Ningún tema tiene tanto impacto mediático y electoral en la relación bilateral como los flujos migratorios desde México hacia Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar en este ámbito en 2024, año en que hay elecciones presidenciales en los dos países? ¿Qué cambiará y qué continuará igual? Los dos países somos cada vez más complementarios. Pasamos de la liberalización del comercio, los flujos de capitales y de inversión extranjera en la década de 1990, a la producción compartida en las primeras dos décadas del siglo XXI, y ahora a la relocalización global hacia Norteamérica. 

Sin embargo, aunque el traslado del bono demográfico mexicano y centroamericano ha robustecido a la fuerza de trabajo estadounidense y ha pagado las pensiones de los baby boomers, la conformación de un mercado laboral regional unificado sigue siendo un tema tabú.

Ni siquiera una prolongada escasez de trabajadores en Estados Unidos (en noviembre de 2023 había 9.2 millones de puestos de trabajo vacantes), ha cambiado la posición de Washington. Los estadounidenses aceptan que necesitan a los inmigrantes en la vida cotidiana, incluso en números cada vez mayores, pero cada vez que ven fotografías de desórdenes en los cruces fronterizos con México, inmediatamente se ponen en alerta, llaman incompetente al gobierno y exigen mayor seguridad fronteriza, lo que mantiene a la movilidad laboral como un tema estrictamente de seguridad nacional, y no económico.

¿Mayor seguridad fronteriza? Estados Unidos ha gastado más dinero que nunca en el control policíaco y militar en la frontera con México. En el año fiscal 2024, que inició el 1 de octubre de 2023, el gobierno de Joseph R. Biden solicitó al Congreso 25 000 millones de dólares para la Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) (Akkerman, Mark. 2023). Falta dinero, eso sí, para que se despliegue un mayor número de jueces de inmigración, y para que se reduzca el rezago en la tramitación de solicitudes de asilo, un sistema que hoy es completamente disfuncional.

La elección presidencial estadounidense es el 5 de noviembre de 2024. El Supermartes es el 5 de abril, e incluye a catorce estados. Tras su victoria en las juntas electorales en Iowa el 16 de enero, Donald Trump parece avanzar en piloto automático hacia la candidatura republicana, aunque su intención de voto puede ser afectada si es encontrado culpable en un juicio penal clave la víspera del Supermartes. Biden, a sus 81 años, se percibe como viejo y cansado, y, asimismo, como débil a la hora de defender la frontera. 

En México sigue la crisis humanitaria derivada de los crecientes flujos migratorios. Las ciudades fronterizas tanto de Tapachula en el sur, como Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros en el norte, se encuentran en el límite de sus capacidades. Las bandas del crimen organizado extorsionan y reclutan forzosamente a los migrantes, al tiempo que la trata de personas ya es uno de los negocios criminales más rentables, mientras que los altos responsables políticos siguen impunes respecto a la incineración de cuarenta migrantes el 27 de marzo de 2023 en instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. 

Recomendaciones para el próximo gobierno de México

En el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y de la relocalización cercana (nearshoring), el gobierno de México debe empezar a hablar más de movilidad laboral y menos de migración. Esta última palabra es tóxica. El estudio “Una frontera común, un futuro común: una propuesta para la regulación de la movilidad laboral entre Estados Unidos y México”, da pautas muy pertinentes. 

1. El T-MEC cuenta con un mecanismo de respuesta rápida para abordar presuntas violaciones a los derechos laborales de los trabajadores mexicanos en México. El gobierno debe buscar reciprocidad en su aplicación. Los trabajadores migratorios mexicanos indocumentados en Estados Unidos son tratados deliberadamente como una infraclase, sin derechos ni medios para defenderse, ni en su reclutamiento, ni en el lugar de trabajo ni en el acceso a la justicia. El sistema político estadounidense ha optado por mantener como “ejército laboral de reserva” a millones de trabajadores indocumentados desprotegidos. La Ley Nacional de Relaciones del Trabajo (tutela sus derechos a organizar y elegir a un sindicato y a participar en la negociación colectiva con los empleadores, aunque muy pocos migrantes lo saben y aún menos utilizan este recurso.
2. El nuevo gobierno de Bernardo Arévalo en Guatemala es una oportunidad para redefinir la política de desarrollo regional tanto de Washington como de México. Es un error plantear la cooperación como mecanismo para el abatimiento de la migración. Tiene que abordarse desde el objetivo de hacer habitables a las localidades expulsoras, a partir del apoyo a iniciativas locales ya en marcha, en seguridad ciudadana, educación, salud, medio ambiente y economía local. Asimismo, México podrá apoyar a los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en Estados Unidos con mayor legitimidad si abre opciones para otorgar beneficios tipo DACA a estudiantes de Centroamérica en México. 

México necesita reconocer la crisis humanitaria y articular una política migratoria propia, y a partir de ese planteamiento negociar con sus vecinos del norte y del sur. Una política meramente reactiva a lo que decide Washington no sirve a los intereses del país ni fortalece nuestra interlocución regional. EP

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