En este texto, Alejandra Atzín Ramírez escribe sobre la hidrocracia y sobre la manera en que la gestión del agua y su escasez están vinculadas a decisiones políticas y económicas.
Texto de Alejandra Atzín Ramírez H. 20/03/24
En este texto, Alejandra Atzín Ramírez escribe sobre la hidrocracia y sobre la manera en que la gestión del agua y su escasez están vinculadas a decisiones políticas y económicas.
En las últimas semanas se ha vuelto común escuchar y hablar de múltiples problemáticas asociadas a la falta de agua, pues la actual y ya evidente crisis hídrica nos ha vuelto más sensibles como sociedad ante la escasez de este recurso y el tema ha alcanzado una mayor relevancia en el debate público. Sin embargo, abordar la crisis del agua en México no es un asunto sencillo; es abrir una caja de pandora que puede contener más preguntas que respuestas, pues nos enfrentamos a múltiples dimensiones, entre las que destacan: retos de abastecimiento, arreglo institucional, problemas distributivos, temas regulatorios, ecosistémicos, legislativos e incluso cuestiones relacionadas con la calidad del agua y con monopolios.
“[…] la desigualdad hídrica no es azarosa y mucho menos una casualidad, sino consecuencia de las decisiones políticas de las últimas décadas.”
Las interpretaciones que focalizan la crisis del agua en problemas de carácter estructural por falta de infraestructura o que atribuyen la escasez de este líquido a la expansión y crecimiento demográfico son limitadas y reduccionistas, ya que no contemplan otras variables que son igual de importantes para analizar la problemática de los últimos años. Uno de los temas que urge visibilizar es la inequidad en el acceso al agua y su reparto. Y es que, si bien es cierto que cada vez tenemos menos niveles de agua debido a la sequía nacional y a los grandes retos globales, el tema medular en nuestro país es la inequidad en el abasto y acceso. No toda la población recibe agua de forma regular y no toda la población consume las mismas dimensiones de metros cúbicos. Esto se extrapola a todos los niveles; un ejemplo de ello es que las grandes empresas agrícolas consumen mucha más agua que un agricultor promedio.
En este contexto, es fundamental analizar y visibilizar las relaciones desiguales en el acceso al agua y también la toma de decisiones sobre su gestión. Por ello, en las siguientes líneas se explora la llamada hidrocracia como elemento clave para el análisis de la gestión hídrica. Y es que es importante resaltar que la desigualdad hídrica no es azarosa y mucho menos una casualidad, sino consecuencia de las decisiones políticas de las últimas décadas.
Nuestra forma de relacionarnos con el agua ha estado marcada por una lógica neoliberal, es decir, por una lógica de consumo e incluso de monetización, por una visión dicotómica entre naturaleza y sociedad donde se ha concebido el agua como una mercancía y no como un elemento del ecosistema y mucho menos como un derecho humano. Esta forma de vincularnos con la naturaleza atraviesa la toma de decisiones sobre la gestión de los recursos naturales. En México, en el centro de la toma de decisiones del sector hídrico se encuentra el Estado, quien a través de ciertas instituciones se encarga de normar y regular el reparto de agua, la generación de infraestructura, brindar permisos de concesiones, etc.; los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales están a cargo de los gobiernos municipales que pueden coordinarse con otros municipios y gobiernos estatales. Asimismo, el marco normativo federal contempla figuras de organización alternas, constituidas debidamente como personas morales; es decir, estos servicios pueden ser prestados por la iniciativa privada. El Estado, pues, actúa en vinculación con otros actores, como los como gobiernos municipales, la iniciativa privada, las cámaras empresariales e incluso los cabilderos en lo relativo a la gestión del agua.
Lo anterior nos lleva al concepto de hidrocracia. En términos teóricos, este vocablo se emplea para señalar a la burocracia del Estado relacionada con la gestión del agua; sin embargo, la hidrocracia también se utiliza para referirse a un grupo de personas con privilegios que concentran el poder en la toma de decisiones y acceso al agua por medio de concesiones. Así, estos individuos ejercen un impacto en la distribución del agua, la administración de recursos públicos e incluso en las tarifas, y una muestra de ello es que el 70 % del volumen de aguas concesionadas están en manos del 2 % de los titulares de dichas concesiones. También tienen acceso al control de infraestructura hidráulica, acceso preferencial al agua e influencia en la política hídrica nacional.
La hidrocracia ha demostrado tener una capacidad histórica para crear, renovar y consolidar su permanencia durante sexenios, sin importar el partido en turno, pues en nuestro país ha prevalecido un modelo de gestión del agua de arriba hacia abajo, de las instituciones hacia la población. Frente a estas instituciones se encuentran grupos técnicos, tanto públicos como privados, con una orientación económica y política que conforman una organización burocrática que no es del todo neutra en cuanto a sus valoraciones e intereses. De hecho, uno de los objetivos que la hidocracia mexicana ha impulsado es la consolidación de una Secretaría de Estado del Agua, pero es hasta la fecha uno de los obstáculos que ha tenido para poder consolidar su hegemonía y poderío hídrico.
