Después de la gran oleada democratizadora que recorrió al mundo a finales del siglo XX, en los últimos diez años se han venido deteriorando las instituciones políticas de la democracia y existe un creciente desencanto social con dicha forma de gobierno, en buena medida porque no se cumplieron las promesas de mejoramiento social y económico que llevaba aparejadas. 

En años recientes, distintas organizaciones internacionales, dedicadas a elaborar estudios sobre el estado actual de las democracias, han revelado que el mundo ha entrado en una fase de regresión. El Índice de Democracia, elaborado por la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist, ha mostrado que estamos en una fase de caída en la calificación de la democracia global que, entre 2020 y 2022 pasó de 5.37 puntos a 5.29, dejando a una tercera parte de la población mundial viviendo bajo un régimen autoritario y sólo a un 8% bajo una democracia plena. 

México es parte de esta tendencia: nuestra democracia solía ser clasificada como imperfecta, pero en los últimos dos años ha descendido a la categoría de régimen híbrido, lo que significa que combina algunas instituciones democráticas con gobernantes autoritarios (EIU, feb. 2023). Algo muy semejante señala el reporte sobre la democracia del V-Dem Institute de marzo de este año; los rubros donde el deterioro democrático se manifiesta con mayor contundencia son la censura a los medios de comunicación, la represión a las organizaciones de la sociedad civil y el freno a la libertad académica, es decir, en lo que tiene que ver con las relaciones entre la sociedad y el poder, en especial entre quienes tienen una función social crítica sobre el desempeño de las autoridades (V-Dem, 03/2023). En nuestro caso, la democracia no perdió fuerza de la noche a la mañana, sino que se ha erosionado gradualmente, aunque con mayor intensidad durante el gobierno actual del presidente López Obrador (The Economist, feb. 2022).

Este deterioro institucional está en consonancia con las percepciones de los ciudadanos sobre el estado que guardan las democracias. La más reciente emisión de la encuesta regional de Latinobarómetro muestra que durante los últimos diez años ha venido cayendo el nivel de apreciación de la democracia, de tal suerte que ésta es menor a la de los años 1990. El sentimiento que priva es de indiferencia, que es la expresión más clara de la decepción que sienten los ciudadanos por el deficiente funcionamiento de los gobiernos y, además, esta desafección frente a la democracia ha ido en aumento al pasar de 16% en 2010 a 27% en 2020. 

El gran problema con que la indiferencia es que desmoviliza, es decir, no incentiva la participación o el reclamo frente al deterioro de condiciones democráticas, y corremos el riesgo de una mayor deriva autoritaria. En este sentido, ha crecido la convicción de que es mejor apoyar a un gobierno no democrático, si éste resuelve problemas (el porcentaje pasó de 44% en 2012 al 51% en 2020). En otras palabras, la mitad de la población está dispuesta a sacrificar libertades individuales y derechos políticos y civiles a cambio de soluciones a los problemas, sobre todo económicos (Latinobarómetro, 2022). En suma, la valoración de los latinoamericanos hacia la democracia ha perdido impulso y, como dijera John Keane, las democracias nacen y mueren y si no hay ciudadanos capaces de defenderlas, difícilmente podrán sobrevivir (Keane, 2018). 

Una de las consecuencias del desencanto con la democracia es que han surgido gobernantes, apoyados por elecciones libres y competidas, que aprovechan sus márgenes de legitimidad de origen para aprobar leyes y decretos encaminados a disminuir restricciones y controles a los gobiernos y a desmantelar los pesos y contrapesos. Todo ello se desarrolla bajo el manto protector de un discurso que justifica la concentración del poder en aras de mejorar las condiciones de vida de la población, aún cuando eso no se logre. 

Para abordar el desencanto con la democracia en México, dividiré la exposición en dos partes: las principales áreas del deterioro democrático; las reservas institucionales y la activación social que tienen cierto potencial de regeneración democrática.

Las principales áreas del deterioro democrático

Hace 25 años, las reformas constitucionales y legales que catapultaron la transición a la democracia en México implicaron el despliegue de la pluralidad política y la creación de organizaciones autónomas que sirvieran de contrapeso al Ejecutivo. Sin embargo, dicha conquista no se hizo cargo de los grandes problemas estructurales que nos han aquejado históricamente como la pobreza, la desigualdad, el muy escaso desarrollo, la corrupción y, más recientemente, la violencia e inseguridad. Las élites gobernantes fueron incapaces de aquilatar los grandes problemas económicos y sociales y tampoco tomaron conciencia del impacto negativo que éstos tendrían sobre nuestra incipiente democracia.

