Los Derechos Humanos (DH) son un valor imprescindible de la agenda global del siglo XXI. La promoción y defensa de los DH es un pilar fundamental del Estado en la actualidad. El objeto de este artículo es plantear los antecedentes y la evolución de la protección y defensa de los DH en México, así como describir su estado actual y la perspectiva de los mismos.

La noción de la promoción y de la protección de los DH tiene profundas raíces históricas que se pueden encontrar no sólo en un conjunto de documentos jurídico-políticos en la lucha por limitar y acotar el poder político del gobernante, sino también en documentos, manifiestos y pronunciamientos de carácter ético, cultural y religioso que han buscado reconocer y defender la dignidad de la persona humana, tanto en su dimensión individual como colectiva. Entre los antecedentes más importantes del concepto de los DH a nivel internacional está la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América del 4 de julio de 1776, así como la Declaración de los Derechos (y deberes) del Hombre y del Ciudadano de 1789, legado fundamental de la Revolución Francesa.

Sin embargo, el concepto contemporáneo de los DH está directamente vinculado a la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1948. A partir de ese momento se inicia un proceso de creación normativa internacional, así como en numerosos estados nacionales para la protección, promoción y defensa de los derechos humanos. Se trata de una revolución política y cultural muy significativa de la segunda mitad del siglo XX y que es, sin duda, un aspecto fundamental de la agenda política global del siglo XXI.

Derivado del trágico costo humanitario, en todos los ámbitos, de la Segunda Guerra Mundial surge la Organización de las Naciones Unidas en 1945, y en 1948, como se refirió, se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A partir de ese momento se comienzan a adoptar tratados y acuerdos internacionales que con el tiempo fueron configurando el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

En 1966 se aprueban el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), que entran en vigor en México una década después. A nivel regional se aprueba la Convención Americana de los Derechos Humanos de 1969.

Así, en un primer momento, los derechos civiles y políticos buscaron proteger al individuo frente al poder del Estado para garantizar los derechos y las libertades fundamentales. Después, a través de los DESC, se reconocieron otros derechos, como el derecho a la educación, la salud, el empleo digno y la seguridad social. Más tarde se añadieron otros derechos colectivos y se fueron sumando diversas perspectivas de la problemática social, así se estableció el derecho humano a un medio ambiente sano, al agua y el saneamiento, así como desarrollo sostenible. De igual forma, se añadieron los derechos de las mujeres y de la infancia, de las personas con capacidades diferentes; los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas, los derechos de las personas adultas mayores, entre otros.

En 1993, en la Conferencia Mundial de Viena se estableció el valor igual de todos los DH y la necesidad de que los Estados asumieran el compromiso de promoverlos activamente. Se hizo un llamado para que los Estados promovieran planes de políticas públicas de Derechos Humanos.

La idea original era limitar el abuso del poder por parte del Estado, tanto de los individuos como de personas jurídicas colectivas como empresas, sindicatos, asociaciones civiles, entre otras. Sin embargo, la reestructuración de la economía mundial, derivada de las políticas económicas instrumentadas en varias de las economías altamente desarrolladas en los últimos 40 años, la retracción del Estado en diversos ámbitos y el creciente empoderamiento de algunos sectores corporativos hicieron surgir nuevas corrientes del pensamiento en materia de la defensa de la dignidad y de los derechos humanos de las personas.

Así, por iniciativa del Secretario General de la ONU la elaboración de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre los DH y las Empresas. Sus antecedentes tenían ya varias décadas y se pueden ubicar en la gestión de diversos organismos internacionales como la OIT, la OCDE y otros. Se trata de un cambio de paradigma que ha enfrentado la inercia de la conceptualización original. El objetivo es defender a la persona no sólo frente al Estado sino también ante los poderes corporativos. El tema de Empresas y DH tiene dos perspectivas, una negativa que significa no violar los Derechos Humanos y otra positiva, que es la promoción de los mismos. En 2011, el Consejo de los Derecho Humanos de Naciones Unidas presentó los principios rectores en tres grupos. Proteger: El deber de los Estados de proteger a las personas de posibles violaciones a sus derechos humanos; Respetar: La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos; Remediar: La responsabilidad de los Estados y las empresas de contar con acceso a los mecanismos de reparación. En 2014, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas invitó a los Estados miembros a elaborar los Planes Nacionales de Acción. Además, se formó el Grupo de Trabajo Intergubernamental del que México forma parte. De igual forma, la OCDE emitió las ‘Líneas Directrices para las Empresas Multinacionales’.

