Se espera que 2023 sea el año en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tome conciencia de que la mejor política interna es la que cuenta con una estrategia de política exterior, y no al revés, como lo ha supuesto hasta ahora. En efecto, los principales problemas que aquejan hoy a la comunidad mundial, desde pandemias y combate a la inflación, pasando por crisis climática y alimentaria, hasta la defensa de soberanías territoriales y de la paz mundial, impactan la política interna de cualquier país, incluyendo la de México. 

En ese sentido, resulta importante resaltar los nuevos compromisos adquiridos por México en la última Cumbre Climática de las Naciones Unidas (COP-27), que tuvo lugar en Sharm el Sheij, Egipto, a mediados de noviembre de 2022. En ella, México anunció elevar su meta de reducción de gases de efecto invernadero de 22%, como fue su compromiso anterior, a 35% para 2030. Dado que las metas mexicanas de reducción no se hacen sobre un año base, sino con respecto a un escenario inercial que no toma en cuenta compromisos ambientales, como el anunciado en Egipto, estimar el monto de la reducción no es sencillo.

El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, quien asistió a la Cumbre, mencionó en su alocución, en la que enumeraba los nuevos compromisos, que las reducciones serían de 52 millones de toneladas equivalentes a dióxido de carbono (MTCOe) anuales, sin mencionar a partir de qué año se harían efectivas. De acuerdo con la base de datos de Climate Watch, patrocinada por el Instituto de Recursos Mundiales, en 2019, las emisiones totales de México ascendían a 653.87 MTCOe, mientras que el escenario inercial publicado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en 2021, estimaba que esta cifra se elevaría a 991 MTC02e. Si dicho escenario fuera todavía válido para finales de 2022, el volumen de reducción total al que México se ha comprometido alcanzar sería de 346.85 MTCO2e, un monto similar a las 52 MTCO2e anuales anunciado por el Canciller, si el conteo se inicia a partir de 2024. 

Una reducción de dicha magnitud sería, sin duda, un punto de inflexión en la política ambiental del país, ya que hasta ahora las emisiones mexicanas han tendido más bien al alza, y las caídas ocasionales se han debido más a contracciones de la economía que a una estrategia deliberada de mitigación. La Semarnat ha informado ya los mecanismos utilizados para lograr semejante reducción, desde la expansión de las áreas forestales por el programa Sembrando Vidas, hasta el impulso a la movilidad eléctrica tanto en transporte masivo (el Tren Maya) como privado (autos eléctricos). De acuerdo con dicha Secretaría, la reducción podría ser mayor, si se llega a contar con los fondos adicionales promovidos a nivel multilateral para acelerar la descarbonización. (Es importante resaltar que poco antes de que empezara la COP-27, las nuevas metas de reducción anunciadas por la Semarnat iban del 22% al 30%, y no al 35% anunciado por Ebrard durante la conferencia.)

Cabe resaltar que las nuevas metas anunciadas por Ebrard en Egipto, las presentó acompañado de John Kerry, el Enviado Especial para el Clima del presidente Joseph R. Biden, quien ha visitado México varias veces para asegurarse de que la agenda ambiental mexicana esté acorde con lo pregonado por su país, en medio de las tensiones y las discusiones en torno a si las políticas energéticas seguidas por López Obrador contravienen las disposiciones del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

Además, en Egipto, el canciller Ebrard mencionó que México se comprometía a reducir sus emisiones de metano, producto de la quema de gas natural por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX), al no tener la infraestructura para recolectar y aprovechar eficientemente la extracción de dicho recurso. Abrazar tal meta va de acuerdo con lo que el gobierno de Biden ha enfatizado desde el principio de su mandato para su país, en un momento en que la producción de gas de esquisto se ha elevado por el choque en los mercados energéticos, provocado por la invasión rusa a Ucrania. 

Además de este nuevo compromiso, Ebrard aprovechó para resaltar nuevamente lo que se ha llamado el Plan Sonora, que consiste en la construcción de una gran planta de energía solar por parte del gobierno mexicano en dicho estado. De igual forma, destacó que se pondrá poner en marcha un proyecto de inversiones, por 48 000 millones de dólares, para desarrollar la producción de microprocesadores de nueva generación, que se eslabonaría con la efectuada por las empresas que operan en el estado contiguo de Arizona, y que resulta crucial para el objetivo del gobierno de Biden de reubicar cadenas de suministros estratégicos en Norteamérica.

