México ha seguido el patrón clásico de transición demográfica, al pasar de niveles altos de mortalidad y fecundidad a niveles bajos y controlados.¹ El primer gran cambio fue la reducción de las tasas de mortalidad prevalecientes hasta antes de los años 40, gracias a las mejoras en la higiene y la salud pública, así como a los avances médicos, económicos y educativos (Gómez de León y Partida, 2001). Estos cambios contribuyeron al incremento de la esperanza de vida y al avance en la transición epidemiológica. A ello se agrega en un segundo momento la reducción de la fecundidad debido al uso masivo de métodos anticonceptivos y las transformaciones de las normas socioculturales y las actitudes religiosas (Zavala de Cosío, 2001). Junto con ambos fenómenos demográficos la emigración de la población mexicana hacia Estados Unidos se ha hecho presente, con mayor notoriedad en las últimas décadas del siglo pasado (Corona y Tuirán, 2001). Estas tendencias demográficas han traído consigo reducciones en la tasa de crecimiento poblacional y transformaciones en la composición de la estructura poblacional. El país ha pasado de estructuras de población jóvenes a pirámides poblacionales que denotan una menor participación de la población joven y el aumento de los grupos etarios de adultos y en edades avanzadas. Se espera que esta tendencia se acentúe en el tiempo. A partir de las proyecciones más recientes del Consejo Nacional de Población (Conapo, 2023) se estima que el índice de envejecimiento² pasará de 29.8 en 2020 a 47.7 en 2030, 76.8 en 2040 y 111.6 en 2050.

Este proceso de envejecimiento demográfico plantea desafíos sociales y económicos, los de mayor relevancia son la salud y la seguridad económica. Por un lado la morbilidad y las consecuencias no letales de las enfermedades crónicas, degenerativas e incapacitantes conllevan costos crecientes, la necesidad de atención médica especializada, el incremento en la demanda de cuidados y la presencia de cargas emocionales, entre otros, que repercuten en el bienestar de la población. A ello se agrega que se trata de un patrón que no se conoce y que difiere de aquel que han seguido países con transiciones demográficas y epidemiológicas más avanzadas (Gutiérrez-Robledo, 2002; Ham, 2003). Por otro lado, el cese de la actividad económica por razones de la vejez, lleva a plantear la relevancia de contar con seguridad económica para garantizar una buena calidad de vida, es decir de disponer de manera independiente de una cantidad de recursos económicos que sean regulares y suficientes (Guzmán 2002, citado por Huenchuan y Guzmán, 2007). 

A partir de estos antecedentes el objetivo de este manuscrito es analizar los retos de la seguridad económica de la población de 65 y más años de edad (P65+) en México de cara a las elecciones de 2024.  

Retos de la seguridad económica 

Uno de los efectos del envejecimiento que, económicamente resulta más crítico se relaciona con la dificultad para garantizar la seguridad económica en las edades avanzadas. Los principales mecanismos que la configuran son la participación económica, la seguridad social y los apoyos familiares, con diversas implicaciones diferenciadas por sexo. 

Al analizar la seguridad económica de la P65+ en México, con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares​ 2022, se encuentra que 40.5% de los hombres y 17.7 % de las mujeres reciben ingresos derivados de su participación en la actividad económica, con ingresos medios que ascienden a $8999 y $4406 mensuales, respectivamente y en su gran mayoría en condiciones laborales precarias. Esta situación se agrava cuando es necesario retirarse de la actividad económica debido al envejecimiento, en estas circunstancias la población mayor se apoya de transferencias. 

En 2022 nueve de cada diez personas mayores reportan ingresos por transferencias. El 10 % de los hombres y 20 % de las mujeres señalan haber recibido ingresos de otros hogares, en un monto medio mensual de $1800.  Además, 2.6 y 4.0 %, respectivamente, recibieron remesas, en montos promedio de $2600. Se trata de apoyos condicionados por la capacidad socioeconómica de los hogares, las configuraciones familiares y el tipo de relaciones familiares, entre otros elementos. Además, es un mecanismo de seguridad económica que se debilita debido a las transformaciones en la fecundidad que reducen el número de hijos(as), los nuevos patrones de migración, los mayores niveles de urbanización y los cambios culturales. 

