El Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi, en su proyecto México próspero, equitativo e incluyente. Construyendo futuros 2024-2030, presenta la sección Replantear la presencia de México en el mundo, coordinada por Susana Chacón y Olga Pellicer.
Texto de Silvia E. Giorguli & Claudia Masferrer 19/02/24
El Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi, en su proyecto México próspero, equitativo e incluyente. Construyendo futuros 2024-2030, presenta la sección Replantear la presencia de México en el mundo, coordinada por Susana Chacón y Olga Pellicer.
Uno de los principales retos para quienes estudiamos la migración internacional y el nexo con las políticas para gestionarla es el efecto “coyuntura”. Nos referimos a que lo que se ve en las noticias o en procesos electorales, normalmente con un toque amarillista o de alarma, acaba por polarizar las posiciones en torno a la migración y llevar a la discusión acciones o políticas reactivas, insuficientes y que están concentradas en responder a la coyuntura o mover a un sector del electorado. México tiene una posición particular como país tradicionalmente de emigración y retorno, con algunas experiencias de inmigración y exilio, y con un carácter de tránsito vinculado a su posición como paso de múltiples flujos intra y extra-regionales que tienen como destino Estados Unidos.
“[…] Estados Unidos es el país de origen del mayor número de inmigrantes en México con un total de 750 mil en 2020, de los cuales medio millón tiene menos de 18 años…”
Estamos convencidas de que superar la coyuntura y definir una política asertiva en torno a los temas migratorios, con una mirada fresca e innovadora, requiere tener en mente el panorama complejo de la multiplicidad de situaciones en torno a la migración, tanto interna como internacional. Para este ensayo hacemos una breve reconstrucción de la fotografía de la migración internacional en nuestro país, con todas sus dimensiones, para de ahí proponer una posible dirección para la gestión futura de la migración centrada tanto en las personas que llegan y transitan por el territorio nacional, como en sus procesos de integración. Esta perspectiva amplia requiere considerar la emigración tanto en relación con los connacionales que viven en el extranjero como en torno a los posibles dilemas futuros asociados a la emigración y el desplazamiento forzado interno.
La población mexicana tiene una larga historia de movilidad geográfica. Desde hace más de cien años participa en un circuito migratorio que consiste en “ires y venires” de diferente intensidad y dirección desde y hacia Estados Unidos. De estos movimientos, y de una política migratoria estadounidense restrictiva, habría de consolidarse una comunidad mexicana de más de 11 millones de personas que reside en Estados Unidos, y de la cual poco menos de la mitad vive en una situación migratoria irregular. Se han documentado ampliamente los múltiples desafíos por vivir largos periodos de tiempo en situación migratoria irregular; sin embargo, no se vislumbran cambios en la política migratoria estadounidense para una regularización. Además, habría que sumar los casi 22 millones, hijos e hijas de migrantes mexicanos nacidos en Estados Unidos y sus descendientes que en conjunto constituyen una población estadounidense de origen mexicano, con derecho a la nacionalidad mexicana, y que se podrían ver afectados por la separación de uno de sus familiares. Un número considerable de ellos ha inmigrado a México con alguno de sus padres y reside hoy en nuestro país. De hecho, Estados Unidos es el país de origen del mayor número de inmigrantes en México con un total de 750 mil en 2020, de los cuales medio millón tiene menos de 18 años, y la mayoría vive con un padre o madre nacido en México.1 Dos de cada tres estadounidenses en México tiene también nacionalidad mexicana; es decir, la población con doble ciudadanía residente en México llegaría al medio millón.
El aumento del retorno de connacionales y la inmigración de estadounidenses a nuestro país se dio principalmente en el periodo 2008-2018, a la par del descenso de la emigración desde México, como resultado de la crisis económica y recesión post-2008, así como del aumento del control fronterizo y deportaciones. En el periodo 2005-2010, regresaron 825 mil mexicanos y llegaron 316 mil estadounidenses. Este flujo de norte a sur ha disminuido con los años, pero continúa, pues de 2015 a 2020 llegaron a México 294 mil mexicanos y 181 mil estadounidenses.2 De hecho, el retorno está asociado a razones económicas, familiares, de salud, estudio, nostalgia, por deportación o para evitar ser deportados —y con frecuencia se migra con hijas, hijos o cónyuges nacidos en Estados Unidos.