En otras palabras, el anuncio realizado por México en Egipto, respaldado por el mismo Kerry, ha enviado el mensaje de que la política energética y ambiental del país no se contrapone a lo impulsado por Biden desde su arribo a la Casa Blanca, y que, más bien, resulta complementaria para la nueva cartografía energética y geopolítica impulsada por Washington para manejar su rivalidad tecnológica con Beijing y desinflar el arma energética utilizada por Vladimir Putin para financiar su guerra contra Ucrania. 

Con todo, los nuevos compromisos alentadores anunciados por la dupla Ebrard-Kerry en Egipto, no impedirán que la embajadora Katherine Tai, Representante Comercial de Estados Unidos, siga presionando para llegar a un acuerdo similar respecto a los diferendos que tiene con México en relación al T-MEC. Hasta ahora, los cuatro reclamos estadounidenses son: la modificación a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) ⸺que da preferencia en el despacho eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas⸺; los obstáculos y las demoras para otorgar permisos de operación y de comercio de gasolinas a los privados; la exención otorgada por la Comisión Reguladora de Energía solamente a PEMEX para que siga produciendo diésel por encima de los estándares establecidos, y la obligación de las empresas privadas para comprar gas natural a la CFE o a PEMEX. Dichas demandas no aluden a violaciones del famoso capítulo 8 del T-MEC, del que tanto se ha vanagloriado López Obrador porque garantiza la soberanía del país sobre sus recursos energéticos. Los diferendos son por violar los principios de trato nacional y no discriminatorio, otorgado por el acuerdo tanto a los bienes como a las empresas provenientes de los países signatarios, y por el sesgo que ha caracterizado a las decisiones de los órganos reguladores.

De todos estos reclamos, el más difícil de desactivar es el que concierne a las modificaciones a la LIE, pues el resto de ellos atañe más bien a procesos administrativos que el gobierno actual podría, o ha empezado ya, a revertir. En el primer caso, el ejecutivo tendría que enviar una nueva iniciativa de modificación, para que la LIE quede más acorde con las reglas del T-MEC, y que sea votada por el Congreso, algo que definitivamente se ve muy difícil de lograr por el costo político que implicaría para el gobierno actual. Por ahora, la única salida que le queda al gobierno es prolongar las reuniones de consulta, revertir selectivamente actos discriminatorios que muestren su voluntad de ajustar sus prácticas administrativas a lo pactado en el acuerdo y, eventualmente, operar el mercado eléctrico como lo había hecho antes de modificar la LIE. Empero, como esta ley es incompatible con algunos artículos y capítulos pactados en el T-MEC, es muy probable que tarde o temprano se active un panel que la impugne. 

En este sentido, el anuncio hecho por el canciller Ebrard en Egipto, y avalado por Kerry, tiene como objetivo reducir las tensiones generadas por los diferendos respecto al T-MEC, a la vez que intenta elevar la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros en torno a los nuevos compromisos ambientales anunciados por México y que, sin duda, requerirán de capital fresco. El mensaje emitido en Egipto parece anunciar que, en materia ambiental y energética, México seguirá una política congruente con la estrategia de descarbonización y de reubicación de cadenas estratégicas impulsada por el gobierno de Biden, lo que no impide que pueda haber diferendos en materia comercial, como los hay respecto a las reglas de origen en el sector automotriz o los más recientes que preocupan a la embajadora Tai. Empero, ambos países cuentan con los mecanismos institucionales para canalizar y resolver dichas desavenencias, sin contaminar la alianza estratégica que mantienen en un momento en que la descarbonización y la reconversión industrial hacia la economía verde en Norteamérica se ha vuelto un asunto de “seguridad económica” y geopolítica para Washington.

La renovación de dicha alianza, cristalizada en la promesa del Plan Sonora, se fraguó a 2 años de que los gobiernos de Biden y de López Obrador lleguen a su término. Su futuro dependerá de que los demócratas se puedan mantener en la Casa Blanca y de que el próximo gobierno que se inicie en México a finales de 2024, independientemente de la coalición política de donde provenga, la afiance y la capitalice para desarrollar la versión mexicana de la política industrial verde que el país tanto necesita para superar el estancamiento económico que ha prevalecido en los últimos años. EP

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