Desde que los berrinches vía Twitter de Donald Trump pusieron en boga el término fake news, resulta muy interesante el extenso uso que se le ha dado. De manera cotidiana hay quienes se acusan entre sí de fabricar fake news, y a veces puede haber confusión entre lo “fake” y lo “real”. Esto lo ha agudizado el presidente estadounidense, cuyos exabruptos digitales resultan ser declaraciones casi pleonásticas, o fake fake news: acusaciones infundadas sobre la falsedad de las notas periodísticas verídicas. Cuando nadie verifica la veracidad o falsedad de la información, acusar de fake news se convierte en un escudo contra toda crítica.

En este contexto resulta interesante el más reciente libro del abogado mexicano Ulrich Richter Morales, El ciudadano digital (Océano, 2018): en la primera parte detalla de manera atractiva la evolución y mutación de la propaganda y difamación hasta convertirse en fake news, echando mano del análisis de diversos especialistas que han escrito al respecto. Ahí queda claro que la falsedad de información no es nada nueva pues, desde hace siglos, diversos actores políticos en múltiples contextos la han usado a través de propaganda, discursos y declaraciones en medios de comunicación, entre otros métodos de difusión. Lo que

ha cambiado es el soporte (World Wide Web) y la plataforma (redes sociales) de la información falsa. Digamos que el “lavadero” de los chismes ha adquirido una dimensión gigantesca.

La segunda parte del libro de Richter Morales narra un caso personal: hace tres años inició una demanda en contra de Google dado que se había publicado en los servidores de dicha empresa un blog que lo difamaba. Aquí algo novedoso es que esta sección de su obra sirve como una especie de guía sobre “cómo enfrentar al Goliat tecnológico y no morir en el intento”, y al mismo tiempo ayuda de manera indirecta a diseccionar las frágiles fronteras entre la libertad de expresión, el derecho a la réplica y los daños a la moral que se pueden dar en estos tiempos en los que generar y publicar contenido falso resulta tan sencillo.

Fue a partir de todo ello que busqué al autor de este libro para charlar sobre los alcances y la complejidad de su litigio. “Estos gigantes tecnológicos buscan a toda costa evitar someterse a la Constitución de cualquier país, para eludir a un Estado de derecho o con tal de no recibir muchas demandas por cualquier información que esté en sus plataformas”, señaló Richter Morales al iniciar nuestra plática. Su demanda en contra de Google ha enfrentado varias dificultades, pero hay argumentos que el abogado confía que le ayudarán a ganar el caso y a que se retire el blog de la web. Esencialmente, la publicación viola las políticas de uso que cualquier persona debe aceptar para subir información a Google.

Lo que es verdad es que las acusaciones sobre fake news se ubican en un punto delicado entre la libertad de expresión y la censura. Aunque en algunos casos es muy claro, en muchos otros puede resultar difícil delimitar la frontera tras la cual una noticia pasa de la sátira a la falsedad. Pero, en su litigio, Richter Morales lo ve claro: no sólo está la mencionada política de uso de Google, sino el hecho de que no se contrapone con los derechos constitucionales. “Existen los parámetros en México para poder juzgar a una empresa tecnológica”, dijo, y enseguida habló de cómo la Ley Reglamentaria del Artículo 6º, que detalla el derecho a la réplica, puede ser muy efectiva contra las fake news. Asimismo, a la pregunta expresa sobre la libertad de expresión, respondió: “Las noticias falsas no están amparadas, tuteladas, bajo estos derechos fundamentales, como el derecho a la información y a la libertad de expresión, porque carecen de una esencia primordial, que es la veracidad”. Los escándalos de Cambridge Analytica y las elecciones presidenciales estadounidenses parecen apoyar esto.

En este asunto en particular, Richter Morales acusa que el blog difunde información falsa, suplanta su identidad y, además, promueve una actividad ilícita: lavado de dinero. Estos tres elementos son los que pueden ayudar en este caso —y en otros futuros— a definir una clara línea entre la sátira u opinión y la difamación o ultraje.

Pero, nuevamente, está el terrible fantasma de la censura —no en vano se derogaron hace poco más de una década los artículos sobre difamación en el Código Penal Federal, que dejaban una rendija abierta para coartar la libertad de expresión.

Para evitar la tentación trumpiana de comenzar a censurar cualquier crítica bajo excusa de contrarrestar las fake news —o peor aún, las fake fake news—, se requiere de una “alfabetización digital” básica y universal que permita a la mayoría de los lectores poder distinguir rápidamente entre la información verdadera y la falsa. EP

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