En el proceso de ampliación del concepto de DH, que evolucionó de la defensa de los derechos y de las libertades fundamentales, para incorporar a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como a otros derechos colectivos nos hace vincular a los DH con la problemática global que enfrenta la humanidad. Se trata de un trascedente cambio de enfoque que nos permite poner en el centro de atención de la agenda internacional a la dignidad de la persona humana, a través de la defensa y promoción de los DH.

A nivel global se viven un conjunto de profundos contrastes y contradicciones, estamos en el momento de la mayor innovación científica y tecnológica en la historia, asimismo el progreso ha beneficiado a buena parte de la población mundial. Nunca antes tanta genta había salido de la pobreza, en particular en los países de la región Asía-Pacífico. Por otra parte, de los poco más de 8 mil millones de personas a los que asciende la población mundial, cerca de la mitad, casi 4 mil millones de personas viven bajo una intensa presión causada por el hambre, la pobreza, las desigualdades, crisis sanitarias, alimentarias, guerras civiles, conflictos internacionales y padecen los efectos del cambio climático, la destrucción de la naturaleza, de los ecosistemas, la pérdida masiva de la biodiversidad, problemas de agua y la alteración del ciclo hidrológico. De igual forma, en las últimas décadas se ha acentuado la desigualdad, las migraciones, la polarización y en muchos países el rompimiento del tejido social.

En el contexto de esta problemática, un aspecto fundamental es la crisis ecológica. Los esquemas económicos aplicados en el mundo a partir de la primera revolución industrial y en particular desde 1850 han sido altamente depredadores de la naturaleza. El progreso material se ha logrado a través de un proceso de destrucción de la naturaleza, degradación de los ecosistemas, pérdida masiva de la biodiversidad, sobreexplotación de los recursos naturales. Es claro que en los últimos 150 años se ha perdido más de la mitad del suelo fértil de la tierra, el 90 por ciento de los bancos de peces en el mundo están sobreexplotados, en numerosos casos más allá de su capacidad de recuperación, vivimos la sexta mayor extinción de especies más grave de la historia de la humanidad, pero la primera causada por la acción humana. Estamos rebasando los 9 límites naturales del planeta, las condiciones físicas necesarias para la supervivencia del ser humano y hemos traspasado ya 6 de esos 9 límites planetarios.

Una expresión de esta crisis ecológica es el cambio climático derivado de la acción humana. El calentamiento global está provocando fenómenos metereológicos más frecuentes e intensos como ciclones, huracanes y lluvias torrenciales más fuertes e intensas en algunas regiones del planeta, en tanto en otras áreas hay prolongadas sequías y cada vez más incendios forestales. Esta problemática global ha provocado la respuesta de la comunidad internacional organizada a través de diversos tratados y acuerdos internacionales. Una de ellas es la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, con sus tres vertientes económica, social y ambiental, otro es el Acuerdo de Paris, ambos instrumentos de 2015, con su secuela en las Cumbres de Madrid, Glasgow, Sharm El Sheikh y Dubái. Asimismo, en el aspecto ambiental, recientemente el Marco Kunming-Montreal para la protección de la biodiversidad, el llamado Tratado de Alta Mar, para la preservación de la vida biológica en aguas internacionales, así como el Desafío del Agua Dulce. Todos estos instrumentos jurídicos internacionales son el resultado de un largo proceso de evolución normativa. Sin embargo, no están resultando suficientes para resolver la grave problemática que enfrenta la humanidad. Tanto el hambre, la pobreza, el incremento de las desigualdades, así como la creciente problemática ambiental se han agravado profundamente. Esta situación ha provocado la creciente dificultad de cumplir con un conjunto de DH vinculados en estos temas.