La concentración del poder en la figura presidencial es quizás la expresión más clara del deterioro democrático. En 2018, López Obrador ganó la presidencia con el porcentaje más alto de votación (53%) de toda la época democrática desde el 2000; sin embargo, dicha legitimidad de origen ha sido la justificación para desplegar reformas constitucionales y legales para concentrar el poder en sus manos. En cuatro años de gobierno se han aprobado leyes que violan disposiciones constitucionales, como la relativa a la Industria Eléctrica, o a favor de colocar a la Guardia Nacional bajo el mando de la Sedena, o de ampliar la prisión preventiva oficiosa, o disminuir salarios de funcionarios públicos y se han emitido decretos para declarar a todas las obras públicas de seguridad nacional para no tener que apegarse a las normas de adquisiciones o de transparencia. A este listado de muestras, hay que agregar la aprobación de la reforma electoral del llamado Plan B que contiene al menos trece violaciones a la Constitución. (Radiografía del Plan B. La Reforma Electoral de 2023 a examen, 2023). 

La concentración del poder está acompañada de un discurso polarizante que alimenta la confrontación mediante ataques y acusaciones a intelectuales, dirigentes de organizaciones de la sociedad civil y periodistas que son críticos del gobierno, a quienes se acusa de estar alineados con gobernantes del pasado, e incluso de ser traidores a la patria. Este antagonismo genera una percepción de que sólo se puede estar del lado del gobierno o en contra de éste, sin posibilidad de tender puentes para armar acuerdos y no quedar irremediablemente sujetos a imposiciones desde el poder.

Esta concentración del poder va de la mano del desprecio por la legalidad que es otro fenómeno característico de la erosión democrática, porque el apego a las normas de parte de las autoridades es la única garantía de que no se fomente la arbitrariedad. El presidente ha argumentado que se puede sacrificar la ley si ésta no es justa, como si pudiera haber justicia sin ley y ello implica que no se concibe a la Constitución como un principio fundante del orden público. Como consecuencia de ello, se han promovido cerca de 60 acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales en lo que va del gobierno, pero apenas la mitad de los casos han sido resueltas por la SCJN. (Nexos,02-2023) La incertidumbre es el nombre del juego y en ese escenario incierto, gana márgenes de maniobra el gobierno en turno.

Si algo ha mostrado incomodar al gobierno es cualquier muestra de independencia tanto institucional, como de grupos y sectores sociales que no se alinean a las decisiones presidenciales. Los organismos constitucionales autónomos fueron creados para limitar al hiperpresidencialismo, sin embargo, el presidente los ha desacreditado simplemente por haber sido creados en el pasado o por el costo de su operación. Para frenar su autonomía o neutralizarlas, el gobierno ha optado por varias vías: por controlar a sus directivos, como en el caso del nombramiento de la titular de la CNDH que implicó violar los procedimientos normativos del Senado, o recortándoles el presupuesto para reducir su capacidad de actuación, o frenando el nombramiento de sus titulares para impedir su funcionamiento. En los casos de Cofece y más recientemente del INAI, la mayoría del Senado atrasó un año el nombramiento de dos comisionados y cuando finalmente lo hizo, el presidente los objetó, volviendo a poner en riesgo la operación del Instituto, porque a finales de marzo concluye el nombramiento de un comisionado más y si no hay relevo antes de esa fecha, el Pleno del INAI se quedará sin los cinco comisionados que necesita para sesionar. 

No cabe duda de que el mayor encono en contra de un organismo autónomo ha sido el dirigido al INE que ha sido objeto de ataques por todas las diferentes vías, desde el discurso difamador en contra de sus consejeros más activos; pasando por recortes presupuestales y hasta por reformas a su estructura para impedir el cumplimiento profesional, e imparcial de sus funciones (Plan B de la reforma electoral). El gobierno y su partido también han intervenido en el proceso de selección de donde habrán de salir quienes ocupen las cuatro vacantes del Consejo General, violando con ello el principio de que sea un mecanismo independiente del gobierno.

Reservas institucionales y de activación social

A pesar del contexto amenazador para nuestra incipiente democracia, aún contamos con reservas institucionales para evitar una franca ruptura del orden democrático y en los últimos años hemos sido testigos de una fuerza movilizadora de la sociedad civil, particularmente de las mujeres y otros sectores urbanos, conscientes de que nuestros logros en materia de derechos políticos están en peligro. 

Sin duda, nuestra Constitución sigue siendo la barrera más importante para blindar nuestra democracia de una quiebra y, aunque el Poder Judicial ha pasado por momentos de subordinación al Poder Ejecutivo, existen pruebas de su independencia. Muestra de lo anterior fue el nombramiento en enero pasado de la ministra Norma Piña como Presidenta de la Corte por parte de la mayoría de sus colegas. Es evidente que dicho nombramiento no ha sido del agrado del presidente López Obrador y no ha cejado en expresarlo abiertamente en sus conferencias matutinas. Sin recato alguno frente a la división de poderes, AMLO ha hecho acusaciones sin fundamento de que la Corte bajo la presidencia actual ha resuelto a favor de delincuentes, insistiendo en que su actual composición no le genera confianza. Esta intromisión alimenta la desconfianza de la ciudadanía en nuestro tribunal constitucional, que es esencial para salvaguardar los derechos fundamentales de los mexicanos. 

