La migración acompaña incluso a quienes no han migrado: es uno de los procesos contemporáneos que mayores implicaciones tienen en cómo nos concebimos en el mundo. Se habla poco de la complejidad migratoria, es decir, de su múltiples escalas y dimensiones. México es un país que ilustra por excelencia esta complejidad: si bien, históricamente, ha registrado una importante migración interna, también es un país con los más altos índices de migración internacional, principalmente hacia Estados Unidos. Y, sumado a ello, es un país de destino y de tránsito de personas provenientes de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, principalmente. 

Tránsito, destino y expulsión son las tres escalas migratorias de México. A su vez, la expulsión y recepción atienden a la migración internacional y a la migración interna. En aras de aprehender la complejidad migratoria de un país, es relevante la forma en que se relaciona la migración interna con la migración internacional: a menudo comparten motivantes estructurales, principalmente laborales, reunificación familiar y violencia. 

En este artículo, me enfocaré en la migración interna por motivos de violencia y su relación con el incremento de la violencia en México a partir de la llamada “Guerra contra el narcotráfico”. 

1. Migración interna en México

En los procesos migratorios globales y en particular en la región de América Latina, no puede disociarse la migración interna de la internacional. Ambas dinámicas son elementos complementarios de un mismo proceso, ya que comparten causas estructurales y efectos, principalmente sociales y económicos.  

La población que migra internamente tiene una mayor propensión a hacerlo internacionalmente. La migración interna y la internacional mantienen una relación importante: la disposición que un sector de la población tiene para migrar estará determinada, en gran medida, por la historia familiar y comunitaria al respecto; es decir, por la experiencia acumulada en el acto de desplazarse.

La migración de campo a ciudad en México, sucedida entre los años cuarenta y setenta del siglo XX, estaba inserta en un proceso de industrialización, urbanización y modernización que propició el crecimiento de las ciudades. Luego, este tipo de migración fue paulatinamente sustituida por una migración de ciudad a ciudad, pues a partir de los ochenta las zonas metropolitanas perdieron dinamismo económico, social y demográfico, lo cual provocó que dejaran de ser zonas de atracción para la población. Es así que la migración se reorientó hacia determinadas regiones y ciudades medias en las que paralelamente se había iniciado un desarrollo industrial.¹

Hasta fines de los setenta, el perfil sociodemográfico y laboral de los migrantes permaneció sin cambios, se trataba principalmente de población masculina y joven, sin calificación, y de origen rural que migraba en forma temporal. Luego en los ochenta, los flujos migratorios en México sufrieron otra modificación importante: las mujeres e infantes comenzaron también a desplazarse, al mismo tiempo que se incrementó la proporción de migrantes de origen urbano y provenientes de las principales zonas metropolitanas, es decir, la migración de ciudad a ciudad.¹

A la par de estas transformaciones en la migración interna, podemos comprender la migración internacional, principalmente la de mexicanos hacia Estados Unidos. Esto es, a raíz de los procesos de reestructuración productiva y transformaciones en las relaciones industriales y laborales que se desarrollaron en México a partir de los ochenta como consecuencia de su integración a la globalización de la economía mundial.¹

Así, existe una relación entre migración interna e internacional. Si se observan desde una visión estructural, las causas de la migración interna se empalman con las de la internacional, principalmente en cuanto a los factores económicos y culturales que la impulsa, sobre todo en términos del uso de capital social y redes familiares. En otras palabras, la imbricación de la migración interna e internacional se da a partir de la existencia de una cultura migratoria que sostiene el flujo con información, experiencia y contextos socioeconómicos compartidos. 

En relación con la migración interna en México, el Censo de Población y Vivienda 2020 (CPV 2020) reportó 6,338,513 de migrantes internos, de los cuales  2 millones 868 mil lo hicieron para reunirse con la familia; un millón 29 mil para buscar trabajo; 805 mil porque su empleo cambió de ubicación; 439 mil para estudiar, y 251 mil por motivos de inseguridad delictiva y violencia.²

Los porcentajes más altos de migración municipal durante 2015 y 2020 se registraron en Nuevo León (6.0%), Jalisco (3.7%) y Ciudad de México (3.3%); con menores porcentajes se ubican Campeche (0.9%), Guanajuato (0.6%) y Baja California (0.5%). Mientras que de 2015 a 2020, Quintana Roo, Baja California Sur y Querétaro recibieron el 30% de las personas que cambiaron de entidad de residencia en el país.²

2. Migración por motivos de violencia

Si bien hay una tradición histórica de migración interna en México, principalmente por motivos de reunificación familiar y laboral, un correlato de esta movilidad es la originada por motivos de violencia, causa que apenas en 2021 obtuvo una visibilización institucional, que derivó en iniciativas concretas. 

