La violencia sistémica actual, las graves violaciones a los derechos humanos y la ausencia de una narrativa del poder público que incorpore demandas sobre derechos políticos, acceso a la justicia y a la verdad, repercuten en el incremento de enfermedades orgánicas e impactos psicosociales adversos en una amplia franja de la población. La percepción generalizada en nuestro país es que el Estado no tiene voluntad política para resolver problemas sociales urgentes. Bajo este contexto, el poder público no reconoce a las más de 107 mil personas desaparecidas en el marco de una emergencia nacional, sin embargo, existen más de 160 colectivos de búsqueda que exhiben la complejidad de este fenómeno. Además, los abusos de poder en México toman sentido en la indolencia y en los procesos burocráticos que impiden el acceso a la justicia.

Desde mi experiencia como terapeuta familiar y como acompañante psicosocial he observado que las familias que tienen a un ser querido desaparecido experimentan un trauma profundo y prolongado. Impera la incerteza, la frustración y la ambigüedad de la ausencia. Las personas delinean su percepción de sí, del otro y de su entorno a partir del dolor, miedo e ira a la luz de las experiencias individuales y heredadas de injusticia. La violencia sistémica y el acto cruento de desaparición inicia en los años sesenta del siglo XX. Luego, toma mayor forma con el inicio del neoliberalismo en nuestro país a principios de los años ochenta, debido a las recurrentes crisis económicas y políticas que se mantienen hasta hoy en día, independientemente de la alternancia partidista. 

No existe en este momento un perfil de personas desaparecidas, los rangos de edad y sexo dependen de los propios contextos donde se experimenta la violencia sistémica: lugares de frontera, corredores de trata de personas, zonas de huachicoleo, entornos turísticos, regiones de trasiego de drogas, zonas empobrecidas y de actividades abiertamente ligadas al narcotráfico. Las entidades que lideran el número de desaparecidos en nuestro país de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no localizadas (RNPDNO) en el periodo de 15 de marzo de 1964 al 09 de noviembre de 2022 son: Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Sinaloa.

Actualmente, es evidente que impera la impunidad. Los familiares que tienen a un familiar desaparecido desconfían de las instituciones que imparten justicia generando una suerte de vacío social en el entorno social en general. El tema de las personas desaparecidas provoca efectos negativos en la sociedad al percibir la ausencia de justicia y de los abusos del poder. La fragilidad del ciudadano de a pie es palpable. 

Las narrativas que imperan en nuestro país refieren a un Estado que no pretende el acceso a la verdad, que desprecia a las personas desaparecidas y a sus familiares que desean encontrarlos con vida. La sociedad percibe que las instituciones responsables de impartir justicia no hacen su trabajo y no muestran compasión alguna al no identificar a los cuerpos encontrados en fosas clandestinas en prácticamente todo el territorio nacional. La crisis forense es evidente en México, vale la pena recordar las notas periodísticas y encabezados de los principales diarios que en septiembre de 2018 referían a que un camión refrigerante transportaba cerca de 200 cuerpos en descomposición en Tlajomulco de Zúñiga. Fueron los propios vecinos de un fraccionamiento quienes ante los olores nauseabundos llamaron a las autoridades. Esta situación puede leerse como un acto de profundo desprecio de las autoridades locales y estatales a los muertos y en general, a la sociedad, al no identificarlos y no darles un trato digno a los cuerpos de seres humanos. Esos cuerpos en algún momento estuvieron vivos y probablemente sus familiares los sigan buscando.

Otro de los dramas vinculados a la desaparición de personas son los asesinatos de mujeres que buscan a un ser querido, conocidas en algunas geografías como “madres buscadoras”. Además de hacer las actividades que le corresponde al Estado, su vida corre peligro al exhibir modos de operar del crimen organizado y evidenciar, en algunos casos, sus vínculos con las autoridades, tal fue el caso de dos “madres buscadoras” en Puebla y Guanajuato. Estas madres buscan a sus hijos a costa de su propia seguridad y quizá el evento más terrible para estas mujeres buscadoras es cuando al indagar en campos despoblados, lotes baldíos o lugares controlados por el crimen organizado, utilizan la técnica de la varilla con la intención de hallar fosas clandestinas que consiste en enterrarla lo más profundo posible para descubrir, mediante el hedor impregnado en la punta del artefacto metálico, la presencia de cuerpos humanos. Sin duda, la experiencia de las personas buscadoras se nutre de la desconfianza y del dolor al buscar a sus seres queridos. El grueso de las personas desaparecidas en nuestro país son varones y quienes buscan son mujeres, sin embargo, los efectos de la desaparición suceden en las familias y en la sociedad.

El dolor y la incertidumbre de la pérdida ambigua que experimentan las personas que tienen a un familiar desaparecido deben enmarcarse en contextos situados donde la reflexión podría orientarse en vislumbrar que el problema no son las familias sino las manifestaciones y los efectos de la violencia sistémica donde, en algunos casos, hay aquiescencia del propio Estado con grupos del crimen organizado.

El problema de la desaparición no solo es un asunto de las familias afectadas, es un tema de la sociedad. Inscribir en el debate público el fenómeno de las personas desaparecidas está pendiente en la agenda política en nuestro país. Sin duda, es necesaria la investigación desde lo social para comprender los efectos de las violencias múltiples y de las desapariciones en la sociedad en general y de las familias en particular. Será necesario incorporar narrativas y prácticas del poder público que generen confianza y esperanza en la sociedad a partir de la impartición de justicia y acceso a la verdad. EP

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