Itzel Jimenez Ríos —asistente de investigación en Impunidad Cero— explica la importancia de la información abierta sobre el gasto público para contrarrestar la corrupción.
Texto de Itzel Jiménez Ríos 27/04/23
Itzel Jimenez Ríos —asistente de investigación en Impunidad Cero— explica la importancia de la información abierta sobre el gasto público para contrarrestar la corrupción.
En 2017, la organización de la sociedad civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en colaboración con el medio Animal Político, reveló lo que hasta ahora se conoce como la desviación de recursos públicos más grande en la historia de nuestro país: la estafa maestra. Este reportaje evidenció que el desvío de más de 400 millones de dólares se realizó utilizando los informes de la ASF como principales insumos para la investigación.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la institución más importante que existe en materia de combate a la corrupción en México, su trabajo consiste en revisar la manera en que se ejercen los recursos públicos federales y los informes que emiten son la única forma de conocer con certeza la existencia de irregularidades en el gasto del presupuesto federal.
“…gracias a la ASF, hoy podemos saber si se identificaron irregularidades en el ejercicio del gasto, a qué montos ascendieron dichas irregularidades y cuáles fueron las dependencias e instituciones con más anomalías y deficiencias al transparentar el uso del presupuesto”.
Durante los últimos años, la ASF se ha convertido en una fuente de información por demás relevante para que periodistas, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general tengan acceso a la información financiera y presupuestal de la administración pública federal. Es decir que gracias a la ASF, hoy podemos saber si se identificaron irregularidades en el ejercicio del gasto, a qué montos ascendieron dichas irregularidades y cuáles fueron las dependencias e instituciones con más anomalías y deficiencias al transparentar el uso del presupuesto. A este procedimiento se le conoce como fiscalización1, y se realiza una vez que termina cada año fiscal.
Con la información recabada, la ASF y sus homólogos en los estados tienen facultades para iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa y promover denuncias de hecho por las irregularidades encontradas durante el proceso de fiscalización. Aquí vale la pena comentar que un procedimiento de responsabilidad administrativa es aquel que se origina por la probable comisión de faltas administrativas, entendidas como actos u omisiones realizados por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones o por personas físicas que ejercen recursos públicos y que contravienen las disposiciones legales. Una denuncia de hecho es el acto por el cual se le da a conocer a la autoridad la comisión de un hecho delictivo.
La realización de actos de corrupción puede derivar tanto en procesos administrativos, como penales que pueden ser iniciados por la ASF o por las auditorías de los estados. Accionar esta facultad es el primer paso para reducir las cifras de impunidad en casos de corrupción que imperan en México.
La información de las irregularidades presentadas y de los procedimientos o denuncias de hecho iniciados a partir de los hallazgos provenientes de la fiscalización se presenta a través de dos informes:
Ambos informes deben estar publicados en el portal de la Auditoría Superior de la Federación y en los de las auditorías de los estados.
Desde Impunidad Cero realizamos una revisión exhaustiva del contenido de estos informes a nivel federal y de la existencia y publicación de los informes a nivel local, es decir del cumplimiento de estos requisitos por parte de las auditorías estatales.
Si bien existe información sobre los procedimientos administrativos y penales iniciados, en el portal de la ASF se ofrecen pocos detalles al respecto. En cuanto a las denuncias de hecho, a partir de 2019 ya no se incluye la información que indica la irregularidad o causa que motivó la presentación de la denuncia, ni la sanción impuesta, lo que imposibilita un análisis claro de hacia dónde dirigir los esfuerzos en temas de corrupción.
La falta de información sobre las irregularidades, las causas que motivaron los procedimientos y el nivel jerárquico de los servidores públicos responsables, resulta preocupante, especialmente tratándose de un mecanismo que se utiliza primordialmente al interior de la administración pública, lo que oscurece aún más los procedimientos e incluso impide que los ciudadanos conozcan los procesos y consecuencias de los actos de corrupción.
Lo que sí se sabe es la concentración de los procedimientos por nivel de gobierno y por cuenta pública, lo que dibuja un panorama aún más complejo para los estados. De 2009 a 2014 el 55.2% de todos los procedimientos de responsabilidad administrativa corresponde a las entidades federativas y municipios (5,522), lo que resulta alarmante ya que son las auditorías de los estados las que menos cumplen con la emisión de sus respectivos informes.
A pesar de que la reforma de 2017 trajo como consecuencia que los estados tuvieran que homologar la obligación de iniciar denuncias de hecho y procedimientos administrativos, únicamente en 21 de 32 estados de la República se establece la obligación de informar semestralmente las denuncias de hechos y los procedimientos de responsabilidad administrativa y solo 19 de 322 tienen la obligación de hacerla pública en sus portales de internet. Sin embargo, en 8 de ellos se ha publicado al menos un informe semestral y solo en un estado (Campeche) el informe es publicado en formato de datos abiertos.
“Únicamente en 21 de 32 estados de la República se establece la obligación de informar semestralmente las denuncias de hechos y los procedimientos de responsabilidad administrativa…”.
Es decir que, a pesar de que la ASF ha constatado que los estados y municipios son los lugares en los que más se propician las irregularidades en el uso de recursos, los estados han sido prácticamente omisos en informar sobre el inicio de sus procedimientos administrativos y penales.
Los estados también están siendo omisos en emitir lo que es probablemente el documento más importante para temas de fiscalización: los informes de revisión de la cuenta pública. Este proceso presenta un retraso muy significativo o la absoluta nulidad de la publicación de los resultados.
Este es uno de los grandes problemas que presentan las auditorías estatales, pues si queremos saber cuál fue el resultado de la fiscalización de la cuenta pública en los estados, no podemos conocer ningún hallazgo posterior a 2018. Inclusive existen estados en los que no podemos saber absolutamente nada del resultado de la fiscalización, este es el caso de Aguascalientes, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas y Zacatecas que nunca han publicado los informes de revisión de la cuenta pública en sus portales; Baja California por ejemplo, publicó su último informe en 2009, Quintana Roo e Hidalgo en 2016, Puebla en 2017 y 19 estados de la república tienen publicado su último informe sobre la cuenta pública de 2019.
La Auditoría Superior de la Federación y las auditorías estatales son pieza clave en la lucha contra la corrupción, su obligación de fiscalizar el dinero la dota de información relevante para probar los hechos de corrupción.
Si bien esta facultad de denuncia e inicio de procedimientos administrativos es sumamente importante, la falta de información hace muy difícil que se puedan focalizar los esfuerzos anticorrupción hacia las áreas de mayor incidencia, pues no hay una lectura clara al respecto.
El desconocimiento que existe por parte de la ciudadanía sobre el número de procesos iniciados y sus consecuencias incentiva la impunidad, pues no hay herramientas para exigir su sanción.
“…las auditorías estatales están siendo omisas en realizar su función primordial: detectar irregularidades y hacerlas públicas”.
El mayor número de deficiencias se concentran al interior de la República, el hecho de que existan estados en los que no está publicado el informe de revisión de la cuenta pública, nos lleva a la conclusión de que las auditorías estatales están siendo omisas en realizar su función primordial: detectar irregularidades y hacerlas públicas.
Desde Impunidad Cero creemos que un primer paso para combatir la corrupción es crear más y mejores mecanismos para conocer las irregularidades que se presentan en el gasto público, la transparencia y rendición de cuentas son claves para consolidar una vigilancia ciudadana que esté a la altura de las circunstancias que México enfrenta, con más y mejores datos podemos llegar a ello. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
