernamental para atraer la inversión turística al país, a través del establecimiento de centros turísticos integralmente planeados en las costas. En Quintana Roo, esto ocasionó que la población se duplicara cuatro veces en poco menos de medio siglo: pasó de cerca de 90 mil habitantes en 1970 a más de 1.5 millones de acuerdo a la última encuesta (2015) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Así mismo, el número de cuartos de hotel ha crecido exponencialmente en las últimas décadas, para llegar a casi 100 mil en la actualidad. A la par de la creciente demanda turística, se ha generado una rápida urbanización de la zona costera para albergar a las personas que trabajan en las actividades relacionadas con este sector económico, con la industria de la construcción y con todas aquellas —nacionales e internacionales— que se ven atraídas por la región. El desarrollo turístico y el urbano es mayor en el norte que en el sur, por lo que no es coincidencia que en los últimos 30 años Playa del Carmen haya tenido una tasa de crecimiento anual tres veces mayor al promedio nacional, o que la isla de Cozumel reciba más de cinco millones de visitantes en un año; quizá esta isla es el lugar más visitado por el turismo de crucero en todo el mar Caribe. Desde el punto de vista económico, el modelo del Caribe mexicano parece ser un éxito para la economía nacional, ya que genera casi 1.6 % del Producto Interno Bruto. Desde la perspectiva ambiental la historia tiene matices distintos.

El descontrolado desarrollo costero ha impactado negativamente en el sistema arrecifal, en las selvas y los manglares. En particular para los arrecifes coralinos, la falta de instalaciones adecuadas para tratamiento de aguas residuales ha propiciado un incremento de contaminantes, de nutrientes y de sedimentos que los afectan. Para entender mejor la dimensión de estos impactos podemos poner como ejemplo la rápida disminución en la abundancia de corales formadores de arrecife, como los corales cuernos de alce. Históricamente, los corales han ocupado más del 50% del sustrato en los arrecifes del mar Caribe. Esta relación disminuyó drásticamente a partir de la década de 1970. Hoy, la gran mayoría de los arrecifes del Caribe mexicano sólo tiene entre 5 y 15% de corales, con severas implicaciones en la capacidad de construir estructuras arrecifales que sirven de hábitat a muchas otras especies. Esto a su vez genera un efecto en cadena que puede disminuir la cantidad de otros organismos arrecifales, entre ellos especies de importancia comercial que son fuente de trabajo y alimento para pobladores locales. La disminución de corales en los arrecifes coralinos también afecta su capacidad actual y futura como barreras naturales que protegen las costas —y la infraestructura turística— del impacto de tormentas y huracanes tropicales.

Los impactos negativos del desarrollo costero se pueden entender por la conexión que existe entre los sistemas kársticos (ríos subterráneos) y los ecosistemas marinos. La región se caracteriza por estar conformada principalmente por roca caliza, la cual es altamente permeable. Esto implica que todo lo que ocurre en la superficie y genera residuos, se filtra y llega al subsuelo y por lo tanto al acuífero. El acuífero —a una profundidad de entre cinco y 20 metros de la superficie— es uno de los más importantes del país y se conforma por una extensa red de cavernas y túneles inundados e interconectados, distribuida a lo largo y ancho de la península de Yucatán. Es utilizado como fuente de agua para consumo humano y, a su vez —en distintos puntos a lo largo de la costa—, se conecta con el océano, transportando nutrientes, materia orgánica y contaminantes al sistema arrecifal. Por lo tanto, una de las principales preocupaciones —aparentemente inadvertida— es su contaminación. Los sistemas de drenaje utilizados para el manejo de aguas residuales son limitados y las regulaciones locales sólo requieren el uso de tanques sépticos que inyectan las descargas al subsuelo, bajo una norma oficial que no ha sido actualizada en más de 20 años. Esto se ha permitido bajo el incorrecto supuesto de que las aguas residuales estarán aisladas por un largo periodo. Sin embargo, distintos estudios en la región han demostrado que el acuífero se mezcla con las aguas residuales, ya que al analizar las aguas que se descargan al océano, se han detectado metales pesados, herbicidas, indicadores de materia fecal e hidrocarburos; estos últimos incluso siguen un patrón de disminución de norte a sur, que corresponde con el nivel de desarrollo de la infraestructura.

Si bien es probable que la problemática ambiental en el Caribe mexicano más grave se relacione con la sobreexplotación y contaminación del acuífero, incluyendo la descarga de contaminantes al mar, esta no es la única amenaza producto del desarrollo descontrolado de su línea costera. La pérdida de bosques de manglar y dunas costeras como consecuencia del desarrollo urbano y turístico, así como la desaparición de praderas de pastos marinos son un problema serio. También, en años recientes han surgido nuevas amenazas, como la aparición de especies invasoras como el pez león o la arribazón de cantidades extraordinarias a las costas de un conjunto de especies de macroalgas conocidas como sargazo (Sargassum spp). Estas arribazones ocasionan “mareas marrones” producto de su descomposición, lo que resulta en la mortalidad de especies marinas. La acumulación de sargazo en cantidades nunca antes observadas en la playa ocasiona pérdidas económicas a la industria turística y constituye un grave problema relacionado con su disposición. Por la escala de este fenómeno y de incrementarse su cantidad y frecuencia en los próximos años, esta generación podría ser testigo del cambio de color del mar Caribe y por lo tanto del cambio en todos sus ecosistemas. Además de las presiones relacionadas con la actividad humana, la región es afectada por el cambio climático global, lo cual ocasionará un aumento en el nivel del mar e inundaciones en zonas bajas, temperaturas más altas y acidificación del océano; causará blanqueamiento de corales y disminución de sus tasas de crecimiento, así como cambios en los patrones de tormentas y huracanes, haciéndolos probablemente más intensos y frecuentes.

