El pasado 8 de agosto concluyeron los Diálogos Nacionales organizados por la Cámara de Diputados para discutir la reforma al Poder Judicial. Estos foros tenían como objetivo convocar a especialistas de diversos sectores en un ejercicio de parlamento abierto, escuchando distintas posturas sobre la reforma. Tuve la oportunidad de ser ponente en el último foro, celebrado en el congreso del estado de Sinaloa en el que se abordó el papel de la seguridad pública y procuración de justicia en la impartición de justicia, representando al Colectivo La Justicia que Queremos, integrada por diversas organizaciones de la sociedad civil.

Aunque estos ejercicios de participación siempre deben ser celebrados, en esta ocasión los diálogos quedaron cortos en cuanto a ser un verdadero espacio de inclusión y participación. Desde el principio, fue evidente la falta de consideración a ministerios públicos o policías, actores que enfrentan de manera directa y cotidiana los retos de la procuración de justicia y seguridad ciudadana. 

En el panel en el que participé solo se encontraban presentes, en relación con el tema que se iba a abordar, un representante de la Fiscalía General de la República, la entonces fiscal del Estado del estado de Sinaloa y una jueza de distrito. A pesar de que se permitió la participación de la sociedad civil y de una representante del Poder Judicial de la Federación, da la impresión de que solo se hizo para cubrir los requisitos de un presunto diálogo, ya que difícilmente una sola representante de cada uno de estos grupos y con el tiempo tan limitado, puede expresar las preocupaciones de ambos sectores que, además, son los principalmente afectados.   

Pongo como ejemplo mi experiencia. Cuando me tocó iniciar mi participación en los diálogos, las y los legisladores presentes se encontraban ocupados tomándose fotos, mandando saludos y dando entrevistas. Este tipo de comportamiento no solo resultó frustrante, sino profundamente decepcionante: se desvirtuaba el principal objetivo de un diálogo, precisamente escuchar lo que la otra persona tiene que decir. 

Otro aspecto desafortunado es que desde el ejecutivo se siguen confundiendo las atribuciones y funciones entre los poderes judiciales locales con las del Poder Judicial de la Federación, prueba de ello fue el video que proyectaron en el que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, señaló la “urgencia” de la reforma judicial de la federación para evitar más impunidad, refiriéndose a diversos casos, entre ellos, el ocurrido con el juez de control del Estado de México que absolvió a una persona acusada por abusar sexualmente de una niña. Caso lamentable que ejemplifica las dificultades del acceso a la justicia y que no ocurrió en el fuero federal sino local. 

Si bien una reforma integral al sistema de justicia en México es necesaria, como han expuesto diversas organizaciones de sociedad civil, abogados y abogadas litigantes e incluso la academia, la propuesta de reforma del presidente de México no incidirá en la disminución de impunidad ni garantizará justicia sin considerar la participación y responsabilidad de las fiscalías.  

Garantizar el derecho a la justicia requiere una clara distinción entre la procuración de justicia y la impartición de justicia. La procuración de justicia, a cargo de las fiscalías y procuradurías, se ocupa de investigar delitos, acusar a las personas imputadas y proteger a las víctimas, tarea que recae en ministerios públicos o fiscales con el apoyo de policías y peritos. La impartición de justicia, por su parte, se activa cuando el ministerio público ha recopilado los elementos probatorios de la realización del hecho y de quien posiblemente lo realizó; en esta etapa, los poderes judiciales se encargan de juzgar y resolver a partir de la investigación realizada por el ministerio público, siempre respetando los derechos humanos y procesales que dicta nuestra Constitución y leyes.

Es por ello que la iniciativa de reforma al sistema de justicia no atiende la crisis actual en el sistema de justicia. Por ejemplo, en México, del 100% de los delitos que se cometen, solo el 10% se denuncian ante el ministerio público, y de esos, apenas el 1% se esclarece. Además,el tiempo de espera para poder denunciar un delito supera las cuatro horas. Tampoco se aborda que el Ministerio Público apenas logra judicializar un 4.3% de carpetas a nivel nacional o que el presupuesto para la procuración de justicia se ha reducido en un 22.5%. 

¿Cómo pensamos que la elecciones de jueces por voto popular va a mejorar el acceso a la justicia si no tenemos fiscalías fortalecidas que investiguen y judicialicen las carpetas de investigación para que un juez de control pueda conocer del caso? Esta iniciativa de reforma tampoco contempla medidas que faciliten el acceso a la justicia; al contrario, su implementación podría generar riesgos que harían el sistema aún más lento e ineficiente, además de comprometer la independencia de las personas juzgadoras y la autonomía del Poder Judicial como institución.

Por ejemplo, la propuesta no incluye programas de capacitación y profesionalización para fiscales y personal administrativo en áreas cruciales como técnicas de investigación, derechos humanos, perspectiva de género y atención a víctimas. Tampoco considera la implementación de sistemas de gestión de casos digitales, los cuales permitirían un seguimiento más eficiente y transparente de los expedientes, reduciendo la burocracia y agilizando los procesos.

A su vez, la reforma no contempla el fortalecimiento de la atención integral a las víctimas, ni el desarrollo y aplicación de protocolos de atención diferenciadas para víctimas de delitos graves como trata de personas, delitos contra niños, niñas y adolescencias, violencia sexual o feminicidio. Tampoco propone la participación de organizaciones de la sociedad civil en la creación y supervisión de programas de atención a víctimas, lo cual es esencial para garantizar que se escuche y atiendan las necesidades reales de las personas.

Desafortunadamente estos foros resultaron ser de mera formalidad y una simulación de diálogo en lugar de un espacio real de intercambio de opiniones sobre una de las reformas más importantes en la historia del país. Debido a este enfoque superficial, a la sensación de que no han sido seriamente escuchados, entre otros factores, es que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación convocaron a paro de labores, situación que a la larga abona en la incertidumbre de las personas que buscan justicia. En conclusión, es fundamental que las y los legisladores tomen medidas inmediatas y efectivas que realmente se enfoquen prioritariamente en las víctimas para resignificar su papel en un sistema de justicia que busque humanizarse. Deben dejar de lado los intereses partidistas y conflictos de poder que solo generan divisiones y obstáculos. Solo así podremos construir un sistema de justicia penal que verdaderamente sirva a las personas y combata el dolor que genera la impunidad en todas sus formas. EP

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