Pensemos en la reforma al Poder Judicial como el acceso a Disneyland, un colorido sendero que nos lleva a un reino de princesas, hadas y magos donde impera el bien, y el mal pierde sí o sí.

Imaginemos que el paraíso de la justicia mexicana será la aprobación de esa reforma. Es decir, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se simplificará pasando de 11 a 9 integrantes, que la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal (vigilante del Poder Judicial de la Federación) servirá para combatir la corrupción, e incluso que la disolución de la carrera judicial (esa travesía académico-profesional que capacita a los responsables de la justicia) sea positiva porque, pese a que los aspirantes carezcan de experiencia y alcancen un famélico requisito de 8 de promedio, elegir jueces y magistrados por voto popular hará cumplir el Artículo 39 constitucional: “la soberanía nacional reside en el pueblo, y todo poder público (incluido el judicial) se instituye para su beneficio”. Creamos esta vez que las iniciativas anteriores son geniales y que la última voluntad del presidente será maná: la justicia total.

Aunque veamos el vaso medio lleno y no medio vacío, hay un problema. Los jueces, que después de una tómbola serán sometidos a nuestro voto en papeletas que deberemos cruzar, están obligados a hacer campaña. Dos meses de campaña, algo razonable en los políticos, esos seres cuya principal destreza es —más que servir a la sociedad— hacer campaña, justamente. Dan discursos, sonríen en las fotos, ofrecen entrevistas, se ponen guap@s, realizan giras, dialogan con los electores, prometen edenes, se autoelogian, reciben aplausos que retribuyen con abrazos, y luego ganan o pierden. ¿Qué problema hay en que los candidatos a jueces y magistrados hagan eso en pro de la simpatía popular? Ninguno, a pesar de que no tienen idea de cómo hacer campaña. El problema es que, si quieren triunfar, no van a meterse a la cama durante dos meses, acurrucarse y dormir para despertar tras la elección para saber su suerte. En su intento de ganar, los futuros jueces necesitan hacer política, conseguir apoyos. Y cuando decimos apoyos, no nos referimos al respaldo popular. Apoyo es igual a dinero. Como los candidatos a jueces no son políticos, y por lo tanto carecen de presupuesto público para sus campañas, requieren lana. ¿A quiénes les sobra? A empresarios, caciques, partidos políticos, los interesados en que la justicia los ayude y que, desde luego, se acercarán al candidato.

Pero hay un grupo más. Cha cha cha chan, adivinen… ¡Bien contestado! La delincuencia organizada. Los grupos que matan, secuestran, roban, trafican, corrompen, amenazan, extorsionan, torturan, son los más ricos. Cualquier persona bien pensada dirá: “¿Y qué interés puede tener la delincuencia organizada en financiar a tal o cual aspirante a juez o magistrado?”. Pues que los delincuentes detenidos pasan por el escrutinio de los responsables de la justicia, quienes determinan si son culpables o no. Jueces que votaremos y que están adscritos a tribunales de circuito, donde se decreta la suerte de la delincuencia.  

No será necesario que en esas campañas los candidatos se molesten en acudir a la delincuencia organizada. Ella tocará a su puerta para apoyar la campaña de Filiberto o Engracia. ¿Filiberto y Engracia no están dispuestos a recibir ese apoyo espantoso y se negarán? Allá ellos. Como futuros responsables de la justicia valoran su vida; además, apoyo es igual a dinero: aceptarán el financiamiento que después, durante los juicios, se canjeará por exigencias. ¿O acaso Filiberto y Engracia dirán al delincuente: “Oye, discúlpame, no me pidas eso. Yo seré independiente en mis resoluciones?”. Difícil, a la delincuencia organizada jamás le ha encantado el no como respuesta. EP

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