En México, las discusiones sobre políticas públicas de los últimos cinco años han estado marcadas por posturas “en blanco y negro”. En materia de evaluación educativa, por ejemplo, el sexenio inició con un juicio implacable sobre lo mal que se había hecho en el pasado inmediato y con una iniciativa de reforma constitucional que promovía la cancelación de la que se denominó “evaluación punitiva” —término acuñado para referirse a la evaluación diseñada para la permanencia y promoción de los docentes en servicio a partir del mérito— y, de paso, la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

En medio de una serie de acusaciones contra este órgano autónomo y sin la posibilidad de llamar al diálogo a los diversos actores implicados para discutir sobre las áreas de oportunidad que tenía el modelo de evaluación docente —operado, por cierto, por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública y sus coordinaciones estatales, y no por el INEE, pues este último tenía el papel de validar los instrumentos y supervisar los procesos—, se decidió dar borrón y cuenta nueva al trabajo realizado por una institución que para entonces contaba con diecisiete años de existencia y cuyos modelos de evaluación e indicadores educativos eran un referente regional.

Lo ocurrido en el ámbito educativo se inscribe en la forma de hacer política de esta administración, con una vuelta a un presidencialismo omnipresente, en donde cada mañana el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, de manera casi exclusiva o con muy poca apertura hacia otras propuestas que no sean las suyas, define la agenda pública y de gobierno. De hecho, en esta nueva forma de gobernabilidad —que no gobernanza— hay pocas posibilidades para disentir sin hacerse acreedor al título de traidor.

Desde la academia, por otro lado, tampoco hemos sabido abonar a la construcción de los hoy tan necesarios matices. La polarización y falta de diálogo se han hecho patentes entre grupos de especialistas a favor, o en contra, del proyecto de la llamada Cuarta Transformación, con posicionamientos a veces extremos sobre distintos aspectos, incluidos los fines de la educación —la creación de competencias y habilidades para el ámbito laboral versus la creación de un pensamiento crítico para cuestionar el sistema capitalista neoliberal— o sobre los qué, para qué y cómo de la evaluación educativa.

Si bien en México, sobre todo en las últimas tres décadas, hemos probado distintos modelos de evaluación educativa, en un ejercicio de prueba y error, muchos de estos se anclaron en un paradigma tradicional, basado en la visión de que el aprendizaje es un proceso lineal en el que el estudiante va acumulando conocimientos y habilidades de manera progresiva, por lo que la evaluación se centra en medir el producto último del aprendizaje, es decir, los conocimientos y habilidades que el estudiante ha adquirido al final de un período determinado de tiempo. Sin embargo, en los últimos años, la búsqueda de una evaluación formativa, basada en un paradigma constructivista, ha tomado más fuerza bajo el argumento de que el aprendizaje es un proceso activo, en el que el estudiante construye su propio conocimiento a partir de sus experiencias y reflexiones; por ello, el ejercicio evaluativo se piensa más como uno de retroalimentación que proporciona información al estudiante y al docente sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, y permite los ajustes necesarios para mejorar los aprendizajes.

Es claro que ambos enfoques no tendrían por qué ser antagónicos, ni debiéramos elegir entre uno y otro, en tanto que ambos son necesarios y complementarios. Pese a ello, esta administración, caracterizada por la falta de un diálogo reflexivo y mesurado, ha abanderado la evaluación formativa como la condición sine qua non para la mejora de la educación, denostando, en parte, la evaluación estandarizada, a gran escala, como un ejercicio poco valioso que estigmatiza a los estudiantes.

En virtud de ello, a continuación esbozo algunos apuntes sobre los avances y retrocesos de la política de evaluación educativa; esto a propósito del inicio del nuevo ciclo escolar 2023-2024, el cual comienza además con retos importantes por la implementación de un nuevo modelo educativo que, aunque se comenzó a preparar por parte de los colectivos docentes desde hace al menos un año, ha carecido de orientaciones específicas para su diseño, operación y evaluación.

¿Qué teníamos y qué perdimos?

En el inicio de esta administración pasamos de tener un conjunto amplio de dispositivos evaluativos que, sin lograrlo plenamente, reconocían y daban cuenta de los avances, retos y complejidades del fenómeno educativo, a su cancelación. A esto siguió un vacío que duró casi dos años hasta que, en 2021, la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) hizo público su Modelo de Evaluación Diagnóstica, Formativa e Integral (MEDFI).

De hecho, por años México fue un referente de innovación y diseño de diversos dispositivos de evaluación educativa. En los 17 años en que operó el INEE, se logró desarrollar una evaluación más comprehensiva de los distintos componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional, sobre todo en el periodo en que este se desempeñó como órgano autónomo. Así, además de tener una participación en la evaluación docente, como decía, validando los instrumentos para la evaluación —tanto en los concursos para el ingreso a la profesión docente como en las evaluaciones para su permanencia y promoción—, entre 2013 y 2019 dicha institución reconfiguró un modelo de evaluación de aprendizajes que retomó las pruebas ENLACE y EXCALE, desarrolladas por la SEP y el INEE, respectivamente, y entre 2014 y 2018 operó en un formato censal y otro muestral —el censal a cargo de la SEP y el muestral del INEE. No menos importante, además, fue la puesta en marcha de un modelo de evaluación de escuelas centrado en los recursos y procesos para el aprendizaje, el cual da elementos valiosos también para la autoevaluación en las escuelas, así como la evaluación de la política educativa, hecho que tuvo salida directa en recomendaciones de política pública.

