A través de una revisión histórica y teórica de la urbanística del estado de Puebla del centro de México, el presente texto da cuenta de la manera en que el metabolismo regional ha propiciado la generación de territorios de sacrificio con la finalidad de extraer el conjunto de las fuerzas vivas y apropiarse de ellas.
Texto de Verónica Mariana Xochiquetzalli Barreda Muñoz 12/01/23
A través de una revisión histórica y teórica de la urbanística del estado de Puebla del centro de México, el presente texto da cuenta de la manera en que el metabolismo regional ha propiciado la generación de territorios de sacrificio con la finalidad de extraer el conjunto de las fuerzas vivas y apropiarse de ellas.
Texto originalmente publicado en Ecología Política.
En los últimos treinta años ha sido notorio el crecimiento e intensificación de la explotación y degradación de la naturaleza en México y el resto de América Latina. La consecuencia ha sido una radicalización del antagonismo entre sujetos que luchan y Estado. En México, así como en otros países, destaca la tendencia a la explotación y exportación de materias primas (particularmente de los sectores hidrocarburífero, minero, agrario a gran escala, entre otros), así como una «visión productivista del desarrollo» (Svampa, 2019: 11), es decir, la implementación de un modelo «extractivista» (Svampa, 2019) que ha apostado por ampliar sus fronteras económicas a través de la mercantilización, apropiación y disposición de los bienes naturales, ocultando y minimizando las asimetrías económicas, territoriales y ambientales, así como el daño ecológico para los sujetos implicados.
En esta estrategia de ampliación de fronteras destaca el uso y profundización de la violencia con que el modelo extractivista ha degradado a los cuerpos-territorios para apropiarse de sus fuentes de vida (Navarro, 2019: 118), que se ha convertido en un dispositivo de control biopolítico (Foucault, 2007) de los cuerpos-territorios entendidos como aquellos espacios de significado y de sentido continuamente delimitados por la patriarcalización (según la definición que en 2021 dio el Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el feminismo: Marchese, 2019), la colonización y la valorización de los territorios. Se trata, pues, de lugares con memoria y potencia vital susceptible de ser apropiada por el sistema político-económico capitalista (Marchese, 2019).
Esta dinámica ha sido conceptualizada bajo la idea de territorios de sacrificio, desarrollada por luchas socioterritoriales en Chile, Argentina, Bolivia y Ecuador en contextos extractivistas para designar el proceso de degradación de la vida que se instala con la llegada de proyectos de desarrollo implementados por los Gobiernos bajo la bandera de aumentar las fronteras del bien común. Se trata de una decisión racional de utilizar territorios para un fin específico (el de la explotación capitalista), sin tomar en cuenta las consideraciones sociales o ambientales (Instituto de Ecología y Biodiversidad de Chile, 2020). Así pues, estos espacios no son un hecho natural o espontáneo (Romero, 2018), sino producto de las decisiones económicas, políticas y éticas replicadas para aumentar la frontera económica del extractivismo.
“…son territorios racionalmente dispuestos para transportar y exportar materias primas con nefastas consecuencias para el medioambiente y la salud de comunidades y poblaciones enteras”.
En 2019 la caravana Toxitour (recorrido que realizaron expertos en materia ambiental por territorios y barrios ecológicamente dañados por la avanzada industrial)1 detectó este tipo de sacrificios en México y mapeó territorios que compartían la sustracción desmedida de aguas más allá de su capacidad de recarga, un metabolismo hídrico irracional, crecimiento imparable de urbes, agotamiento de bienes naturales y ecosistemas, sobreexplotación de espacio, aumento de actividades mineras y extractivas y proliferación de espacios urbanos; en suma, reunían la condición de sacrificio. Así pues, son territorios racionalmente dispuestos para transportar y exportar materias primas con nefastas consecuencias para el medioambiente y la salud de comunidades y poblaciones enteras.
Santa María Zacatepec, comunidad del municipio de Juan C. Bonilla en el estado de Puebla, fue uno de los territorios mapeados por la caravana Toxitour debido al daño que habían dejado el Proyecto Integral Morelos (PIM), la descarga de aguas residuales del complejo industrial Ciudad Textil, la minería no metálica y la extracción de agua, entre otras actuaciones, pero también por ser una zona indígena que desde hace más de diez años resiste frente al dispositivo biopolítico de control y apropiación de la vida del histórico metabolismo urbano del estado de Puebla y la zona metropolitana del país.
El presente artículo se propone dar a conocer la manera en que ha operado este dispositivo para comprender la producción de un territorio de sacrificio en particular y denunciar la continua degradación de la vida en áreas de gran riqueza social y natural.
Santa María Zacatepec (SMZ), del municipio de Juan C. Bonilla, se ubica en la cuenca alta del río Atoyac, a treinta kilómetros del cráter del volcán Popocatépetl (en una zona de mediano riesgo volcánico). Colinda con los municipios de Cholula y Huejotzingo, que comparten la misma cuenca hidrológica y son, además, territorios con una historia industrial de muy larga data. Así, es una de las muchas zonas afectadas por «el torbellino provocado por la nueva expansión del capital y el conjunto de transformaciones que esta acarrea» (Linsalata, 2016: 15). Sin embargo, esta lógica de expansión del capital y sus transformaciones no son algo nuevo.
