En mayo de 2019, diez meses después de haber obtenido el triunfo electoral y a seis meses de haber asumido el poder, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó al Congreso de la Unión su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el que enumera los “puntos centrales del nuevo consenso nacional” bajo el cual México será dirigido durante los próximos años. El primer punto de este breve ideario lopezobradorista se titula “Honradez y honestidad”, y en él se promete “acabar con la corrupción en toda la administración pública”. Aclara que no sólo se erradicará la corrupción monetaria, sino también la simulación y la mentira en el ejercicio de gobierno.

En buena medida, dice Guillermo Máynez, analista político y económico con larga experiencia en los sectores público y privado, fue esta pro- mesa lo que le dio el triunfo en las urnas a López Obrador. “Fueron muchas personas, y me incluyo, las que votamos por él fundamentalmente porque tenía una propuesta de gobierno centrada en el combate a esta problemática. Para nadie es un secreto que la administración inmediatamente anterior —la del priista Enrique Peña Nieto— incurrió en excesos absolutamente inaceptables en cuanto a corrupción, así que muchos ciudadanos creíamos que la continuidad de esa forma de hacer gobierno no era la mejor manera de airear, de limpiar, de mejorar nuestra vida pública, y por lo tanto decidimos otorgar un voto a favor del proyecto que López Obrador representa”.

Esta prioridad, ponderada como la meta más importante no sólo por la ciudadanía, sino por el mismo López Obrador —primero como candidato y luego como presidente—, a un año de gestión no ha derivado en ninguna política pública concreta. “A un año de gobierno —señala Máynez, director de la consultoría Grupo ICB— lo que podemos ver es que el combate a la corrupción no ha sido generalizado, ni tampoco sistémico. El presidente López Obrador se ha concentrado muy poco en este tema, y sólo se han escogido algunos objetivos visibles, para consumo de la opinión pública”. Así, detenciones espectaculares como la de Rosario Robles, funcionaria federal durante la pasada administración y actualmente acusada de desvío de fondos oficiales, no representan realmente la aplicación de una estrategia general que alcance a todos aquellos que han incurrido en actos de corrupción, o que blinde a las instituciones de nuevos desfalcos o actos arbitrarios contrarios al interés público. “El combate a la corrupción es un tema en el que este año yo no veo, francamente, avances sustantivos —lamenta Máynez—, ojalá que se avanzara mucho más en este camino, no sólo encarcelando a gente que indudablemente amerita ser llevada a proceso, porque hay presunción fundada de que incurrieron en actos de corrupción, sino también apoyando iniciativas como el Sistema Nacional Anticorrupción, y otras ideas que provienen de la sociedad civil y que pueden reducir significativamente los niveles de corrupción en el mediano y largo plazo”.

Los órganos públicos autónomos, como el Sistema Nacional Anticorrupción, la Comisión Nacional de los Derechos Huma- nos, el Instituto Nacional de Acceso a la In- formación, el Instituto Nacional Electoral e incluso la nueva Fiscalía General de la Re- pública —sólo por citar algunos ejemplos—, fueron pensados como contrapesos al poder, para garantizar la imparcialidad en la toma de decisiones y para emprender una vigilancia real del ejercicio de gobierno. Todo esto con un sólo fin: prevenir y erradicar la corrupción y los abusos de poder en sus distintas formas. No obstante, advierte Luis Rubio —analista de México Evalúa, asociación civil dedicada al estudio de las políticas públicas aplicadas—, la única estrategia vinculada con el tema de la corrupción que puede distinguirse durante este primer año de gestión presidencial es, paradójicamente, el desmantelamiento de esos organismos autónomos. “Lo que vivimos en 2019 es un cambio radical de visión, de perspectiva, de conceptos y por lo tanto de dirección del país; pero el cambio más grande es que llega a su fin la fantasía de que México había logrado consolidar una estructura institucional mínima, ya que al presidente López Obrador le ha resultado sumamente fácil desmantelar uno a uno todos los organismos autónomos”, dice Rubio.

Pocos días antes de que concluyera 2018, por ejemplo, la Procuraduría General de la República se convirtió en fiscalía, para obtener así autonomía respecto del Poder Ejecutivo federal y garantizar la independencia de sus investigaciones, particularmente en aquellos delitos en los que la autoridad es la perpetradora. Sin embargo, en enero de 2019 al frente de este organismo quedó un viejo y cercano colaborador del presidente: el abogado Alejandro Gertz Manero. El 12 de noviembre, Rosario Piedra Ibarra —militante del partido en el poder, Morena— fue nombrada al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En ambos ejemplos, la cercanía de los titulares de estos organismos con el presidente y su grupo político, pone en entredicho su capacidad para investigar y sancionar los abusos del gobierno federal. “Esta estrategia del gobierno de López Obrador —advierte Rubio—, orientada a desactivar los contrapesos a su poder, demuestra que el andamiaje democrático e institucional de México era tremendamente débil y que no gozaba de un amplio apoyo popular, porque si hubiera goza- do de éste, la población misma hubiera acusado al gobierno de hacer algo que no se debía. Pero no fue así. Nadie dijo nada y el presidente ha ido consolidando su propio andamiaje político y de control en todos los ámbitos, eliminando los mecanismos institucionales ante los que debe rendir cuentas y también subordinando a los otros poderes de la Unión: ciertamente controla la Cámara de Diputados y ya ha logrado erosionar la minoría que le bloqueaba reformas constitucionales en el Senado”.

Así, dice el especialista de México Evalúa, en un escenario nacional de “clara acumulación de control político por parte del presidente”, el combate real a la corrupción, entendida no sólo como desfalcos al erario, sino también como discrecionalidad y abuso de poder, no queda garantizada. “En ese sentido al país le ha ido muy mal en 2019, porque hemos perdido libertades, hemos perdido mecanismos de defensa de la ciudadanía, y no hemos logrado a cambio de ello más crecimiento, menos corrupción, una menor pobreza o mayor equidad, que son los temas básicos de la agenda que el presidente puso sobre la mesa al principio de su gobierno”. EP

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