Varios momentos a lo largo de la historia ilustran la flexibilidad de estos flujos, la rapidez de sus cambios y la adaptabilidad a las necesidades del contexto. Por ejemplo, el pico en la emigración hacia finales del siglo pasado y principios del actual coincide con un momento de crisis económica en México. Asimismo, después de la “gran recesión” en la economía estadounidense en 2008, observamos la transferencia de remesas desde aquí hacia el norte y el aumento del retorno a México de migrantes y sus descendientes.
La migración hacia o desde el vecino del norte es una constante en el imaginario de los mexicanos, un recurso disponible que se moviliza en situaciones de crisis individual, familiar, de la comunidad y del país, y un proceso que toca de alguna manera a casi todas las familias o comunidades. En esta fotografía, habría que sumar a los familiares de migrantes que permanecieron en el país, pero que fueron expuestos a la migración internacional, que mantienen un vínculo y construyen un imaginario sobre el “norte” a partir de las remesas que reciben y el intenso intercambio por teléfono o por redes sociales con quienes están en el extranjero.
Este patrón de vecindad geográfica, movimientos masivos y de intercambio casi exclusivo con Estados Unidos dan sentido a la forma en que los mexicanos entendemos la migración internacional. Corridos, películas, novelas, relatos diversos dan cuenta de una empatía, admiración e incluso envidia por quienes están vinculados con la migración de alguna manera. También ilustran las tragedias humanas vinculadas a una gestión fallida de la migración que ha resultado —con diferencias según la época— en muertes en el cruce, un aumento del tráfico de personas, mayores riesgos para los migrantes en su trayecto y la dolorosa separación de familias.
Después de más de una década con una emigración baja y constante, recientemente, en particular durante los últimos dos años, hemos visto un aumento en las detenciones de mexicanos en la frontera —indicador del incremento en los flujos— en una mezcla de motivos económicos, laborales, de migración forzada por violencia y, en menor medida, como respuesta a efectos del cambio climático o a desastres naturales. Este aumento se ha dado a la par del incremento en el número de mexicanos desplazados internamente por la violencia y la inseguridad, y del número de desplazados que se encuentran intentando llegar a Estados Unidos en búsqueda de refugio, aunque el sistema de protección internacional no los reconozca con la condición de refugiado.3 De hecho, en estos últimos años, el aumento en el número de mexicanos solicitando asilo en Canadá ha traído de nuevo a la mesa la discusión de la necesidad de imponer visa a México, misma que se impuso entre 2009 y 2016 tras ser el país con mayor número de solicitantes de asilo. Así, aunque la migración México-Estados Unidos es predominante, nuestro país se encuentra inmerso en el sistema migratorio de Norte-Centroamérica.4
Aunque la visión de México como un país de emigración y de retorno está más presente en el imaginario de la sociedad mexicana, es menos claro el posicionamiento del país como uno de recepción y de acogida. Comparado con los otros grandes países de América Latina o con los dos vecinos de América del Norte, Estados Unidos y Canadá, somos un país con muy poca inmigración. Según el censo 2020, había 1.17 millones de personas nacidas en el extranjero, lo cual representa menos del 1 % de la población total de 126 millones. Estamos lejos del 21 % en Canadá, el 15.3 % en Estados Unidos o del entre el 5 % y el 10 % en Argentina, Costa Rica, Chile y Panamá. Sin embargo, aunque en términos relativos y absolutos la población nacida en el extranjero sea pequeña y la población mexicana rara vez tenga contacto directo en su día a día con ella, la percepción de la inmigración en México es ambivalente. Por un lado, encontramos muestras de solidaridad y apoyo y, por el otro, sospechas y expresiones de xenofobia y nacionalismo.
En la narrativa de nuestra historia hay momentos que identificamos con orgullo por las acciones asertivas del Gobierno mexicano para recibir a población exiliada o en condición de refugio. Tal es el caso del exilio español a finales de los años treinta y durante la década de los cuarenta, o los múltiples exilios latinoamericanos entre 1950 y 1980. En esos casos, el Gobierno mexicano reivindicó su posición internacional como país de recepción, solidario con los perseguidos políticos. Existe, sin embargo, una desconexión entre este posicionamiento internacional y una visión de discriminación o de rechazo al otro que ha dificultado los procesos de integración de quienes llegan a territorio nacional. Esto incluye, además de los exiliados, a los migrantes de retorno y a los flujos de otros países de América Latina y el Caribe que han llegado a México durante el último lustro. Los orígenes de los extranjeros que residen en México se van diversificando al incluir flujos de otras partes del mundo, desde Europa, hasta Asia y África, con otras costumbres, religiones e idiomas.