Como parte de la determinación de concentrar el poder en la figura presidencial, el gobierno actual ha extendido su discurso de denostación en contra de integrantes de organizaciones de la sociedad civil y del periodismo independiente y crítico. El gobierno ha lanzado auditorías ad hoc y controles fiscales para amedrentar, si no es que neutralizar el trabajo de dichos actores sociales. Este afán por reducir los espacios de la acción cívica independiente, ha llevado al gobierno a buscar controlar la producción científica, intentando alinearla a su modelo político-ideológico, tanto mediante acusaciones penales a integrantes de la comunidad científica, como por la vía de reformas a la legislación en ciencia y tecnología.

En respuesta a este constreñimiento de los espacios de acción cívica, el pasado 26 de febrero se organizó una gran concentración en la Ciudad de México, y en cerca de cien ciudades del país, convocada por organizaciones de la sociedad civil para defender el voto y las instituciones electorales que replicó la marcha organizada en noviembre de 2022. Esta es una muestra de que sigue viva la confianza en que la Corte habrá de revertir el intento de desmantelar la estructura operativa del INE y sus funciones clave para apuntalar la equidad en las contiendas a través de la fiscalización de los recursos de los partidos. Una prueba de la reserva de independencia en el Poder Judicial es que se otorgó al Secretario Ejecutivo del INE la suspensión definitiva de la remoción de su cargo determinada por el Plan B.

Días después, el 8 de marzo se realizó la manifestación en conmemoración del día internacional de la mujer que fue igualmente masiva, pero que se centró en la demanda feminista de frenar la violencia en contra de las mujeres y de hacer justicia, castigando a los culpables de los más de 10 feminicidios diarios y violaciones de todo tipo en contra de las mujeres. A diferencia de la movilización en defensa de la democracia que convocó sobre todo a personas adultas que conocieron las instituciones electorales del régimen autoritario y están conscientes de lo que se pierde con la reforma electoral, la de las mujeres se caracterizó por incorporar a mujeres de todas las edades, pero mayoritariamente jóvenes. Su bandera va más allá de una protesta en contra del gobierno, porque se trata de una demanda en contra del Estado patriarcal, reproductor de las brechas de género y ajeno a las causas y reclamos feministas, es decir, es una movilización que toca los cimientos mismos de nuestra estructura de poder y no puede ser atendido solamente con la ampliación de espacios de representación para las mujeres.

Algo que hermana a ambas movilizaciones es la negación de las autoridades a reconocer la dimensión y legitimidad de las protestas. López Obrador ha insistido en que se trata de manifestaciones manipuladas por actores que están en contra del proyecto de la 4T, es decir, no existe voluntad política del gobierno para abrir canales de interlocución con las mujeres y los grupos de inconformes con la reforma electoral del Plan B. La reacción del gobierno a las movilizaciones ha sido la convocatoria a concentraciones oficiales en el Zócalo que pretenden cohesionar a su base social y clientelar, de cara a las elecciones sobre todo de 2024.

En el contexto del desencanto con la democracia, las dos concentraciones recientes dan cuenta de que subsisten espacios de protesta que se aprovechan para darle voz a los grupos agraviados, lo cual es parte de lo que nuestra sociedad ha conquistado como producto del largo e incompleto proceso democratizador. Aquí se expresa con nitidez el carácter híbrido que hoy presenta nuestro régimen político, pues efectivamente hay instituciones que aún funcionan democráticamente, junto a un gobierno autoritario dispuesto a evidenciar su arbitrariedad y su determinación de bloquear el funcionamiento de instituciones autónomas que no están bajo su control. 

La insatisfacción con el funcionamiento de la democracia que reporta Latinobarómetro en su más reciente edición de 2022, muestra que hay una sociedad que reprueba los resultados de la gestión de los gobiernos surgidos de elecciones libres y competidas. En México, el apoyo a la democracia está por debajo (43%) del promedio de la región (49%), pero más que tratarse de una sociedad cuyo desencanto con la democracia se traduce en apatía o desinterés generalizados, éste ha servido para alentar la movilización de ciertos grupos de la sociedad civil que no solían ser los que se manifestaban durante la época de la hegemonía del PRI, es decir, los grupos oficiales y los de izquierda. Se trata de nuevas formas de protesta, con nuevos actores que han cobrado conciencia de la importancia de tomar la calle como medio para contribuir a regenerar nuestra frágil democracia. EP

Referencias

Economist Intelligence Unit (EIU), Feb. 2023, https://www.eiu.com

V-Dem Institute, Democracy Report 2023, https://www.v-dem.net

Latinobarómetro, (2022), https://www.latinobarometro.org

Keane, John, (2018), Vida y muerte de la democracia, Méx., FCE-INE. 

Nexos #542, feb. 2023, www.nexos.com.mx

Martín Reyes, Javier y María Marván Laborde (Coords.), (2023) Radiografía del Plan B: La Reforma Electoral de 2023 a examen, Méx., IIJ, UNAM

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