También es de muy esencial atención una nueva enfermedad emergente que está afectando los arrecifes coralinos a lo largo del Caribe mexicano. Esta enfermedad, que afecta a más de 20 especies, se conoce como el síndrome blanco y está provocando una drástica mortalidad en corales del Caribe mexicano. El síndrome blanco provoca un rápido desprendimiento del tejido coralino y bandas blancas muy evidentes. Uno de los ejemplos más preocupantes ocurre con el coral pilar, especie que forma estructuras que alcanzan varios metros de altura, las cuales asemejan catedrales submarinas. Cuando estos corales, que tardan siglos en crecer, son invadidos por la enfermedad, mueren en pocas semanas. Colonias de esta especie y de muchas otras se están perdiendo a una velocidad alarmante en la costa del Caribe. Si bien el conocimiento del patógeno que causa la enfermedad aún es escaso, los científicos atribuyen su rápido avance, en parte, a la mala calidad del agua marina, resultante de actividades humanas y de la destrucción de hábitats costeros como el manglar.

La problemática ambiental en el Caribe mexicano es bastante compleja. Es obvio el atractivo de la región y de sus recursos naturales para el desarrollo de la industria turística y la generación de oportunidades económicas. Sin embargo, al mismo tiempo se incrementa la presión sobre los arrecifes coralinos, los bosques de manglar, las dunas costeras y las praderas de pastos marinos. Estos ecosistemas se vuelven más vulnerables a otras amenazas —como el cambio climático— y se arriesga su permanencia y la de los servicios ambientales que proporcionan a lo largo del tiempo. Si bien existen iniciativas recientes que buscan mitigar el impacto humano sobre estos ecosistemas, como aquellas enfocadas a proteger el sistema hídrico del estado de Quintana Roo o el establecimiento de cuotas de saneamiento a los usuarios de hoteles, se ha probado que las áreas naturales protegidas (ANP) bien administradas son la mejor herramienta para su conservación. Incluso, se espera que éstas ayuden a la mitigación de los efectos del cambio climático y a la vez permitan el desarrollo de las comunidades locales que habitan en ellas. En el Caribe mexicano existen 16 ANP, administradas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que suman cerca de siete millones de hectáreas, de las cuales alrededor de 83% corresponden a la Reserva de la Biósfera Gran Caribe Mexicano, establecida a finales de 2016. El establecimiento de nuevas ANP es una política gubernamental correcta, pero debe estar acompañada de suficiente presupuesto para que puedan cumplir con su objetivo de conservación y trasciendan más allá del papel. Desafortunadamente, desde 2003 el financiamiento destinado a las ANP en el Caribe mexicano —como el de otras ANP del país— ha disminuido considerablemente: de cerca de 2.5 millones de dólares en 2003, a menos de medio millón para 2017. Esta tendencia no ha cambiado en las decisiones del gobierno actual ya que en 2019 la Conanp tuvo una reducción en su presupuesto de alrededor de 28%.

Se han demostrado de manera extensa los múltiples beneficios relacionados con el establecimiento y la operación de ANP. En particular en aquellas con un componente marino, las poblaciones de peces se benefician al removerse las presiones pesqueras. Así mismo, las comunidades de coral pueden beneficiarse de la protección marina mediante dos mecanismos principales. Primero, es posible regular actividades que causan daños físicos a los corales, como el uso descuidado de anclas, prácticas destructivas de pesca y turismo masivo de buceo y esnórquel. En segundo lugar, se espera que el efecto positivo de la protección sobre las poblaciones de peces herbívoros controle las macroalgas bentónicas y beneficie indirectamente a las comunidades de coral, al reducir la competencia y liberar espacio para el establecimiento y crecimiento de especies coralinas.

Sin embargo, en el Caribe mexicano se ha demostrado que los efectos negativos del desarrollo costero y la contaminación marina sobrepasan los beneficios que brinda la protección. La cobertura de coral se relaciona positivamente con las características de protección, pero es significativamente menor en sitios con actividad humana local elevada. Además, pronosticamos que el desarrollo costero en curso reducirá la cobertura de coral —a pesar de la protección ampliada dentro de un área protegida regional— si no se implementa una estrategia efectiva de gestión integrada de la zona costera. Por esto es fundamental que las personas encargadas de formular las políticas públicas nacionales reconozcan el impacto perjudicial del desarrollo costero descontrolado y fortalezcan, mediante presupuestos adecuados, a aquellas instituciones de gobierno encargadas de verificar y aplicar las normas de construcción y ordenamiento territorial, de descarga de aguas residuales, y de las estrategias efectivas de conservación de los ecosistemas costero-marinos. La protección y el manejo efectivo de los ecosistemas del Caribe mexicano son una cuestión de seguridad nacional. Desde la academia, así como con la participación de distintas organizaciones de la sociedad civil, debemos colaborar con el sector público, para asegurar la persistencia social, económica y ambiental de esta importante región. EP

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