Aspectos como el acceso a la identidad, a una situación migratoria que les permita buscar vivienda, trabajo y acceder a servicios están ausentes con la sistematicidad suficiente para permitir su integración a la sociedad mexicana, incluida la migración mexicana en retorno.5 Tampoco existe una política sistemática que promueva dicha integración, a pesar de que las leyes de 2011 en materia de migración y refugio proveen de un marco regulatorio progresista y garante de derechos humanos a las poblaciones extranjeras en nuestro país. Que la correcta integración de personas migrantes promueve la cohesión social no es aún un hecho reconocido por el grueso de la población. De hecho, una constante en conversaciones con expertos sobre inmigración es la importancia de cambiar la narrativa en torno al ser mexicano, para poder celebrar la diversidad y crear narrativas más incluyentes hacia las personas en movilidad.6
“Según el censo 2020, había 1.17 millones de personas nacidas en el extranjero, lo cual representa menos del 1 % de la población total de 126 millones.”
América Latina y el Caribe son en general una región con una elevada movilidad. En particular, durante los últimos cien años los países sudamericanos han experimentado periodos de intensa inmigración —principalmente europea, exilio durante la época de las dictaduras, una emigración económica a Estados Unidos y Europa y periodos de retorno. Asimismo, con vaivenes, ha estado presente una movilidad intrarregional que responde a los ciclos económicos y políticos de los países. En la última década ha sido especialmente visible la migración entre países de la región dado su aumento y dinamismo. Destaca así, por ejemplo, la migración haitiana a varios países de Sudamérica, la salida de Guatemala, Honduras y El Salvador hacia el norte, la migración hacia Argentina, Uruguay y Chile desde otros países sudamericanos y, más recientemente, el gran éxodo venezolano que ha resultado en la salida de 7.7 millones con destinos diversos dentro y fuera del continente. Estos movimientos destacan por su volumen y por la rapidez con que cambian de dirección dependiendo de las condiciones en los contextos de acogida. Por ejemplo, la migración haitiana que llegó a Brasil en el contexto de las olimpiadas posteriormente migraría a otros destinos en Sudamérica, cuando la situación económica y laboral fue adversa en el primer país de llegada.
El aumento de las migraciones hacia la frontera de México desde Centroamérica, Venezuela y más recientemente otros países sudamericanos, entre ellos Ecuador y Colombia, es reflejo de esta movilidad intrarregional. En ella se mezclan flujos económicos con otros que huyen de la situación de violencia o persecución política, o que buscan reunificarse con familiares. La característica común es una creciente vulnerabilidad en los flujos, que incluyen, además de adultos que migran solos, unidades familiares y un número importante de menores. Sus trayectos migratorios se caracterizan por la indefensión ante las organizaciones de tráfico de personas, las experiencias de abusos por parte de las autoridades migratorias y los crecientes riesgos y costos económicos en el viaje.
Los países de la región han respondido de manera distinta a estas nuevas migraciones: facilitando el estatus de documentación de los migrantes (Colombia en el caso de la migración venezolana) o con acciones específicas para facilitar los procesos de llegada e integración a los nuevos contextos (como es el caso de Costa Rica). Aun así, cada vez más encontramos expresiones de rechazo, experiencias de discriminación o estigmatización de las poblaciones migrantes y una referencia al tema en procesos electorales regionales. Se delinea como una situación que requiere de una respuesta regional e, idealmente, coordinada entre países de origen, de tránsito y de acogida.
En parte, la respuesta regional y coordinada entre países de la región no se ha dado cabalmente por la constante presión política que genera la migración en la relación bilateral México-Estados Unidos, y la constante aparición del tema migratorio en las campañas electorales estadounidenses. Por ejemplo, la presión que ejerció el presidente Trump con la amenaza a los aranceles en 2019 desencadenó la implementación del programa “Quédate en México”, que implicó que los solicitantes de asilo en Estados Unidos esperaran su proceso desde México, y que evidenció la mayor intersección entre la política exterior y la política migratoria.7 Más recientemente, ante las presiones del partido republicano y del gobernador del estado de Texas, las conversaciones y acuerdos entre los Presidentes Biden y López Obrador han dejado ver presiones para que México controle los flujos migratorios que se dirigen hacia la frontera México-Estados Unidos y acepte personas devueltas por las autoridades estadounidenses. Por su lado, el Gobierno mexicano llama a que se atiendan las “causas de raíz” de la migración a través de programas sociales que mejorarían las condiciones del campo y el trabajo juvenil. La argumentación es que mejores condiciones económicas y oportunidades laborales en los países de origen frenarían la emigración hacia México y hacia Estados Unidos. Con todas las posibles diferencias que esto implica en la agenda bilateral, ambas posturas coinciden en que menos inmigración es deseable, por lo que se debe evitar que las personas emigren (mejorando las condiciones en el país de origen) o inmigren (creando controles fronterizos y cerrando canales legales para el asilo y refugio).
