Abisai Pérez Romero, periodista y defensor del medio ambiente, seguía la pista de conflictos muy peligrosos, con muchos intereses detrás. Su participación en un atlas de justicia ambiental, un proyecto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) para identificar conflictos socioambientales en todo el mundo, lo había llevado a investigar algunas de las tramas más corruptas que se estaban cometiendo en Tula, región donde apareció su cuerpo sin vida el pasado 14 de febrero.

Las autoridades estatales anunciaron —y mantienen— que la muerte del joven se trató de un accidente en bicicleta: a pesar de las extrañas condiciones que envuelven el suceso, de que el periodista había identificado a los distintos actores de los conflictos ambientales que investigaba y de que había apuntado con el dedo a los responsables. A pesar de que Abisaí comenzaba a incomodar.

El defensor del medio ambiente había destapado distintas tramas ecológicas corruptas en el país con más defensores ambientales asesinados en el 2022 en América Latina, como señaló el último informe de la organización internacional Global Witness.

Las investigaciones de Abisaí, parte del trabajo de su servicio social en la universidad, convergían en el valle del Mezquital. Corazón de la región tolteca, este territorio caracterizado por un polémico contexto socio-ambiental histórico llegó a ser tildado de infierno ambiental por el exsecretario de Semarnat, Víctor Manuel Toledo: un paraje del  estado de Hidalgo que ha fungido durante un siglo como un albañal de aguas negras.

Una de las coordenadas del mapa de entramados delictivos trazado por Abisaí apuntaba al Túnel Emisor Oriente (TEO). Este megaproyecto, que comenzó a operar en el 2020, fue diseñado para dar mayor flexibilidad a la operación del sistema de drenaje del Valle de México y permitir un mejor mantenimiento. También para evitar una inundación catastrófica en caso de que el gran canal del desagüe llegara un día a colapsar.

Desde un sarcasmo cruento, la construcción hidráulica ocasionó lo que pretendía prevenir cuando, durante la madrugada del 6 al 7 de septiembre del 2021, las intensas lluvias provocaron que las aguas del río Tula se desbordaran: reventaron las coladeras y la corriente se llevó por delante la ciudad entera. Un ecocidio, aseguraba Abisaí, que no se debía causas naturales, como en un principio las autoridades pretendieron que pareciera, sino a un atentado contra poblaciones discriminadas: una catástrofe que provocó el desalojamiento de más de diez mil habitantes y la pérdida de 16 vidas, una hecatombe que pudo haberse evitado.

El estudiante responsabilizaba de la tragedia a la situación de abandono del río Tula y la discriminación territorial que ejercían los operadores del sistema de drenajes, a quienes acusaba de pretender salvar los intereses político-económicos de la Ciudad de México mediante la externalización del problema de las inundaciones hacia zonas periféricas como Ecatepec y Nezahualcóyotl, en el Estado de México, y en última instancia, hacia el río Tula y el Valle del  Mezquital, donde el activista también había denunciado otros delitos: los efectos nocivos derivados de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco.

Esta planta —la infraestructura de ingeniería hidráulica más grande construida en todo América Latina— fue erigida durante la anterior administración federal y se planteó como una posible solución a las bajas tasas de tratamiento de aguas residuales en la cuenca del valle de México. No obstante, sobre este suelo tan industrializado y afectado por la agricultura, por el impacto de una refinería, por la actividad de una termoeléctrica, por las cementeras que vierten sus residuos en el aire y ríos contaminados por los vertidos de la capital del país, lejos de dar soluciones sostenibles, la planta tratadora generó desde el principio problemas ambientales y de salud más graves de los que resolvía.

Las comunidades afectadas se movilizaron en varias ocasiones contra los permanentes  olores fétidos y enjambres de insectos generados por la obra, contra los huevecillos y larvas de moscas que comenzaron a depositarse en el cuerpo de animales y niños, a quienes se les arrebató la libertad de salir a jugar libremente en la calle. Así lo detallan las rigurosas investigaciones de Abisaí: un joven de sólo 27 años que apareció sin vida en febrero, quizás, porque cuestionó de más. Un joven que apareció sin vida en los márgenes de una carretera, quizás, porque sabía demasiado…

Quienes lo conocían lo recuerdan como un joven muy inconformista y combativo, generoso en el trabajo y en lo personal, un mochado de los saberes que se dejaba la piel por la defensa de la vida y los derechos de pueblos originarios, las comunidades más afectadas del territorio donde rastreaba injusticias, conflictos ambientales, para denunciarlos.

Quienes lo conocían dicen que Abisaí siempre cuestionaba las voces oficiales, como las que determinaron que su muerte se debió a un accidente. Versión que desdeñan su familia, compañeros, profesores, la propia UACM, unidos desde la trágica noticia de su pérdida en una lucha para reclamar justicia por el reportero, para que su muerte sea investigada como un delito contra la libertad de expresión y no quede en el olvido, como pasa en México con tantos activistas que pierden la vida en territorio.

Ante un Estado mudo, sordo, manco, fallido, incapaz de brindar protección a quienes la requieren, quienes conocían al joven reivindican que la Fiscalía siga indagando y no dé carpetazo a la investigación en el país más peligroso del mundo para ejercer la labor periodística y la defensa del medio ambiente, con más de cien mil desaparecidos que aguardan en paradero desconocido y fosas clandestinas, en el país de los 10 feminicidios oficiales al día y al que todavía le faltan 43.

El mismo país en el que ante la impunidad y las injusticias, la cultura del “mejor callar” le truncó la vida a Abisaí, y con ella el amor a la madre tierra que el reportero profesó con tanta devoción y valentía. EP

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