México presume de uno de los litorales más extensos del mundo y de las costas más diversas. Desde las rocosas y escarpadas de altos acantilados que recorren las región de Los Tuxtlas, las extensas y arenosas playas de Quintana Roo, hasta los arrecifes de coral que abrazan las orillas caribeñas y las del Golfo de California; guardianes submarinos que el cambio climático y la contaminación han puesto en declive.

Con más de 11 000 kilómetros costeros —el océano Pacífico baña diez estados; la vertiente de agua atlántica rodea otros seis—, México podría liderar el potencial pesquero no solo en América Latina, sino en el mundo entero. Sin embargo, su producción en captura de especies marinas está rezagada, por detrás de la de países como Chile o Perú, territorios costeros mucho más reducidos.

La sobreexplotación de peces y mariscos que ha puesto en la cuerda floja a especies como el róbalo o el huachinango, además del poco valor agregado que tienen los productos del mar, le despojan de competitividad al sector. La fuerte incidencia de la pesca ilegal solo recrudece cada día la situación.

Según estimaba un reporte de 2013 de la Environmental Defense Fund de México (ECF), por cada 10 kilogramos de pesca legal, otros 6 se obtenían de manera irregular. Desde entonces, las actividades delictivas en los mares se han agravado. Los avances en las políticas para disminuir la pesca ilegal, como la creación en 2017 del Sistema de Inspección y Monitoreo Satelital de Embarcaciones Mayores Pesqueras, no han resultado suficientes para mejorar el panorama: México enfrenta la peor crisis pesquera de su historia.

Bajo el pretexto de la austeridad republicana de su gobierno y de terminar con instituciones que duplican funciones, el pasado 14 de abril el presidente López Obrador envió a la Camara de Diputados una iniciativa de ley para integrar las facultades del Instituto Nacional de la Pesca (INAPESCA) a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), lo que podría derivar en la extinción del primero, dedicado a la investigación científica en materia de pesca y acuacultura —la otra ejerce como administradora y gestora—. El primero genera conocimiento sobre los recursos marinos y su conservación; la segunda otorga permisos y concesiones, en ocasiones sujetos a intereses políticos o económicos.

Ante la sorpresiva iniciativa gubernamental, instituciones expertas en la materia han reaccionado rápido advirtiendo de los peligros que entraña la fusión de ambas instituciones: la integración de la dependencia científica en otra de distinta índole, además de reducir los ya tan limitados presupuesto dedicados a la investigación, restringiría su capacidad y autonomía para operar.

Como señala una carta enviada al Congreso de la Unión por Oceana, la mayor organización internacional dedicada exclusivamente a proteger los océanos, la integración de las funciones del INAPESCA a la CONAPESCA se llevaría por delante la neutralidad e independencia de la ciencia, y, en consecuencia, la sostenibilidad pesquera y acuícola del país.

Al afectar gravemente a la autonomía e imparcialidad en la generación de ciencia en la toma de decisiones de manejo de los recursos naturales, la polémica iniciativa de ley pondría en riesgo el manejo sustentable de las pesquerías y cultivos acuícolas y, además, impactaría directamente en todo el sector pesquero y en las más de 200 000 familias mexicanas cuya subsistencia dependen de este.

A la espera de que lo que se vote en septiembre, cuando en el Congreso se decida la deriva de la iniciativa, en resistencia a la idea de fusionar instituciones con funciones dispares —y hasta irreconocibles en algunos contextos—, organizaciones como la red de colaboración de Impacto Colectivo por la Pesca y la Acuacultura Mexicanas (ICPMX) reclaman medidas urgentes. Entre ellas, incrementar las partidas para ambas entidades, de forma que aumente el presupuesto para investigar, por un lado, así como el destinado a gestionar y vigilar los mares, por otro.

También proponen la creación de una policía marítima eficiente; una sólida guardia costera que garantice la eficacia en el cumplimiento de la ley y que consiga acabar con la pesca ilegal, el mayor problema de los océanos mexicanos. Una figura con la que ya cuentan países como Chile y Perú, con litorales mucho menos extensos que el nuestro, pero con una actividad pesquera mucho más productiva y sostenible.

No obstante, si existe una reivindicación urgente que hacen las sociedad expertas, es la de fortalecer una ciencia transparente e imparcial, capaz de generar el conocimiento que sostenga la toma de decisiones vinculantes a los recursos marítimos.

Propuesta ya la iniciativa de ley, queda en manos de los legisladores ahora la responsabilidad de abogar por una ciencia imparcial que no se deje capturar por intereses ajenos al bienestar de los ecosistemas marinos y la ciudadanía, por una investigación que tenga influencia en la agenda política y no al revés. Solo queda esperar a ver si finalmente no sale adelante y, al contrario, triunfa —y con ella todos nosotros— la apuesta por una investigación transparente, pilar de la futuras políticas pesqueras del país: una que jamás tenga que rendir cuentas a los mares mexicanos. EP

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