La gestión de la migración en México se encuentra entrampada en ese falso dilema del control y la militarización, y del evitar que la gente migre al mejorar las condiciones laborales y económicas en el origen. Sin embargo, México se adhirió al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular y el desafío es cómo lograr sus principios. En este sentido, buscar la corresponsabilidad al vincularse con otros Gobiernos latinoamericanos y aumentar la cooperación internacional que atienda a las causas de la migración, son pasos importantes, pero no suficientes. Primero, porque estudios muestran que mejores condiciones económicas tienden a promover la emigración en un primer momento al brindar recursos suficientes para que aquellos que desean hacerlo puedan cubrir los costos asociados al viaje. Segundo, porque el aumento de flujos mixtos en la región deja claro que muchos migran buscando mejores condiciones sociales y políticas o huyendo de la violencia y la inseguridad, por lo que mejores condiciones económicas no serán suficientes. Dicho esto, muchos de ellos no podrán entrar al sistema de protección internacional pues no serán reconocidos con la condición de refugiado. Tercero, porque la reunificación familiar, que explica un gran número de menores que migran solos, no necesariamente disminuirá si los jóvenes desean llegar a Estados Unidos donde sus padres o madres se han visto atrapados por la política migratoria. Cuarto, porque el aumento de flujos extra-regionales provenientes de Asia y África poco tiene que ver con los planes de desarrollo que se buscan impulsar. Argumentos similares aplican para los flujos de personas mexicanas en retorno, la inmigración de familiares estadounidenses y la llegada de mexicanos deportados o ciudadanos estadounidenses deportados de facto.8 Finalmente, porque muchos estudios también muestran que los controles migratorios y políticas restrictivas aumentan los costos y riesgos de los trayectos migratorios, con poco efecto disuasorio.9
En este sentido, varios hemos apuntado a la necesidad de crear vías legales para la migración —no sólo en México y Estados Unidos sino en todos los países de la región—,10 con el fin de ordenar los flujos y reducir riesgos en el viaje, así como evitar que poblaciones migrantes caigan en estatus de indocumentación o en manos del crimen organizado en cruces irregulares. Proveer de una condición migratoria regular en nuestro país traería consigo que poblaciones extranjeras accedieran a empleos, vivienda, servicios y espacios de convivencia, lo que les permitiría desarrollar sus capacidades y aportar conocimientos y experiencias a nuestro país. Esto requeriría de dotar a las instituciones responsables de la gestión con los recursos humanos y financieros necesarios.
La experiencia de la población mexicana en Estados Unidos, que ha vivido en estatus irregular por décadas y que ha quedado atrapada sin poder acceder completamente a sus derechos y sin poder visitar a familiares en México, puede servirnos de ejemplo de qué no hacer. Más allá del control migratorio, esta experiencia invita a pensar sobre las exclusiones generadas por el Estado,11 la separación familiar forzada, los perjuicios asociados a limitadas opciones legales a la migración y los limbos legales resultantes de estatus migratorios precarios e inciertos.
“Dado que la política migratoria basada en la contención parece no dar frutos, queda pensar perspectivas distintas y menos reactivas…”
La gran pregunta es cómo incluir en el proyecto de país un modelo que considere la integración de las personas migrantes y que busque reducir la discriminación y la xenofobia hacia los extranjeros en México. A muchos les causa ansiedad que el número de extranjeros crezca en nuestro país, pero a otros les causa esperanza verlo como un fenómeno que potencialmente brinda oportunidades y no como un constante problema. Desde esta visión, México podría alojar e integrar a un mayor número de extranjeros. Dado que la política migratoria basada en la contención parece no dar frutos, queda pensar perspectivas distintas y menos reactivas que puedan sostenerse en el largo plazo. Sin embargo, pensar en el largo plazo queda opacado por atender lo coyuntural y lo inmediato, por tensiones entre las gestiones a nivel federal y a nivel local, o por presiones externas. Ubicar las múltiples facetas de la migración internacional que vivimos es un primer paso para buscar soluciones más allá de la contención o de atender las causas de raíz. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
