Gabriel Trujillo, estadounidense de origen mexicano, estaba haciendo su tesis de doctorado de la Universidad de Berkeley. El pasado junio el botánico viajó a la localidad de Yécora, Sonora, para llevar a cabo trabajo de campo y recolectar ejemplares de guayabillo cuando fue asesinado a tiros.

Su nombre es el último que se escribe en la lista negra que también compone Hipolito Mora, agricultor y fundador de las autodefensas michoacanas, acribillado a balas hace unas semanas por haber defendido durante años el territorio que habitaba. Y el joven Abisaí Pérez Romero, estudiante documentalista que había señalado las tramas corruptas de los conflictos socioambientales en el valle del Mezquital, Tula. Su cuerpo apareció en una carretera de la misma región. Entre tantos nombres, en esa lista también aparece Lorenza Chantzin Paxacuasingo —nahua defensora de derechos humanos y ambientales, originaria de la comunidad guerrerense de Acahuehuetlán—, asesinada por levantarse contra el despojo perpetrado por la actividad minera en la zona; Verónica Patricia Guerrero —abogada y ambientalista— y  Homero Gómez González —defensor de la mariposa monarca y de la reserva de El Rosario, Michoacán—, cuyo cuerpo arrojaron en un pozo.

Con 54 vidas arrebatadas, México se convirtió en 2021 en el país más inseguro de América Latina para los defensores ambientales y activistas. Una violencia desbordada que continuó en 2022. Como señala un informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el año pasado finalizó con 24 muertes cruentas y al menos 582 agresiones a activistas. El asesinato y la violencia en contra de defensores de los derechos humanos y el medio ambiente ha crecido exponencialmente en México; las estadísticas de 2023 no resultan más esperanzadoras. 

En la mayoría de lo casos, la relación entre el asesinato y la actividad de la víctimas era directa, muchos de ellos había continuado en el activismo a pesar de las tantas amenazas recibidas. En otros, la incertidumbre y los tantos interrogantes se despliegan ante investigaciones dudosas y poco transparentes, carpetas que no avanzan, que responsabilizan a los accidentes la pérdida de vidas, como es el caso de Abisaí. Según las autoridades estatales, el documentalista habría sufrido un accidente en bicicleta.

Trujillo, que realizaba labores de campo en Yécora, uno de los pueblos más afectados por la disputa del territorio por el crimen organizado, se encontraba en el lugar equivocado. Aquellos a los que los ciudadanos con buenas intenciones no debemos acceder, aquellos que hay que evitar a toda costa.

México se ha convertido en un paraje donde es mejor no denunciar delitos, ni investigarlos. Tampoco hablar de ellos. El precio a pagar por romper ciertos preceptos que atentan contra la justicia social y ambiental, librar tierras ancestrales de la avaricia del extractivismo, proteger los bosques y su finita biodiversidad, defender los recursos naturales que nos pertenecen a todos, documentar tramas ilegales, puede resultar letal. Así lo establecen las dinámicas de la corrupción y la violencia que gobiernan el país. 

A la dramática situación que enfrentan las familias de los asesinados se suma la falta de movilidad del Gobierno y la ausencia de mecanismos de protección que aseguren futuras pérdidas tan dramáticas. Mucho peor resulta el silencio. Ese mutismo desconsiderado ahoga el ánimo y la esperanza de que cada caso encuentre justicia. ¿Cuántos más ideales, pasiones, espíritus valientes y entusiastas, cuántas vidas truncadas hasta que el Estado reaccione y diga basta? EP

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