Si bien es cierto que cada año se sigue levantando información, a través de la Estadística 911, en cada escuela del país, y que con ello se elaboran indicadores educativos que nos permiten caracterizar de manera general las más de 260 mil escuelas del territorio nacional —por ejemplo, cuántos alumnos tienen, cuántos grupos, cuántos turnos, cuántos maestros, con qué nivel de escolaridad, qué lengua hablan los alumnos, etc.— y valorar los retos del sistema en cuanto a cobertura y permanencia, en educación básica y media superior no tenemos información pública sobre los logros de aprendizaje de las y los alumnos mexicanos. Esto es particularmente preocupante luego de la crisis educativa ocasionada por la pandemia de COVID-19.

El MEDFI: el énfasis en la evaluación diagnóstica y formativa

Con la creación de Mejoredu, instancia que sustituyó al INEE y que hoy, lamentablemente, no goza de autonomía constitucional y por tanto trabaja más como un brazo de la SEP que como un espacio o mecanismo para la rendición de cuentas educativas —por lo que se enfoca, sobre todo, en la elaboración de orientaciones para docentes de educación básica y media superior— se apostó también por la configuración de un nuevo modelo de evaluación formativa, sin consecuencias. En la construcción de un espacio más ad hoc con el nuevo discurso de la SEP, y en contra de la evaluación punitiva, en el Modelo de Evaluación Diagnóstica, Formativa e Integral (MEDFI) se señala que este, a diferencia de los modelos anteriores, busca transformar la evaluación en una herramienta para la mejora continua de la educación, sin dañar la dignidad de estudiantes y docentes.

La transición hacia un modelo de evaluación formativa, más que sumativa, también se hace patente en el nuevo plan de estudios para la educación básica y el nuevo marco curricular para la educación media superior que regirá la operación de las escuelas a partir del ciclo escolar 2023-2024, aunque, cabe decir, aún sin muchas pistas de cómo se llevará a cabo.

Es cierto que el nuevo modelo de evaluación impulsado por Mejoredu, y delineado también en el nuevo plan de estudios 2022, recoge una preocupación vieja de quienes hacemos evaluación educativa: que esta contribuya a la mejora de la educación y no solo se quede en señalamientos o en documentos de carácter más académico y con poca aplicabilidad en la realidad. Sin embargo, preocupa que dicho modelo tome una distancia considerable de los ejercicios sumativos, sobre todo de los que medían los aprendizajes, argumentando que ahora lo que importa es construir en la escuela y con los actores procesos educativos que abonen al desarrollo, en lugar de centrarse en mecanismos externos de medición y comparación que pueden ser injustos y limitados en su capacidad para impulsar la mejora educativa.

La necesidad de una evaluación nacional, estandarizada y, sobre todo, pública

La evaluación sumativa de los aprendizajes sigue y seguramente seguirá existiendo a nivel del aula y las escuelas, por lo que habrá que seguir de cerca cómo se resuelven los retos para evaluar “proyectos” en vez de asignaturas, a partir de la propuesta de trabajar por campos formativos.

Pero esta ya no existe de forma pública, y agregada, a nivel nacional, lo que entorpece la rendición de cuentas a la sociedad sobre lo que ocurre en el conjunto de las escuelas del país. De hecho, aunque el modelo de evaluación de Mejoredu refiere que habrá una evaluación integral diagnóstica no solo de los aprendizajes, sino de las escuelas y las políticas, que quizá recoja parte de lo que se logró configurar en el INEE autónomo, con ajustes varios y priorizando un esquema de evaluación formativa, hoy, a punto de terminar el quinto año de esta administración, no es claro si este modelo integral ya se está piloteando, si ya se lleva a cabo y con qué resultados.

Al día de hoy no sabemos cuáles fueron los niveles de aprendizajes que alcanzaron las y los estudiantes en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación o Matemáticas después de la pandemia por COVID-19. No existen datos públicos a nivel nacional y solo tenemos algunas estimaciones de la pérdida de aprendizajes a partir de algunos trabajos académicos, como el que realizó el Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana en varios estados de la República en 2021, o el que hizo el Movimiento Independiente de Aprendizajes (MIA) para dos estados del sureste, o a partir de organismos internacionales como el Banco Mundial o la UNICEF. Esta última, por cierto, indica que en el periodo de pandemia se perdieron dos años de aprendizaje, los mismos en que la educación se trasladó a casa, bajo un formato a distancia.

Comentarios finales

Estamos a pocos meses de comenzar el sexto y último año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el debate ideológico —de blancos y negros, sin matices— nos deja como en la película de El día de la marmota: atrapados en la reconfiguración de un sistema de evaluación que no termina de hacerse público y de darnos información que nos ayude a evaluar la acción del Estado en materia educativa.

Y es aquí donde se ubica el reclamo y demanda de diversos círculos académicos y de la sociedad civil organizada, para quienes nos es indispensable, en un sistema que se dice democrático, dar cuentas de las decisiones de política educativa y, claro está, de sus resultados. La lucha contra la desigualdad e inequidad educativas en nuestro país requiere de una inversión fuerte y sostenida en nuestro sistema educativo, a través de políticas que privilegien el trabajo colaborativo y, sin duda, una evaluación formativa, pero también requiere de un sistema integral de evaluación que sea expedito, continuo y “público”, y que sirva de termómetro para saber cómo va la educación en México, qué se debe y puede corregir. En síntesis, se requieren de sendos y complejos dispositivos evaluativos de carácter formativo y sumativo, y, sobre todo de cara a la ciudadanía, dispuestos a informar sobre los avances y los retos educativos.

Tristemente, ni la educación ni su evaluación han sido prioridades en esta administración. Por increíble que parezca, pasamos de ser un país de vanguardia en lo tocante a la evaluación educativa, a un país que no ofrece datos públicos y que recurre, además, en sus informes, a los resultados de las evaluaciones realizadas en aquel pasado neoliberal que tanto se critica. EP

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