Asimismo, la evolución del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha conllevado una nueva estructura institucional, así existe el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como diversos mecanismos de supervisión como el Examen Periódico Universal y a nivel regional tanto la Comisión Interamericana de los DH como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Evolución de los Derechos Humanos en México

En México los antecedentes de los Derechos Humanos tienen también una enorme antigüedad, van desde el inicio del movimiento de Independencia con el Decreto de Abolición de la Esclavitud emitido por Miguel Hidalgo en 1811 y pasan por un amplio conjunto de documentos políticos. Asimismo, desde el ámbito judicial está la creación del Juicio de Amparo, creado por Mariano Otero y Manuel Crescencio Rejón, en el siglo XIX. Más tarde, la Constitución de 1857, la norma fundamental liberal por excelencia de la historia de México establece en su artículo 1° que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. Posteriormente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, conserva el capítulo de las garantías individuales, así como establece los derechos sociales, siendo la primera Constitución en el mundo de hacerlo.

Además del Juicio de Amparo para la defensa del principio de legalidad y la defensa jurisdiccional de los DH, de larga data en nuestro país, en 1990 se crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Para su configuración se tomó en cuenta la tradición de la institución del Ombudsman sueco y el modelo de la Defensoría del Pueblo de España. En los primeros años la CNDH se estableció como órgano desconcentrado y más tarde, como organismo descentralizado, para posteriormente, en 1999, ser un Órgano Constitucional Autónomo. Entre sus funciones está la emisión de recomendaciones, estudios, análisis, así como la promoción de acciones y controversias constitucionales. Además, en las entidades federativas se establecieron instituciones encargadas de la protección y defensa de los DH.

En ese proceso de evolución cabe destacar la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, de junio de 2011, la cual es una de las más trascedentes que se han realizado. Se reformaron 34 artículos de la Constitución. Particularmente significativo ha sido el nuevo artículo primero de la Constitución, el cual establece que ‘Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad’.

A partir de ese momento quedó claro que el centro del sistema jurídico y político de México es la atención y el respeto de la dignidad humana a través de la promoción y protección de los derechos humanos. Asimismo, no sólo la política del desarrollo sino también toda la acción del Estado, así como de las empresas deben estar bajo el parámetro del respeto a los DH.

Panorama de los Derechos Humanos en México

Un aspecto fundamental que enfrenta México es la plena vigencia del Estado de Derecho. Esto conlleva el estricto cumplimiento de la Constitución, así como de los tratados y acuerdos Internacionales suscritos por México y del marco normativo que deriva de nuestra norma suprema, el cual contempla el respeto de la división de poderes, el cumplimiento del principio de legalidad, y de las instituciones en el contexto del Estado federal. Una parte muy relevante de este proceso es el respeto a la autonomía de los órganos constitucionales autónomos, los cuales fueron constituidos para evitar que los intereses coyunturales de los gobiernos pudieran dejar de lado aspectos fundamentales de la actividad estatal para proteger intereses políticos en detrimento del interés general.

Frente a la problemática actual de los DH es necesario fortalecer el concepto de la gobernanza basada en la defensa y promoción de los mismos, que hace del respeto a la dignidad de la persona humana el objeto fundamental del Estado y del Derecho. Es conveniente distinguir entre la gobernabilidad, la cual se centra en las capacidades del gobierno y la gobernanza, que se refiere al proceso de dirección de la sociedad, en la cual el gobierno es un actor fundamental pero no el único. La gobernanza es esencial para la ejecución efectiva de políticas públicas y se convierte en un elemento relevante en el funcionamiento de las instituciones gubernamentales en un entorno caracterizado por la globalización, la democracia y la autonomía personal. Como señaló Kofi Annan, ex Secretario General de la ONU, la buena gobernanza implica respetar los derechos humanos, fortalecer la democracia, promover la transparencia y mejorar la capacidad de la administración pública.

