Detrás suyo, en la pantalla siempre a su derecha en las conferencias mañaneras, la semana pasada se proyectaba en Palacio Nacional el documento que revelaba lo sucedido la noche y los días posteriores de hace 8 años en que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos. Ese documento era, nada más y nada menos, la Investigación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. Es decir, ahí estaba El Documento (con mayúsculas) de nuestra historia contemporánea. ¿Por qué? Porque ningún suceso, ni siquiera el magnicidio de Luis Donaldo Colosio y quizá tampoco el levantamiento zapatista, ha simbolizado tanto como la mágica evaporación de esos 43 estudiantes. De lo que teníamos certeza —gracias a datos y a veces retazos de datos que los especialistas unían en un rompecabezas utópico— era que la desaparición de esos chicos había sido perpetrada por una banda guerrerense llamada Guerreros Unidos con la presunta participación de autoridades municipales, estatales y federales. Ahí radicaba su singularidad: el Estado mexicano, cuya primera función es proteger la vida de sus habitantes, había atentado con crueldad contra, justamente, sus habitantes.

La tragedia dio a luz a una convicción de justicia compartida por los mexicanos. La convicción germinó y aún no para de crecer. En un país donde noticias frescas de hoy son viejas mañana, la desaparición de los 43 se mantiene como una noticia vigente, dolorosa e indignante como si la hubiésemos leído ayer. Han pasado ocho años, y tras ese tiempo la demanda es, palabra por palabra, idéntica: verdad y justicia. 

Pero volvamos a ese reciente día en que detrás del presidente se proyectaba la investigación de la comisión que busca la verdad. ¿Qué veíamos? Tachones, líneas negras que ocultaban casi todas las revelaciones: a los nombres de los señalados y sus acciones los tapaban franjas oscuras que nos privaban de la información que aliviaría, en algo, el dolor del “no sabemos qué pasó”. El lenguaje legal llama ahora a toda esa información escondida “información testada”. Con las líneas testadas, pues, el presidente, plegándose a la sensatez, al ruego de justicia, al hambre de certezas de la sociedad, declaró ante las cámaras: “Dile a Alejandro (Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población) que nos ayude hablando con el Poder Judicial, haciendo los trámites legales para dar a conocer (los nombres de los ejecutores del ataque) porque esto no es un asunto nada más jurídico; es un asunto de justicia, político, de Estado”.

Minutos más tarde, en el mismo evento un reportero preguntó a Encinas: “¿Qué posibilidades hay de conocer estos nombres?”. El subsecretario respondió que las había: “Vamos a hacer la defensa del principio de máxima publicidad porque en materia de Derechos Humanos es un principio que debe regir. (Pero) ésta es una comisión de la verdad, no es un Ministerio Público. El esfuerzo fundamental es, sí, garantizar el derecho de las víctimas y dar toda la información que sea necesaria en favor de su causa, aunque en algunos casos no podrá judicializarse”. 

“AHÍ NO ENTRA NADIE”

El siguiente capítulo de la serie vino el fin de semana pasado. A Peniley Ramírez, periodista del Reforma, alguien le pasó la investigación, pero esta vez sin tachaduras, sin información testada, y ella la publicó el sábado en su columna. 

La razón de la filtración no la sabemos. Quizá esa persona se tomó demasiado en serio la petición del presidente de revelar de una vez por todas la información y se pasó por el arco del triunfo la ley (en un país donde es ley lo que exige este presidente). Quizá ponderó que era importante que México ya mismo supiera la verdad. O (no lo creo) quizá, como los leales a la 4T sostienen, quien dio el documento a la periodista tuvo la dolosa intención de afectar el debido proceso. Vaya uno a saber.

La columna Linotipia no revela todo, pero sí mucho. Por transcripción de mensajes de celular nos enteramos, ya con precisión, que los chicos fueron descuartizados, macheteados y disueltos en ácido. ¿Quién hizo todo eso? Guerreros Unidos. Aunque espeluznante, esa información no es tan novedosa. En México los criminales descuartizan, machetean y disuelven en ácido todos los días. 

Pero algo muy valioso de la columna es lo siguiente: en los mismos chats donde se habían organizado los asesinatos, criminales, funcionarios de varios niveles y militares relatan que los cuerpos (o pedazos) fueron enterrados y luego desenterrados para ser llevados al 27 Batallón de Infantería de Iguala “porque ahí no entra nadie”, indica un mensaje. Repasemos: los criminales, funcionarios y militares consideraron que el mejor lugar, el más seguro, para enterrar secretamente a los estudiantes era ese campo militar, destinado (¡pedazo de paradoja!) a proteger a los mexicanos, pagado con los impuestos de todos los mexicanos para que los militares nos cuiden, nos salvaguarden, nos defiendan del mal. O sea, el mal aliado a un órgano para hacer el bien. Los amplios y alegres jardines del 27 Batallón de Infantería cuyo comandante era José Rodríguez -ya detenido- tienen mucho que contar. Quizá valdría la pena que cuanto antes el gobierno llevara palas, peritos y empezara a cavar.  

Pero no. Rabioso, el gobierno de México atacó a la periodista. Y los fieles de esta administración la insultaron por su origen cubano, la llamaron “gusana”, “miserable”. Es válido discutir si ella actuó bien o mal, pero el gobierno sabe que los periodistas persiguen información valiosa, y esa información lo era. En todo caso, si es tan delicada una filtración de ese tamaño asegúrate de que no se filtre en vez de pretender que todos los periodistas actúen como pretendes y linchar al mensajero (grave en un país que mata en masa periodistas). 

El gobierno, indignado, sostiene que con la revelación se podría violar el debido proceso. No obstante, como leímos arriba, Encinas aclaró que la comisión de la verdad no es Ministerio Público, y por eso parte de sus hallazgos no se pueden judicializar. Si no son judicializables, si no es información oficial del Ministerio Público, no suena a que haya procesos legales que dañe la revelación periodística. Para ser claro, varios hallazgos servirían solo a las ganas de saber y no a la justicia.

Algo más, inconcebible. Por el diario El País supimos que el 7 de septiembre la Fiscalía General de la República pidió cancelar ante un juez federal 16 órdenes de aprehensión contra militares acusados de estar implicados en el crimen de los 43, entre ellas la de un comandante clave destacado en Iguala en 2014, Rafael Hernández Nieto. Dichas órdenes las había solicitado la propia fiscalía.

Es decir, este gobierno le pidió a ese juez proceder a liberar de culpa a los 16 militares. 

La fiscalía de este gobierno, el gobierno de la transformación, ahora quiere a esos militares libres. ¿Por qué? ¿Acaso será el deseo de impunidad? Impensable, ¿no? Jamás lo imaginaríamos de nuestro prócer de la justicia, el fiscal Alejandro Gertz. 

Si al gobierno le enfureció el proceder de Peniley, le debería enfurecer mil veces más el proceder de Gertz (si lo que realmente quiere es justicia). EP

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