La hidrocracia en nuestro país ha sido visibilizada y cuestionada desde los activismos, el periodismo independiente y la defensa del territorio. Sin embargo, no es un término tan común ni utilizado en los estudios “científicos” y “técnicos”, tal vez debido a que este concepto se pronuncia desde una visión más crítica y cercana a la ecología política que a la sustentabilidad de los discursos oficiales. Entonces, hablar de hidrocracia es una forma de criticar y hacer evidentes esas formas de pactar el reparto del agua que favorece a una minoría privilegiada a costa de la escasez hídrica que muchos sufren, en especial aquellos más pobres y por ende más vulnerables.
México es un país con altos índices de desigualdad, y un claro ejemplo de lo anterior lo podemos observar en la falta de agua. Esta desigualdad puede manifestarse de diversas formas: en el acceso al agua potable, en los costos y tarifas, y en las diferencias de género y regionales en cuanto a su gestión; por ejemplo, es un hecho que las áreas urbanas generalmente tienen mejor acceso al agua que las rurales. Actualmente casi el 10 % de la población mexicana no tiene acceso a agua potable y entre 12.5 y 15 millones de habitantes del área rural y de zonas marginadas en las grandes ciudades son las que más padecen este tipo de problemáticas. Otro dato clave es que las entidades del sur reciben menos caudal a pesar de contar con la mayor disponibilidad de agua renovable promedio anual de todo México, en contraste con las zonas centro y norte .
“[…] hablar de hidrocracia es una forma de criticar y hacer evidentes esas formas de pactar el reparto del agua que favorece a una minoría privilegiada…”
La desigualdad también puede identificarse por sectores productivos: un sector privilegiado por la hidrocracia es la agricultura de riego. Sin embargo, este sector se suele ver como el más ineficiente, ya que utiliza alrededor del 76.8 % del agua disponible sin tener rentabilidad económica ni producciones significativas, además de que la agricultura a gran escala a menudo está asociada a condiciones laborales precarias, salarios bajos y falta de derechos laborales para las personas que se encargan de estas tareas; a lo anterior se pueden añadir largas jornadas de trabajo e incluso exposición a productos químicos peligrosos sin la protección adecuada.
Ante las desigualdades, el despojo y acaparamiento de los recursos naturales se asoma la injusticia y los conflictos socioambientales. Vale la pena señalar que nuestro país cuenta con cifras alarmantes en esta materia; según el atlas de justicia ambiental, en México se presentan más de 200 conflictos socioambientales de los que 45 pueden catalogarse como asociados a temas hídricos. La mayoría de estas disputas en torno al agua son causadas por megaproyectos que hacen uso de grandes volúmenes de agua, impulsados por políticas o corporaciones bajo lógicas privatizadoras del recurso y con implicaciones complejas en los sitios en los que se instalan.
Además de estos múltiples conflictos socioambientales, también nos enfrentamos a un panorama de alto riesgo para defensores y defensoras del territorio y el medio ambiente, pues somos el segundo país del mundo con el mayor número de personas defensoras y periodistas asesinados. Estas cifras y datos son realidades que se entrelazan con el clima de violencia y violación de los derechos humanos que impera en nuestro país
México se ha caracterizado por su modelo de gestión centralizado del agua, el cual se fundamenta en la intervención del Gobierno federal como autoridad de este recurso y en el control de fuertes inversiones públicas principalmente en infraestructura hidroagrícola y suministro de agua potable para las grandes ciudades. Esta forma de gestionar nuestros recursos hídricos ha demostrado no ser equitativa para toda la población y no contemplar a diversos actores sociales en la toma de decisiones, hecho que nos hace reflexionar sobre la necesidad de impulsar modelos de gobernanza hídrica.
La gobernanza hídrica se refiere al conjunto de procesos, estructuras, leyes, regulaciones y medidas que guían la gestión del agua, así como las interacciones entre los diversos actores que están involucrados en su administración. Es un enfoque integral que busca asegurar un uso sostenible, equitativo y eficiente del recurso hídrico, teniendo en cuenta aspectos ambientales, sociales y económicos.
En contraste con la hidrocracia que favorece a un grupo específico de actores sociales, la gobernanza hídrica busca garantizar que el agua se gestione de manera ética para satisfacer las necesidades presentes y futuras de las personas y ecosistemas.
México requiere asumir la responsabilidad de la crisis socioambiental y reconocer que los esfuerzos gubernamentales no han sido suficientes. Se deben visibilizar los efectos negativos de la gestión hídrica actual, así como el rol que juega la hidrocracia en la inequidad del reparto de agua. El sector hídrico es fundamental para lograr un país más sustentable y justo. Entre las consideraciones mínimas que se deben tener en cuenta para lograr una administración integral y ética del agua se pueden mencionar las siguientes:
“México requiere asumir la responsabilidad de la crisis socioambiental y reconocer que los esfuerzos gubernamentales no han sido suficientes.”
Estas consideraciones son fundamentales para asegurar que la gestión del agua sea justa, equitativa y sostenible, y propiciar un mayor bienestar para todas las personas y el desarrollo sostenible de nuestro país. Recordemos que sin justicia ambiental no puede existir justicia social y para lograrlo se debe garantizar el derecho al agua de todos los individuos y no de unos cuantos. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