Un breve recuento en la materia desde la perspectiva de los Derechos Civiles y Políticos nos permite mencionar diversos aspectos que es necesario atender urgente y profundamente.

Es claro que la responsabilidad básica y fundamental del Estado es la seguridad pública. El Estado debe actuar debidamente en la protección de los gobernados, en el marco de las responsabilidades y obligaciones contenidas en el Estado Constitucional y Democrático de Derecho. En ese sentido el número de homicidios dolosos, desapariciones y feminicidios muestran un fuerte incremento en los últimos años. Esta situación conlleva la necesidad de revisar profundamente las estrategias de seguridad pública a nivel nacional. Se debe enfrentar tanto el fenómeno del crimen organizado y rescatar los territorios donde se ha debilitado la presencia institucional, como atender el caso de la justicia cotidiana en prácticamente todo el país.

En esta materia, si bien existe discusión al respecto, en lo que va de la actual administración federal, los homicidios dolosos ascienden a más de 175 mil; las desapariciones forzadas suman más de 100 mil y los feminicidios llegan ya a 4 mil, desde diciembre de 2018 a la fecha. El número de periodistas, comunicadores y defensores de los derechos humanos asesinados durante la actual administración asciende a 151 personas, al momento de escribir estas líneas uno de los más altos en el mundo. La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales en el Estado contemporáneo. Muchos de estos actos se deben al crimen organizado tanto en sus vertientes del narcotráfico, como del tráfico de personas, que son organizaciones de carácter internacional, por lo que estos esfuerzos requieren de la cooperación internacional.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023 del INEGI durante 2022 se cometieron 26.8 millones de delitos, asociados a 21.1 millones de víctimas. Entre los más frecuentes están el fraude (20.1%); robo a asalto en calle o transporte público (19.8%); extorsión (17.6%). En 2022 se registraron 28,701 delitos por cada 100 mil habitantes. En esta misma encuesta se revela que en 2022, 27.4% de los hogares del país contó con al menos un integrante víctima de delito. Esto significa que 10.5 millones de hogares de 38.4 millones de hogares estimados fueron víctimas de delitos. De igual forma, en 2022, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito representó un monto de 319.1 mil millones, es decir, el 1.08 por ciento del PIB. Las medidas preventivas representan un gasto estimado para los hogares de 105.7 mil millones de pesos, mientras que las pérdidas de victimización representaron los 213.4 mil millones de pesos restantes.

En el ámbito de los DESC, cabe mencionar que, en materia del Derecho a la Salud, la pandemia del COVID-19 tuvo una secuela profundamente trágica. Según las cifras oficiales las muertes por COVID ascendieron a 260,000 personas, en tanto que las muertes en exceso fueron cerca de 800 mil personas.

En este sentido, el sistema de salud pública está enfrentando graves problemas tanto en el ámbito de atención médica, suministro de medicamentos, atención infantil, cobertura de vacunación entre otros aspectos.

Otro de los aspectos de atención más urgentes es el de la educación. El futuro del país depende fundamentalmente de la misma. Se vive en la materia una situación muy compleja. Una de sus expresiones son los resultados más recientes de la prueba PISA, en la que se muestra en franco retroceso en materia educativa en prácticamente todos los niveles. El futuro de la competencia económica global está directamente vinculado a las capacidades científicas y tecnológicas. De igual forma, esto no significa perder la tradición de las ciencias sociales, las humanidades y el estudio el Derecho que se hace más necesario que nunca. Este proceso de innovación en todas las áreas del conocimiento científico se ve potenciado como nunca antes por los instrumentos que caracterizan la cuarta revolución industrial, como la Inteligencia Artificial, el Internet de las Cosas, la nube de almacenamiento, etc.