En el Censo 2020, publicado en marzo de 2021, se incluye una pregunta sobre el motivo de la migración de las personas que cambiaron de municipio o estado en el país durante los últimos cinco años: “¿Cuál fue el motivo principal por el que (NOMBRE) se fue la última vez?”; a partir de esta se registró que, entre 2015 y 2020,  un total de 251,513 personas lo hicieron a causa de la inseguridad delictiva o violencia.

En la ficha técnica del cuestionario ampliado se señala que para considerar que una persona responde la opción de haber migrado por motivos de inseguridad o violencia, debe indicar que “emigró porque en el lugar donde vivía en México había muchos asaltos, secuestros, extorsiones, homicidios, balaceras, ya sea porque ella o un familiar fue víctima, o porque así lo percibía. Si ya no confiaba en las autoridades del lugar donde vivía, considéralo en esta opción”.²

Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2020), publicada en septiembre de 2021, señala que 911,914 personas se vieron obligadas a cambiar de vivienda o lugar de residencia para protegerse de la delincuencia durante 2020.³

¿Cómo podemos ubicar estas cifras? La migración interna detonada por un entorno violento es una realidad. Para tener una comprensión de esta dinámica social, lo primero que debe hacerse es caracterizar estos flujos migratorios y así entender en qué contextos se genera esta necesidad. 

La movilidad humana por motivos de violencia en México puede rastrearse desde las décadas de los setenta y ochenta a raíz de conflictos comunales, territoriales y religiosos que provocaron el desplazamiento de cientos y miles de personas en entidades como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Nayarit. Luego, en 1994 en Chiapas, a partir del conflicto armado entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal. El enfrentamiento entre ambos ejércitos detonó una movilidad nunca antes vista en la región: 30 mil personas se desplazaron internamente entre 1994 y 2011, lo que propició que diversas organizaciones de derechos humanos dieran un encuadre a este tipo de movilidad como desplazamiento interno forzado.

Si bien los niveles de desplazamiento interno forzado en México no se comparan con los de países como Colombia o Siria, este fenómeno se ha mantenido en el país y para contextualizar este tipo de desplazamiento en la actualidad, entre 2009 y 2017 se han desplazado de forma directa por cuestiones de inseguridad y/o violencia cerca de 345 mil personas, particularmente de municipios del norte, occidente y sureste. Este aumento en las dos últimas décadas se ha intensificado como resultado del incremento de la violencia e inseguridad en diversas regiones del país.⁴

A inicios del siglo XXI, las condiciones de seguridad y violencia en México cambiaron de manera particular y diferenciada en algunas regiones del norte y occidente como resultado de la estrategia de seguridad implementada en 2006 por el expresidente Felipe Calderón, la cual consistió en una confrontación directa entre las fuerzas armadas –el Ejército, la Marina y la Policía Federal– y los grupos del crimen organizado. Esta estrategia en su momento fue llamada “Guerra contra el narcotráfico”. El aumento de la violencia en diversas regiones del país se debió principalmente a la captura o muerte de algunos de los principales líderes del narcotráfico y la posterior división y enfrentamiento entre las organizaciones criminales por la producción, distribución y venta de drogas en México y en Estados Unidos.⁴

A continuación podemos observar los estados de la República que entre 2005 y 2015 registraron una concentración e incremento de la violencia en sus municipios. 

De las 251 mil personas reportadas por el CPV 2020, que migraron internamente a causa de la violencia, 168.3 mil fueron migraciones a otras entidades federativas y 83 mil fueron migraciones municipales, es decir, se desplazaron a otros municipios al interior de sus entidades. Y la mayor parte de estos migrantes salió de Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo y Michoacán y se dirigieron mayormente a Querétaro, Estado de México, Yucatán, Hidalgo, Ciudad de México y Puebla. Tanto Ciudad de México como Estado de México son las principales entidades de expulsión y atracción de migrantes por inseguridad y violencia.⁵

Estos datos de emigración estatal son consistentes con los datos del INEGI sobre el incremento de defunciones por homicidios en algunos estados de la República en el periodo 2020-2021, de los cuales —con excepción de Ciudad de México, Veracruz,  Guanajuato, Zacatecas y Quintana Roo— puede rastrearse un incremento y concentración significativos de la violencia en sus municipios desde 2005. 

Otro dato importante a resaltar es que las personas que migraron por inseguridad y violencia en México son en su mayoría mujeres, niñas y niños. Y el 86.6% de los homicidios dolosos registrados entre 2015 y 2020 fueron perpetrados por hombres.⁵ El incremento de la violencia tiene efectos diferenciados de acuerdo con el sexo, edad y condición socioeconómica de las personas; a estas determinantes se suma la relación directa que existe entre el incremento de la violencia y los principales estados expulsores de migración interna. Esto necesariamente lleva a replantearnos la forma en que caracterizamos a estos flujos y cómo conceptualizarlos con el objetivo de visibilizarlos. 

