La extradición a EUA no garantiza justicia para México. Los acuerdos de culpabilidad y la falta de juicios ocultan la verdad y perpetúan la impunidad. Es hora de repensar esta estrategia y buscar soluciones dentro de nuestras fronteras.
Texto de Carlos A. Pérez Ricart 29/08/24
La extradición a EUA no garantiza justicia para México. Los acuerdos de culpabilidad y la falta de juicios ocultan la verdad y perpetúan la impunidad. Es hora de repensar esta estrategia y buscar soluciones dentro de nuestras fronteras.
Nos hemos acostumbrado —con razón — a maldecir el funcionamiento de la justicia mexicana. Con tasas de impunidad tan altas y circuitos institucionales cooptados por intereses criminales, hemos confiado en que nuestros problemas de crimen organizado pueden ser solucionados en Estados Unidos. Sin pretenderlo, caímos en una trampa.
En un proceso que se asemeja mucho al outsourcing, el Estado mexicano ha permitido al sistema de justicia de Estados Unidos lidiar con aquello que, por desidia o incapacidad, no ha podido afrontar por sí mismo. A primera vista parece conveniente (incluso necesario), pero, a decir por los resultados, no lo es tanto. Las extradiciones y los convenios de culpabilidad/colaboración que firman los extraditados con la justicia estadounidense no nos acercan más a la justicia, nos alejan. Este texto provee un primer intento por perfilar esta idea.
La historia se remonta a tiempo atrás. El actual Tratado de Extradición fue suscrito por los gobiernos de México y Estados Unidos tan temprano como 1978. Este incluye las pautas que encuadran la relación, una lista de los delitos contemplados y la ruta de acción para empezar el proceso.
Entre 1980 y 1994, México extraditó solo a ocho personas a Estados Unidos, un número insignificante para un momento en que el narcotráfico comenzaba a consolidarse en nuestro país.1 Fue justo la ausencia de mecanismos eficaces de colaboración lo que provocó, entre otras cosas, la ejecución en territorio mexicano de la Operación Leyenda por parte de la DEA tras el asesinato de Enrique Camarena y el secuestro del doctor Humberto Álvarez Machaín en 1988.
La situación cambió con el tiempo y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Ya avanzada la década de los años noventa, las extradiciones de mexicanos a Estados Unidos crecieron a un ritmo de veinte al año, casi todas ellas relacionadas al narcotráfico (delitos contra la salud, lavado de dinero, asociación delictuosa).
El número se disparó en la primera década del siglo. En el sexenio de Vicente Fox, se aprobaron 241 extradiciones y en el de Felipe Calderón, 615. El número se redujo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien finalizó su periodo con un total de 421 extradiciones.2 Aunque aún no contamos con números globales para el periodo de gobierno de López Obrador, según una estimación de la Organización No Gubernamental Elementa, es probable que la cifra supere los 341 hacia el final del sexenio.
La extradición no es sinónimo de justicia. Cada vez más y en total opacidad, las fiscalías en Estados Unidos hacen uso de la figura de acuerdos de culpabilidad (plea-bargain) para evitar que el caso en cuestión termine en juicio.
Los acuerdos de culpabilidad son mecanismos a través de los cuales las fiscalías ofrecen beneficios (reducción de penas, modificaciones en los cargos, etc.) a cambio de que los sospechosos renuncien a su derecho de un juicio por un jurado imparcial. Es un mecanismo que busca abreviar procesos y ahorrar los recursos materiales y humanos que conlleva un juicio. Sin embargo, lo que debería ser una opción dentro del proceso penal se ha vuelto la norma: en Estados Unidos más del 98% de las condenas penales federales resultan de un acuerdo de culpabilidad.
Los acuerdos de culpabilidad son muy atractivos para las personas extraditadas desde México. Según una sistematización realizada por Elementa a partir de 150 casos, el 80% de las personas acusadas optó por un acuerdo de culpabilidad”.3 Contra todo pronóstico, en México apenas se ha problematizado esta situación.
Es a partir del esquema de acuerdos de culpabilidad que los acusados pueden acceder al programa federal de testigos protegidos que provee enormes beneficios; entre otros, la renegociación de penas carcelarias y la posibilidad de cambios de identidad. La idea central es que, a partir de estas negociaciones, la persona acusada testifique e implique a otras personas de mayor jerarquía. Si bien se trata de una buena estrategia que permite a las fiscalías estadounidenses descubrir redes de macro criminalidad, es obvio que habilita espacios de impunidad para personas que en México no habrían tenido tales beneficios.
Los ejemplos son muchos. El análisis de Elementa es sistemático y ofrece un análisis de decenas de casos. Por ahora, basta mencionar que personas como Emma Coronel, Edgar Veytia “El Diablo” o Édgar Valdez Villarreal “La Barbie” se han beneficiado de estos esquemas. Osiel Cárdenas, el creador de los Zetas y líder del Cártel del Golfo saldrá de prisión en pocas semanas tras llegar a un acuerdo secreto con la Fiscalía que involucró revelar las formas de operación de miembros de su grupo criminal.
Nada de malo hay en la reducción de condenas. El problema central es que los acuerdos de culpabilidad ignoran y minimizan “las violencias que se cometen para sostener el mercado ilícito de drogas”.4 En las negociaciones con las fiscalías, los inculpados aceptan unos delitos a cambio de que otros nunca sean investigados y llevados a juicio.
Los delitos cometidos en México y que no refieren necesariamente a delitos de drogas y que afectan en lo más profundo a la sociedad quedan fuera del relato de la construcción de la acusación y de la ejecución de los juicios. Su invisibilidad es negociada en acuerdos de cooperación cuyo contenido nunca se llega a conocer. Quedan impunes para siempre.
El abuso de la extradición y los acuerdos de cooperación permiten el lucimiento de fiscales en Estados Unidos. Ofrecen narrativas atractivas para funcionarios que buscan dedicarse a la política, pero cuyo último interés está en avanzar hacia procesos de verdad y justicia.
Hacia el futuro, urge una discusión de fondo e informada de los límites de la extradición y los acuerdos de cooperación que celebran sospechosos con la justicia en Estados Unidos. Al final, ni México terminó por resolver su problema de impartición de justicia y terminó por abrir un subterfugio más para la impunidad allende de nuestras fronteras. El peor de los dos mundos. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