Por lo tanto, las transferencias de la seguridad social se presentan como ideales, en la medida en que los ingresos que reciben las personas son un derecho adquirido, legislado y pactado que garantiza la regularidad de los recursos. Sin embargo, la realidad mexicana muestra grandes sectores de la P65+ sin acceso a las pensiones derivadas de las contribuciones laborales, 58.5% de los hombres y 74.6 % de las mujeres. Entre la P65+ que cuenta con estos beneficios permean marcadas desigualdades por ejemplo, entre las mujeres predominan las pensiones por viudez y entre los hombres las de vejez y jubilación. En más de 70 % de los casos la pensión la otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el monto mensual de la pensión que predomina es de hasta dos salarios mínimos. Cabe mencionar que el mayor número de pensiones otorgadas corresponde a los afiliados directos, principalmente trabajadores en empresas privadas y cerca de seis por ciento a los empleados del propio IMSS en su Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP). El RJP es el sistema más favorecido, el valor promedio de las pensiones es 4.5 veces la de los afiliados al propio IMSS. Enseguida el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), atiende cerca de 20 % de la población pensionada.

Las pensiones como mecanismo de seguridad enfrentan dificultades, a la escasa cobertura y bajo monto de los estipendios se agregan las consecuencias derivadas de la reforma del IMSS en 1997 y del ISSSTE en 2007, donde se sustituyó el sistema de reparto, solidario, de beneficios definidos, por uno de cuenta individual y administración privada. Las reformas acentuaron los mecanismos regresivos de redistribución en la medida en que el gobierno debe financiar el pasivo de transición y las garantías de las pensiones mínimas. En el año 2021 se cumplió el tiempo necesario para cubrir los requisitos de semanas de cotización y pensionarse bajo este nuevo régimen. Sin embargo, antes los escasos resultados el 1 de enero de 2021 entró en vigor la reforma al sistema de pensiones de la Ley del Seguro Social de 1995 que rige al IMSS y a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro de 1996. Entre las principales modificaciones se encuentran: i) el aumento en el porcentaje de las aportaciones de manera gradual de 2023 a 2030, en especial de la cuota patronal, ii) el incremento del monto de la pensión mínima garantizada, iii) la reducción en el número de semanas cotizadas y iv) el establecimiento de un máximo a las comisiones de las administradoras de fondos para el retiro (DOF, 2020). Al revisar su contenido y posibles resultados Ramírez (2021) encuentra que cerca de la mitad de los trabajadores sólo podrá acceder al retiro de su ahorro, además se elimina el principio de que ninguna pensión debería ser menor a un salario mínimo, ya que como quedó definida inicia con un valor que representa 73.6% de un salario mínimo, entre otros elementos. En consecuencia, no se solucionan los problemas de escasa cobertura y bajo monto de las pensiones.

En cuanto a las pensiones no contributivas, en 2022 el porcentaje estimado de hombres que recibió este tipo de transferencias fue 74 % y en las mujeres 77.3 %. Un aumento significativo cuando se compara con 2018, en aquel año estas cifras fueron 37.5 y 48.1 %, respectivamente. Cabe mencionar que en 2022 la P65+ sólo con pensiones no contributivas (sin pensiones contributivas) fue 44.1 % y 58.8 %. Además, según deciles de ingreso per cápita 86.5 % del decil I reportan ingresos por pensiones no contributivas, en contraste con 62.1 % en el decil X. Entre las transformaciones más recientes resalta que en 2019 se crea la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, pensión universal no contributiva. En 2020 se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 4°) la obligación de garantizar la entrega de pensiones no contributivas a la población de 68 y más años de edad y a la P65+ indígena y afromexicana. En 2021 se redujo a 65 años la edad de la población objetivo. En relación con los montos de los ingresos, mientras que en 2019 fue de $1275 mensuales en 2023 son $2400; pagaderos bimestralmente (DOF, 2022). 

Otras fuentes que proveen seguridad económica, como la formación de ahorro, suelen ser insuficientes para la gran mayoría de la población mayor; o el apoyo que otorgan las redes sociales o las instituciones de beneficencia, tienen alcances limitados.

Hacia dónde debemos avanzar 

Desde el ámbito de las políticas públicas la formación y sostenibilidad de la seguridad económica de la P65+ debe considerarse como un enfoque integral que tome en consideración el acelerado proceso de envejecimiento demográfico, para ello se requiere de un conjunto amplio de acciones con una visión de largo plazo. 

• Avanzar en la configuración de la seguridad económica tomando en cuenta que los factores que intervienen son diversos y están interrelacionados, algunos de ellos son el ciclo de vida individual y familiar, las biografías personales y generacionales, las características de los sistemas de seguridad social y de los mercados de trabajo, entre otros. 
• Tomar en consideración los ejes de desigualdad, diversidad e interseccionalidad que permean al interior de la P65+, a fin de identificar a los grupos más vulnerables. 

