Esta pregunta nos lleva a replantearnos por completo la caótica relación bilateral que actualmente tenemos con Estados Unidos, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder. Todo el desastre empezó en los tiempos de Donald Trump en la presidencia estadounidense. En ese entonces, la anómala relación (pero al final, placentera para ambos) que mantuvo López Obrador con Trump y el comportamiento desaseado que tuvo el Presidente de México con Joseph R. Biden y con el proceso político en Estados Unidos fue tal que López Obrador nunca reconoció en tiempo y forma el triunfo de Biden, a quien nunca felicitó correctamente al ganar las elecciones. Además, inmediatamente antes de que este triunfo se certificara por el Congreso, López Obrador no condenó el vandalismo que las hordas de Trump escenificaron el 6 de enero de 2021 en la sede del poder legislativo estadounidense, el Capitolio, arguyendo que su gobierno no se inmiscuiría en asuntos internos de otros países. Este argumento fue por demás débil, toda vez que una gran mayoría de países aliados de Estados Unidos, empezando por Canadá, reprobaron el hecho en forma explícita, celebraron el triunfo de Biden y se solidarizaron con la democracia estadounidense (en esto, el Presidente demostró un talante pobre como demócrata). Estos son solo algunos de los fallos del Estado mexicano en el reciente periodo de 3 años y de cómo no se puede llevar a un resultado exitoso cuando la relación es manejada de esta forma.

Si bien es cierto que la política exterior es centralmente atribución del presidente, en el periodo al que me refiero, los reflejos y los resultados de la presidencia en esta materia han sido flojos, en parte porque ni hay un presidente que tenga ni interés ni conocimiento de la política exterior y también porque no está debidamente asesorado por entendedores de una compleja relación bilateral inserta en un complejo mundo global. Más aún, las posiciones frente a Estados Unidos, de la presidencia de Biden hasta el papel del Congreso de ese país, han sido definidas por posturas ideológicas más que pragmáticas. 

La relación con Estados Unidos requiere de una gran agilidad de respuesta sobre los múltiples temas que la definen. Recurrir a las viejas posiciones antiestadounidenses ha traído malos resultados tanto en el clima de la relación misma como en las diferentes respuestas que se han dado a temas puntuales, como la reforma energética, la seguridad fronteriza y las relaciones comerciales. Así como México no debía haber cedido al chantaje de Trump cuando se nos impuso una política migratoria ajena, México tiene que considerar que en un acuerdo comercial (como el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC), hay reglas y acuerdos firmados que se tienen que respetar. 

El ataque y las presiones para que actúen a modo, a las instituciones autónomas del Estado, como el Instituto Nacional Electoral o el Banco de México, han encendido las alertas en Washington. El tema de la impartición de justicia que en Estados Unidos se cuestiona dados los conflictos de interés del Fiscal General y del Presidente, al atacar a oponentes por el simple hecho de serlo y sin prueba alguna, es un ejemplo reciente de cómo no se debe de conducir la relación con Washington. 

México requiere de una política clara frente a Estados Unidos, con visión estratégica y no ideologizada por sectores del Estado que no solo no tienen idea de esta, sino que están desfasados de las realidades históricas objetivas del mundo global de hoy. Por ello afirmo que la relación requiere más de pragmatismo que de doctrina. Las consecuencias de una mala política con Estados Unidos ya están a la vista si atendemos a la carta de la embajadora Katherine Tai, la Representante Comercial estadounidense, la del senador Bob Menéndez y tres colegas senadores, y la del Representante de Texas, Vicente González, en las que piden a México con severidad, reglas claras en la definición de los objetivos comunes integrales. 

Desafortunadamente esta antipolítica bilateral, en caso de prosperar la reforma energética, traerá como consecuencia litigios y pérdidas millonarias en el marco del T-MEC y, en consecuencia, una disminución de la confianza de los inversores internos y externos, con las implicaciones negativas en empleo y crecimiento, el cual de por sí ya se calcula en 1.2%. Se trata de recuperar la confianza entre los interlocutores, lo que no se logra con las acciones irracionales mexicanas y algunas otras de Estados Unidos, como la mencionada en la imposición de una política migratoria ajena y anómala. Urge que la política exterior regrese al terreno profesional de la Cancillería, la cual debería contar con todo el apoyo presidencial para llevarse a cabo. EP

Documento completo: Política exterior y debilitamiento institucional

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