La propia ciudad de Puebla, cabecera del estado del mismo nombre, fue fundada —en un vasto valle fértil y provisto de agua— con la intención de salvaguardar bienes y gestionar la fuerza de trabajo para el proyecto colonizador. Entre los siglos XVI y XIX la ciudad operó como un nodo seguro entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México para el transporte de mercancías. Esto propició una disposición urbana que centralizaba el mando de la población española y empujaba a la periferia la producción agrícola y de mercancías, al tiempo que proletarizaba a quienes, en aquellos territorios aledaños, proveían de alimentos, energía, agua y fuerza de trabajo (en gran medida indígena).
Así, los territorios ubicados en lo que hoy son los municipios de Cholula, Juan C. Bonilla y Huejotzingo fueron asignados a indígenas. Ellos proveían el sesenta por ciento de las huertas que abastecieron a la ciudad a lo largo del caudal del río Atoyac durante más de doscientos años. Este crecimiento de la riqueza social y natural propició el desarrollo de un circuito comercial que más tarde decantaría en la instalación de industrias manufactureras (textileras, ranchos, molinos y obrajes) que harían del río Atoyac su propio vertedero tóxico.
Más tarde tuvo lugar un crecimiento desmedido del sector energético, que se prolongó durante la primera mitad del siglo XX, además del abandono del sector textil y una higienización de la imagen urbana, todo lo cual modificó los usos de suelo y las dinámicas urbanas que intentarían propiciar unidades descentralizadas de mando.2
En el estado de Puebla aparecieron nuevos municipios, vías férreas, grandes infraestructuras y espacios de vivienda. En Juan C. Bonilla se inauguró la carretera México-Puebla de 1962, y con ello proliferaron las industrias, infraestructuras y viviendas, que fácilmente tuvieron acceso a materiales de construcción, mano de obra y agua, con lo cual se propició un crecimiento sin control. En SMZ se iniciaron la extracción de minerales no metálicos (como cemento, grava y arena), se construyeron el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán en 1985 y unidades habitaciones como fraccionamientos y apareció la granja porcina Topoyañes a orillas del río Metlapanapa. Todo ello dejó gradualmente infértil un territorio que otrora se había dedicado al cultivo de huertas.
“La ubicación estratégica de este territorio y su funcionalidad para la economía del centro del país motivaron la desvalorización de la tierra de cultivo y, con ello, la explotación de mantos acuíferos, el crecimiento exponencial de viviendas, dinámicas salvajes de contaminación y la aparición del crimen y el terror local”.
La ubicación estratégica de este territorio y su funcionalidad para la economía del centro del país motivaron la desvalorización de la tierra de cultivo y, con ello, la explotación de mantos acuíferos, el crecimiento exponencial de viviendas, dinámicas salvajes de contaminación y la aparición del crimen y el terror local. En consecuencia, su población se proletarizó y migró. En 2001 por primera vez se pretendió instalar un gasoducto para aumentar la rentabilidad de la tierra presuntamente ociosa y pobre. Se hizo efectivo en 2014 —tras una serie de enfrentamientos entre la comunidad y el Estado—, cuando se impuso el PIM. Esto fue posible gracias a dos mecanismos que comparten la misma lógica de sacrificabilidad: por un lado, la radicalización de la violencia por parte del mando estatal, es decir, criminalización, militarización, hostigamiento y despojo de tierras y, por otro lado, la degradación progresiva de la riqueza natural y social que posibilitarían la entrada de proyectos extractivos y de externalización de los daños.
Estas determinaciones materiales harían de SMZ lo que llamamos un territorio de sacrificio, es decir, un área afectada por una evidente decisión racional de explotación y apropiación de sus recursos para su «acumulación en un contexto de crisis recurrentes» (Navarro, 2020: 46) que trae como consecuencia prácticas ambientales agresivas contra poblaciones vulnerables;3 en suma, un dispositivo biopolítico que lee a un territorio como sacrificable o descartable, es decir, como un «tributo necesario para lograr el desarrollo» (Silveira et al., 2017).
Esta degradación y apropiación violenta de territorios considerados como sacrificables se asemeja a una guerra difusa de violencia biocida (Navarro, 2020), es decir, una apropiación violenta de naturaleza destructiva contra la vida humana y no humana ejercida sobre cuerpos-territorios que son leídos como «pobres, ociosos, vacíos, desprovistos del auspicio estatal y de sus políticas de desarrollo» (Navarro, 2020: 46), dinámica a la que actualmente se resiste el pueblo de SMZ.
Hoy día vemos en SMZ algunos de los daños derivados de esta guerra difusa de naturaleza agresiva, tales como el abandono de actividades tradicionales, violencia contra las mujeres, presencia de militares y circulación de maquinaria, desocupación y crecimiento de delincuencia organizada. La producción de un territorio de sacrificio ha hecho sus estragos en un cuerpo-territorio profundamente desgarrado desde la colonia. Sin embargo, es hoy la comunidad de SMZ la que se ha levantado bajo la consigna «Nuestra lucha es por la vida» para denunciar ferozmente los estragos que los proyectos de sacrificio han traído a la región y para visibilizar la apuesta por el cuidado y defensa de la vida en su conjunto. Su lucha, y la de otros procesos organizativos regionales, ha habilitado estas reflexiones, al movernos a indagar los metabolismos urbanos que compartimos con estos territorios que han sido históricamente sacrificados en nombre del bien común. EP
DOPSA, S.A. DE C.V