• Tener en cuenta el momento legítimo en el que surge la dependencia económica debida a la vejez, este aspecto adquiere relevancia en un contexto de aumento en la esperanza de vida y de un incipiente envejecimiento productivo. 
• Reconocer la relevancia de las transferencias públicas para garantizar el bienestar en el último tramo de vida, frente a las limitadas posibilidades de lograr la seguridad económica de manera individual. Cabe mencionar que la participación del Estado también debe fortalecerse como proveedor de servicios de atención a la salud y los cuidados. 
• Crear salud en las edades más avanzadas por más tiempo, a partir de un enfoque de prevención, tanto de enfermedades como de discapacidades, y promoción de la salud a lo largo de todo el ciclo de vida, con miras a construir un tercer dividendo demográfico. De acuerdo con Ogawa et al. (2021), se refiere al aumento en la productividad de la economía cuando las personas mayores “sanas” contribuyen directamente, al participar en la actividad laboral, al mismo tiempo que mejora el bienestar de la población. El uso adecuado de la capacidad laboral no explotada de la P65+ puede generar oportunidades para la innovación y el emprendimiento. A ello se agregan las posibilidades de contribuir con nuevas funciones como el voluntariado, el cuidado u otras de beneficio social y de cohesión intergeneracional. Cabe mencionar que el beneficio de este dividendo demográfico está condicionado a políticas e inversiones adecuadas.  
• Generar seguridad económica para la P65+ de hoy y del futuro, esto implica que los mecanismos públicos deben atender a los diferentes grupos etarios. Un elemento fundamental es la justicia intergeneracional, se debe garantizar que las condiciones de vida de la población actual en edades avanzadas puedan atenderse de la misma forma que las próximas generaciones de personas mayores.

Reflexión final

La demografía determina el volumen de población, en 2024 la P65+ alcanzará los 11.2 millones y en 2030 serán 14.4 millones, pero el destino de este subgrupo de la población y del propio país recae en el diseño de políticas y acciones públicas eficaces y coordinadas. En el caso particular de la seguridad económica, se requiere reforzar las políticas existentes y avanzar en el diseño de nuevas estrategias de intervención pública para garantizar el bienestar de la población y reducir los riesgos de vulnerabilidad y pobreza en la vejez, en la búsqueda de un desarrollo sostenible y compartido. 

Los desafíos que plantea la población mayor deben ser un objetivo prioritario en el próximo sexenio, antes de que se agote el tiempo para transitar hacia nuevas políticas que permitan mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades que aún tenemos. EP

Referencias bibliográficas

Conapo. Consejo Nacional de Población (2023), Bases de datos de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 y Proyecciones de la población de México 2020 a 2070. México: Conapo. Recuperado de http://www.conapo.gob.mx 

Corona, Rodolfo y Rodolfo Tuirán (2001), “La migración internacional desde y hacia México”, en José Gómez de León y Cecilia Rabell (coordinadores), La población de México, México: FCE—Conapo, pp. 444-484. 

DOF (Diario Oficial de la Federación) (2020), Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, México: Secretaría de Gobernación, 16 de diciembre. 

_______ (2022), ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para el ejercicio fiscal 2023., México: Secretaría de Gobernación, 30 de diciembre. 

Gómez de León, José y Virgilio Partida (2001), “Niveles, tendencias y diferenciales de la mortalidad”, en José Gómez de León y Cecilia Rabell (coordinadores), La población de México, México: FCE—Conapo, pp. 81-108. 

Gutiérrez-Robledo, Luis Miguel (2002), “Looking at the Future of Geriatric Care in Developing Countries”, Journal of Gerontology: Medical Sciences, 57 (3), pp. M162-M167. 

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) (2022), Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares​ (ENIGH) 2022 [base de datos]. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2022/ 

Ham, Roberto (2003), El envejecimiento en México: el siguiente reto de la transición demográfica, México: El Colegio de la Frontera Norte—Miguel Ángel Porrúa.

Huenchuan, Sandra y José Miguel Guzmán (2007), “Seguridad económica y pobreza en la vejez: tensiones, expresiones y desafíos para el diseño de políticas”, Notas de Población, 83, pp. 99-125.

Ogawa, Naohiro, Norma Mansor, Sang-Hyop Lee, Michael Abrigo y Tahir Aris (2021). Population Aging and the three demographic dividends in Asia, Asian Development Review, 38(1), pp. 32–67.

Ramírez, Berenice (2021), Las reformas recientes al Sistema Privado de Capitalización Individual en México, Seguridad social latinoamericana, (5), pp. 9-21. Zavala de Cosío, María Eugenia (2001), “La transición de la fecundidad en México”, en José Gómez de León y Cecilia Rabell (coordinadores), La población de México, México: FCE—Conapo, pp. 147-167.

1. Agradezco el apoyo del maestro Sebastián Antonio Jiménez Solís por su colaboración en la búsqueda de estadísticas e indicadores. Investigación realizada con apoyo del CONAHCYT bajo las actividades del proyecto 501219. [↩]
2. Se refiere al número de personas de 65 y más años de edad por cada 100 personas de 0 a 14 años. [↩]

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