Para la construcción de su agenda política sexenal, el presidente López Obrador tomó algunos pilares de otras canteras, algunas cercanas y otras lejanas a la propia, como el principio del “respeto al derecho ajeno” del ideario juarista y el concepto de “mandar obedeciendo”, acuñado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Con estos principios como ejes rectores de la cuarta transformación, sostiene el Plan Nacional de Desarrollo, “nos dotaremos de una democracia participativa, para socializar el poder político e involucrar a la sociedad en las grandes decisiones nacionales”, aprovechando para ello la “consulta popular”. Sin embargo, advierte el antropólogo Gilberto López y Rivas, académico y miembro de la extinta Comisión de Concordia y Pacificación que sentó las bases para el diálogo entre el gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari y el Ejército Zapatista, “la cuarta transformación, en este primer año de gobierno, ha representado una nueva era de destrucción y de avasalla- miento de los pueblos, en especial de los pueblos indígenas, y de sus derechos, empezando por el derecho al territorio, a la vida, y el derecho a ser consultados, porque López Obrador inició su gestión dando continuidad al modelo extractivista y desarrollista de sus antecesores, al modelo de acumulación capitalista basado en el despojo de las riquezas de los pueblos y las naciones, y para ello cuenta con sus famosas consultas a mano alzada y con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el antiguo Instituto Nacional Indigenista del que el mismo López Obrador fue parte en el pasado, y que le hace las consultas a modo que él quiera, con el resultado que él quiera; no importa que dichas consultas violen el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, cuando estipula que las consultas deben ser previas, libres, informadas, vinculantes y culturalmente adecuadas, nada de lo cual se ha cumplido en las consultas de la cuarta transformación”.

Así, por ejemplo, sin aviso previo a la población, López Obrador ha improvisado consultas a mano alzada durante encuentros con sus seguidores para decidir —a nombre de toda la ciudadanía— la construcción del tren transístmico en Oaxaca y para cancelar la construcción del metrobús de Durango, además de que ha realizado consultas exprés para la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco y su relocalización en Santa Lucía, para la aprobación de la termoeléctrica de Huexca y —recientemente en noviembre— para la construcción del Tren Maya. Estos actos simulatorios de consulta a la población, afirma López y Rivas, han sido pervertidos y usados en contra de los pueblos por los anteriores gobiernos, tanto priistas como panistas, y ahora esa herramienta es aprovechada por el partido oficial, Morena, con las mismas intenciones que sus predecesores: “ir adelante con megaproyectos ex- tractivos como el Plan Integral Morelos, que incluye la termoeléctrica de Huexca, así como un gasoducto en las inmediaciones del volcán Popocatépetl en el que incluso hay una traición a la palabra empeñada por el presidente […] cuando este 10 de febrero de 2019, ya como presidente, anunció su apoyo al proyecto, pues fue como un baño de agua fría para todos los habitantes de estos pueblos: Amilcingo, Huexca, Plan de Ayala, y de los municipios de Puebla y Tlaxcala por los que atraviesa el gasoducto. De tal manera que yo veo momentos sombríos que no tienen absolutamente nada que ver con una supuesta transformación histórica”. La única transformación, señala el antropólogo, es la del mismo López Obrador.

Ciertamente, en mayo de 2014, en un mitin en Yecapixtla, Morelos, en su calidad de líder opositor López Obrador dijo ante los habitantes de la localidad: “nosotros vamos a defender con todo lo que podamos a los pueblos. No queremos ese gasoducto, no queremos esa termoeléctrica y no queremos tampoco las minas. Van nada más a destruir el territorio y a contaminar las aguas. Vamos a apoyarles en todo lo que podamos nosotros, México no es territorio de conquista, no es para que vengan los extranjeros aquí a apropiarse de todo, imagínense lo que significa que en la tierra en la que nació Emiliano Zapata, el mejor dirigente social que ha existido en la historia de México, quieran llevar a cabo una termoeléctrica. Eso es como ir a Jerusalén y construir un basurero tóxico o una planta nuclear, es una ofensa eso, ¿qué les pasa a estos?”. Sin embargo, cinco años después, ya como presidente, López Obrador anunció que “la inversión de esta obra es alrededor de 25 mil millones de pesos, es una planta de la Comisión Federal de Electricidad, de una empresa pública, de una empresa de la nación y si la planta no funciona, se pierde esa inversión, que es presupuesto público, dinero del pueblo. Con esa planta alumbramos, tendríamos capacidad para generar energía eléctrica y satisfacer la demanda de todo el estado de Morelos. La oposición sostiene que se afecta el agua, que se contamina el agua. Tenemos elementos para decir que no”.