3. De la migración interna al desplazamiento interno forzado

Entre 1996 y 2017, la población desplazada por motivos de violencia en el mundo pasó de 37.3 millones a 68.5 millones, es decir 83.6% más. Este incremento se explica en su mayoría por las situaciones de violencia generalizada en diversos países y regiones de Asia, África y América Latina.⁴

¿Debemos llamar a esta migración interna en México por motivos de violencia, desplazamiento forzado interno? Sí, el 4% del total de migrantes internos que reporta el CPV 2020, así como las 911 mil 914 personas reportadas por la ENVIPE son personas que se vieron obligadas a desplazarse de manera forzada, esto quiere decir que su proyecto migratorio fue decidido en medio de un contexto que ya no les permitía asegurar un bienestar a largo plazo. La diferencia con la población que lo hizo por motivos de trabajo o familiares es que el incremento y concentración de la violencia en diversas partes del país amenazaron de forma directa e indirecta el bienestar de las personas, y en casos extremos se convirtió en una decisión de vida o muerte. Además, las zonas de mayor expulsión por motivos de violencia son consistentes con las regiones que desde 2005 comenzaron a concentrar y aumentar sus índices de violencia e inseguridad. 

Cuando factores estresantes inminentes obligan a un sector de la población a moverse a otro lugar, en este caso otro estado o municipio, estamos hablando de desplazamiento interno forzado. Si afinamos esta dimensión de la movilidad, vemos que la población que reporta haber emigrado por motivos de violencia proviene de estados y municipios con un incremento de violencia en los últimos veinte años, y los desplazamientos forzados no se dan hasta que el nivel de violencia llega a uno tal que impide el pleno desarrollo económico y social de las personas, incluso el aseguramiento de la preservación de sus vidas, por lo que se ven obligadas a migrar a otros lugares dentro y fuera de sus países.⁴

Por su parte, la Comisión Mexicana para de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) define el desplazamiento interno forzado como “una violación de derechos humanos que se presenta cuando personas o grupos de personas se ven obligadas a huir de su hogar o lugar de residencia habitual como consecuencia o para evitar los efectos de una situación de violencia generalizada, de un conflicto armado, de violaciones a los derechos humanos, de desastres naturales o de catástrofes provocadas por el ser humano, sin cruzar una frontera internacional”. A diferencia de la migración provocada por motivaciones determinantes laborales o familiares, estos desplazamientos responden a cambios de residencia obligada debido a que uno o más factores estresantes imposibilitan condiciones mínimas de bienestar. 

En 2019, la existencia del desplazamiento interno forzado fue reconocida por el Estado mexicano como una realidad actual y se comenzaron a implementar iniciativas para gestionar este tipo de movilidad. Se han presentado tanto a nivel federal como local: las  presentadas en la legislatura pasada fueron la Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno y la Iniciativa de reforma al Código Penal para tipificar el desplazamiento interno forzado como delito ambas  continúan en espera de dictaminación por el Senado de la República.⁶ 

Mientras que a nivel estatal los Congresos de Sonora y Guerrero aprobaron reformas al Código Penal Estatal para tipificar el desplazamiento interno forzado como delito. El Congreso de Morelos presentó una iniciativa para crear una Ley para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno y el Congreso de Guerrero aprobó reformas a la Ley de Víctimas del Estado enfocadas en la reparación del daño a personas en situación de desplazamiento interno. Por su parte, el Congreso de Michoacán, en respuesta a la crisis de violencia creó la Comisión Especial de Investigación y Combate a la Desaparición de Personas y los Desplazamiento Forzados.⁶

En el transcurso del 2020, la CMDPDH identificó que la cantidad de personas desplazadas asciende a más de 40 mil, la cifra más alta registrada en los últimos cinco años y que casi duplica el número reportado para el año 2020. Este conjunto de iniciativas nos indican que el primer paso para atender el desplazamiento interno forzado es cuantificarlo sistemáticamente para así comprender la lógica y movilidad de los grupos desplazados, sus características y ciclicidad. Esto permitirá dar continuidad y robustecer  las iniciativas que hasta el momento se han puesto en marcha. EP

1. Canales, Alejandro e Israel Montiel, De la migración interna a la internacional. En búsqueda del eslabón perdido. Taller Nacional sobre “Migración interna y desarrollo en México: diagnóstico, perspectivas y políticas”, CEPAL, CELADE, 16 de abril de 2007. [↩] [↩] [↩]
2. INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020 (CPV). [↩] [↩] [↩]
3. INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2020 (ENVIPE). [↩]
4. Rodríguez Chávez Óscar, ¿Cómo habría sido la migración interna sin los altos niveles de violencia en México? Un análisis contrafactual municipal de las últimas dos décadas. Estudios Demográficos y Urbanos, septiembre-diciembre 2021. [↩] [↩] [↩] [↩]
5. Rodríguez Chávez Óscar, Migrantes por inseguridad y violencia en México, El Universal, 26 de julio de 2021. [↩] [↩]
6. Pérez, Brenda y Pablo Cabada, Desplazamiento Interno Forzado en México: respuesta gubernamental frente a la realidad, Animal Político, 31 de enero de 2022. [↩] [↩]

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