Uno de los temas de atención urgente es la problemática de la migración. México es un país expulsor, de tránsito y receptor de migrantes. Es también un país de migración interna. Este fenómeno se ha intensificado en los últimos años. Además de afrontar y resolver estos problemas de fondo es necesario proteger y garantizar el pleno respeto a los DH de las personas en esta situación. El país vive actualmente una situación migratoria sin precedentes. México es uno de los principales países de origen de personas migrantes internacionales. En 2020 ocupó el segundo lugar a nivel mundial, sólo después de la India. Nuestro país también se está convirtiendo cada vez más en un país de tránsito y comienza a ser de destino de personas migrantes internacionales. Entre 2000 y 2020 la población inmigrante aumentó en 123%. En 2022, el país presentó el mayor número de eventos de personas en situación migratoria irregular. En cuanto a la nacionalidad, las personas que llegan a México vienen de Venezuela, Honduras, Guatemala, Cuba, Nicaragua, Colombia, El Salvador y Ecuador. Además, de acuerdo al Título 42 que se ha utilizado por Estados Unidos para expulsar a México, como respuesta a la pandemia del COVID-19 a familias y personas adultas originarias de México, Guatemala, Honduras y El Salvador y a partir de octubre de 2022 a personas de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua. De acuerdo con Human Rights Watch (HRW), los migrantes que entran en territorio mexicano por la frontera sur sufren abusos por las medidas adoptadas por Washington para impedir su entrada a los Estados Unidos. Según la misma HRW los migrantes se ven obligados a esperar durante meses en condiciones precarias cerca de la frontera sur de México. De acuerdo con HRW el gobierno de México no brindó protección policial, ni acceso a la justicia, trabajo, atención sanitaria o educación. Muchos de ellos sufrieron abusos por parte de autoridades o de cárteles del crimen organizado.

De acuerdo al enfoque internacional contenido en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, resulta fundamental atacar la problemática en sus vertientes económica, social y ambiental. En ese sentido y frente a la integridad de los DH es fundamental proteger tanto los derechos y las libertades fundamentales como erradicar el hambre y la pobreza, así como reducir las desigualdades. De la misma forma, es fundamental detener la acelerada destrucción de la naturaleza, mitigar y adaptarse al cambio climático, proteger los ecosistemas y la biodiversidad, entre otros objetivos ambientales.

Desde la perspectiva de los Derechos Civiles y Políticos, así como de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es urgente la revisión y actualización de las políticas públicas en materia de protección, promoción y defensa de los Derechos Humanos. De igual forma, es también urgente revisar las políticas en materia de protección y defensa de la infancia, la mujer, los adultos mayores y fenómenos crecientes como la migración. De igual forma, es necesario la revisión y actualización en materias como Empresas y Derechos Humanos.

Es desde luego fundamental la revisión de las políticas públicas y los procesos de procuración e impartición de justicia, hasta del sistema penitenciario mexicano. En materia de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, es clara también la necesidad de revisar las políticas del desarrollo para garantizar el logro del crecimiento económico, con equidad social y sostenible ambientalmente. Sigue siendo tarea pendiente la erradicación del hambre y el combate a la pobreza, en particular a la extrema.

Es imprescindible retomar los temas de la problemática de la mujer, los pueblos y las comunidades indígenas, la infancia, los adultos mayores y las personas con capacidades diferentes.

Es también urgente la revisión de fondo de las políticas públicas en materia de sustentabilidad ambiental, que comprendan todos los ámbitos, de la vida económica y social.

Por último, es necesario revisar las políticas de fondo de los organismos y las instituciones de promoción y defensa de los derechos humanos. Estos han sido el resultado de una larga evolución internacional y nacional que no se pueden perder por la ideologización, sino que se debe de actuar de acuerdo al marco normativo en la materia.

En suma, la tarea es lograr construir en México una sociedad de derechos y deberes, para lograr un dinámico desarrollo con mayor equidad social y con sostenibilidad ambiental. Se trata de construir un Estado Constitucional de Derecho cuya piedra angular es el respeto, la promoción de los Derechos Humanos, de acuerdo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. EP

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