Además, a los opositores a la obra, entre los que él mismo se contaba un lustro antes, el presidente los describió como gente con una “postura irracional con carga ideológica, es conservadurismo puro; eso no tiene nada que ver con la izquierda ni con ser liberal, eso es conservadurismo”. Aunque la determinación de poner en marcha el Programa Integral Morelos fue anunciada por el presi- dente el 10 de febrero, ese mismo día también anunció que 15 días después se realizaría una consulta entre la población de Morelos, Tlaxcala y Puebla para que dicha decisión fuera avalada democráticamente. Cinco días antes de dicha consulta, uno de los principales dirigentes del movimiento popular contra la termoeléctrica y el gasoducto, Samir Flores, fue asesinado. Finalmente, López Obrador se dijo “satisfecho” ante el apoyo a la termoeléctrica expresado en la consulta realizada, aunque sólo participaron 55 mil 715 personas: 0.5% de la población de las tres entidades.

Estos megaproyectos, destaca Jorge Comensal, escritor y activista ambiental, que son presentados como decisiones populares avaladas mediante consultas “parecen ser la estrategia del gobierno para incentivar la economía, hacer autopistas, refinerías, construcciones magnas; pero esas inversiones muchas veces ignoran los factores de bienestar humano a largo plazo, y a la larga pueden perjudicar a esa población, más que beneficiarla”. Uno de estos megaproyectos con un impacto incierto a mediano y largo plazo que busca ser legitimado mediante es- tas consultas exprés del gobierno de López Obrador “es el Tren Maya. Es inquietante este deseo de urbanizar mucho más la península de Yucatán, lo que puede acarrear muchísima deforestación. No es sensato pensar que siga el desarrollo urbano de la península a largo plazo, cuando es una zona altamente expuesta a los efectos del calentamiento global: al aumento de la temperatura, a la pérdida de playas, a la llegada de sargazo, al paso de huracanes cada vez más intenso. Realmente, en los planes del gobierno, este tipo de factores no parecen estar siendo contemplados como una amenaza real”.

Peor todavía: a pesar de que existe una preocupación social cada vez más desplegada entre la población en torno a problemáticas globales, como los efectos del cambio climático, sobre este tipo de temas no se organizan consultas, no se pregunta a la gente si está dispuesta a pagar los costos futuros de las actuales políticas de industrialización basadas en energías fósiles, no se les pregunta si México debe invertir en energías limpias. “A nivel federal —lamenta Comensal—, se nota mucho esta ignorancia sobre los efectos del cambio climático, en proyectos como la refinería Dos Bocas [que comenzó a construirse aún antes de que existiera un programa de impacto ambiental]. Es más, ni siquiera hay interés en el tema, lo que quedó evidenciado cuando Manuel Bartlett aseguró que las energías limpias eran tecnologías demasiado caras como para considerar su desarrollo.” Éste es, subraya, el debate que debería ser alentado al interior del gobierno y entre la sociedad. Con el gobierno como primer interesado en saber qué quiere el pueblo de México, ya sea mediante consultas, foros o procesos informativos amplios; pero no ocurre así, y es en parte por ello que “en nuestro país —remata el escritor— no hay un reflejo del despertar de conciencia en torno a la inminente crisis climática como el que sí se ha dado en otros países. Aquí no, pareciera que en México no hay cambio climático”.

Más allá de las acciones del presidente, para Andrea Sáenz-Arroyo, investigadora del Colegio de la Frontera Sur, en este gobierno hay una visión integral del medio ambiente y la ecología que no había tenido el país desde el sexenio de Zedillo con la secretaria Julia Carabias. “Tenemos a un presidente que dice: ‘vamos a hacer un proyecto de desarrollo por mis pistolas’, pero por otro lado tenemos un Consejo que dice: ‘necesitamos las humanidades para hacer la ciencia’ y que integra otros saberes para entender el tema ambiental, tenemos a un secretario de Medio Ambiente que entiende el valor de la diversidad biocultural”. El secretario Toledo está tratando de formar a un gobierno y de rehacer una secretaría que estaba de adorno. “Está haciendo todo lo que puede pero tiene a un Fonatur [Fondo Nacional de Fomento al Turismo] diciendo que no nos podemos dar el lujo de conservar la naturaleza. Toda esa gente necesita ser entrenada. ¿Cómo construimos las políticas públicas, cómo le ponemos correa a un presidente que va por el mundo tirando manglares para hacer su visión de mundo, cómo le hacemos para darle poder a las instituciones que tenemos que fortalecer y no debilitar?”. EP

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